Tres adolescentes internados en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) fueron identificados como presuntos responsables de las amenazas de muerte recibidas en los últimos días por el ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, y la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía y vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad de las principales autoridades vinculadas a la lucha contra el crimen organizado en el país.

La información fue divulgada inicialmente por la periodista Patricia Madrid en el programa Puesta a punto, de Canal 12, y posteriormente confirmada por El Observador con fuentes judiciales. De acuerdo con esos datos, los investigadores llegaron hasta tres adolescentes que actualmente se encuentran internados en el INISA y que son considerados presuntos autores de los mensajes intimidatorios dirigidos contra ambos jerarcas.

Hasta el momento, no se hicieron públicos detalles sobre el contenido exacto de las amenazas, el medio utilizado para enviarlas ni la participación concreta que habría tenido cada uno de los tres adolescentes. Estos elementos forman parte de la investigación y deberán ser establecidos por la Justicia antes de determinar eventuales responsabilidades.

El presidente del INISA, Jaime Saavedra, declaró que no tenía información sobre la investigación cuando fue consultado públicamente. El jerarca señaló que el Directorio del organismo tampoco había tratado el asunto hasta ese momento, aunque evitó descartar la información sobre la eventual participación de internos de la institución.

Ferrero ya había sido víctima de un ataque

La situación adquiere especial gravedad en el caso de Mónica Ferrero. La fiscal de Corte ya había sufrido un ataque contra su vivienda el 28 de septiembre de 2025, cuando desconocidos llegaron hasta su domicilio durante la madrugada, realizaron disparos y detonaron una granada en el patio de la casa mientras ella y su familia se encontraban en el interior.

La investigación de aquel atentado permitió posteriormente identificar a varios involucrados. Según la información disponible, existen personas condenadas e imputadas, incluidos señalados como responsables intelectuales del ataque. El nuevo episodio de amenazas vuelve a poner bajo atención las medidas de seguridad destinadas a proteger a la máxima autoridad del Ministerio Público.

También existen antecedentes contra Carlos Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, tampoco enfrenta por primera vez una situación de este tipo. En mayo de 2026 recibió amenazas desde una llamada realizada al servicio de emergencias 911. En aquella oportunidad, el responsable afirmó que tenía controlados sus movimientos y que lo iba a matar.

Por ese episodio, un hombre fue detenido y posteriormente condenado por la Justicia. Además, Negro ha recibido amenazas relacionadas con personas vinculadas al mundo criminal y penitenciario. Entre los antecedentes mencionados recientemente figura el caso del exbarra brava de Peñarol Erwin “Coco” Parentini, quien desde la cárcel también habría amenazado al ministro y a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche.

El caso llega en un momento delicado para la seguridad uruguaya

Las amenazas contra Negro y Ferrero se producen mientras Uruguay mantiene un debate intenso sobre las herramientas disponibles para combatir al crimen organizado, el narcotráfico y la violencia.

La situación generó además propuestas políticas para reforzar la seguridad de los fiscales. El senador colorado Andrés Ojeda planteó al presidente Yamandú Orsi la necesidad de adoptar medidas para proteger a fiscales y magistrados, mientras que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, manifestó que su fuerza política respaldaría medidas destinadas a garantizar la seguridad de fiscales y otras personas amenazadas.

Ojeda también planteó la creación de una Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, nuevas fiscalías de Ejecución de Penas y mayores recursos para el Ministerio Público. Según sus estimaciones, el paquete implicaría unos $230 millones anuales adicionales, aunque parte de estas propuestas todavía se encuentra en discusión política y presupuestaria.

El caso de los tres adolescentes del INISA agrega ahora un elemento particularmente sensible: la presunta participación de menores sometidos a medidas de internación en amenazas dirigidas contra las máximas autoridades de seguridad y persecución penal del país.

La investigación deberá determinar quiénes realizaron efectivamente las amenazas, cuál fue su motivación, si actuaron individualmente o coordinados con otras personas y, especialmente, si existe una estructura criminal detrás de los mensajes. Por ahora, la identificación de los tres adolescentes constituye una línea de investigación y no equivale a una condena ni permite afirmar judicialmente su responsabilidad.

El episodio vuelve a demostrar la creciente preocupación de las autoridades uruguayas por la seguridad de quienes investigan y combaten al crimen organizado. Para la Fiscalía y el Ministerio del Interior, el desafío no pasa solamente por esclarecer quién envió las amenazas, sino también por determinar si estas forman parte de una estrategia de intimidación contra las instituciones encargadas de perseguir delitos de alta gravedad.