El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad, en una de las medidas más contundentes adoptadas recientemente para intentar recuperar el control sobre las comunicaciones, los accesos y las redes criminales que operan desde el sistema penitenciario. La intervención alcanza a los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.

La medida no significa que las Fuerzas Armadas asumirán la administración interna de las cárceles. El INPE continuará a cargo de la administración y custodia penitenciaria, mientras que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo militar. El objetivo principal es reforzar el perímetro exterior de los establecimientos, que comprende una zona de hasta 200 metros alrededor de cada penal.

En ese perímetro podrán restringirse temporalmente determinados derechos constitucionales, entre ellos la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, en los términos establecidos por el decreto. La norma también contempla medidas de vigilancia sobre el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato, una disposición particularmente relevante por la preocupación de las autoridades respecto del uso clandestino de tecnologías de comunicación alrededor de los penales.

El problema central: cárceles que pueden convertirse en centros de operaciones

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, explicó que la emergencia busca atacar un problema que va más allá de la seguridad de las puertas y muros penitenciarios: la posibilidad de que organizaciones criminales continúen coordinando actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.

Uno de los objetivos concretos es impedir el ingreso de teléfonos celulares, tarjetas SIM, armas y otros objetos prohibidos que permitan mantener comunicaciones clandestinas. También se pretende detectar antenas y otros mecanismos utilizados para establecer comunicaciones alrededor de los establecimientos. Según el ministro, durante años la falta de personal suficiente para una vigilancia externa dificultó el control de estas actividades.

El Gobierno pretende, por tanto, que la presencia policial y militar no se limite a custodiar los accesos. La estrategia incorpora un componente de inteligencia penitenciaria, destinado a identificar quiénes organizan las actividades criminales, cómo se comunican, qué personas cumplen funciones dentro de las estructuras y qué redes externas permiten que las órdenes salgan de las cárceles.

Inteligencia antes que solamente requisas

Álvarez planteó que las intervenciones penitenciarias no pueden reducirse a realizar requisas periódicas y decomisar teléfonos. Para el ministro, esas operaciones producen resultados inmediatos, pero no necesariamente permiten descubrir la estructura que hace posible que una organización criminal continúe funcionando.

Su propuesta contempla recurrir incluso a especialistas en inteligencia y seguridad en situación de retiro, algunos con formación internacional y décadas de experiencia, para fortalecer la capacidad del Estado dentro de los establecimientos.

En esa misma línea se encuentra el nombramiento de Abraham Lescano como nuevo jefe del INPE. Según explicó el ministro, Lescano es un excoronel de la Fuerza Aérea especializado en inteligencia y su incorporación responde a la intención de modificar el enfoque de seguridad penitenciaria. La estrategia pretende desarrollar mecanismos de inteligencia dentro de cada establecimiento de manera permanente y discreta.

También se prepara una redistribución de los presos

La emergencia incluye otro componente que puede generar importantes movimientos dentro del sistema penitenciario: la clasificación y redistribución de los internos según su nivel de peligrosidad.

El Gobierno pretende realizar un nuevo empadronamiento para determinar si cada preso se encuentra realmente en el régimen que corresponde a su perfil. El ministro sostuvo que existen internos alojados en establecimientos de máxima seguridad pese a que no necesariamente requieren ese nivel de control, mientras que algunos presuntos cabecillas de organizaciones criminales se encontrarían en penales comunes.

La redistribución, sin embargo, presenta un riesgo operativo. El propio ministro advirtió que deberá realizarse progresivamente para evitar motines, enfrentamientos o disturbios. Mover internos de alta peligrosidad entre establecimientos requiere planificación, inteligencia previa y un dispositivo de seguridad capaz de evitar que esos desplazamientos se conviertan en nuevas oportunidades para la acción criminal.

¿Qué papel tendrán exactamente las Fuerzas Armadas?

