El caso Pandora, que investiga una presunta estructura de corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá y una posible lesión patrimonial cercana a los 40 millones de dólares, sumó ahora a uno de los principales bancos que aparece en el recorrido de los créditos fiscales bajo investigación. BAC Panamá decidió incorporarse voluntariamente al proceso penal para entregar documentación y explicar directamente cómo adquirió los créditos que posteriormente fueron cuestionados por las autoridades. La entidad sostiene que actuó de buena fe, que las operaciones se realizaron después de que los créditos aparecieran registrados y certificados oficialmente en el sistema tributario E-Tax 2.0 y que el banco no está acusado penalmente dentro del expediente. La decisión adquiere relevancia porque una auditoría interna de la propia DGI determinó que el 93% de las cesiones examinadas tuvo como beneficiario final a BAC International Bank Inc., mientras la Fiscalía intenta reconstruir cómo créditos que originalmente correspondían a contribuyentes terminaron convertidos en activos negociables dentro de una operación que habría afectado las finanzas públicas.

La incorporación del banco no significa que haya sido declarado responsable ni que exista una imputación penal contra la entidad. BAC decidió presentarse por iniciativa propia para participar directamente en el proceso y poner a disposición de las autoridades documentos relacionados con las operaciones investigadas. La entidad sostiene que su intervención busca aclarar la trazabilidad de los créditos y demostrar qué información aparecía oficialmente en la plataforma de la DGI cuando se concretaron las adquisiciones. Esta distinción es importante porque el expediente penal está dirigido principalmente contra personas señaladas por su presunta participación en la manipulación del sistema tributario, mientras el papel del banco está siendo examinado a partir de su posición como receptor final de una parte considerable de los créditos.

La magnitud de la participación de BAC dentro de la ruta financiera explica por qué su decisión puede convertirse en un elemento importante para la investigación. Una auditoría interna de la DGI, fechada el 9 de octubre de 2025, estableció que el 93% de las cesiones examinadas terminó beneficiando a BAC International Bank Inc. El informe identificó créditos por unos 30,5 millones de dólares que originalmente pertenecían a ocho contribuyentes relacionados con actividades como seguros, energía e inversiones. Esos créditos habrían sido anulados o modificados dentro del sistema tributario y posteriormente transferidos mediante distintas sociedades antes de llegar a terceros.

La posición del banco se basa en un punto central: cuando realizó los pagos, los créditos aparecían oficialmente acreditados y certificados dentro de E-Tax 2.0. Desde la perspectiva de BAC, una institución financiera que opera con información emitida por una autoridad tributaria puede confiar razonablemente en que los registros oficiales representan obligaciones y derechos fiscales válidos. El problema que deberá determinar la investigación es si, detrás de esos registros aparentemente legítimos, ya existía una manipulación interna que había transformado artificialmente pagos tributarios antiguos en créditos disponibles para ser transferidos.

Ese punto conduce al núcleo de la Operación Pandora. De acuerdo con la investigación, el supuesto mecanismo no consistía simplemente en retirar dinero directamente de las cuentas públicas. La estructura habría utilizado el propio sistema informático de la DGI para alterar operaciones tributarias anteriores, anulando determinados registros y haciendo que pagos que ya habían sido realizados volvieran a aparecer como saldos o créditos disponibles. Una vez creados esos derechos fiscales aparentemente válidos, podían ser cedidos a otras sociedades y posteriormente vendidos a terceros a cambio de dinero real.

La complejidad del procedimiento es precisamente lo que convirtió a Pandora en un caso de gran dimensión. En lugar de una transferencia directa desde una cuenta estatal hacia los beneficiarios de la estructura, los investigadores encontraron una cadena de modificaciones administrativas, cesiones y operaciones societarias que habría permitido introducir créditos ficticios dentro de un sistema tributario que debía registrar obligaciones ya pagadas. El dinero aparecía posteriormente en operaciones financieras realizadas por quienes adquirían esos créditos, mientras la pérdida terminaba recayendo sobre el Estado.

