La crisis interna del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño escaló esta semana a través de una sucesión de oficios y comunicaciones formales entre ministros. El enfrentamiento tiene como eje las investigaciones relacionadas con el Banco Master y el exbanquero Daniel Vorcaro, especialmente las decisiones sobre el levantamiento del secreto de documentos y el acceso a material incautado por la Policía Federal.

El episodio tomó fuerza después de que el ministro André Mendonça, relator de los procedimientos relacionados con el caso Master, retirara el jueves 10 de septiembre el secreto de parte de las investigaciones, luego de una solicitud del presidente del STF, Edson Fachin. La decisión desencadenó una serie de manifestaciones internas y terminó exponiendo públicamente divergencias entre integrantes de la máxima corte brasileña.

El viernes 11, el ministro Alexandre de Moraes envió un oficio a Fachin en el que cuestionó lo que calificó como una “elección selectiva” en la liberación de información por parte de Mendonça. El documento se produjo en un contexto de creciente presión para que los elementos relacionados con la investigación fueran puestos a disposición de los demás integrantes del tribunal.

La Procuraduría General de la República (PGR) también intervino en la disputa. El organismo pidió que se levantara el secreto de todos los documentos vinculados con el caso, argumentando que la divulgación parcial podría transmitir una percepción equivocada de transparencia. Fachin terminó acogiendo ese pedido y determinó que Mendonça liberara la documentación en un plazo de 24 horas.

Otro punto de tensión fue el acceso al contenido de un teléfono celular perteneciente a Daniel Vorcaro, material considerado relevante para las investigaciones. En oficios separados, Alexandre de Moraes y Cristiano Zanin solicitaron a Fachin acceso a una determinada copia o soporte relacionado con el contenido del aparato, alegando que la información sería necesaria para la discusión del caso prevista para el próximo martes 15 de septiembre.

Mendonça respondió que el teléfono original de Vorcaro no se encuentra en su gabinete, sino bajo custodia de la Policía Federal, y explicó que conserva únicamente una copia de seguridad lacrada y cifrada. También rechazó la acusación de haber aplicado una liberación selectiva del secreto, argumentando que determinadas restricciones obedecen a la necesidad de preservar investigaciones en curso y datos personales de las personas investigadas.

La disputa alcanzó incluso al ministro Gilmar Mendes, quien presentó un oficio a Fachin solicitando que el presidente del Supremo asumiera la conducción de una investigación relacionada con un informe de la Policía Federal que reveló mensajes entre Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro. El intercambio de documentos dejó expuestas diferencias profundas sobre la conducción institucional del caso.

La tensión aumentó cuando Moraes afirmó, en otra comunicación oficial, que Mendonça estaría orientando el levantamiento de secretos con el objetivo de proteger a un “grupo político”. Mendonça, por su parte, defendió también decisiones adoptadas en relación con la Policía Federal, incluida la suspensión preventiva del director general de la institución, Andrei Rodrigues, y del director de Inteligencia Policial, Leandro Almada da Costa.

Nuevos documentos involucran a figuras políticas

En la noche del viernes, Mendonça amplió nuevamente el levantamiento del secreto. Entre los procedimientos liberados aparecen investigaciones relacionadas con políticos de diferentes sectores, entre ellos Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, Cláudio Castro y Jaques Wagner, además de Thiago Miranda. Según la información divulgada, Mendonça liberó el secreto de 18 procesos vinculados con el caso Master y de otros 20 procedimientos.

La inclusión de nombres vinculados a diferentes corrientes políticas aumenta la sensibilidad del caso, especialmente porque el Banco Master se encuentra bajo investigación y porque las autoridades buscan reconstruir relaciones financieras y eventuales vínculos entre el entorno del banco y actores políticos.

Una crisis que llega en un momento delicado para el Supremo

La disputa ocurre mientras el STF atraviesa una etapa de importantes cambios institucionales. Edson Fachin ocupa actualmente la presidencia de la Corte y ha tomado recientemente decisiones administrativas que afectan la conducción de determinadas investigaciones. El propio tribunal informó el 9 de septiembre, por ejemplo, que Fachin revocó la designación de Alexandre de Moraes para conducir una investigación instaurada en 2019, preservando los actos practicados durante el período en que estuvo vigente la designación.

En ese escenario, el intercambio de oficios adquiere una dimensión que supera una simple diferencia jurídica entre magistrados. Los documentos muestran una disputa sobre quién debe controlar determinada información, cuándo puede levantarse el secreto y hasta qué punto un ministro puede adoptar decisiones dentro de una investigación sin la participación de los demás integrantes de la Corte.

El STF mantiene en su agenda institucional sesiones y juzgamientos para septiembre, mientras el caso Master se encamina a nuevas discusiones en el tribunal. La propia Corte registra para el período del 11 al 18 de septiembre una agenda con numerosos procesos en el Plenario y en las dos Turmas.

La sucesión de oficios convirtió así una discusión interna en un episodio de gran repercusión pública. En lugar de manifestarse únicamente mediante votos judiciales o decisiones colegiadas, las divergencias quedaron registradas en comunicaciones oficiales intercambiadas entre los propios ministros.

El caso todavía está abierto y las cifras, documentos y nombres involucrados pueden aumentar a medida que avance la investigación. La próxima discusión del Plenario prevista para el 15 de septiembre podría ser decisiva para determinar cómo continuará el acceso a la información y qué rumbo tomará la investigación sobre el Banco Master.

La llamada “batalla de oficios” expone, en definitiva, una disputa poco habitual dentro de la máxima instancia judicial de Brasil. El enfrentamiento no solo pone bajo presión a los ministros involucrados, sino que también plantea interrogantes sobre transparencia, sigilo judicial, independencia de los relatores y coordinación interna en el tribunal que tiene la última palabra sobre las grandes controversias constitucionales del país.

Foto: Antonio Augusto/STF