Argentina comenzó este martes 11 de agosto de 2026 a aplicar el nuevo régimen que permite cobrar la atención sanitaria habitual a extranjeros que no tengan residencia permanente, una decisión que va mucho más allá de una cuestión administrativa: introduce una nueva lógica de reciprocidad y recuperación de costos en uno de los servicios públicos más sensibles de la integración regional. La medida establece que los extranjeros no residentes deberán contar con un seguro de salud o afrontar previamente el costo de las prestaciones médicas no consideradas emergencias en los hospitales administrados por el Estado nacional. Al mismo tiempo, Brasil y Paraguay están avanzando durante 2026 en protocolos conjuntos para compartir información epidemiológica, coordinar campañas de vacunación, construir un calendario sanitario común y diseñar un Plan Estratégico de Salud en las Fronteras del MERCOSUR 2026-2030. La pregunta que queda abierta es si Argentina está simplemente intentando evitar el denominado turismo sanitario y recuperar recursos públicos o si, detrás de la decisión, existe un proceso más profundo de repliegue respecto de una integración regional que durante décadas buscó que las fronteras fueran cada vez menos importantes para los ciudadanos.
Una decisión que comenzó a gestarse hace más de un año
La medida que comienza a aplicarse hoy no nació en agosto de 2026. Su origen jurídico está en el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei el 28 de mayo de 2025 y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial.
Ese decreto modificó la Ley de Migraciones 25.871 y cambió radicalmente el artículo 8, que durante más de dos décadas había establecido que ningún extranjero podía ser privado o restringido en el acceso a la asistencia sanitaria por su situación migratoria. El nuevo texto mantiene la atención de las emergencias para cualquier extranjero, pero establece que los residentes permanentes accederán al sistema público en igualdad de condiciones con los argentinos y que, fuera de esos supuestos, la atención habitual en establecimientos administrados por el Estado nacional quedará condicionada a un seguro de salud o al pago previo.
El cambio, por tanto, no fue aprobado originalmente mediante una ley ordinaria debatida artículo por artículo en el Congreso. Fue introducido mediante un DNU, mecanismo excepcional previsto por la Constitución argentina para situaciones de necesidad y urgencia.
El decreto fue firmado por Milei, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones y Sandra Pettovello, además del entonces ministro Federico Sturzenegger. El propio decreto ordenó dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Esto es importante para responder a una de las preguntas centrales: ¿quién aprobó la medida?
La respuesta precisa es que la reforma fue dictada por el Poder Ejecutivo mediante el DNU 366/2025; no corresponde presentarla simplemente como una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso. El decreto entró en vigor con su publicación y quedó sujeto al mecanismo constitucional de control parlamentario de los DNU.
El argumento oficial: evitar el “turismo sanitario”
La justificación del Gobierno argentino está expresamente escrita en el propio decreto.
El texto sostiene que se habría convertido en una práctica habitual que ciudadanos de países vecinos ingresaran a Argentina con el propósito de utilizar gratuitamente el sistema público de salud y luego regresaran inmediatamente a sus países.
También afirma que se había registrado un aumento de extranjeros que ingresaban exclusivamente para acceder a prestaciones sanitarias de alta complejidad, y menciona casos de personas que obtenían residencia temporaria sin intención real de establecerse en Argentina con el objetivo de recibir tratamientos prolongados y costosos.
El Gobierno vinculó además la reforma con una preocupación migratoria más amplia. El DNU argumentó que las deportaciones efectuadas por Estados Unidos podían generar nuevos movimientos migratorios hacia Argentina y que una eventual llegada masiva de personas podría presionar sobre los servicios públicos.
Es decir, desde la perspectiva oficial, la salud no fue tratada como un asunto aislado. Formó parte de una reforma integral de migraciones, que también endureció las condiciones de ingreso, permanencia, expulsión y acceso a determinados servicios públicos.
Pero existe una diferencia fundamental: emergencia no es tratamiento programado
Aquí aparece uno de los puntos que más fácilmente puede generar confusión.
Un turista brasileño, paraguayo, uruguayo, chileno o de cualquier otra nacionalidad que sufra un accidente de tránsito, un infarto, una crisis médica grave o cualquier otra emergencia en territorio argentino no queda simplemente abandonado en la puerta de un hospital.
El propio DNU establece expresamente que en casos de emergencia no puede negarse ni restringirse la atención sanitaria a los extranjeros, independientemente de su situación migratoria.
El problema aparece después.
