Una investigación judicial en Uruguay descubrió una compleja trama que, según la Fiscalía, habría combinado una relación sentimental, presuntas maniobras patrimoniales, un ataque informático contra empresas de salud y una falsa negociación con supuestos hackers. La principal imputada es una mujer de 47 años, expareja de un empresario médico de 78 años, cuya identidad fue preservada por la Justicia y por El Observador.
La causa comenzó a desarrollarse en septiembre de 2025, cuando el empresario inició una relación con la mujer, a quien había conocido a través de redes sociales. Según su declaración ante la Fiscalía, pocas semanas después ella se instaló en su apartamento de Punta Carretas y posteriormente personas de su entorno también ocuparon espacios cercanos. Uno de ellos, identificado como Damián, habría permanecido entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 simulando ser empleado del empresario.
Según la denuncia, durante ese período el empresario comenzó a realizar gastos importantes en beneficio de la mujer y personas de su entorno. Entre las operaciones mencionadas aparecen un Mercedes-Benz de US$ 29.000, otro vehículo de US$ 120.000, un Mini Morris valuado en US$ 70.000, una motocicleta de unos US$ 10.000 y un apartamento de Punta Carretas cuyo valor rondaría los US$ 320.000. La denuncia sostiene que parte de esos bienes fueron registrados a nombre de la mujer, sus hijos o personas vinculadas a ella.
El empresario también declaró haber sido inducido a entregar o realizar operaciones financieras por aproximadamente US$ 545.000, bajo la supuesta promesa de préstamos respaldados por una billetera de criptomonedas que, de acuerdo con la investigación, no existía. Para la Fiscalía, este conjunto de operaciones forma parte de la presunta maniobra de estafa por la que la mujer fue imputada.
El supuesto hackeo a empresas de salud
El caso tomó una dimensión aún mayor el 24 de marzo de 2026, cuando dos empresas privadas de salud recibieron comunicaciones extorsivas después de que sus sistemas informáticos fueran vulnerados. Los mensajes exigían US$ 400.000 en criptomonedas y amenazaban con divulgar información sensible supuestamente obtenida durante la intrusión.
La investigación quedó en manos de la Dirección General de Cibercrimen del Ministerio del Interior. Los investigadores rastrearon las direcciones IP utilizadas durante el ataque y determinaron que una de ellas estaba vinculada a un servicio de internet cuyo titular era Damián. Al ser interrogado por la Fiscalía, el hombre reconoció haber realizado la intrusión y haber enviado los mensajes extorsivos.
Pero la investigación descubrió otro elemento llamativo. Damián habría creado conversaciones falsas en Telegram utilizando dos cuentas que estaban bajo su control: una que representaba al supuesto atacante y otra destinada a simular una negociación. De esta manera, se habría construido artificialmente la apariencia de que existía un grupo de hackers con el que se negociaba el rescate de los sistemas.
La presunta maniobra incluyó incluso un supuesto pago de US$ 900.000 en criptomonedas. Sin embargo, los investigadores comprobaron que la transferencia nunca había ocurrido. El supuesto comprobante utilizaba un hash correspondiente a otra operación real, por lo que la transacción presentada como evidencia del pago resultó ser falsa.
De acuerdo con la declaración de Damián, la mujer habría solicitado e instigado la maniobra con el objetivo de presentarse ante su pareja como la persona que había conseguido solucionar el supuesto ataque informático. La investigación sostiene que el dinero ficticiamente pagado también habría sido utilizado dentro de la narrativa para justificar obligaciones económicas que la mujer mantenía con el empresario.
Las empresas evitaron un daño mayor
El abogado Juan Pablo Decia, representante de una de las víctimas, aseguró que los sistemas informáticos de las empresas tenían mecanismos de seguridad que evitaron que los atacantes pudieran avanzar hasta el manejo y comercialización de información sensible de pacientes y usuarios.
Según su declaración, esa protección también habría impedido que la estafa relacionada con el empresario adquiriera una dimensión económica todavía mayor.
Una segunda denuncia: presunta intoxicación
La investigación contiene además una acusación particularmente grave. Después de finalizar la relación, el empresario denunció ante la Justicia que habría sido sometido a una administración subrepticia de medicamentos, entre ellos anfetaminas y benzodiacepinas que, según su declaración, no habían sido prescritas ni consumidas voluntariamente.
El hombre presentó informes médicos. El 22 de abril de 2026 debió ser ingresado nuevamente en el Hospital Británico y recibió un diagnóstico de hiponatremia severa, acompañado de niveles anómalos de cortisol. Según el informe citado en la investigación, el cuadro era médicamente compatible con una intoxicación crónica por administración subrepticia de fármacos.
El empresario también afirmó que personas de su entorno lo habían encontrado en reiteradas ocasiones somnoliento, desorientado u obnubilado. La denuncia fue presentada tanto ante la Justicia especializada en violencia doméstica como ante la Fiscalía, donde se solicitó investigar posibles delitos de envenenamiento, lesiones, estafa y violencia doméstica.
La Justicia de Familia dispuso posteriormente una prohibición de acercamiento contra la mujer y el uso de una tobillera electrónica, después de que un equipo técnico judicial considerara que no podía descartarse un riesgo vital elevado para el denunciante.
La mujer está en prisión preventiva
El 19 de agosto, la Justicia imputó a la mujer por estafa en calidad de autora, además de delitos de extorsión en reiteración real y acceso ilícito a datos informáticos y vulneración de datos, en calidad de coautora. Damián ya había sido imputado en junio por delitos relacionados con la intrusión informática y la extorsión.
La mujer fue enviada a prisión preventiva hasta el 4 de octubre, principalmente por el riesgo de que pudiera interferir con la investigación. La Fiscalía argumentó que todavía debían realizarse pericias sobre tres teléfonos celulares incautados y que existía la posibilidad de eliminación de mensajes u otra evidencia digital.
La defensa cuestionó la medida y sostuvo que todavía no está demostrado que la mujer haya sido la ideóloga de toda la maniobra. También puso en duda la fuerza de la declaración del hombre que colaboró con la investigación y que, al mismo tiempo, aparece como coimputado.
El Tribunal de Apelaciones Penal de 2.º Turno confirmó posteriormente la prisión preventiva. Los ministros Beatriz Larrieu, Daniel Tapié y Ricardo Míguez señalaron que, aunque la imputada mantiene su presunción de inocencia hasta una eventual sentencia firme, las características de la maniobra investigada justificaban una medida cautelar de esa gravedad por el riesgo de destrucción de pruebas.
La investigación continúa abierta y todavía deberán determinarse judicialmente las responsabilidades individuales. Por ahora, las acusaciones de intoxicación, violencia patrimonial y otras conductas denunciadas forman parte de la investigación y no equivalen a una condena. Lo que sí quedó establecido judicialmente hasta esta etapa es la imputación penal de la mujer y de su presunto cómplice por las maniobras de estafa, extorsión y delitos informáticos investigados.
Foto: Pavel Danilyuk / Pexels / El Observador
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