Una revisión administrativa fue la que permitió detectar las primeras inconsistencias. Los auditores encontraron diferencias entre retenciones declaradas y pagos efectivamente recibidos por la DGI. Algunas operaciones relacionadas con créditos que posteriormente terminaron en BAC aparecían sustentadas en ajustes administrativos en lugar de pagos en efectivo, lo que llevó a revisar los movimientos registrados en E-Tax 2.0 y a reconstruir operaciones antiguas que habían sido modificadas dentro del sistema.

La auditoría identificó 61 ajustes que en conjunto superaban los 42,4 millones de dólares, aunque cuatro de ellos correspondían a resoluciones consideradas legítimas. El dato resulta relevante porque muestra que el monto investigado inicialmente no surgió de una única operación, sino de un conjunto mucho mayor de movimientos que posteriormente fueron depurados por los investigadores. El Ministerio Público calcula que la afectación patrimonial atribuible al presunto esquema ronda los 40 millones de dólares.

El expediente también reveló que las operaciones podían involucrar créditos tributarios correspondientes a transacciones realizadas muchos años antes. La investigación periodística desarrollada en Panamá encontró que determinadas operaciones legítimas, algunas con más de una década de antigüedad, fueron modificadas dentro de E-Tax 2.0 para generar nuevamente saldos disponibles. En otros casos, los datos de contacto de contribuyentes fueron alterados y determinados representantes legales fueron reemplazados en los registros, lo que habría facilitado el control de los créditos por parte de terceros.

Ese componente temporal aumenta la dificultad de la investigación. Los funcionarios y particulares que eventualmente participaron en las operaciones no solamente habrían tenido que intervenir en el sistema, sino también identificar créditos antiguos susceptibles de ser modificados y posteriormente movilizados. La Fiscalía deberá determinar quién realizó cada modificación, bajo qué autorización, desde qué cuentas de usuario y qué personas o sociedades se beneficiaron económicamente de las operaciones posteriores.

La investigación ya no se limita a los primeros funcionarios y particulares detenidos durante la Operación Pandora. Actualmente existen 21 personas imputadas por delitos que incluyen presunto blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos. El Ministerio Público mantiene abierta la posibilidad de ampliar el número de investigados a medida que incorpore nueva documentación financiera, bancaria y societaria.

En las primeras etapas del caso, 16 personas habían sido imputadas y 13 quedaron en detención provisional, mientras otras tres recibieron arresto domiciliario. Posteriormente, la investigación continuó ampliándose y el número de personas vinculadas al proceso llegó a 21. Esa evolución demuestra que la Fiscalía está siguiendo el recorrido de los créditos más allá de quienes presuntamente manipularon directamente el sistema informático de la DGI.

El Ministerio de Economía y Finanzas también adoptó medidas para contener las consecuencias del escándalo. Entre ellas se incluyeron el congelamiento de determinados créditos fiscales, la separación de funcionarios y el anuncio de una auditoría integral de los procedimientos utilizados dentro de la DGI. El ministro Felipe Chapman reconoció la existencia de graves irregularidades y planteó la necesidad de fortalecer los controles internos, la gobernanza y los mecanismos de trazabilidad de las operaciones tributarias.

El impacto para las empresas que habían utilizado legítimamente sus créditos fiscales constituye otro de los problemas que deberá resolver el Estado. Algunas compañías pudieron adquirir créditos que, desde su perspectiva, aparecían como válidos en los registros oficiales. Si posteriormente esos créditos son declarados irregulares, las empresas pueden encontrarse ante una situación particularmente compleja: haber pagado por un derecho tributario que posteriormente deja de ser reconocido por la administración.

La situación resulta especialmente sensible para bancos, aseguradoras y grandes compañías que utilizan créditos fiscales dentro de sus operaciones financieras. Panamá América señaló que el fraude descubierto en la DGI podría obligar a empresas que creían haber cumplido con sus obligaciones a realizar nuevamente pagos tributarios, lo que abre un debate sobre quién debe asumir las consecuencias económicas de una eventual manipulación cometida desde el propio sistema estatal.