Una persona que llega a Argentina exclusivamente para realizar un tratamiento programado, una cirugía, una atención especializada o un proceso médico prolongado y que no tenga residencia permanente deberá contar con cobertura o asumir el costo correspondiente.
Por eso, jurídicamente es incorrecto decir que Argentina “deja sin atención médica a los extranjeros”. La cuestión central es otra: Argentina deja de garantizar gratuidad universal para determinadas prestaciones no urgentes a quienes no tienen residencia permanente.
Y esa diferencia es fundamental para evaluar si la política resulta razonable o si termina afectando el espíritu de integración regional.
El antecedente más importante está en la frontera
El problema se vuelve mucho más interesante cuando se observa la realidad de las ciudades fronterizas.
Argentina ya tenía desde 2009 un acuerdo específico con Brasil sobre Localidades Fronterizas Vinculadas. Ese instrumento fue aprobado por la Ley 26.523 y entró en vigor en 2011.
El acuerdo estableció que los titulares de la Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo podían acceder a determinados derechos en condiciones de gratuidad y reciprocidad, incluyendo la atención médica en servicios públicos de salud. El acuerdo abarca localidades como Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu, además de otros pares fronterizos entre Argentina y Brasil.
Esto significa que la cuestión no puede analizarse simplemente bajo la fórmula “extranjero contra argentino”.
En una frontera integrada, un ciudadano puede vivir en un lado, trabajar en el otro, comprar alimentos, estudiar, visitar familiares, utilizar servicios y regresar a su domicilio en cuestión de horas.
Por eso, la salud fronteriza necesita mecanismos específicos de reciprocidad, compensación y coordinación, y no solamente una clasificación basada en nacionalidad.
Mientras Argentina cobra, Brasil y Paraguay están haciendo otra cosa
El contraste con Brasil y Paraguay resulta particularmente llamativo.
En mayo de 2026, autoridades sanitarias brasileñas y paraguayas se reunieron en Asunción para avanzar en un protocolo conjunto de intercambio de datos epidemiológicos, interoperabilidad de sistemas de información y construcción de un calendario vacunal unificado para municipios fronterizos.
Participaron representantes de los ministerios de Salud de ambos países, Anvisa, Conass y autoridades sanitarias de Paraná y Mato Grosso do Sul.
No se trata de una declaración política abstracta.
En abril de 2026, Brasil y Paraguay realizaron una campaña simultánea de vacunación en Ponta Porã y Pedro Juan Caballero, precisamente porque las autoridades consideran que la circulación cotidiana de personas entre ambos países hace imposible controlar determinadas enfermedades mirando únicamente cada territorio nacional por separado.
Brasil y Paraguay también habían comenzado en 2025 un mapeo conjunto de la red sanitaria fronteriza, incluyendo capacidades hospitalarias, recursos humanos y equipamientos en zonas como Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, Foz do Iguaçu y Ciudad del Este.
El objetivo es sencillo pero profundo: si una frontera funciona socialmente como una comunidad, la salud tampoco puede administrarse completamente como dos sistemas aislados.
Paraguay está intentando llevar esa lógica al MERCOSUR
Durante la Presidencia Pro Tempore paraguaya del MERCOSUR, la cuestión sanitaria adquirió todavía mayor relevancia.
En junio de 2026, delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay trabajaron en Asunción sobre el Plan Estratégico de Salud en las Fronteras del MERCOSUR 2026–2030.
El proyecto busca construir mecanismos regionales de vigilancia, coordinación y respuesta sanitaria en las zonas fronterizas.
En paralelo, las comisiones técnicas del MERCOSUR están trabajando sobre vigilancia epidemiológica, control sanitario de fronteras, servicios de atención sanitaria, medicamentos, cobertura vacunal, enfermedades prioritarias y mecanismos de comunicación entre localidades fronterizas.
Esto produce una paradoja política.
Mientras una parte de la estructura del MERCOSUR intenta que las fronteras sanitarias sean cada vez más coordinadas, Argentina está introduciendo una barrera económica para determinadas prestaciones de salud dirigidas a extranjeros no residentes.
No necesariamente son políticas incompatibles, pero sí representan dos filosofías diferentes de integración.
El Gobierno de Milei ha adoptado una política migratoria considerablemente más restrictiva que la vigente bajo la Ley 25.871 original. El propio DNU 366/2025 describe como insuficiente el régimen migratorio anterior y plantea la necesidad de reforzar controles, limitar determinados beneficios y exigir seguros de salud.
Eso encaja con una concepción política más amplia: el Estado debe priorizar al residente que financia el sistema mediante impuestos y exigir reciprocidad a quienes utilizan determinados servicios sin residencia permanente.
