BOLIVIA DESPLIEGA AL EJÉRCITO BAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN: LA CRISIS HUMANITARIA SE AGRAVA Y EL MERCOSUR ENFRENTA SU DILEMA DEMOCRÁTICO MÁS URGENTE

El gobierno boliviano de Rodrigo Paz dio un giro decisivo en su respuesta a casi dos meses de convulsión social al decretar el estado de excepción y desplegar a las Fuerzas Armadas para desactivar los bloqueos que estrangulan el suministro de bienes esenciales, en una medida que pone a prueba la coherencia del Mercosur en la defensa de los derechos humanos. A las 02:35 de la madrugada del domingo, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el Decreto Supremo 5636 que establece el Estado de Excepción en todo el país. La medida habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía en el despeje de carreteras, la protección de infraestructura estratégica y el restablecimiento de la circulación de alimentos, combustibles y medicamentos. El anuncio llegó apenas horas después de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana para intentar desactivar parte de las protestas, aunque sectores afines a Evo Morales decidieron mantener los bloqueos.

El contexto que motivó la medida refleja la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa el país andino. Tras 51 días de bloqueos en distintas rutas del país, el Gobierno declaró el Estado de Excepción en todo el territorio boliviano con el objetivo de restablecer la libre circulación, garantizar el abastecimiento de productos esenciales y preservar el orden público. Según las autoridades, la medida no supone la suspensión de las actividades cotidianas ni de los derechos fundamentales de la población, aunque establece restricciones específicas para enfrentar los bloqueos y los hechos de violencia. El decreto prohíbe expresamente los bloqueos de rutas y el uso de explosivos, y autoriza a la Policía y a las Fuerzas Armadas a realizar arrestos preventivos que no podrán exceder las ocho horas, en un marco que el gobierno insiste en presentar como respetuoso de las garantías constitucionales.

El balance humano de la crisis es trágico y refleja el costo de los prolongados bloqueos sobre la población más vulnerable. Los bloqueos de carreteras se extendieron en ocho de las nueve regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal para los centros de salud. Al menos siete personas murieron por falta de atención médica y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo. La escasez de oxígeno medicinal en los hospitales es una de las consecuencias más graves de los bloqueos, ya que pone en riesgo la vida de los pacientes que dependen de este insumo. Las muertes por falta de atención médica evidencian cómo los bloqueos han tenido consecuencias letales sobre la población, configurando una emergencia humanitaria que interpela directamente al Mercosur.

La dimensión política de la crisis revela la complejidad de la situación y la dificultad de encontrar una salida negociada. El presidente de derecha Rodrigo Paz desplegó a las Fuerzas Armadas para poner fin a semanas de protestas lideradas por grupos indígenas y sindicatos, mientras el expresidente Evo Morales respaldó el movimiento de protesta. Morales calificó la situación como «una rebelión del movimiento indígena contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial». Esta lectura contrasta con la del gobierno, que acusa a Morales de promover el conflicto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado al Estado y a todos los sectores sociales a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática.

Para el Mercosur, la crisis boliviana plantea su test democrático y humanitario más urgente. El Parlasur ya activó el mecanismo del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, y la cumbre del 30 de junio deberá abordar la situación de uno de sus miembros en adhesión con la máxima responsabilidad. El desafío para el bloque es doble: pronunciarse sobre la dimensión democrática de la crisis sin agravar la confrontación, y coordinar una respuesta humanitaria que alivie el sufrimiento de la población. La forma en que el Mercosur gestione la crisis de Bolivia definirá su credibilidad como bloque comprometido con la democracia y los derechos humanos, en uno de los momentos más delicados de la historia reciente de la región. El Diario Prensa Mercosur seguirá documentando la evolución de una crisis que pone a prueba los valores fundamentales del bloque, con la convicción de que el periodismo de integración debe dar visibilidad tanto a la dimensión política como a la humanitaria de los acontecimientos que marcan el destino de los pueblos del Mercosur.