En ese escenario, la documentación que BAC entregue a la Fiscalía puede adquirir un valor particular. Si la entidad consigue demostrar que las operaciones se realizaron utilizando información oficialmente certificada y que no existían señales objetivas de irregularidad en el momento de la compra, su posición podría reforzar la tesis de que determinados compradores fueron utilizados dentro de un mecanismo que comenzó en la administración tributaria y posteriormente se extendió hacia el mercado privado.

Pero la investigación también deberá determinar si los compradores realizaron controles suficientes antes de adquirir los créditos. La existencia de una certificación oficial no elimina automáticamente la necesidad de cumplir con procedimientos internos de debida diligencia, especialmente cuando se trata de operaciones financieras de considerable magnitud. El expediente tendrá que establecer qué información estaba disponible para cada participante y si existieron señales que pudieran haber advertido que algunas operaciones eran anómalas.

Esa será una de las líneas más delicadas de Pandora: separar a quienes supuestamente diseñaron y ejecutaron el mecanismo de quienes pudieron haber recibido o comprado los créditos sin conocer su origen irregular. La diferencia entre participar deliberadamente en un fraude y realizar una operación comercial basada en información oficial alterada es sustancial tanto desde el punto de vista penal como financiero.

BAC ha insistido precisamente en esa separación. La entidad afirma que durante sus tres décadas de operaciones en Panamá no ha enfrentado acusaciones penales y que su decisión de incorporarse voluntariamente busca contribuir al esclarecimiento de los hechos. Su estrategia consiste en entregar directamente la documentación y explicar la secuencia de las operaciones, en lugar de esperar a que la Fiscalía reconstruya el papel del banco únicamente a partir de información obtenida de terceros.

La incorporación voluntaria también puede facilitar la reconstrucción de la segunda mitad de la operación. La primera parte del caso se concentra en cómo se habrían creado o liberado los créditos dentro de la DGI; la segunda necesita establecer qué ocurrió después, quién los adquirió, cuánto pagó por ellos, qué sociedades participaron como intermediarias y dónde terminó el dinero.

La trazabilidad financiera será determinante. Las autoridades deberán conectar cada crédito con su contribuyente original, identificar el momento en que fue modificado en E-Tax 2.0, establecer quién autorizó o ejecutó la modificación, seguir las cesiones posteriores y determinar el precio finalmente pagado por el comprador. Solo esa reconstrucción permitirá establecer si existió una estructura organizada y cuál fue el beneficio obtenido por cada participante.

El caso también ha puesto bajo escrutinio la seguridad del sistema E-Tax 2.0. La plataforma concentra información tributaria de enorme valor y permite registrar operaciones que pueden tener consecuencias financieras millonarias. Si los investigadores confirman que usuarios internos pudieron modificar datos históricos sin controles suficientes, el problema dejaría de ser únicamente un caso penal y se convertiría también en una cuestión de seguridad informática y gobernanza de la administración tributaria.

Una investigación periodística encontró además que entre abril de 2024 y marzo de 2025 un mismo correo electrónico de Gmail habría sustituido los correos registrados para al menos 11 RUC correspondientes a bancos y multinacionales. Los cambios habrían salido de dos usuarios internos de la DGI. Ese tipo de modificación puede resultar decisiva porque el control de los datos de contacto de un contribuyente permite influir sobre quién recibe comunicaciones oficiales y quién aparece autorizado para determinadas gestiones.

La dimensión tecnológica explica por qué el caso ha despertado preocupación más allá del posible desfalco. Un sistema tributario no solamente debe impedir que alguien retire dinero indebidamente; también debe garantizar que los registros que generan derechos y obligaciones fiscales no puedan ser modificados sin una cadena de autorización verificable. Cuando esa seguridad falla, el daño puede multiplicarse porque un registro digital alterado puede adquirir apariencia de legalidad y ser utilizado posteriormente en transacciones legítimas.

La responsabilidad institucional, por tanto, no terminará con las decisiones judiciales contra los imputados. El Estado deberá explicar cómo fueron posibles las modificaciones, qué controles fallaron, por qué determinadas operaciones no fueron detectadas antes y qué mecanismos serán implementados para impedir que un esquema similar vuelva a utilizar la infraestructura tributaria.

