Una investigación abierta tras la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) puso al descubierto un presunto esquema de desvío de carburantes que, según las autoridades, involucraría a cuatro sectores de la cadena de distribución: funcionarios de YPFB, personal de la ANH, conductores de cisternas y propietarios de estaciones de servicio. El caso está siendo presentado por el Gobierno como una de las principales causas de las dificultades que Bolivia ha experimentado para garantizar el suministro de diésel y gasolina.

La denuncia adquiere especial gravedad porque no se trataría únicamente de combustible físicamente desviado. El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que durante la intervención se encontraron operaciones de venta y facturación anticipada de millones de litros que todavía ni siquiera habían ingresado al territorio boliviano. También se detectaron asignaciones realizadas sin parámetros objetivos y modificaciones posteriores en las tablas utilizadas para controlar los despachos.

Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es el funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados para administrar la distribución. Según García, fueron identificados más de 300 usuarios que interactuaban con sistemas de la petrolera estatal y se encontraron accesos externos capaces de incidir en procesos de asignación. Las autoridades sostienen que los mecanismos existentes tampoco contaban con alertas suficientes para detectar oportunamente determinadas inconsistencias.

El Gobierno también cuestionó el dinero destinado durante los últimos cinco años a la infraestructura tecnológica de YPFB. García afirmó que se gastaron más de 470 millones de bolivianos en los denominados “búnkeres digitales”, cuyo objetivo debía ser garantizar la trazabilidad de los carburantes y contribuir a impedir su desvío y contrabando. Según la denuncia oficial, ese sistema no consiguió cumplir adecuadamente esa función.

La dimensión del problema se entiende mejor al observar el funcionamiento de la cadena. El combustible importado o producido por el país debe pasar por procesos de asignación, despacho, transporte y distribución antes de llegar a las estaciones de servicio. Cualquier manipulación en uno de esos puntos puede alterar el volumen disponible para consumidores, transportistas y productores. Las autoridades sospechan que la participación coordinada de distintos actores habría permitido que parte del carburante destinado al mercado interno terminara fuera de los canales previstos.

Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, calificó a estos grupos como “mafias” y aseguró que los responsables deberán responder ante la justicia. La intervención tiene, según explicó, tres objetivos principales: garantizar el abastecimiento inmediato, desarticular las redes irregulares y encontrar soluciones estructurales para el sistema de hidrocarburos.

La intervención de YPFB comenzó a principios de septiembre mediante el Decreto Supremo 5697, en medio de la crisis de abastecimiento. Una comisión integrada por varios ministerios asumió tareas de control sobre la petrolera estatal y comenzó a revisar los procesos de comercialización, logística y distribución. El Ministerio de Obras Públicas informó previamente que la comisión había encontrado irregularidades en esas áreas y que la investigación continuaría.

La situación tiene además un componente económico de fondo: el costo de la subvención de los carburantes. Zamora sostuvo que Bolivia no puede depender indefinidamente de la importación de combustible para sostener su economía y planteó que el futuro de la subvención debe ser discutido con la población. El debate adquiere especial sensibilidad porque cualquier modificación del precio de la gasolina o del diésel tiene efectos sobre el transporte, la producción agrícola, los alimentos y el costo general de vida.

Las autoridades también han señalado que Santa Cruz necesita alrededor de tres millones de litros de combustible diarios. Zamora aseguró que ese volumen está siendo garantizado para atender la demanda de los productores agropecuarios y afirmó que los controles implementados después de la intervención buscan evitar que el carburante vuelva a desviarse.

El caso todavía se encuentra en etapa de investigación y las denuncias oficiales deberán traducirse en pruebas y eventuales procesos judiciales individuales. Por ahora, lo confirmado es que la intervención detectó irregularidades en ventas, asignaciones, despachos, facturación y sistemas informáticos, además de accesos de usuarios externos y operaciones relacionadas con combustible que aún no había llegado al país.

La investigación puede tener consecuencias que van mucho más allá de la persecución de funcionarios o particulares. Si se confirma que una red organizada manipuló durante años la distribución de carburantes subvencionados, el escándalo obligará a revisar los controles de YPFB y ANH, los sistemas de trazabilidad, la asignación de volúmenes y la propia estructura de la subvención estatal.

Bolivia enfrenta así una doble crisis: garantizar que el combustible llegue a quienes lo necesitan y reconstruir la confianza en un sistema que debía controlar cada litro desde su ingreso al país hasta su llegada al consumidor. La intervención de YPFB y ANH recién comienza a revelar la magnitud del problema, y las próximas etapas de la investigación deberán determinar quiénes participaron, cuánto combustible fue desviado y durante cuánto tiempo funcionó esta estructura.

Foto: YPFB / Hoy Bolivia

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