Desde el punto de vista fiscal, el argumento es comprensible.
Desde el punto de vista de la integración regional, sin embargo, la cuestión es más compleja.
¿Cuáles son realmente los países que más utilizan la salud argentina?
Aquí es necesario ser muy cuidadosos.
No existe, al menos en las estadísticas públicas disponibles que pude localizar, una base nacional única y actualizada que permita afirmar con rigor que “X por ciento del gasto sanitario argentino corresponde a bolivianos” o que un determinado país es responsable de la mayor parte del gasto.
Sí existen datos hospitalarios y provinciales.
Uno de los casos más conocidos es el Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires, donde los extranjeros representaron aproximadamente 6,69 % de las consultas, 28.146 sobre 420.734 en el período analizado. En contraste, el Hospital de Calafate registró apenas 88 consultas de extranjeros sobre 190.907, equivalente a 0,05 %.
Los datos muestran algo importante: el fenómeno no tiene la misma dimensión en todo el territorio argentino.
En las zonas fronterizas, especialmente en determinadas localidades del norte, la presencia de pacientes extranjeros puede ser mucho más visible.
En algunas ciudades fronterizas de Jujuy, por ejemplo, medios argentinos llegaron a reportar que hasta el 90 % de determinadas atenciones hospitalarias correspondían a ciudadanos bolivianos, aunque estas cifras deben analizarse con cautela porque corresponden a establecimientos y períodos concretos y no pueden extrapolarse al sistema sanitario argentino completo.
Por eso, la afirmación más sólida es que Bolivia aparece recurrentemente como uno de los principales países de origen de pacientes extranjeros en determinadas zonas fronterizas, seguida por otros países limítrofes como Paraguay, pero no existe evidencia suficiente para convertir esos datos locales en un ranking nacional definitivo.
Esta ausencia de estadísticas nacionales detalladas es, precisamente, uno de los grandes problemas del debate.
Antes de cobrar, el Estado debería saber exactamente cuánto se gasta, en qué prestaciones, en qué hospitales, de qué nacionalidades son los pacientes, cuánto corresponde a emergencias y cuánto a tratamientos programados y cuánto dinero podría recuperarse mediante seguros o convenios bilaterales.
¿La salud argentina realmente está siendo “invadida” por extranjeros?
La evidencia disponible no permite sostener una afirmación tan general.
Hay casos reales de personas que cruzan las fronteras buscando prestaciones que no consiguen en sus países o que resultan más accesibles en Argentina. Eso existe y sería ingenuo negarlo.
Pero también existen análisis que advierten que el llamado turismo sanitario puede haber sido sobredimensionado políticamente frente a la falta de estadísticas nacionales completas sobre su verdadero impacto financiero.
La diferencia es crucial.
Una cosa es afirmar que existe un fenómeno de pacientes extranjeros que buscan atención en Argentina.
Otra muy diferente es demostrar que ese fenómeno representa una carga financiera suficientemente grande como para explicar problemas estructurales del sistema sanitario argentino.
La segunda afirmación requiere números nacionales comparables y auditables.
El caso de los turistas accidentados plantea otra discusión
Aquí aparece precisamente el punto que usted plantea y que merece ser colocado en el centro del debate.
Supongamos que un ciudadano paraguayo viaja a Argentina como turista. No entra buscando atención médica. Cruza la frontera para conocer Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Iguazú o cualquier otro destino.
Durante el viaje sufre un accidente.
¿Debe pagar?
La respuesta actual no es simplemente “sí”. Si se trata de una emergencia, la atención no puede ser negada por su condición de extranjero.
Pero después puede comenzar una zona gris.
Si la persona necesita hospitalización prolongada, cirugía posterior, rehabilitación o medicamentos después de superada la emergencia, la prestación puede quedar dentro del régimen que exige seguro o pago.
Aquí es donde aparece un problema de política pública: un turista puede no haber viajado a Argentina para utilizar el sistema sanitario y, sin embargo, terminar convertido involuntariamente en un paciente extranjero no residente.
Por eso, una política inteligente debería diferenciar entre turismo sanitario deliberado y contingencia médica accidental.
No hacerlo puede generar una consecuencia paradójica: el país puede protegerse del turismo sanitario programado, pero al mismo tiempo generar incertidumbre para turistas legítimos que sufren accidentes dentro de su territorio.
¿Qué debería hacer el MERCOSUR?
La respuesta no debería ser una guerra de aranceles sanitarios.
