La Liga de Defensa Comercial (Lideco) comenzará esta semana a concretar los primeros pagos a los damnificados que adhirieron al acuerdo alcanzado con Sara Goldring, luego de que la propuesta lograra las mayorías legales necesarias para avanzar. La primera partida representa el 21% del crédito reconocido dentro del Acuerdo Privado de Reorganización (APR).

Según la comunicación enviada por Lideco, el plazo de cinco días hábiles para efectuar esta primera distribución comenzó el viernes 11 de septiembre. La entidad, que intervino junto al Banco Central del Uruguay (BCU) y quedó a cargo de la liquidación de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), será la responsable de realizar las transferencias bancarias a los acreedores que firmaron el acuerdo.

El acuerdo establece como objetivo devolver a los damnificados el 60% del total de los activos informados al 31 de diciembre de 2022. De acuerdo con los datos manejados por el BCU, ese monto ascendía a aproximadamente US$ 21,8 millones. La devolución, por tanto, se realizará de manera progresiva y está condicionada a la disponibilidad de los fondos contemplados en el acuerdo.

Para recibir esta primera partida, los acreedores que adhirieron al APR deben haber proporcionado una cuenta bancaria válida a su nombre. Lideco informó que las transferencias se realizarán directamente a esas cuentas, evitando a los adherentes los costos judiciales y el trámite adicional que deberán afrontar quienes decidieron no incorporarse al acuerdo.

La situación es diferente para los exclientes que no firmaron. En esos casos, el dinero que les corresponda será depositado en una cuenta judicial y cada acreedor deberá solicitar ante el juzgado correspondiente una orden de pago para poder retirarlo. Además, los gastos bancarios, comisiones u otros cargos derivados de ese procedimiento quedarán a cargo del propio acreedor.

Uno de los puntos centrales que todavía permanece pendiente es la liberación de fondos que se encuentran en Estados Unidos. El acuerdo contempla un aporte extraordinario proveniente de cuentas personales de Goldring, pero esos recursos permanecen sujetos a medidas judiciales. El banco estadounidense Jefferies LLC deberá liberar las cuentas para que esos fondos puedan incorporarse al proceso de recuperación.

Para avanzar en esa etapa, el fiscal Enrique Rodríguez, de la Fiscalía de Lavado, deberá solicitar al juzgado especializado en Crimen Organizado que gestione ante las autoridades estadounidenses la liberación de los fondos. Este componente resulta determinante para completar las siguientes partidas previstas en el acuerdo.

El caso tiene además una importante dimensión judicial. La obtención de las mayorías requeridas para aprobar el APR abrió la posibilidad de evitar el juicio oral contra Goldring. La propuesta había superado el umbral del 75% de adhesiones exigido y, con ese respaldo, se prevé una negociación entre la defensa de Goldring y la Fiscalía.

El proceso se origina en la intervención de CVM y en los reclamos de sus exclientes por fondos que, según las investigaciones y las actuaciones judiciales, quedaron comprometidos. Durante los últimos años se desarrollaron negociaciones entre los damnificados, Lideco, el BCU y la defensa de Goldring para alcanzar una salida que permitiera recuperar parte de los recursos sin prolongar indefinidamente los litigios.

La alternativa también generó resistencia entre algunos damnificados. Parte de los inversores cuestionó que el acuerdo implicara una recuperación significativamente inferior al dinero que consideran haber perdido y advirtió sobre las consecuencias que podría tener renunciar a determinadas acciones judiciales. Otros, en cambio, consideraron que recibir una parte de los fondos en un plazo definido era preferible a afrontar años adicionales de litigios e incertidumbre.

Con el inicio de los primeros pagos, el caso entra ahora en una nueva etapa: los damnificados adherentes comienzan a recuperar parte de los recursos reconocidos, mientras Lideco deberá avanzar con las siguientes distribuciones y con la incorporación de los fondos que permanecen bloqueados en Estados Unidos.

El desenlace financiero y judicial todavía no está completamente cerrado. La primera transferencia representa apenas una parte del proceso de recuperación, pero constituye el primer resultado concreto para quienes aceptaron el acuerdo después de años de espera, negociaciones y disputas judiciales.

Foto: El Observador