La transición política que atraviesa Venezuela plantea un desafío mucho mayor que sustituir a quienes ejercen actualmente el poder. El verdadero reto será reconstruir las instituciones, recuperar el Estado de derecho, restablecer la confianza de los ciudadanos y crear las condiciones para que una sociedad profundamente dividida pueda volver a convivir. El debate adquiere especial relevancia en un momento en que el país atraviesa un proceso de negociación entre el gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez y sectores de la oposición vinculados con la Asamblea Nacional elegida en 2015. A esto se suma la fuerte influencia de Estados Unidos sobre la evolución política, económica y militar venezolana. El escenario abre expectativas de cambio, pero también plantea interrogantes sobre las concesiones necesarias, la justicia frente a los abusos del pasado, el papel de las Fuerzas Armadas, la recuperación económica y la capacidad de los venezolanos para recuperar plenamente la conducción de su propio país.

Una transición democrática no comienza necesariamente el día en que cae un gobierno. El cambio político puede tener una fecha concreta, pero la reconstrucción de una sociedad requiere mucho más tiempo. Después de años de deterioro institucional, la tarea consiste en establecer nuevas reglas de convivencia y conseguir que esas reglas sean aceptadas por sectores que durante mucho tiempo estuvieron enfrentados.

Ese proceso puede resultar incluso más complejo que el cambio de gobierno. Una administración puede ser reemplazada en cuestión de horas, mientras que recuperar instituciones independientes, reconstruir la confianza pública y modificar una cultura política marcada por la confrontación puede llevar años.

Venezuela se encuentra precisamente ante ese desafío. El proceso de negociación entre el gobierno provisional de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición democrática vinculados con la Asamblea Nacional de 2015 ha generado posiciones encontradas. Para algunos representa una posibilidad concreta de avanzar hacia una salida democrática; para otros, puede abrir la puerta a concesiones capaces de preservar parte de las estructuras que existieron durante el período anterior.

La incertidumbre es comprensible. Las transiciones suelen generar simultáneamente esperanza y desconfianza. Quienes han sufrido durante años un régimen autoritario quieren ver rápidamente un cambio, pero también temen que la búsqueda de estabilidad termine sacrificando principios por los que se luchó durante mucho tiempo.

La experiencia internacional muestra que no existen transiciones idénticas. España tuvo que desmontar el franquismo mientras preservaba las estructuras fundamentales del Estado; Chile avanzó hacia la democracia mientras mantenía inicialmente instituciones y actores heredados de la dictadura; Sudáfrica buscó mecanismos de reconciliación después de décadas de segregación; y los países de Europa del Este descubrieron que derribar los sistemas comunistas era mucho más sencillo que construir instituciones democráticas estables.

Venezuela tendrá que desarrollar su propio camino. Puede estudiar esas experiencias, pero no reproducirlas mecánicamente. La historia venezolana, las heridas acumuladas y las características de su sistema político obligarán a tomar decisiones propias.

Uno de los factores que no puede ignorarse es el papel de Estados Unidos. Washington mantiene una influencia considerable sobre el proceso político, económico y militar venezolano y su participación condiciona buena parte del escenario actual.

Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han impulsado una hoja de ruta orientada, según la interpretación presentada en el artículo de opinión, hacia la estabilización, una transición política y posteriormente la celebración de elecciones democráticas.

Esta influencia externa plantea una cuestión delicada: cómo utilizar el respaldo internacional sin permitir que la transición termine dependiendo indefinidamente de una potencia extranjera.

El objetivo final debería ser que Venezuela recupere la capacidad de gobernarse mediante instituciones propias. La asistencia internacional puede resultar determinante durante una etapa de transición, pero no debería convertirse en una sustitución permanente de la soberanía nacional.

Por eso, el proceso no puede limitarse a decidir quién ocupa el Palacio de Miraflores. La cuestión central es qué tipo de Estado surgirá después de la transición.

Venezuela necesita recuperar instituciones que durante años estuvieron estrechamente vinculadas al poder político. El sistema electoral deberá recuperar credibilidad, el Poder Judicial necesitará independencia y las libertades civiles tendrán que dejar de depender de la voluntad de quienes controlen temporalmente el gobierno.

