Las organizaciones indígenas de Mesoamérica reunidas esta semana en Panamá plantearon una estrategia para fortalecer sus economías comunitarias y reducir su dependencia de subsidios y recursos externos, pero sin adoptar modelos de desarrollo que terminen debilitando sus territorios, su cultura o sus formas tradicionales de organización. El debate parte de una contradicción que atraviesa a buena parte de la región: las comunidades indígenas administran extensas áreas de bosques, producen alimentos, desarrollan artesanías y mantienen conocimientos ancestrales esenciales para la conservación ambiental, pero reciben directamente una proporción mínima del financiamiento internacional destinado a enfrentar el cambio climático. Según el Fondo Territorial Mesoamericano, apenas alrededor del 1% de esos recursos llega directamente a los territorios indígenas y comunidades locales. El desafío planteado en Panamá consiste, por tanto, en transformar esa capacidad productiva y territorial en mayor bienestar, empleo y autonomía, sin convertir la inserción en el mercado en el único criterio para medir el desarrollo.

El planteamiento surgió durante el Intercambio Mesoamericano de Economía Indígena y Comunitaria, realizado en Panamá, donde representantes de organizaciones de distintos países analizaron mecanismos para ampliar las oportunidades económicas dentro de sus propios territorios. La discusión no parte de la idea de que las comunidades carezcan de actividad productiva, sino de que muchas de esas iniciativas permanecen en pequeña escala porque enfrentan dificultades para acceder a capital, tecnología, capacitación, mercados y mecanismos que permitan agregar valor a lo que producen. La prioridad expresada por los participantes es completar ese proceso sin desplazar las decisiones económicas de las autoridades y organizaciones comunitarias.

La propuesta tiene una particularidad: no identifica el éxito económico exclusivamente con la acumulación de dinero o con la capacidad de exportar. Levi Sucre Romero, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, sostiene que una economía indígena debe medirse también por su capacidad para garantizar una vida digna, servicios básicos, soberanía alimentaria, continuidad cultural y recuperación de conocimientos tradicionales. Esto implica que una comunidad puede considerar exitoso un proyecto que genera empleo local, garantiza alimentos y protege el bosque, aunque sus ingresos sean inferiores a los de una empresa convencional orientada exclusivamente a maximizar ventas.

Ese enfoque no significa rechazar el mercado. En distintos territorios existen organizaciones de mujeres que comercializan artesanías, comunidades que producen alimentos y emprendimientos que ya lograron cumplir requisitos para vender fuera de sus regiones. El problema aparece cuando esas experiencias todavía no alcanzan una escala suficiente para generar oportunidades para una parte importante de la población. La estrategia discutida en Panamá plantea primero garantizar el bienestar y la producción alimentaria, después mejorar los productos y finalmente buscar mercados más amplios cuando existan las condiciones técnicas y organizativas para hacerlo.

La dimensión territorial explica por qué el debate económico está estrechamente relacionado con la conservación ambiental. Las organizaciones vinculadas con la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques administran o tienen derechos sobre territorios que concentran más del 36% de los bosques de Mesoamérica. Entre esas áreas se encuentran espacios estratégicos como el Darién panameño, la Selva Maya y territorios asociados al Parque Internacional La Amistad. En consecuencia, fortalecer las economías locales no solo tiene implicaciones sociales: también puede determinar la capacidad de las comunidades para mantener bajo protección grandes extensiones de ecosistemas.

La presión sobre esos territorios es considerable. Las comunidades enfrentan invasiones de tierras, expansión agrícola y ganadera, actividades criminales, narcotráfico y los efectos de fenómenos climáticos extremos. Inundaciones y períodos de sequía pueden afectar simultáneamente la producción de alimentos y las condiciones de vida. Esta combinación coloca a los pueblos indígenas ante una situación compleja: necesitan generar ingresos suficientes para sostener a sus familias, pero deben hacerlo en territorios donde la conservación de los recursos naturales es también una condición para su supervivencia a largo plazo.

