Un informe elaborado en septiembre de 2025 ya había advertido sobre el avanzado deterioro físico y químico de material pirotécnico almacenado en instalaciones militares de Viacha y lo había calificado como una “amenaza real e inminente”. Casi un año después, las explosiones registradas el 4 de septiembre en el Regimiento Bolívar dejaron nueve personas fallecidas, más de 80 heridas y una investigación que ahora alcanza al exministro de Defensa Edmundo Novillo.

El Comando General del Ejército presentó ante el Ministerio Público una querella contra Novillo por los presuntos delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes. El comandante del Ejército, Héctor Alejandro Alarcón, sostuvo que la denuncia se fundamenta principalmente en el informe que habría sido recibido por la entonces autoridad el 25 de septiembre de 2025. Según la versión militar, el documento recomendaba actuar de manera inmediata frente al material deteriorado.

El informe describía daños en la estructura física del material, embalajes deteriorados, humedad interna, alteraciones en los compuestos químicos y desprendimiento de residuos. Frente a esas condiciones, los especialistas recomendaban la desactivación y posterior incineración del material bajo supervisión especializada, o su repliegue a instalaciones adecuadas. También se planteaba la elaboración de un acta oficial que dejara constancia de la destrucción.

La acusación plantea así una de las principales preguntas que deberá responder la investigación: si las advertencias técnicas fueron recibidas, qué medidas se adoptaron posteriormente y si una eventual falta de acción tuvo relación con las explosiones ocurridas casi un año después.

Sin embargo, las autoridades han evitado establecer todavía una relación causal definitiva entre aquel material deteriorado y las detonaciones. La Fiscalía investiga el caso como homicidio culposo y ha conformado una comisión de fiscales y otra del Instituto de Investigaciones Forenses, con especialistas en genética y explosivos. El Ministerio Público ha señalado que determinar la causa exacta corresponde a las pericias y no puede establecerse únicamente a partir de documentos administrativos.

La tragedia dejó nueve muertos y cinco desaparecidos

Las explosiones ocurrieron en el Centro General de Mantenimiento de Material Bélico de Artillería del Regimiento de Artillería Mecanizada Nº 2 “Libertador Simón Bolívar”, ubicado en Viacha, aproximadamente a 30 kilómetros de La Paz.

El balance oficial llegó a nueve fallecidos y más de 80 heridos. Cinco integrantes del Ejército continuaban desaparecidos en el último reporte difundido por las autoridades militares, mientras que el noveno cuerpo recuperado inicialmente todavía debía ser identificado mediante procedimientos forenses.

La tragedia también afectó a la población civil. La fuerza de las detonaciones provocó daños en viviendas situadas alrededor del cuartel: se reportaron vidrios destruidos, paredes afectadas, techos dañados y fragmentos de la instalación militar proyectados hacia sectores habitados. Las autoridades municipales iniciaron evaluaciones estructurales para determinar cuáles inmuebles podían volver a ser ocupados.

Un elemento que pudo reducir el número de víctimas fue que parte del personal militar se encontraba fuera del cuartel participando en una actividad deportiva cuando ocurrieron las explosiones. El comandante del Ejército señaló que esa circunstancia evitó que hubiera una cantidad todavía mayor de fallecidos.

¿Qué había almacenado en Viacha?

La investigación también busca reconstruir la trazabilidad de los materiales que ingresaron, fueron almacenados, destruidos o trasladados en el recinto militar.

Entre los documentos encontrados por el Ejército figuran actas correspondientes a los años 2019 y 2020. Uno de los registros señala que en septiembre de 2019 fueron recibidas en calidad de depósito 94 cajas de “boosters”, equivalentes a unas 2.900 unidades, además de 400 cajas con diferentes tipos de petardos. También existen documentos relacionados con material pirotécnico destinado a destrucción.

Tras las explosiones, los equipos de rescate encontraron además artefactos tipo “booster” y otros materiales cuyo papel en las detonaciones debe ser determinado mediante peritajes. En una estructura afectada también había material bélico y gran cantidad de granadas, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad durante las tareas de recuperación.

La Fiscalía incluso advirtió que, días después del desastre, todavía existía material susceptible de provocar una nueva explosión dentro de la zona afectada. Por esa razón, la recuperación de evidencias y restos humanos debía realizarse de manera controlada.

La responsabilidad de Novillo todavía debe ser determinada

La presentación de la querella no significa que el exministro haya sido declarado responsable de las explosiones. Se trata de una acusación que deberá ser investigada por el Ministerio Público.

El propio comandante Alarcón señaló que corresponderá a la Fiscalía establecer si existe una relación entre las actuaciones u omisiones atribuidas a la exautoridad y la tragedia, así como determinar si existen otros responsables.

El caso adquiere especial relevancia porque el Gobierno ya ordenó revisar de manera integral los procedimientos nacionales utilizados por las Fuerzas Armadas para la recepción, almacenamiento, custodia, desactivación y destrucción de explosivos y otros materiales sensibles. El objetivo declarado es detectar vacíos, demoras o deficiencias y corregirlos.

La tragedia de Viacha, por lo tanto, ha dejado de ser solamente una investigación destinada a determinar qué provocó dos explosiones. Ahora también plantea interrogantes sobre cómo se administró durante años material considerado peligroso, qué controles existían, quién debía actuar ante las advertencias técnicas y por qué un informe que describía una amenaza como real e inminente no terminó, según la denuncia militar, en la eliminación o traslado del material señalado.

La respuesta definitiva dependerá de la documentación, las pericias y los testimonios que reúna la Fiscalía. Mientras tanto, las familias de las víctimas y de los desaparecidos continúan esperando que la investigación determine no solo qué ocurrió en el cuartel Bolívar, sino también si la tragedia pudo haberse evitado.

Foto: EL DEBER / Ministerio de Defensa de Bolivia