La democracia tampoco puede reducirse al acto de votar. Una democracia funcional requiere ciudadanos capaces de organizarse, protestar, expresarse y acceder a información sin temor a represalias.

La libertad de expresión será, por tanto, uno de los indicadores más importantes de la transformación. La reconstrucción democrática deberá incluir medios de comunicación capaces de trabajar con independencia, periodistas protegidos y ciudadanos que puedan debatir públicamente sin que la crítica sea tratada como una amenaza contra el Estado.

La recuperación económica constituye el segundo gran desafío.

Venezuela tendrá que reconstruir su capacidad productiva, recuperar inversiones y establecer reglas que permitan a empresas y ciudadanos planificar sus actividades con seguridad jurídica. Después de años de deterioro económico, la recuperación no será inmediata.

El crecimiento económico, además, no puede medirse únicamente mediante indicadores macroeconómicos. Millones de venezolanos han sufrido pobreza, pérdida de ingresos y migración. Una economía recuperada deberá generar empleo, oportunidades y movilidad social.

La diáspora venezolana tendrá un papel fundamental. Millones de ciudadanos viven fuera del país y muchos podrían plantearse regresar si encuentran condiciones de seguridad, empleo y estabilidad. La reconstrucción deberá crear las condiciones para que regresar sea una opción real y no solamente una aspiración.

Otro asunto inevitable será la justicia frente a los abusos cometidos durante los años anteriores.

Una transición no puede exigir simplemente olvidar el pasado. Las víctimas necesitarán reconocimiento, reparación y mecanismos para determinar responsabilidades. Pero al mismo tiempo, la justicia no debería convertirse en una herramienta para prolongar indefinidamente la confrontación política.

El concepto de justicia transicional puede ofrecer un camino intermedio. Investigar los abusos, establecer responsabilidades, reparar a las víctimas y garantizar que determinados hechos no vuelvan a repetirse son objetivos que deben formar parte del proceso.

El problema será determinar dónde establecer los límites. Habrá sectores que reclamen sanciones severas y otros que prefieran cerrar rápidamente el capítulo anterior. Una transición estable tendrá que encontrar un equilibrio entre justicia y reconciliación.

Las Fuerzas Armadas también ocuparán un lugar central.

Venezuela necesitará reconstruir una institución militar profesional, subordinada a la Constitución y al poder civil. El papel de las Fuerzas Armadas debería estar vinculado con la defensa de la soberanía nacional y del orden constitucional, no con la permanencia de un determinado partido o proyecto político.

Esta transformación será particularmente importante porque ninguna democracia puede consolidarse si existe una institución armada que se considera por encima de las reglas aplicables al resto de la sociedad.

El petróleo constituye otro capítulo decisivo.

Durante décadas, la riqueza petrolera estuvo estrechamente vinculada con el funcionamiento del poder político venezolano. Una eventual reconstrucción deberá transformar ese recurso en una fuente de desarrollo nacional, con mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas.

Los ingresos petroleros podrían financiar infraestructura, educación, salud, tecnología y seguridad. Pero el petróleo no debería volver a convertirse en el mecanismo que permita concentrar el poder político.

La experiencia venezolana demuestra precisamente los riesgos de depender excesivamente de una sola fuente de riqueza. Una economía reconstruida necesitará diversificarse y desarrollar sectores productivos capaces de generar empleo y valor más allá de la industria petrolera.

La emergencia provocada por el reciente terremoto agrega una dificultad adicional. La reconstrucción física de carreteras, hospitales, escuelas y viviendas es solamente una parte del problema.

También será necesario reconstruir la confianza.

La confianza de los ciudadanos en las instituciones, de los empresarios en la justicia, de los trabajadores en el futuro y de los venezolanos que emigraron en la posibilidad de regresar constituye un capital político y social tan importante como las inversiones materiales.

Un país puede reconstruir edificios relativamente rápido si dispone de recursos suficientes. Reconstruir la confianza requiere mucho más tiempo.