El caso también puede afectar la confianza del sector privado en los registros oficiales. Empresas y bancos necesitan utilizar información emitida por el Estado para tomar decisiones financieras y tributarias. Si los certificados y registros electrónicos pueden ser manipulados internamente sin dejar controles suficientes, aumenta el riesgo de que operaciones realizadas de buena fe terminen posteriormente cuestionadas.

Por eso, la investigación tiene una dimensión económica que va más allá de los 40 millones de dólares calculados como posible perjuicio. La credibilidad del sistema tributario constituye un activo institucional. Si los contribuyentes dejan de confiar en que los registros de la DGI reflejan de manera exacta sus obligaciones, aumentan los costos de cumplimiento y se deteriora la relación entre empresas y administración pública.

La respuesta del Gobierno deberá combinar persecución penal, recuperación de recursos y reforma administrativa. Castigar a los responsables puede determinar responsabilidades individuales, pero no corrige por sí solo las vulnerabilidades que permitieron que el supuesto mecanismo funcionara durante un período prolongado.

También será necesario determinar qué ocurrirá con los créditos adquiridos por terceros que no participaron deliberadamente en el esquema. Si el Estado considera ilegítimos determinados créditos, tendrá que establecer mecanismos jurídicos y financieros para resolver la situación de quienes los compraron confiando en registros oficiales. Esa discusión puede convertirse en una de las consecuencias económicas más complejas del caso.

La entrada de BAC al proceso abre precisamente una nueva etapa. Hasta ahora, buena parte de la investigación se había concentrado en los funcionarios y particulares que presuntamente manipularon E-Tax 2.0. Con la participación voluntaria del banco, los investigadores podrán acceder directamente a información relacionada con una parte importante de los créditos que recorrieron el circuito investigado.

Esto no convierte automáticamente al banco en responsable del fraude. Su papel deberá determinarse a partir de las pruebas y de las circunstancias concretas de cada operación. Pero sí coloca dentro del proceso a una entidad que aparece en una posición central dentro del recorrido de los créditos, lo que puede ayudar a reconstruir con mayor precisión qué ocurrió después de las modificaciones realizadas en la plataforma tributaria.

La Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación y busca determinar si existen más contribuyentes cuyos créditos fueron utilizados sin autorización. También continúa revisando movimientos bancarios, documentos societarios y actuaciones de antiguos funcionarios. El objetivo es identificar si el mecanismo afectó únicamente a los casos ya detectados o si existió una red mucho más amplia de operaciones.

El desenlace dependerá ahora de la capacidad de los investigadores para conectar las distintas piezas: los accesos al sistema, las modificaciones tributarias, las sociedades intermediarias, las cesiones de créditos, las operaciones bancarias y el destino final del dinero. Una vez establecida esa cadena, los tribunales podrán determinar qué participantes actuaron deliberadamente, quiénes fueron utilizados como intermediarios y cuáles operaciones se realizaron legítimamente.

La incorporación voluntaria de BAC Panamá introduce un nuevo elemento en uno de los mayores escándalos recientes de la administración tributaria panameña. El banco aparece como beneficiario final del 93% de las cesiones examinadas en una auditoría de la DGI y está relacionado con créditos por aproximadamente 30,5 millones de dólares que originalmente pertenecían a ocho contribuyentes. La entidad niega cualquier participación delictiva y sostiene que adquirió los créditos basándose en registros oficiales de E-Tax 2.0, razón por la que decidió entregar directamente su documentación a las autoridades. La investigación, sin embargo, tendrá que determinar no solamente cómo fueron creados o liberados esos créditos dentro del sistema tributario, sino también cómo circularon después por sociedades intermediarias y operaciones financieras. Con 21 personas ya imputadas y la posibilidad de nuevas vinculaciones, Pandora está dejando de ser únicamente una investigación sobre funcionarios de la DGI: se está convirtiendo en una reconstrucción completa de cómo una supuesta manipulación digital de registros tributarios pudo transformarse en una operación financiera de decenas de millones de dólares.