El problema del financiamiento constituye uno de los principales obstáculos. El Fondo Territorial Mesoamericano estima que solamente alrededor del 1% de los recursos internacionales destinados al financiamiento climático de pueblos indígenas y comunidades locales termina directamente en los territorios. El resto atraviesa diferentes niveles de intermediación, administración, estudios y mecanismos de control antes de convertirse en una inversión concreta. Aunque parte de esos procedimientos son necesarios para garantizar transparencia y rendición de cuentas, las organizaciones cuestionan que los costos administrativos puedan absorber una proporción excesiva de los recursos originalmente destinados a resolver problemas territoriales.

Para reducir esa distancia fue creado en 2023 el Fondo Territorial Mesoamericano, concebido y dirigido por pueblos indígenas y comunidades locales para captar recursos y canalizarlos hacia sus propias organizaciones. Actualmente trabaja con más de 35 entidades y recibe aportes de fundaciones privadas, cooperación bilateral y multilateral y fondos internacionales relacionados con el ambiente. El fondo comenzó con aproximadamente 220.000 dólares destinados principalmente a poner en funcionamiento su estructura y prevé cerrar 2026 con un presupuesto cercano a 3 millones de dólares. Su política establece que el 70% de los recursos recibidos debe destinarse a inversión territorial.

Panamá ocupa un lugar particularmente importante dentro de esta estrategia. El país cuenta con una estructura territorial indígena reconocida y con comunidades que administran extensas áreas de bosques. De acuerdo con datos del censo de 2023 recopilados por IWGIA, Panamá tiene ocho pueblos indígenas y 698.114 personas indígenas, equivalentes al 17,2% de la población nacional. La presencia indígena no constituye, por tanto, un fenómeno marginal, sino una parte significativa de la estructura demográfica y territorial del país.

El Estado panameño también ha comenzado a incorporar con mayor fuerza la dimensión indígena dentro de sus políticas de desarrollo. En mayo de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que trabajaba con el Viceministerio de Asuntos Indígenas en una hoja de ruta para la Estrategia Nacional de Desarrollo, destacando la participación de los pueblos originarios en la planificación territorial. El Gobierno señaló entonces que las comarcas y tierras colectivas abarcan aproximadamente 18.408 kilómetros cuadrados y representan el 7,9% de la población nacional, además de concentrar áreas fundamentales para la biodiversidad y la seguridad hídrica.

Esa planificación incluye problemas directamente relacionados con la autonomía económica. Entre los asuntos identificados por las autoridades panameñas figuran las dificultades para transferir tecnología agropecuaria, el uso del suelo, el desarrollo integral de los pueblos indígenas, las tierras colectivas y mecanismos de pago por servicios ambientales. El desafío consiste en que las políticas públicas no se limiten a llevar programas asistenciales a las comarcas, sino que permitan crear capacidades productivas permanentes y mecanismos mediante los cuales las propias comunidades puedan decidir sus prioridades.

La discusión sobre presupuesto propio también está ganando espacio. En mayo, la ministra de Gobierno de Panamá, Dinoska Montalvo, se reunió con caciques de los 12 territorios indígenas del país para evaluar el avance del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y planteó la necesidad de que las comunidades puedan contar con un presupuesto propio y defender sus asignaciones de acuerdo con las características particulares de cada comarca. Esa propuesta apunta a modificar una relación tradicional en la que buena parte de las decisiones financieras dependen de estructuras centrales del Estado.

En el terreno productivo ya existen experiencias concretas. En territorios Emberá se están financiando proyectos vinculados con la protección de tierras, la señalización frente a invasiones y la regeneración natural de bosques. Al mismo tiempo, se desarrollan iniciativas destinadas a mejorar la capacidad de las comunidades para administrar sus territorios y desarrollar actividades económicas compatibles con la conservación. El modelo busca que la protección ambiental no sea una actividad separada de la economía local, sino una parte de ella.