Si Argentina cobra a paraguayos, brasileños o uruguayos y los demás países responden cobrando a argentinos exactamente de la misma manera, el resultado sería una carrera hacia atrás: cada país protegería su presupuesto mientras las comunidades fronterizas pagarían el costo.
El camino más racional sería crear un Mecanismo MERCOSUR de Compensación Sanitaria.
Cada país podría mantener su derecho soberano a cobrar determinadas prestaciones a no residentes, pero los Estados deberían acordar un sistema de compensación entre sus sistemas públicos.
Por ejemplo:
Argentina atiende a un ciudadano paraguayo en una prestación no urgente: registra electrónicamente la atención.
Paraguay reconoce el derecho de Argentina a recuperar el costo conforme al convenio.
El sistema paraguayo o el seguro del paciente paga.
Y ocurre exactamente lo mismo cuando un argentino recibe una prestación cubierta en Paraguay.
Eso convertiría el problema de “quién paga” en un mecanismo administrativo de reciprocidad sanitaria.
Una tarjeta sanitaria regional podría ser el siguiente paso
El MERCOSUR ya posee instrumentos para facilitar la movilidad de personas.
El propio Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR establece como objetivo la igualdad de condiciones de acceso al trabajo, la salud y la educación.
El bloque podría avanzar hacia una Tarjeta Sanitaria MERCOSUR, vinculada a la identidad de cada ciudadano y compatible con los sistemas nacionales.
No significaría necesariamente salud gratuita ilimitada.
Significaría algo mucho más práctico:
Identificación del paciente.
Historial básico de atención.
Seguro o cobertura disponible.
País responsable del pago.
Condición de residente o visitante.
Atención de emergencia garantizada.
Facturación posterior entre los sistemas sanitarios.
Este mecanismo sería especialmente útil en las fronteras.
El ejemplo de Foz do Iguaçu y Puerto Iguazú
La triple frontera demuestra por qué la teoría de los sistemas nacionales encuentra límites en la vida real.
Una persona puede desayunar en Ciudad del Este, almorzar en Foz do Iguaçu y pasar la tarde en Puerto Iguazú.
La frontera política existe.
La frontera económica y social es mucho más permeable.
Por eso resulta difícil sostener una integración comercial, turística, laboral y de transporte cada vez mayor mientras la salud continúa funcionando exclusivamente bajo la lógica de “cada ciudadano pertenece a un solo sistema”.
El propio acuerdo argentino-brasileño de localidades fronterizas reconoce desde hace años esta realidad y contempla atención médica gratuita y recíproca para los beneficiarios del régimen fronterizo.
Hay otro detalle que puede convertirse en un problema jurídico
El nuevo Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas de 2019 busca ampliar todavía más la integración y contempla mecanismos relacionados con servicios públicos y salud.
Brasil lo promulgó en abril de 2026 después de que su Congreso aprobara el acuerdo en 2025. El texto establece que los países pueden conceder derechos adicionales, incluyendo atención médica en sistemas públicos fronterizos bajo condiciones de reciprocidad y complementariedad.
Pero existe una particularidad decisiva: el propio portal oficial del MERCOSUR indicaba, con actualización a marzo de 2026, que para Argentina ese acuerdo todavía estaba en proceso de ratificación, mientras que para Brasil estaba vigente desde noviembre de 2025.
Esto revela que el problema de integración sanitaria no comenzó con Milei.
Existe desde hace años una dificultad más profunda: los países del MERCOSUR avanzan a velocidades diferentes en la incorporación de normas regionales a sus legislaciones nacionales.
Argentina no está inventando ahora la tensión entre soberanía y regionalización. Lo que está haciendo el Gobierno actual es llevar esa tensión a un terreno mucho más visible.
¿Es una medida económica o política?
Probablemente sea ambas cosas.
Desde la perspectiva económica, el Gobierno busca que quien no reside permanentemente en Argentina no pueda utilizar gratuitamente determinadas prestaciones financiadas por el presupuesto público sin contar con seguro o pagar el servicio.
Desde la perspectiva migratoria, la medida forma parte de una política más amplia de endurecimiento de las condiciones de ingreso y permanencia.
Y desde la perspectiva política, encaja con una concepción del Estado que pone el foco en el contribuyente y en la responsabilidad individual antes que en la universalidad de determinados servicios públicos.
Pero hay una cuarta dimensión: la política exterior y la integración regional.
Argentina forma parte de un bloque que busca facilitar la circulación de personas, profundizar la cooperación sanitaria y convertir las fronteras en espacios de integración.
