La persistencia de los bloqueos de carreteras en Bolivia está generando una nueva preocupación en el sector privado: que empresas instaladas en La Paz, El Alto y Cochabamba terminen trasladando parte de sus operaciones hacia Santa Cruz de la Sierra, en busca de mayor estabilidad logística y continuidad para sus actividades. La advertencia fue formulada por Eduardo Olivo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), quien pidió ampliar por 90 días el estado de excepción vigente en el país.

Olivo sostuvo que los cortes de rutas representan un problema que trasciende el transporte. Para las empresas, la interrupción de las carreteras significa dificultades para recibir materias primas, movilizar mercancías, cumplir contratos y mantener una cadena de distribución regular. Según el titular de la CNC, si la situación vuelve a prolongarse, algunos empresarios podrían optar por trasladar sus operaciones hacia Santa Cruz, departamento que mantiene una dinámica económica importante pese a los conflictos registrados en otras regiones.

La advertencia adquiere especial relevancia porque el empresariado ya viene reclamando mecanismos permanentes que permitan garantizar la libre circulación de mercancías. La CNC había planteado anteriormente una ley antibloqueo, pero Olivo reconoció que su aprobación se ha vuelto compleja debido a la actual coyuntura política y a los anuncios de nuevas movilizaciones.

El antecedente inmediato explica la preocupación. Bolivia atravesó entre mayo y junio siete semanas de bloqueos impulsados principalmente por sectores campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana y grupos vinculados al expresidente Evo Morales. El conflicto provocó problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal y, de acuerdo con un balance difundido por EFE, dejó al menos 16 fallecidos y pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

Ante aquella crisis, el presidente Rodrigo Paz decretó el 20 de junio un estado de excepción por conmoción interna durante 90 días, con el objetivo de recuperar la circulación en las carreteras y permitir que las fuerzas de seguridad apoyaran el restablecimiento del orden. La medida prohibió los bloqueos y otorgó facultades extraordinarias para proteger rutas estratégicas e infraestructura crítica.

Sin embargo, el problema no desapareció por completo. Durante septiembre se registraron nuevos bloqueos en sectores de Santa Cruz, entre ellos San Julián, Yapacaní, Los Troncos y Cuatro Cañadas. En esos casos, productores protestaron principalmente contra el Decreto Supremo 5676 y el esquema de distribución y precio del diésel para grandes consumidores.

La posibilidad de que las protestas vuelvan a intensificarse después del vencimiento del actual estado de excepción es precisamente uno de los argumentos utilizados para pedir su ampliación. Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta para extenderlo por otros 90 días, aunque la iniciativa todavía debe avanzar por el pleno de Diputados y posteriormente por una sesión conjunta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Defensoría del Pueblo también ha advertido que la medida excepcional no resuelve las causas estructurales de la conflictividad. En su monitoreo correspondiente al período del 20 de junio al 20 de agosto registró 72 eventos de conflictividad y señaló como factores de riesgo el precio y abastecimiento de combustible, el costo de vida, demandas laborales y nuevas convocatorias a movilizaciones.

Para el sector privado, el problema es que cada interrupción prolongada de las carreteras aumenta el costo de operar en Bolivia y puede afectar decisiones de inversión. Una empresa que no puede garantizar el ingreso de insumos ni la salida de su producción enfrenta mayores gastos de transporte, retrasos, pérdida de mercados y dificultades para cumplir compromisos comerciales.

En ese escenario, Santa Cruz aparece para algunos empresarios como una alternativa de mayor previsibilidad operativa, aunque un traslado de industrias no es una decisión inmediata ni sencilla. Implica inversiones, infraestructura, trabajadores, proveedores y nuevos costos. Precisamente por eso, la advertencia de la CNC funciona también como una señal al Gobierno: la continuidad de los bloqueos podría terminar afectando no solamente la actividad económica del día a día, sino la localización futura de inversiones y empleos.

La discusión ocurre además cuando la propia Cámara Nacional de Comercio está promoviendo nuevas iniciativas para mejorar el clima empresarial. Este 11 de septiembre, la CNC presentó propuestas de una Ley de Inversiones, una Ley de Arbitraje y Métodos Alternativos de Resolución de Controversias y una Ley de Sociedad Anónima Simplificada, con el objetivo de facilitar la creación de empresas, atraer capital y mejorar la competitividad.

El mensaje empresarial es, por tanto, directo: Bolivia necesita estabilidad para conservar sus empresas e inversiones. Si los bloqueos vuelven a convertirse en un mecanismo permanente de presión política y social, el costo podría medirse no solamente en pérdidas económicas inmediatas, sino también en fábricas que cambien de departamento, inversiones que se posterguen y empleos que terminen trasladándose hacia las regiones con mejores condiciones logísticas.

Foto: Hoy Bolivia / Archivo