Las mujeres ocupan un lugar destacado en esa estrategia. El Fondo Territorial Mesoamericano trabaja con organizaciones de artesanas Emberá para mejorar sus negocios, aumentar el valor de sus productos y conectarlos con cadenas comerciales más amplias. La importancia de estos proyectos no está únicamente en los ingresos generados: también pueden fortalecer la autonomía económica femenina, preservar técnicas artesanales transmitidas entre generaciones y crear una fuente de empleo que permanece dentro de la comunidad.

En Guna Yala también se impulsan iniciativas destinadas a los jóvenes. Entre las experiencias presentadas aparece la comercialización local del coco por parte del pueblo Gunadule, junto con otros proyectos productivos que buscan ampliar las oportunidades dentro del territorio. El objetivo responde a un problema demográfico concreto: cuando los jóvenes no encuentran posibilidades de empleo o emprendimiento en sus comunidades, la migración hacia las ciudades se convierte en una de las pocas alternativas para mejorar sus ingresos.

La migración juvenil es, en este contexto, mucho más que un fenómeno económico. Cuando una comunidad pierde de manera constante a sus jóvenes, también puede perder conocimientos, capacidades productivas y continuidad cultural. Por eso, crear oportunidades económicas locales puede tener efectos que van más allá del empleo: permite mantener población, transmitir lenguas y conocimientos y conservar estructuras comunitarias que dependen de la participación de diferentes generaciones.

Los programas desarrollados hasta ahora muestran resultados todavía iniciales, pero cuantificables. El Fondo Territorial Mesoamericano reporta 56.405 beneficiarios directos y más de 200.000 indirectos en sus programas regionales. En Panamá se contabilizan aproximadamente 10.000 beneficiarios, de los cuales el 58% son mujeres, mientras que las iniciativas regionales abarcan más de cinco millones de hectáreas de bosque bajo manejo comunitario. Estas cifras muestran que el modelo ya pasó de la discusión conceptual a una fase de implementación, aunque todavía enfrenta el desafío de ampliar su escala.

Uno de los próximos proyectos es Corazón de la Conservación, que cuenta con el aval del Ministerio de Ambiente de Panamá y recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Está previsto que comience en 2027 con acciones de conservación, adaptación y mitigación frente al cambio climático en territorios indígenas panameños. La primera etapa incluirá iniciativas relacionadas con organizaciones como AMARIE, comunidades de Guna Yala y territorios Emberá, con la posibilidad de extender posteriormente la participación a pueblos Naso y Ngäbe-Buglé y a comunidades del occidente del país.

El proyecto también muestra cómo está cambiando la manera de medir los resultados. El Fondo desarrolla indicadores bioculturales que no se limitan a ingresos, empleos o hectáreas restauradas. Para una comunidad, que vuelva una especie de ave, mejore la calidad del agua o aumente el número de jóvenes que hablan su lengua puede ser un resultado tan significativo como el crecimiento de una actividad comercial. Esta perspectiva incorpora elementos ambientales y culturales que normalmente quedan fuera de los indicadores económicos convencionales.

La discusión sobre subsidios refleja otra preocupación. Las organizaciones indígenas no plantean eliminar necesariamente las ayudas públicas o internacionales, especialmente en comunidades que enfrentan pobreza, emergencias climáticas o dificultades estructurales. El problema aparece cuando el subsidio se convierte en una respuesta permanente y no está acompañado por inversiones que permitan desarrollar capacidades productivas. La autonomía económica requiere que las comunidades puedan generar progresivamente una mayor parte de los recursos que necesitan para sostener sus proyectos.

Tampoco se propone que todas las comunidades se conviertan inmediatamente en exportadoras. Las condiciones productivas son diferentes entre territorios y algunos todavía necesitan resolver cuestiones básicas de alimentación, organización empresarial, infraestructura o capacitación. Para estas comunidades, exigirles competir directamente en mercados internacionales podría generar más dependencia en lugar de autonomía. La estrategia planteada consiste en avanzar por etapas y definir el momento adecuado para ampliar la comercialización.

