La investigación sobre el intento de asalto a un banco en la Ciudad Vieja de Montevideo terminó revelando algo mucho más importante que un simple grupo de delincuentes que pretendía cavar un túnel: detrás de la operación había una estructura internacional, con participación de brasileños, paraguayos y uruguayos, y al menos tres de los brasileños fueron identificados como vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC).

El caso comenzó a investigarse en septiembre de 2025, después de una denuncia anónima sobre una presunta boca de venta de drogas en la zona de Neptunia, en Canelones. La Policía comenzó siguiendo una línea vinculada al narcotráfico, pero la investigación terminó conduciendo hasta un local comercial alquilado en la Ciudad Vieja de Montevideo. Desde allí se estaba construyendo un túnel que llegó a unos 260 metros de extensión y aproximadamente 40 centímetros de altura, con conexión al sistema de drenaje de la zona.

El objetivo era una sucursal del BBVA. Según la reconstrucción realizada por las autoridades, el túnel no necesariamente estaba pensado para ingresar al banco, sino para servir como vía de escape después de un asalto armado. La hipótesis de los investigadores es que los delincuentes pretendían ingresar al establecimiento, reducir a los presentes, tomar rehenes, obligar a abrir la bóveda y posteriormente escapar por la vía subterránea.

Los brasileños y el vínculo con el PCC

Uno de los elementos más relevantes de la investigación es la participación de ciudadanos brasileños con antecedentes relacionados con este tipo de robos.

En la causa aparecen Marcelo Batista Costa, Eduardo Félix Farias y Raimundo de Souza, identificados por la investigación uruguaya como brasileños vinculados al Primer Comando de la Capital, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. La información fue contrastada con bases de Interpol y de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).

La conexión con el PCC no es, por tanto, una simple sospecha periodística. En febrero, autoridades uruguayas informaron que dos de los integrantes brasileños habían sido confirmados como miembros de esa organización después del intercambio de información con Brasil. La investigación posterior también profundizó sobre otros integrantes brasileños y sus antecedentes.

El método empleado también llamó la atención de los investigadores. La utilización de túneles para alcanzar instituciones financieras aparece asociada a antiguos golpes protagonizados por delincuentes brasileños relacionados con este tipo de organizaciones. Uno de los antecedentes mencionados por la investigación es el espectacular robo ocurrido en Fortaleza, donde delincuentes excavaron un túnel de aproximadamente 200 metros y lograron ingresar a una instalación vinculada al Banco Central, llevándose unos US$ 60 millones.

Otro antecedente investigado corresponde a un intento de robo bancario ocurrido en São Paulo en 2017, también mediante una metodología semejante. Esto llevó a la Policía uruguaya a considerar que no estaba frente a una banda improvisada, sino ante delincuentes con experiencia previa en operaciones de alta complejidad.

Un paraguayo y varios uruguayos completaban la estructura

La investigación también permitió determinar que la banda no estaba formada exclusivamente por brasileños.

En la primera etapa del proceso fueron imputadas 11 personas: cuatro brasileños, dos paraguayos y cinco uruguayos. La estructura tenía diferentes funciones: algunos se encargaban de la logística, otros del traslado, otros de las excavaciones y otros de proporcionar inmuebles y vehículos.

Uno de los uruguayos identificados fue Jorge Fulco, quien tenía la función de trasladar a integrantes brasileños entre la costa de Canelones y Montevideo. La investigación determinó además que tenía elementos relacionados con la sucursal bancaria que pretendían atacar, entre ellos tarjetas y un registro de una caja de seguridad.

Una ciudadana paraguaya tuvo también un papel importante en la logística. Según la investigación, alquiló el local de la Ciudad Vieja donde comenzó la construcción del túnel. El contrato había sido firmado en junio de 2025 por un período de dos años. Además, había alquilado una vivienda en El Pinar, donde residían otros extranjeros vinculados a la operación, y tenía relación con otro inmueble en Shangrilá.

La Policía encontró en su poder documentos de identidad falsos, incluidos documentos argentinos y brasileños, además de una licencia de conducir argentina falsa. Esa evidencia generó nuevas imputaciones relacionadas con el uso de documentación pública falsa.

Una organización que necesitó meses de preparación

El operativo también muestra el nivel de planificación requerido.

Los brasileños comenzaron la excavación utilizando herramientas manuales y avanzaron durante meses hasta alcanzar unos 260 metros. El trabajo debía realizarse prácticamente oculto bajo la ciudad, mientras desde el exterior se transportaban cajas con ropa de trabajo, herramientas y materiales.

Al principio, los investigadores pensaron que esas cajas podían contener drogas. Posteriormente descubrieron que estaban relacionadas con las obras del túnel.

El descubrimiento fue posible porque dos investigaciones que avanzaban por separado terminaron conectándose. Una estaba relacionada con la presunta venta de drogas en Canelones y otra con información sobre un posible ataque contra una institución financiera. Cuando la Policía cruzó los datos, apareció la verdadera dimensión de la operación.

La importancia del caso para Uruguay y el Mercosur

El episodio plantea una preocupación que trasciende el robo bancario.

La presencia de delincuentes brasileños especializados, la participación de ciudadanos de distintos países y la utilización de documentación falsa e inmuebles alquilados mediante identidades o intermediarios muestran cómo las organizaciones criminales pueden aprovechar la movilidad dentro de la región.

El caso también demuestra la importancia del intercambio de inteligencia entre Uruguay, Brasil y Paraguay, especialmente cuando se trata de identificar antecedentes criminales y posibles conexiones con organizaciones transnacionales.

En este sentido, el PCC aparece como el vínculo criminal confirmado en esta investigación. No ocurre lo mismo con el Comando Vermelho ni con la estructura de Sebastián Marset, cuya eventual relación con este episodio no está acreditada por las fuentes consultadas.

El “robo del siglo” que nunca llegó a ejecutarse

La operación terminó antes de que los delincuentes pudieran llegar a la bóveda. La Policía descubrió el túnel, allanó los inmuebles y detuvo a los integrantes de la estructura.

La posterior investigación judicial permitió reconstruir los papeles desempeñados por los diferentes integrantes y confirmar que algunos de los brasileños tenían antecedentes relacionados con operaciones bancarias similares.

Lo más preocupante para Uruguay no es solamente que una banda haya intentado robar un banco utilizando un túnel. Es que el caso reveló la capacidad de delincuentes con experiencia internacional para instalarse durante meses, alquilar propiedades, movilizar personas y herramientas y desarrollar una operación compleja dentro de Montevideo sin ser detectados inicialmente.

El expediente deja además una señal para toda la región: las fronteras del Mercosur pueden ser aprovechadas tanto por el comercio legítimo como por organizaciones criminales que trasladan personas, capitales, documentación, conocimientos y métodos de un país a otro.

Por ahora, la evidencia disponible permite afirmar una cosa con claridad: el PCC sí aparece vinculado a integrantes de esta operación. En cambio, no hay elementos públicos suficientes para afirmar que el Comando Vermelho o Sebastián Marset hayan ordenado, financiado o participado en el frustrado robo. Cualquier conexión adicional deberá surgir de la investigación judicial y de la cooperación de inteligencia entre los países involucrados.

Foto: Ministerio del Interior de Uruguay / Infobae