La participación militar es uno de los puntos que más atención genera. De acuerdo con la explicación oficial, las Fuerzas Armadas no reemplazarán al INPE dentro de los penales. Su participación estará orientada principalmente al apoyo externo y al fortalecimiento de la seguridad del perímetro.

La Policía mantiene el control del orden interno y coordina el despliegue con las Fuerzas Armadas. Esto permite utilizar efectivos militares para reforzar zonas que anteriormente podían quedar expuestas, mientras la Policía concentra recursos en tareas de seguridad, investigación e inteligencia.

La estrategia ya comenzó a traducirse en acciones concretas. Este domingo, el Ministerio de Defensa informó el envío de equipos tecnológicos para reforzar el control y los accesos del penal de Trujillo Varones, uno de los cinco establecimientos incluidos en la emergencia.

Los cinco penales bajo emergencia

La intervención comprende establecimientos ubicados en diferentes regiones del país:

Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. La selección responde a la consideración oficial de estos establecimientos como penales de alta peligrosidad dentro de la estrategia contra organizaciones criminales.

La medida también adquiere especial importancia en Trujillo, una región que enfrenta desde hace años una fuerte presión del crimen organizado. El Gobierno pretende que el refuerzo del perímetro permita controlar mejor los accesos y evitar que comunicaciones, armas y otros elementos prohibidos ingresen a los establecimientos.

En el caso de Castro Castro, sin embargo, ya surgieron cuestionamientos sobre la aplicación práctica del dispositivo. Un reporte publicado este domingo señala que el penal ubicado en San Juan de Lurigancho no contaría inicialmente con el mismo nivel de resguardo policial y militar anunciado para el conjunto de establecimientos, una situación que plantea interrogantes sobre la implementación efectiva de la emergencia.

Una medida que llega en medio de una ofensiva nacional contra el crimen

La decisión sobre las cárceles forma parte de una estrategia de seguridad más amplia. Paralelamente, el Gobierno declaró el estado de emergencia en 17 distritos de Junín, Cusco y Ayacucho durante 60 días para enfrentar delitos vinculados con el tráfico ilícito de drogas, violencia y otras actividades criminales.

Además, el Ejecutivo viene planteando cambios en la forma en que las Fuerzas Armadas podrían intervenir frente a organizaciones criminales clasificadas bajo determinadas condiciones como grupos hostiles. El debate muestra que el Gobierno busca ampliar sus herramientas para enfrentar estructuras que ya no actúan solamente como delincuencia convencional, sino mediante redes organizadas y con capacidad territorial y financiera.

El verdadero desafío será después de los 60 días

La emergencia tiene una duración determinada, pero el problema penitenciario peruano es estructural. El propio marco legal del sistema penitenciario ha reconocido anteriormente problemas relacionados con seguridad, hacinamiento, infraestructura deficiente y dificultades para administrar adecuadamente la población carcelaria.

Por eso, el éxito de esta nueva intervención no debería medirse únicamente por la cantidad de celulares, armas o equipos decomisados durante las próximas semanas. El indicador más importante será determinar si el Estado consigue desarticular las redes de comunicación y mando que permiten que organizaciones criminales continúen funcionando desde las cárceles.

La redistribución de internos, la inteligencia penitenciaria, el control tecnológico, la vigilancia externa y la cooperación entre INPE, Policía y Fuerzas Armadas pueden convertirse en herramientas importantes, pero deberán estar acompañadas por investigaciones judiciales que permitan identificar a los responsables y cortar sus conexiones externas.

Perú enfrenta así una prueba de seguridad que va mucho más allá de cinco cárceles. La pregunta fundamental es si el Estado conseguirá convertir estos 60 días de emergencia en el comienzo de una reforma penitenciaria permanente o si, una vez concluido el plazo, las organizaciones criminales volverán a encontrar los espacios y mecanismos para operar desde el interior de los penales.

Foto: Gobierno del Perú