La Justicia uruguaya rechazó convocar a una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, fundador de Conexión Ganadera, luego de que surgieran dudas sobre una interrupción registrada en la señal de la tobillera electrónica con la que cumple prisión domiciliaria. La decisión fue adoptada por la jueza Diovanet Olivera después de recibir un informe de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) que aclaró el origen de la alerta.

El episodio que generó preocupación ocurrió el 7 de mayo, cuando el sistema dejó de recibir durante varios minutos la señal correspondiente al dispositivo de monitoreo. El período señalado en el informe comprende desde las 21:34 hasta las 22:15. La situación llevó a abogados que representan a damnificados por el caso Conexión Ganadera a solicitar que se analizara nuevamente la situación procesal de Cabral y, eventualmente, se revisaran las condiciones de su prisión domiciliaria.

Sin embargo, el informe solicitado por la propia magistrada introdujo un elemento clave. La Dinama concluyó que la interrupción de la señal registrada en el sistema de monitoreo no significaba necesariamente que Cabral hubiera abandonado su domicilio. Según explicó el organismo, la alerta se activa cuando el dispositivo denominado Tracker y la tobillera electrónica se separan una distancia de cinco metros.

La aclaración modificó el alcance de la preocupación inicial. El hecho de que el sistema haya registrado una interrupción o una alerta no permite, por sí mismo, concluir que la persona sometida a prisión domiciliaria haya salido de la vivienda. Precisamente por ese motivo, varios abogados de damnificados entendieron que el informe no justificaba avanzar con nuevas actuaciones judiciales.

No todos los representantes de las víctimas coincidieron con esa posición. Los abogados Juan Pablo Decia e Ignacio Durán mantuvieron el pedido para que se celebrara una nueva audiencia judicial, con el objetivo de analizar formalmente las medidas cautelares que pesan sobre Cabral y las circunstancias relacionadas con el funcionamiento del dispositivo electrónico.

La jueza Olivera finalmente rechazó ese planteo. En su resolución tuvo especialmente en cuenta la posición de la Fiscalía, encabezada en esta causa por el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez. El Ministerio Público, luego de recibir la explicación de la Dinama, no consideró necesario solicitar medidas adicionales.

Con esos elementos, la magistrada concluyó que no correspondía ordenar nuevos informes ampliatorios ni convocar a una audiencia para revisar las medidas cautelares. La resolución, por tanto, mantiene vigente el régimen dispuesto para Cabral y no supone un cambio en las condiciones de su prisión domiciliaria.

El episodio se desarrolla en el marco de una investigación mucho más amplia vinculada con Conexión Ganadera, una causa que ha generado numerosos reclamos de inversores y damnificados y que continúa bajo investigación de la Fiscalía especializada en lavado de activos. Cabral permanece vinculada al proceso en su condición de viuda de Gustavo Basso, mientras los investigadores avanzan sobre diferentes aspectos patrimoniales y financieros relacionados con la empresa.

La controversia sobre la tobillera también pone de manifiesto la importancia de interpretar correctamente las alertas de los sistemas de monitoreo electrónico. Una interrupción de señal no equivale automáticamente a una violación de la prisión domiciliaria: es necesario determinar qué originó la alerta y si efectivamente existió un alejamiento del perímetro autorizado. En este caso, el organismo encargado del control concluyó que la incidencia registrada no demostraba que Cabral hubiera abandonado su domicilio.

Por ahora, la Justicia considera aclarado ese episodio específico y no encontró motivos para convocar una nueva audiencia sobre las medidas cautelares. La investigación principal de Conexión Ganadera, sin embargo, continúa abierta y la resolución sobre la tobillera no representa el cierre de las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Foto: Inés Guimaraens / El Observador