La economía argentina enfrenta una de sus mayores contradicciones desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia: mientras el Gobierno exhibe como uno de sus principales logros la fuerte desaceleración de la inflación, una parte importante de la industria manufacturera atraviesa una profunda crisis, con fábricas que reducen su producción, empresas que cierran y miles de trabajadores que pierden sus empleos formales. La tensión entre estabilidad de precios y deterioro de la actividad productiva comienza a convertirse en uno de los principales desafíos políticos del Gobierno de cara a 2027.

El contraste es particularmente visible en la fábrica de calzados Kioshi, ubicada en Esteban Echeverría, en las afueras de Buenos Aires. La empresa llegó a tener 120 trabajadores en 2023 y actualmente conserva apenas 14. Su planta funciona parcialmente, con máquinas detenidas y productos acumulados que encuentran dificultades para venderse en un mercado interno debilitado. Su director, Emmanuel Fernández, sostiene que los consumidores tienen cada vez menos capacidad de compra y que la llegada de productos importados incrementó todavía más la presión sobre los fabricantes nacionales.

La situación de Kioshi no constituye un caso aislado. La Unión Industrial Argentina (UIA) reclama medidas ante la pérdida de aproximadamente 90.000 empleos industriales desde 2023. Datos oficiales citados en investigaciones sectoriales muestran además que la industria trabajaba en junio con alrededor de 40% de capacidad ociosa y que la producción manufacturera cayó 5% entre junio y julio, el mayor retroceso mensual en 16 meses.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ofrece otra dimensión del problema: entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales, una reducción del 8%. En el mismo período, la cantidad de establecimientos manufactureros con trabajadores registrados disminuyó de 49.622 a 45.602, es decir, más de 4.000 unidades menos.

El impacto también puede observarse en la vida de los trabajadores. En Zárate, una de las zonas industriales tradicionales de la provincia de Buenos Aires, la planta argentina de la empresa química Clariant cerró en 2025 y decidió abastecerse mediante importaciones desde Brasil. Miguel Márquez, quien había trabajado allí durante dos décadas, relató que de los 42 trabajadores despedidos solamente dos consiguieron posteriormente un empleo formal. Otros, incluido él, debieron recurrir a trabajos informales como conductores de aplicaciones.

La apertura comercial es uno de los puntos centrales de la discusión. El Gobierno de Milei sostiene que la competencia internacional obliga a las empresas argentinas a mejorar su productividad y que los consumidores se benefician cuando pueden acceder a productos importados a precios menores. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió esa política argumentando que el Estado debe proteger el interés de los consumidores y no el de determinados empresarios.

Los industriales, sin embargo, sostienen que competir en esas condiciones resulta especialmente difícil. Señalan el costo financiero, la carga tributaria, la pérdida de competitividad cambiaria y la entrada de productos extranjeros como factores que dificultan mantener abiertas las plantas. Alejandro Mayer, de una fábrica de circuitos eléctricos situada en el área metropolitana de Buenos Aires, explicó que aproximadamente la mitad de sus máquinas permanecen apagadas.

A esta presión se suma un problema fundamental: el consumo interno. La fábrica de cuerdas para instrumentos Martin Blust, que emplea a diez personas, redujo su actividad hasta cerrar los viernes por falta de pedidos. Su socia, Gloria Aparicio, resume la situación desde la perspectiva empresarial: si las familias tienen menos dinero disponible, las ventas se resienten y las fábricas producen menos.

El Gobierno puede presentar, en cambio, un resultado macroeconómico que difícilmente pueda ignorarse: la inflación cayó de los niveles de tres dígitos que Argentina registraba al inicio de la gestión de Milei a 1,7% mensual en agosto de 2026, el nivel más bajo en 14 meses. La inflación interanual se ubicó en torno al 33,5%, una reducción extraordinaria respecto de la situación existente cuando el actual Gobierno asumió.

El problema es que una menor inflación no significa automáticamente una recuperación de la economía productiva. La reducción de la velocidad con la que aumentan los precios puede convivir con salarios que todavía no recuperaron completamente su poder adquisitivo, un consumo débil y empresas que no consiguen colocar su producción. De hecho, una encuesta de la UIA publicada en septiembre mostró que casi la mitad de las empresas industriales enfrentaba dificultades para cumplir al menos uno de sus compromisos habituales y que aumentaba el recurso al endeudamiento de corto plazo.

La situación plantea además una cuestión estratégica para Argentina y para el propio Mercosur. La industria manufacturera no solamente genera empleo directo: sostiene cadenas de proveedores, transporte, servicios, logística, comercio y formación técnica. Una reducción prolongada de la capacidad industrial puede modificar la estructura productiva del país y aumentar su dependencia de bienes manufacturados provenientes del exterior.

Al mismo tiempo, la economía argentina sí registra sectores con mejores perspectivas. El crecimiento de actividades vinculadas con hidrocarburos, minería y agroexportaciones ha permitido mostrar resultados positivos en áreas donde Argentina posee ventajas competitivas internacionales. El debate, por lo tanto, no se limita a determinar si la economía crece o no, sino a establecer qué sectores están creciendo, cuántos empleos generan y qué lugar ocupará la industria nacional dentro del nuevo modelo económico.

Para Milei, el desafío político es cada vez más evidente. Su Gobierno sostiene que los empleos destruidos en sectores que pierden competitividad serán reemplazados por nuevas actividades capaces de competir internacionalmente. Pero los trabajadores afectados necesitan que esa transformación se traduzca en puestos de trabajo reales y formales, y no únicamente en oportunidades de empleo informal. Desde 2023, Argentina ha perdido más de 240.000 empleos formales privados en el conjunto de la economía, según los datos citados en la investigación.

La discusión adquiere especial importancia porque Argentina se aproxima a un nuevo ciclo electoral. Con la inflación descendiendo, pero con la industria y el empleo generando creciente preocupación, el Gobierno deberá demostrar que la estabilización macroeconómica puede convertirse también en producción, inversión, salarios y empleo sostenible.

La experiencia de las fábricas que hoy trabajan con máquinas detenidas resume el dilema: la estabilidad de precios es una condición importante para recuperar una economía, pero no constituye por sí sola una garantía de recuperación industrial. El gran interrogante para Milei es si su modelo conseguirá completar esa segunda etapa antes de que una parte significativa del tejido productivo argentino quede definitivamente debilitada.

Foto: AFP / G1