Cuando llegue esa etapa, aparecerán otros obstáculos: calidad constante, volumen de producción, acceso a compradores, logística y capacidad para negociar precios. Las organizaciones indígenas tendrán que competir con empresas que cuentan con mayor capital y estructuras comerciales consolidadas. Su principal ventaja, sin embargo, puede encontrarse en la diferenciación: productos que incorporan identidad cultural, conservación ambiental, producción comunitaria y trazabilidad territorial pueden acceder a mercados que valoran esas características.

La tecnología es otro componente decisivo. Las comunidades necesitan herramientas que mejoren la productividad agrícola, la transformación de productos, la comercialización y el acceso a información, pero esas tecnologías deben adaptarse a las características de cada territorio. El problema no es solamente disponer de equipos o conectividad, sino contar con capacitación y condiciones para incorporarlos sin desplazar los conocimientos locales que ya sostienen las actividades productivas.

El desafío, en última instancia, consiste en evitar dos extremos. Por un lado, un modelo basado exclusivamente en asistencia puede mantener a las comunidades en una relación permanente de dependencia. Por otro, una integración acelerada al mercado puede presionar sobre los recursos naturales y terminar debilitando las mismas estructuras culturales y ambientales que hacen posible esas economías. La propuesta mesoamericana busca una tercera vía: producir, generar ingresos y ampliar mercados, pero manteniendo la capacidad de decisión dentro de los territorios.

Panamá ofrece un escenario particularmente relevante para ese debate porque su sistema de comarcas constituye una de las experiencias históricas más importantes de autonomía territorial indígena en América Latina. El reconocimiento de la autonomía Guna se remonta a mediados del siglo XX, después de los conflictos de la década de 1920, y posteriormente el modelo fue incorporado a la estructura territorial del Estado. Esa experiencia demuestra que la autonomía política y territorial puede convertirse en una base para discutir también mecanismos de autonomía económica.

Lo que ahora se intenta construir es una etapa diferente. La autonomía no debería limitarse a administrar un territorio reconocido jurídicamente si las comunidades continúan dependiendo casi completamente de recursos externos para financiar sus actividades. La capacidad de decidir qué producir, cómo utilizar los recursos, qué mercados buscar y qué parte de los ingresos reinvertir dentro de la comunidad constituye una dimensión económica de esa misma autonomía.

El encuentro celebrado en Panamá refleja, por eso, un cambio de enfoque. Los pueblos indígenas no están planteando que necesitan que terceros diseñen una economía para ellos. Ya cuentan con sistemas productivos, conocimientos, organizaciones y territorios. Lo que reclaman es acceso más directo al financiamiento, tecnología adecuada, capacitación, políticas públicas pertinentes y condiciones comerciales que les permitan ampliar esas capacidades sin perder el control sobre sus prioridades.

La discusión mesoamericana sobre autonomía económica indígena no apunta simplemente a generar más ingresos, sino a construir economías capaces de sostener comunidades, proteger territorios y preservar conocimientos culturales mientras se abren nuevas oportunidades comerciales. Panamá se convirtió en escenario central de ese debate porque concentra una importante población indígena, extensas áreas bajo manejo comunitario y una experiencia histórica de autonomía territorial. El desafío inmediato es reducir la enorme distancia entre los recursos internacionales destinados a combatir el cambio climático y el dinero que realmente llega a las comunidades: si apenas alrededor del 1% alcanza directamente los territorios, aumentar la eficiencia del financiamiento se vuelve una condición esencial. Al mismo tiempo, las experiencias de artesanas Emberá, productores Gunadule y proyectos dirigidos a jóvenes muestran que ya existen modelos capaces de combinar producción, empleo y conservación. La cuestión decisiva será si esas iniciativas consiguen crecer sin perder su identidad. Para los pueblos indígenas de Mesoamérica, la autonomía económica no significa aislarse del mercado, sino tener la capacidad de decidir cuándo entrar en él, en qué condiciones y para qué fines.