El miembro en proceso de adhesión plena del Mercosur, Bolivia, vivió un giro decisivo en su crisis cuando el expresidente Evo Morales llamó a sus seguidores a levantar los bloqueos de rutas, abriendo un respiro tras casi dos meses de convulsión social y a apenas seis días de la cumbre del bloque en Luque. El despeje de las carreteras se logró después de que el presidente Rodrigo Paz decretara el estado de excepción el 20 de junio, una medida que lo habilita a emplear al Ejército en el desbloqueo de las rutas cortadas por las protestas de sindicatos, indígenas y cultivadores de coca que exigían su renuncia. En el Chapare, el expresidente Evo Morales —líder de uno de los grupos que mantuvieron las protestas y atrincherado allí para evitar su detención por una acusación de trata de una menor, que él niega— llamó a sus seguidores a una pausa. «Por ahora, un cuarto intermedio, no es rendirnos», afirmó en una transmisión en redes sociales. Esta tregua, aunque frágil, representa el primer alivio significativo tras semanas de parálisis.
El proceso de pacificación involucró a tres sectores sindicales que comandaron las protestas, cada uno con su propia dinámica. La Central Obrera Boliviana firmó un acuerdo con el gobierno el viernes 19 de junio; el sindicato campesino-indígena Túpac Katari, que lideró los bloqueos hacia La Paz, ordenó el repliegue tras el estado de excepción; y los seguidores de Evo Morales, que tras su llamado también levantaron los cortes de ruta. El 22 de junio, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó que los puntos de bloqueo activos en la Red Vial Fundamental se habían reducido a apenas doce, concentrados principalmente en el departamento de Cochabamba, una reducción drástica respecto a los más de cuarenta puntos que existían días antes. Esta disminución de los bloqueos permitió la reanudación gradual de la circulación y el transporte de mercancías, aliviando la grave escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal que afectaba a las principales ciudades del país.
El balance humano y económico de la crisis es trágico y refleja el alto costo de los prolongados bloqueos. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares. Las principales ciudades del país, principalmente La Paz y su vecina El Alto, sufrieron una grave escasez de combustible, alimentos y medicamentos durante las semanas de parálisis. Estas muertes por falta de atención médica constituyen la dimensión más dolorosa de una crisis que, más allá de la confrontación política, tuvo consecuencias letales sobre la población más vulnerable, configurando una emergencia humanitaria que el Mercosur no puede ignorar en su evaluación de la situación boliviana.
El presidente Paz justificó el estado de excepción con un discurso nocturno en la televisión estatal, en el que calificó la situación de «intento de golpe de Estado» del «narcoterrorismo». El mandatario, de 58 años, advirtió a los manifestantes que enfrentarían «todo el peso de la ley», en un intento de poner fin a los disturbios y a la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas. El estado de emergencia de 90 días restringe el derecho a manifestarse y permite el despliegue del Ejército. Paz acusó a las «estructuras políticas organizadas» que supuestamente operan desde el Chapare, bastión de Evo Morales, de estar detrás de las protestas. Morales, por su parte, negó las acusaciones y afirmó que las movilizaciones son consecuencia del deterioro económico y del creciente malestar social, en una disputa de relatos que refleja la profunda polarización política del país andino.
Para el Mercosur, la frágil tregua boliviana plantea un escenario más favorable de cara a la cumbre del 30 de junio, aunque las causas profundas de la crisis permanecen sin resolver. El Parlasur ya había activado el mecanismo del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, y el levantamiento de los bloqueos reduce la presión inmediata sobre el bloque para pronunciarse sobre una crisis en plena ebullición. Sin embargo, distintos sectores sociales advirtieron que la presencia militar podría profundizar el conflicto si no se acompaña con nuevas instancias de diálogo, especialmente con las organizaciones campesinas que no participaron del acuerdo con la COB. La verdadera incógnita, como señalan los analistas, no es si el gobierno logrará despejar las rutas, sino si conseguirá resolver las tensiones económicas y sociales que hicieron posible una movilización capaz de paralizar el país durante casi dos meses. El Diario Prensa Mercosur seguirá documentando la evolución de una crisis cuyo desenlace definirá el futuro de uno de los miembros en adhesión del bloque.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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