Una inspección realizada durante la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso bajo la lupa una millonaria inversión tecnológica realizada durante los últimos cinco años. Según la denuncia difundida por Hoy Bolivia, la estatal petrolera destinó Bs 470 millones a infraestructura y sistemas informáticos que no lograron cumplir una de las funciones consideradas esenciales para el control del mercado de combustibles: seguir el recorrido del diésel y la gasolina desde su ingreso hasta el consumidor final.

La revisión fue realizada por la comisión interventora de YPFB y, de acuerdo con el reporte, permitió establecer que la empresa estatal no contaba con un software operativo capaz de fiscalizar de manera integral los despachos de combustible. Esta carencia habría dificultado detectar desvíos, posibles mecanismos de sobrefacturación y movimientos vinculados al contrabando de carburantes.

El caso adquiere especial relevancia porque el objetivo de una plataforma de trazabilidad es precisamente permitir que las autoridades conozcan dónde se encuentra un cargamento, cuándo fue despachado, cuál fue su destino y quién intervino en cada etapa de la cadena de comercialización. Sin ese seguimiento digital, el control sobre un producto altamente subsidiado y estratégico para la economía queda considerablemente debilitado.

Según la información publicada, los Bs 470 millones fueron destinados a una infraestructura tecnológica descrita por las autoridades como “búnkeres digitales”, pero que no produjo los resultados operativos esperados. La investigación sostiene que se realizaron inversiones millonarias en infraestructura informática sin conseguir una herramienta eficaz para controlar el recorrido del combustible.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de accesos irregulares de personas externas a las plataformas informáticas. La comisión interventora, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), anunció medidas para revisar y deshabilitar accesos heredados de administraciones anteriores y reforzar la seguridad de los sistemas.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que se buscará establecer responsabilidades tanto ejecutivas como penales contra los funcionarios que administraron los recursos públicos involucrados. La investigación apunta particularmente a quienes autorizaron partidas presupuestarias para inversiones que, según la inspección, no resolvieron el problema de control sobre los carburantes.

La comisión interventora también anunció auditorías sobre la denominada Casa Ejecutiva de YPFB, debido a cuestionamientos relacionados con el uso de recursos destinados a construcciones de lujo y bienes considerados suntuosos. El alcance de estas revisiones podría determinar si existieron otras operaciones que generaron perjuicio económico para la empresa estatal.

El problema tiene una dimensión que supera la discusión sobre sistemas informáticos. La falta de trazabilidad del combustible afecta directamente la capacidad del Estado para controlar un mercado en el que existen importantes diferencias entre los precios internos y los valores de comercialización en países vecinos. Cuando el producto subsidiado puede desviarse de la cadena formal sin ser detectado mediante herramientas digitales, aumenta el riesgo de contrabando y de pérdidas para las finanzas públicas.

Ahora, la intervención de YPFB plantea como prioridad recuperar el control tecnológico de la cadena. Las autoridades anunciaron que los sistemas serán reforzados y que se buscará mejorar la transparencia en la comercialización de diésel y gasolina en todo el territorio boliviano. También se prevé una revisión exhaustiva de los contratos de infraestructura tecnológica suscritos por la estatal durante los últimos años.

El caso abre además una interrogante sobre la eficiencia del gasto público: ¿cómo fue posible invertir Bs 470 millones en infraestructura tecnológica sin disponer de una herramienta efectiva para conocer el recorrido del combustible? La respuesta deberá surgir de las auditorías y de las investigaciones anunciadas, que ahora deberán determinar quién tomó las decisiones, qué servicios fueron contratados y por qué una inversión de semejante magnitud no produjo el mecanismo de control esperado.

La intervención de YPFB busca, en este contexto, no solamente corregir las deficiencias tecnológicas sino también establecer responsabilidades por la administración de los recursos públicos. El resultado de las auditorías y eventuales investigaciones penales será determinante para establecer si se trató de una grave falla administrativa, de inversiones ineficientes o de posibles irregularidades que pudieron favorecer el desvío de recursos y carburantes.

Foto: Hoy Bolivia