Cuando uno de los miembros introduce nuevas barreras económicas para el acceso de no residentes, la decisión puede ser perfectamente defendible desde la soberanía nacional, pero inevitablemente genera preguntas sobre el rumbo de la integración.
El riesgo de una respuesta recíproca
Brasil, Paraguay y Uruguay tienen ahora una decisión política que tomar.
Podrían responder de manera simétrica y establecer que los argentinos no residentes deberán pagar sus tratamientos en hospitales públicos.
Sería una respuesta políticamente atractiva, pero probablemente poco inteligente.
La alternativa sería exigir reciprocidad organizada.
Es decir: si Argentina quiere cobrar prestaciones no urgentes, que exista un mecanismo de facturación bilateral o multilateral.
Si un argentino necesita un tratamiento programado en Brasil, Brasil factura a su seguro o al sistema correspondiente.
Si un brasileño necesita un tratamiento programado en Argentina, Argentina hace lo mismo.
Y para las emergencias de turistas, todos los países podrían establecer un sistema de atención inmediata con compensación posterior entre los Estados o aseguradoras.
Así se protege el dinero público sin transformar la salud en una nueva barrera fronteriza.
La verdadera pregunta para el MERCOSUR
El problema que se abre hoy no es si Argentina tiene derecho a proteger su sistema sanitario.
Como Estado soberano, tiene amplias facultades para organizar y financiar sus servicios públicos dentro del marco constitucional y convencional aplicable.
La pregunta verdaderamente regional es otra:
¿Puede existir una integración profunda de personas, comercio, turismo y fronteras si cada país continúa tratando al ciudadano del país vecino como un paciente extranjero completamente ajeno a su sistema?
Brasil y Paraguay parecen estar avanzando hacia una respuesta basada en interoperabilidad, vigilancia conjunta, vacunación coordinada, planificación fronteriza y cooperación sanitaria. Argentina, en cambio, acaba de colocar el acento en seguro, pago y residencia.
No son necesariamente posiciones incompatibles.
El problema aparece si ninguna de las partes construye el puente entre ellas.
Antes, ahora y después
Antes, Argentina mantuvo durante décadas un modelo sanitario público abierto a los extranjeros, heredado en parte de una tradición migratoria que reconocía amplios derechos a quienes llegaban al país. La Ley de Migraciones 25.871, aprobada en 2003, consolidó esa lógica al establecer que la situación migratoria no podía impedir el acceso a la salud.
Ahora, el Gobierno de Javier Milei ha cambiado esa ecuación. Desde hoy, los extranjeros no residentes deben demostrar cobertura o asumir el costo de determinadas prestaciones no urgentes en los hospitales nacionales, mientras las emergencias continúan protegidas.
Después vendrá la verdadera prueba.
Si la medida consigue reducir abusos y recuperar recursos sin afectar a turistas accidentados ni a las poblaciones fronterizas, el Gobierno podrá presentar el resultado como una política de racionalización.
Si, por el contrario, genera conflictos con Paraguay, Brasil, Bolivia o Uruguay, afecta la movilidad turística o entra en tensión con acuerdos fronterizos, el costo político puede superar el ahorro financiero.
Y existe una tercera posibilidad, probablemente la más interesante para el futuro del MERCOSUR: que la crisis obligue finalmente a los países a crear aquello que nunca terminaron de construir plenamente, un sistema regional de compensación sanitaria.
Ese sería el verdadero salto de integración.
No se trataría de que Argentina pague la salud de todos sus vecinos ni de que Paraguay, Brasil o Uruguay hagan lo mismo con los argentinos.
Se trataría de algo mucho más sencillo y moderno: que ningún ciudadano tenga que preguntarse, en una frontera del MERCOSUR, si recibirá atención médica porque nació de un lado o del otro de una línea política.
El ciudadano podría recibir la emergencia.
El sistema podría registrar quién es responsable.
El Estado podría recuperar el costo cuando corresponda.
Y los gobiernos podrían seguir siendo soberanos sobre sus presupuestos.
Ese modelo permitiría conciliar responsabilidad fiscal, reciprocidad, turismo, seguridad sanitaria e integración regional.
La decisión argentina de hoy, por tanto, puede terminar siendo vista de dos maneras muy diferentes. Puede convertirse en el comienzo de una fragmentación sanitaria dentro del MERCOSUR o, paradójicamente, en el incentivo que faltaba para que los países finalmente creen un mecanismo regional capaz de resolver quién paga, quién atiende y cómo se protege al ciudadano cuando la frontera deja de ser una barrera y se convierte en parte de la vida cotidiana.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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