La tensión entre Brasil y Estados Unidos dejó de limitarse al terreno político y comercial y comenzó a repercutir en un área especialmente sensible: la cooperación internacional contra el crimen organizado. Según una investigación del The New York Times citada por medios brasileños, el deterioro de la relación bilateral está dificultando el intercambio operativo entre organismos de seguridad de ambos países, precisamente cuando las redes criminales actúan cada vez más allá de las fronteras nacionales.

Uno de los puntos más delicados es la retención, por parte de Estados Unidos, de visas destinadas a dos agentes de la Policía Federal brasileña que debían desarrollar actividades relacionadas con investigaciones sobre delitos transnacionales en territorio estadounidense. La medida se produjo en medio de un ambiente de creciente desconfianza entre Washington y Brasilia y terminó afectando mecanismos que normalmente funcionan al margen de las disputas políticas.

Brasil respondió con medidas similares. Según el reporte, las autoridades brasileñas bloquearon el visado de un funcionario estadounidense vinculado al área de seguridad y también rechazaron otras solicitudes relacionadas con investigaciones sobre lavado de dinero y contrabando de armas. El problema, por tanto, no se limita a una disputa diplomática simbólica: puede tener consecuencias prácticas sobre investigaciones que necesitan cooperación entre ambos países.

Una cooperación que lleva años

Brasil y Estados Unidos mantienen una larga trayectoria de colaboración en investigaciones contra organizaciones criminales, particularmente en asuntos relacionados con tráfico de drogas, armas, lavado de activos, contrabando y delitos financieros.

La importancia de esa cooperación aumentó a medida que las organizaciones criminales brasileñas ampliaron sus operaciones internacionales. El Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, por ejemplo, mantienen conexiones que atraviesan fronteras y utilizan redes financieras, empresas y rutas internacionales para mover recursos y mercancías.

Brasil también viene desarrollando operaciones contra estructuras dedicadas al tráfico internacional de personas. En agosto, el Ministerio Público Federal denunció a 12 integrantes de una organización que habría facilitado el ingreso ilegal de al menos 673 brasileños a Estados Unidos entre 2017 y 2023, generando más de R$ 40 millones con la actividad criminal.

Ese tipo de investigaciones demuestra por qué el intercambio de información entre los dos países resulta estratégico. Una investigación que comienza en Brasil puede requerir documentos bancarios, movimientos financieros, información migratoria o datos sobre personas que se encuentran en Estados Unidos.

El problema no es solamente la falta de confianza

Especialistas citados en la cobertura advierten que la cooperación técnica entre las agencias de seguridad no desapareció completamente, pero la ausencia de coordinación política de alto nivel puede dificultar las operaciones más complejas.

En otras palabras, los policías e investigadores de ambos países todavía pueden tener canales de comunicación, pero cuando una investigación necesita autorizaciones institucionales, intercambio formal de información o desplazamiento de agentes, las tensiones diplomáticas pueden convertirse en un obstáculo.

Esto es especialmente delicado en investigaciones financieras. El dinero procedente de actividades criminales puede pasar rápidamente por diferentes jurisdicciones, cuentas bancarias y empresas. Si el intercambio de información se ralentiza, también puede hacerlo la posibilidad de identificar y bloquear esos recursos.

La crisis se acumula desde comienzos de 2026

El actual enfrentamiento forma parte de una cadena de episodios que deterioraron las relaciones entre Washington y Brasilia durante este año.

Una cronología elaborada por el Grupo Folha registra varios momentos de tensión: la exclusión de Brasil de una reunión convocada por Trump con líderes latinoamericanos para discutir seguridad y crimen organizado; disputas relacionadas con visados; el acercamiento de Flávio Bolsonaro al gobierno estadounidense; la clasificación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas por parte de Washington; y posteriormente nuevas diferencias comerciales y políticas.

A esto se sumaron las tensiones alrededor del Supremo Tribunal Federal y las investigaciones relacionadas con figuras políticas brasileñas. Washington ha seguido con atención los conflictos internos de Brasil, mientras sectores de la oposición brasileña han buscado apoyo político en Estados Unidos.

El comercio también se convirtió en un punto de presión

La crisis política ocurre simultáneamente con una disputa comercial de gran dimensión.

Las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos cayeron 9,7% entre enero y agosto de 2026, hasta US$ 24.100 millones, el menor resultado para ese período desde 2023, según datos de Amcham Brasil citados por UOL. El retroceso está relacionado principalmente con los aranceles estadounidenses, que alcanzaron niveles de entre 25% y 37,5% para distintos productos brasileños.

La combinación de problemas comerciales, conflictos políticos y dificultades en materia de seguridad convierte la actual crisis en una de las etapas más complejas de la relación bilateral en décadas.

La embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, describió recientemente la situación como un período inusual que contrasta con más de dos siglos de relaciones entre ambos países. Al mismo tiempo, defendió la continuidad del diálogo y la búsqueda de una agenda pragmática.

¿Quién termina beneficiándose?

El principal temor expresado por especialistas es que la disputa entre gobiernos termine generando un efecto paradójico: dos países que necesitan cooperar para combatir organizaciones criminales transnacionales podrían terminar reduciendo su capacidad de coordinación precisamente cuando esas organizaciones amplían sus operaciones internacionales.

El crimen organizado no necesita esperar acuerdos diplomáticos. Las rutas de drogas, armas, dinero y personas continúan funcionando independientemente de las tensiones entre los Estados.

Brasil enfrenta además un desafío regional. El país comparte extensas fronteras con prácticamente toda Sudamérica y sus organizaciones criminales mantienen conexiones con redes internacionales. Estados Unidos, por su parte, busca fortalecer una coalición hemisférica contra el crimen organizado y recientemente incorporó a Perú y Colombia a la iniciativa estadounidense denominada “Escudo de las Américas”, mientras Brasil todavía permanece fuera de ese mecanismo.

La disputa Brasil-Estados Unidos entra así en una fase particularmente delicada. Lo que comenzó como un enfrentamiento político y comercial empieza a tener consecuencias sobre la cooperación policial y judicial. Para Brasil y Washington, el desafío será impedir que las diferencias entre gobiernos terminen debilitando los mecanismos de seguridad que durante años permitieron perseguir a organizaciones criminales que operan justamente aprovechando las fronteras internacionales.

Foto: Reuters / Archivo