La tragedia ocurrida en un recinto militar de Viacha, en el departamento de La Paz, continúa bajo investigación después de dos explosiones que dejaron tres personas fallecidas, 14 desaparecidas y 81 heridas. Ante la gravedad del episodio, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, exigió una investigación pronta, transparente e imparcial que permita determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad.

Las detonaciones se produjeron el viernes 4 de septiembre por la tarde en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, ubicado aproximadamente a 35 kilómetros de La Paz. La primera explosión habría estado relacionada con pólvora negra utilizada en material pirotécnico almacenado dentro de las instalaciones, según explicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. La segunda detonación fue de mayor magnitud y, hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué material provocó ese segundo estallido.

La onda expansiva alcanzó también a las viviendas situadas alrededor del recinto militar. Vecinos reportaron daños materiales, principalmente vidrios rotos y afectaciones en estructuras, mientras que la emergencia obligó a desplegar ambulancias, equipos médicos, policías, bomberos y personal especializado para controlar la zona y avanzar con las tareas de búsqueda.

El balance de víctimas evolucionó durante las horas posteriores al desastre. Inicialmente se habían confirmado dos fallecidos, pero el sábado los equipos de rescate localizaron un tercer cuerpo entre los escombros, todavía sin identificar en ese momento. Al mismo tiempo, continuaba la búsqueda de personas que permanecían sin ser localizadas.

La situación de los desaparecidos constituye uno de los puntos más delicados de la emergencia. El último balance difundido por Infobae señala 14 personas no localizadas, mientras que los equipos de rescate continuaban trabajando entre los restos del recinto para determinar si alguna de ellas podía encontrarse con vida o si había quedado atrapada bajo los escombros.

En cuanto a los heridos, las autoridades reportaron 81 personas lesionadas. La emergencia sanitaria involucró tanto a personal militar como a civiles afectados por las explosiones y por la onda expansiva. Parte de los pacientes fue trasladada a centros médicos de La Paz para recibir atención especializada. Informaciones difundidas durante las primeras horas habían reportado, entre los casos más graves, a una menor con quemaduras de tercer grado.

El reclamo del Defensor del Pueblo

Pedro Callisaya sostuvo que la investigación debe determinar las causas exactas de las explosiones y las eventuales responsabilidades, pero también pidió que se establezca si los materiales almacenados en el recinto cumplían las condiciones de seguridad correspondientes.

La Defensoría del Pueblo informó además que realiza un seguimiento del estado de los heridos para garantizar que reciban atención médica oportuna y digna. Callisaya reclamó igualmente información clara e inmediata para los familiares de las personas desaparecidas, al considerar que conocer la situación de sus seres queridos constituye un derecho fundamental en una emergencia de esta magnitud.

El pedido coincide con la instrucción del presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien ordenó una investigación “minuciosa, técnica y transparente”. El mandatario señaló que se debe determinar qué ocurrió, comprobar si fueron respetados los protocolos de seguridad y establecer las responsabilidades que correspondan.

La Fiscalía abrió una investigación de oficio

La dimensión judicial del caso también comenzó a tomar forma. La Fiscalía Departamental de La Paz abrió de oficio una investigación por presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, confirmó la apertura del expediente, que deberá reconstruir la secuencia de las explosiones y determinar las circunstancias que permitieron que el incidente alcanzara semejante magnitud.

Por ahora, las autoridades mantienen cautela respecto de las causas definitivas. La hipótesis relacionada con el material pirotécnico explica aparentemente la primera detonación, pero la segunda explosión, que fue la de mayor potencia, continúa bajo investigación. Los especialistas deberán establecer qué material estuvo involucrado y si existieron condiciones de almacenamiento, manipulación o seguridad que pudieron contribuir al desastre.

Viacha permanece bajo atención especial

El episodio generó preocupación entre los habitantes de Viacha, especialmente entre quienes viven cerca del recinto militar. La magnitud de la explosión provocó daños visibles en el entorno y obligó a establecer restricciones para mantener a la población alejada mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

Los equipos de emergencia también debieron considerar la posibilidad de que permanecieran materiales peligrosos en el interior del establecimiento. Por esa razón, las operaciones de búsqueda y remoción de escombros requieren procedimientos especiales y no pueden desarrollarse como una intervención convencional.

La tragedia deja además una interrogante que deberá responder la investigación: cómo se almacenaban y administraban materiales potencialmente explosivos dentro de una instalación militar ubicada relativamente cerca de una zona habitada.

La respuesta será fundamental no solo para establecer eventuales responsabilidades por las muertes y lesiones, sino también para determinar si existen fallas de seguridad que puedan representar un riesgo para militares y civiles en otros establecimientos del país.

Mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos y los familiares esperan información sobre sus seres queridos, Bolivia enfrenta ahora la tarea de esclarecer una tragedia que ya dejó tres muertos y decenas de heridos. El reclamo del Defensor del Pueblo y la investigación ordenada por el Gobierno apuntan a que las causas no queden en una explicación preliminar y que las responsabilidades, si las hubiera, sean establecidas con evidencia técnica y transparencia.

Foto: EFE / Luis Gandarillas