La contratación de un estudiante de primer año de Periodismo, de apenas 19 años, en el Ministerio del Interior de Chile abrió una nueva controversia sobre criterios de contratación, remuneraciones y austeridad dentro del Gobierno de José Antonio Kast. El caso de Cristóbal Soto Fuentes, incorporado para tareas de redes sociales y apoyo comunicacional, generó cuestionamientos incluso desde sectores del propio oficialismo.

Soto ingresó al Ministerio del Interior en marzo de 2026 mientras cursa Periodismo en la Universidad de los Andes. De acuerdo con los antecedentes difundidos, fue contratado a honorarios para desempeñarse como encargado de redes sociales y apoyo comunicacional, con funciones vinculadas a la gestión de plataformas digitales y difusión de contenidos institucionales.

La controversia se concentró especialmente en su remuneración. Inicialmente se difundió que percibía 1,9 millones de pesos chilenos mensuales, equivalentes a algo más de 2.000 dólares. Posteriormente aparecieron diferencias en los registros y el Gobierno precisó que su remuneración actual sería de 1,5 millones de pesos, mientras el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció que las condiciones serían nuevamente ajustadas.

El Ministerio defendió la incorporación argumentando que el joven ya contaba con experiencia en comunicación digital. Antes de llegar a la cartera había trabajado durante 2025 en estrategia digital y redes sociales para el entonces alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, y posteriormente como community manager del área de mujeres de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El punto más sensible de la discusión, sin embargo, no es solamente la edad. Soto todavía no posee un título profesional y se encuentra cursando el primer año de una carrera universitaria, circunstancia que provocó cuestionamientos sobre la proporcionalidad entre sus antecedentes académicos, las funciones asignadas y la remuneración inicialmente registrada.

La situación adquirió una dimensión política porque las críticas no provinieron únicamente de sectores opositores. El Partido Republicano, integrante del oficialismo, también cuestionó el nombramiento. El diputado Benjamín Moreno pidió explicaciones al Ejecutivo, mientras otros representantes del sector calificaron el caso como difícil de defender en un Gobierno que hizo de la meritocracia y la austeridad algunos de sus principales compromisos políticos.

El subsecretario Pavez salió públicamente en defensa del funcionario y afirmó que las personas que trabajan en Interior cumplen las funciones para las cuales fueron contratadas. No obstante, ante la controversia, reconoció que la remuneración sería acomodada de acuerdo con los criterios correspondientes a la experiencia y los años de desempeño.

La situación escaló un día después. Según información publicada el 8 de septiembre, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ordenó revisar las condiciones de contratación y aplicar los instructivos de austeridad establecidos por Hacienda. Además, el ministerio anunció una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas en el proceso de incorporación del joven.

El episodio se suma a otros nombramientos que han generado debate dentro del Gobierno. Entre ellos aparecen los casos de Camila Pérez, abogada de 26 años incorporada al Servicio Nacional de Migraciones, y Trinidad Zegers, de 27 años, contratada en el Ministerio de Justicia para coordinar la reactivación de la Reforma Procesal Civil poco después de obtener su título.

Para el Gobierno, la discusión ahora representa un problema mayor que la situación particular de un funcionario. La administración de Kast enfrenta el desafío de demostrar que sus criterios de contratación son compatibles con las promesas de austeridad, profesionalización y eficiencia que marcaron su llegada al poder. Cuando una contratación genera cuestionamientos sobre remuneración, experiencia y requisitos, la transparencia del procedimiento pasa a ser tan importante como las capacidades de la persona contratada.

El caso de Cristóbal Soto también plantea una discusión más amplia sobre la incorporación de jóvenes a la administración pública. La falta de un título universitario no necesariamente significa ausencia de competencias para determinadas tareas digitales, especialmente en áreas donde la experiencia práctica puede tener valor. Pero, precisamente por tratarse de recursos públicos, la selección, las funciones, la remuneración y los criterios utilizados deben poder ser explicados de manera clara ante la ciudadanía.

Por ahora, el Gobierno ha optado por corregir las condiciones salariales y revisar el proceso. La investigación determinará si existieron errores administrativos o si la contratación se ajustó a las normas vigentes.

La polémica, sin embargo, ya dejó una pregunta instalada en Chile: ¿cuál debe ser el equilibrio entre experiencia práctica, formación profesional, remuneración y austeridad cuando se contrata a jóvenes para trabajar directamente dentro del Estado?

Foto: ATON / Infobae

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