Uruguay enfrenta una paradoja: mantiene estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y una buena reputación financiera internacional, pero todavía encuentra dificultades para transformar esas fortalezas en un crecimiento más rápido y sostenido. El debate entre el Gobierno y el sector empresarial apunta ahora a tres problemas centrales: los costos que enfrentan las empresas, la baja productividad y la necesidad de elevar la inversión.

El diagnóstico adquiere especial importancia porque el crecimiento potencial de la economía uruguaya se habría reducido hasta aproximadamente 2% anual, frente a tasas cercanas o superiores al 2,5% registradas en períodos anteriores. BBVA Research identifica entre las causas una combinación de baja productividad, inversión insuficiente y las limitaciones propias de un mercado interno pequeño.

La inversión aparece como uno de los principales cuellos de botella. Actualmente representa alrededor del 16% del PIB, un nivel considerado bajo en comparación internacional y también inferior al promedio latinoamericano. Además, buena parte de los grandes saltos de inversión de Uruguay estuvieron asociados a proyectos extraordinarios, como las plantas de celulosa y el Ferrocarril Central, en lugar de una corriente permanente de nuevos proyectos privados.

Para los empresarios, el problema de los costos es igualmente determinante. Un relevamiento de KPMG mostró que la competitividad continúa siendo la principal preocupación del sector privado: 49% de las empresas la señaló como la principal debilidad de la economía y otro 33% la ubicó en segundo lugar. Entre los factores que más afectan esa competitividad aparecen los costos salariales, el tipo de cambio y la presión fiscal, además de las tarifas públicas, las regulaciones y la disponibilidad de personal capacitado.

El Gobierno de Yamandú Orsi reconoce parte de este diagnóstico y ha colocado la competitividad en el centro de su agenda económica. En junio presentó un proyecto de ley orientado a reducir costos, agilizar trámites, promover la competencia, facilitar el comercio exterior, impulsar la inversión y aumentar la productividad. El proyecto contiene más de 240 artículos distribuidos en cuatro grandes capítulos.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha planteado que Uruguay necesita generar un entorno más competitivo tanto para las empresas que exportan como para aquellas que compiten dentro del mercado interno. La estrategia oficial busca que la mejora de la competitividad no dependa exclusivamente del tipo de cambio, sino de una reducción de costos de funcionamiento, mayor eficiencia y cambios regulatorios.

La productividad constituye el segundo gran desafío. La economía uruguaya necesita incorporar más tecnología, mejorar procesos y formar trabajadores para actividades de mayor especialización. En este punto, la transformación digital y la inteligencia artificial aparecen como oportunidades relevantes. Una encuesta de KPMG mostró que 76% de las empresas consultadas planeaba invertir en tecnología y transformación digital durante 2026, mientras que 98% considera que la inteligencia artificial tendrá algún impacto en sus negocios en los próximos años.

El problema también está relacionado con la escala del país. Uruguay posee un mercado interno reducido y, para determinados proyectos, la posibilidad de exportar resulta indispensable para alcanzar una dimensión económicamente viable. Por eso, la inserción internacional, la logística y las condiciones de acceso a mercados externos son elementos fundamentales para atraer nuevas inversiones.

En ese escenario, el Mercosur adquiere una importancia estratégica. Las restricciones derivadas de las reglas comerciales del bloque y los costos logísticos pueden limitar la competitividad de empresas uruguayas, particularmente cuando intentan ampliar su mercado. Al mismo tiempo, una mayor integración regional puede ofrecer a las compañías uruguayas una escala mucho mayor que la que permite el mercado nacional.

El Gobierno también comenzó a modificar el régimen de promoción de inversiones, priorizando proyectos vinculados con empleo, descentralización, exportaciones y sostenibilidad. Los proyectos declarados promovidos pueden acceder a beneficios fiscales, con el objetivo de mejorar las condiciones para que el capital privado se dirija hacia actividades productivas.

El desafío, sin embargo, es convertir estas medidas en una corriente de inversión más estable. Uruguay conserva una posición favorable en materia de credibilidad macroeconómica, bajo riesgo soberano y acceso al financiamiento internacional, pero esas ventajas todavía no se traducen en un volumen de inversión suficiente para acelerar de manera sostenida el crecimiento potencial.

El país está desarrollando además una Estrategia Nacional de Desarrollo coordinada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Agencia Nacional de Desarrollo. El proceso establece tres desafíos estratégicos: competitividad, productividad y sostenibilidad, e incorpora la participación de trabajadores, empresarios, universidades y otros actores de la sociedad.

La cuestión de fondo es, por tanto, cómo aprovechar la estabilidad que Uruguay ya consiguió para construir una economía más productiva y competitiva. La discusión no se limita a reducir impuestos o salarios, ni exclusivamente a atraer capital extranjero: implica mejorar infraestructura, formación laboral, tecnología, logística, regulación, acceso a mercados y capacidad de las empresas para crecer.

Uruguay parte de una plataforma que muchos países de la región todavía buscan alcanzar: estabilidad institucional, seguridad jurídica y credibilidad macroeconómica. El desafío de la próxima etapa será transformar esas fortalezas en más inversión, mayor productividad y un crecimiento capaz de sostener mejores oportunidades de empleo y bienestar. Para el Gobierno y los empresarios, el mensaje comienza a coincidir: sin atacar los costos y elevar la productividad, la estabilidad por sí sola no será suficiente para acelerar la economía.

Foto: El Observador