La oposición democrática también enfrenta sus propias divisiones. La decisión de María Corina Machado de no participar directamente en el actual proceso refleja la profundidad de las diferencias existentes dentro de los sectores que buscan una transformación política.

Una transición estable necesitará incorporar a diferentes sectores de la sociedad. Ningún grupo debería considerarse propietario exclusivo del proceso.

El gobierno provisional no puede reclamarlo. Tampoco una organización política, una figura individual o incluso quienes sufrieron directamente la persecución. Una transición democrática solamente podrá consolidarse si una parte suficientemente amplia de la sociedad siente que forma parte de ella.

Ese será uno de los mayores desafíos: pasar de una lógica de vencedores y vencidos a una lógica institucional.

La democracia no debería convertirse en el premio obtenido por un grupo después de derrotar a otro. Debe convertirse en un sistema de reglas que permita la convivencia incluso cuando las diferencias políticas continúen existiendo.

Las nuevas generaciones tendrán un papel especialmente importante. Muchos jóvenes venezolanos crecieron en un país donde las instituciones democráticas fueron progresivamente debilitadas y tendrán que reconstruir una cultura política basada en la pluralidad, el respeto institucional y la alternancia.

Cambiar a los gobernantes puede ser relativamente sencillo. Cambiar la relación de la sociedad con el poder es mucho más difícil.

Por eso, la transición venezolana no debería evaluarse solamente por sus primeros acuerdos políticos. Será necesario observar qué ocurre posteriormente con las instituciones, las elecciones, la justicia, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, la economía y los derechos ciudadanos.

El éxito tampoco dependerá únicamente de la ayuda internacional. Estados Unidos y otros actores externos pueden proporcionar recursos, respaldo diplomático y asistencia técnica, pero ninguna potencia extranjera puede reconstruir por sí sola la confianza entre los venezolanos.

La responsabilidad fundamental seguirá siendo nacional.

Venezuela tendrá que decidir qué modelo institucional quiere construir, cómo organizará su economía, qué relación establecerá entre el Estado y el sector privado, cómo garantizará los derechos políticos y qué mecanismos utilizará para enfrentar los crímenes del pasado.

La transición será inevitablemente imperfecta. Habrá negociaciones difíciles, contradicciones, retrocesos y decisiones que generarán críticas desde diferentes sectores.

Pero una transición democrática no necesita ser perfecta para ser histórica. Necesita avanzar hacia instituciones capaces de sobrevivir a los gobiernos que las administren.

El objetivo final debería ser un país donde el voto tenga consecuencias reales, la ley esté por encima del poder político, disentir no sea considerado un delito, las Fuerzas Armadas respondan a la Constitución y los recursos nacionales estén destinados al desarrollo.

También debería ser un país donde los venezolanos que emigraron puedan regresar y encontrar oportunidades, y donde quienes permanecieron puedan volver a construir proyectos de vida sin tener que considerar la emigración como única alternativa.

La reconstrucción nacional, por tanto, no puede limitarse a recuperar indicadores económicos o levantar infraestructura destruida. Necesita recuperar una idea compartida de futuro.

Venezuela tendrá que enfrentar una de las tareas más complejas de su historia reciente: transformar un cambio político en una verdadera reconstrucción nacional. Sustituir a quienes ejercen el poder puede ser el comienzo, pero no garantiza por sí mismo una democracia estable. Será necesario reconstruir instituciones independientes, recuperar la confianza ciudadana, garantizar libertades, reformar la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, recuperar la economía y establecer mecanismos de justicia para las víctimas de los abusos del pasado. También será indispensable que la transición no quede en manos de un solo grupo y que la influencia internacional, especialmente la de Estados Unidos, sea utilizada como apoyo y no como sustituto de la soberanía venezolana. El verdadero éxito llegará cuando la democracia deje de depender de personas concretas y vuelva a convertirse en una estructura institucional capaz de garantizar derechos, alternancia y convivencia. Cambiar un régimen puede marcar el inicio de una nueva etapa; reconstruir una nación será el desafío mucho más profundo que vendrá después.