BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO DE LA MUERTE

Si ha habido una constante en este país en los últimos 100 años ha sido la violencia y el ingenio macabro de los colombianos para quitarle la vida al prójimo. Las guerras en Colombia han dejado un rastro sangriento en el que la muerte se ha regodeado especialmente con nuestros jóvenes, pero también con nuestros viejos, mujeres y niños: Nadie escapa a sus inclementes designios.  Pasamos del país de la Belleza de Petro, a la patria Milagro de Abelardo, del emporio de la vida del anterior gobierno a la muerte como escenario y espectáculo propagandístico del nuevo régimen.

El cambio ha sido tan brutal que no basta con el dantesco espectáculo de un presidente caminando ufano entre los cadáveres de una veintena de delincuentes asesinados en un bombardeo del ejército, incluyendo un número de dos o tres menores de edad, sino que además se genera y alimenta una página que lleva en forma detallada las estadísticas de muertos, detenidos, incautaciones de armas, omitiendo mencionar el costo en vidas de uniformados.

Mientras en el gobierno Petro se llevaba una minuciosa cuenta de las toneladas de drogas incautadas, en el gobierno de Abelardo volvemos al seguimiento de los litros y litros de sangre que hace algunos años llevó a nuestras fuerzas armadas en convertirse en asesinas y cubrir de indignidad y deshonra el uniforme verde oliva.

La defensora del Pueblo en una lúcida intervención fijó su posición frente al show macabro de Abelardo, esto le valió una respuesta agresiva y tendenciosa del señor ministro del interior, Rodrigo Lara, él mismo víctima de los violentos en la persona de su heroico padre, en la que poco faltó para que la tachara de cómplice de los violentos y le reclamaba que le debía solidaridad acrítica a las ejecuciones ordenadas por los personajes que el pueblo empoderó y que se posesionaron el pasado 7 de agosto, ojala y no vaya a ser sino por cuatro años.

En su sentido intervención la Doctora Iris Marín Ortiz, abogada constitucionalista de la Universidad del Rosario, con experticia en temas de derechos humanos, justicia transicional y paz, interpretando el sentir de muchos de los colombianos, hizo un reclamo extraordinariamente bien sustentado al señor de la Espriella, en los siguientes comedidos términos:

“En días recientes, vimos al presidente de la República caminar entre cuerpos en tulas blancas de personas que resultaron muertas en la operación “Azarías”, en el Guaviare. Según el reporte oficial, en dicha operación habrían muerto 23 miembros de las estructuras de alias “Iván Mordisco”, entre ellos, algunos mandos de dicha estructura armada. Según Medicina Legal, dos de las personas muertas en el bombardeo eran menores de edad.”

Alude la importante funcionaria a nuestra trágica historia de violencia y manifiesta que el desfile del presidente con algunos de los altos mandos militares por entre tulas blancas ufanándose de su sangriento contenido es un hecho insólito que le da una preeminencia innecesaria a la muerte. Seguidamente se refiere a la maldad e infamia de los criminales que el estado lícitamente combate, como es su deber, pero observa que no se puede poner en tela de juicio la legitimidad del estado copiando la crueldad de los facinerosos

“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en una demostración de poder.” 

Llama la atención acerca del deber constitucional del Estado de proteger a los ciudadanos en el marco de la Constitución, la Ley y los principios del Derecho Internacional Humanitario. Aclara que no se cuestiona la legitimidad de la acción estatal, pero sí que se entre en competencia con los violentos como si se tratara de una vendetta.

Trasiega por una reflexión acerca del derecho a la vida, su inviolabilidad y su protección frente a la arbitrariedad, reconoce que el mismo no es absoluto, que la constitución promulga el derecho a la legítima defensa, el derecho del estado a dar de baja a combatientes en situaciones de conflicto armado, pero que la privación de ese derecho está sujeta a criterios de razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad, pues aun cuando, hasta la guerra misma tiene sus normas y sus límites, entre los cuales están el respeto y la dignidad de los cadáveres.

La muerte del combatiente siempre es lo menos deseable, asegura, no es per se el objetivo, el cual podría ser su reducción, entrega y sometimiento.

Reprocha la existencia de una hoja electrónica, por cuyo origen gubernamental indaga, en la que se lleva una estadística de bajas en los grupos violentos” LAS BAJAS DEL TIGRE”, pide cautela y prudencia y recuerda que por esa exigencia de bajas se presentaron en el pasado los crímenes de estado mal llamados “falsos positivos”

Prosigue la Doctora Marín en los siguientes términos. “No planteamos con esto que los cuerpos en tulas de la operación “Azarías” atiendan a esta lógica. Pero sí invitamos a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se mide en derechos garantizados y vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida al accionar de los grupos criminales.”

Advierte acerca del riesgo de deshumanización del gobierno como consecuencia de deshumanizar al adversario. “Colombia, dice la funcionaria, conoce demasiado bien esa historia. Durante décadas, distintos actores armados han utilizado los cuerpos, la humillación y el miedo para enviar mensajes de dominio y terror. Ese lenguaje es el de quienes prefieren la muerte a la vida. No puede convertirse en el lenguaje del Estado. La acción militar del Estado es un deber, es un deber en el que heroicamente miembros de la Fuerza Pública exponen su vida para proteger a la población. Sin embargo, debiera prevalecer siempre la acción de la justicia, no podemos resignarnos. 

“Las imágenes y las palabras de quienes representan al poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad.”

Finaliza su intervención con un reproche frente a la conversión de los muertos en escenografía y de la muerte en espectáculo “ Cuando ese poder simbólico se pone al servicio del espectáculo o de la humillación, deja de fortalecer la autoridad legítima y empieza a erosionarla, porque la legitimidad no nace del miedo que el Estado pueda infundir, sino de la confianza que es capaz de inspirar.”

Está claro que no debe ser pretensión del estado copiar los métodos de los criminales, ese amago no genera percepción de fortaleza sino incertidumbre y temor, pues muestra que el >Estado con todo su poder sería proclive a saltar los límites que la humanidad, constitución y las leyes imponen para todos en un país atravesado por el conflicto y la violencia y culmina con esta lapidaria frase: “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es, precisamente, cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración.”

Pocos días después del macabro desfile del mandatario se volvió a presentar una situación en la cual la policía dio de baja a cuatro peligrosos criminales, cuyos cadáveres fueron ubicados nuevamente como escenografía para el discurso del tigre presidente.

Esperamos que las palabras llenas de sensatez de la señora Defensora del Pueblo no entre n por un oído y salgan por el otro de quienes detentan el poder, que se avance hacia la consecución de la paz y el sometimiento de los criminales de todos los pelambres que pululan desgraciadamente por el país sin que ese esfuerzo lleva a un agravamiento del conflicto en el que sea la población civil un rehén de los violentos y víctima de las balas, vengas estas de donde vengan.

POR CARLOS FAJARDO

PARA PRENSA MERCOSUR