Las autoridades panameñas han investigado 297 expedientes relacionados con trata de personas entre enero de 2015 y el 30 de junio de 2026. El dato expone la dimensión de un delito que continúa afectando especialmente a mujeres jóvenes y que en los últimos años ha adquirido modalidades cada vez más complejas, desde la explotación sexual hasta el trabajo forzoso y el reclutamiento de personas para participar en conflictos armados en el extranjero.

La cifra fue divulgada por la Procuraduría General de la Nación de Panamá durante las actividades por el Mes contra la Trata de Personas. El organismo aclaró que los 297 casos corresponden a investigaciones abiertas durante más de una década, pero que el balance disponible no presenta un desglose anual ni permite determinar cuántos expedientes terminaron en imputaciones, condenas o archivos. Tampoco establece una cifra acumulada de víctimas identificadas durante todo el período.

La trata de personas comprende distintas formas de captación, traslado o retención mediante engaños, amenazas, abuso, fuerza o coacción con el objetivo de someter a una persona a explotación. Por ello, el fenómeno no se limita a los casos tradicionalmente asociados con explotación sexual: también puede involucrar trabajo forzoso, servidumbre, explotación laboral y reclutamiento para actividades criminales o conflictos armados.

Uno de los casos que ilustra esta realidad es la denominada Operación Kosovo, en la que dos mujeres panameñas fueron captadas bajo una supuesta oferta laboral y trasladadas al extranjero. Según la investigación de la Procuraduría, una vez que llegaron a Kosovo sus pasaportes fueron retenidos y fueron obligadas a prestar servicios sexuales bajo amenazas. El proceso terminó con una condena contra una de las responsables.

Otro expediente relevante fue la Operación Luz de Esperanza, que permitió rescatar a cinco víctimas menores de edad. La investigación terminó con dos mujeres declaradas penalmente responsables, mostrando que las redes pueden involucrar a distintos actores y utilizar mecanismos de captación especialmente dirigidos contra personas en situación de vulnerabilidad.

Durante 2025, la Operación Libertad permitió la aprehensión de tres personas investigadas por presunta trata con fines de explotación sexual. Las autoridades realizaron cuatro allanamientos en edificios de la capital y rescataron a 14 mujeres, de acuerdo con la información oficial difundida posteriormente.

En marzo de 2026 apareció otra modalidad mediante la Operación Manos Protectoras, desarrollada en San Isidro, distrito de San Miguelito. Un hombre de 28 años fue aprehendido por su presunta participación en la captación de menores y mujeres adultas que posteriormente eran promocionadas mediante catálogos digitales y aplicaciones como WhatsApp. Los investigadores incautaron equipos tecnológicos para buscar información que permita identificar a otras posibles víctimas, clientes y participantes.

La dimensión digital se ha convertido en un elemento importante de estas investigaciones. Las plataformas de mensajería y las redes sociales pueden ser utilizadas para ofrecer empleos ficticios, establecer contacto con potenciales víctimas, realizar pagos y mantener mecanismos de control. La facilidad para comunicarse a distancia también permite que una red opere simultáneamente en varios países.

Una nueva modalidad: reclutamiento para la guerra

Uno de los aspectos más llamativos del panorama panameño reciente es la aparición de investigaciones relacionadas con el reclutamiento de ciudadanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

En julio, la Policía Nacional detuvo en el aeropuerto internacional de Tocumen a un hombre señalado de captar panameños mediante supuestas ofertas de empleo para combatir en el extranjero. Dos personas fueron rescatadas antes de viajar y, según las autoridades, el sospechoso mantenía sus pasaportes en su poder.

En agosto fue detenido un segundo investigado por presunta participación en el mismo esquema. Las pesquisas señalan que alrededor de 18 personas podrían haber sido reclutadas. Entre ellas estaría un ciudadano panameño que murió en el frente de batalla, mientras que otro permanece desaparecido. La investigación continúa y todavía no existe una sentencia definitiva sobre estos hechos.

El caso muestra cómo el delito puede evolucionar y aprovechar circunstancias económicas. Las autoridades sospechan que algunos panameños desempleados fueron contactados con promesas de salarios elevados para trabajar en el extranjero, pero posteriormente quedaron sometidos a mecanismos de control.

La retención del pasaporte constituye uno de los elementos que pueden revelar una situación de explotación. Cuando una persona pierde el control sobre sus documentos, depende económicamente de terceros y enfrenta amenazas o restricciones para abandonar determinado lugar, aumenta considerablemente su vulnerabilidad.

Panamá reconoce avances, pero mantiene desafíos

El informe de Trata de Personas de 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Panamá en el nivel 2 de su clasificación. Esta categoría reconoce que el país realiza esfuerzos para combatir el delito, pero considera que todavía no cumple completamente los estándares mínimos establecidos para su eliminación.

La Procuraduría panameña busca reforzar su capacidad de respuesta mediante una nueva Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad, destinada, entre otras funciones, a fortalecer la investigación de estructuras transnacionales y seguir sus recursos financieros.

El desafío es particularmente complejo porque las redes pueden funcionar más allá de las fronteras nacionales. Pueden captar a una persona en un país, trasladarla a otro, utilizar empresas o intermediarios para encubrir las operaciones y posteriormente mover el dinero obtenido mediante la explotación.

La denuncia puede salvar vidas

Las autoridades panameñas recomiendan prestar especial atención a situaciones en las que una persona recibe una oferta laboral extraordinariamente atractiva, debe entregar sus documentos personales, es amenazada, pierde su libertad de movimiento o queda económicamente dependiente de quienes la contrataron.

La Procuraduría informó que las denuncias pueden presentarse en sus sedes y habilitó los teléfonos 505-3225 y 505-3266 para reportar posibles casos de trata.

El problema, sin embargo, no puede medirse únicamente por la cantidad de expedientes abiertos. Los 297 casos registrados desde 2015 representan investigaciones, no necesariamente el número total de víctimas ni el universo completo del delito. La propia información oficial señala que no existe en este balance una cifra consolidada de víctimas durante todo el período.

La trata de personas continúa adaptándose a las nuevas condiciones sociales, económicas y tecnológicas. En Panamá, los expedientes recientes muestran que detrás de las cifras existen historias de mujeres explotadas sexualmente, menores captados mediante plataformas digitales, trabajadores sometidos mediante engaños y ciudadanos reclutados para una guerra extranjera. Combatir este delito exige no solo perseguir a los responsables, sino también detectar tempranamente las señales de explotación, proteger a las víctimas y desmontar las estructuras financieras y transnacionales que hacen posible el negocio.

Foto: Alex Hernández / Infobae