La actividad de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), principal terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, fue retomada, pero el conflicto entre la empresa y el sindicato todavía no está resuelto. Mientras el Gobierno procura cerrar un nuevo convenio colectivo en un plazo de 72 horas, TCP reclama que los servicios vinculados a la carga contenerizada sean declarados esenciales. Las partes mantienen diferencias sobre las guardias gremiales, la duración del convenio y la llamada cláusula de paz.

La normalización comenzó el martes 8 de septiembre a las 15:00, después de que el sindicato TCP-Nelsury comunicara el levantamiento de las medidas de paralización. La empresa convocó al personal necesario para restablecer las operaciones y señaló que las interrupciones anteriores habían afectado de manera severa el funcionamiento de la terminal, provocando perjuicios para la compañía, sus clientes, los usuarios del puerto y toda la cadena logística.

El problema, sin embargo, no terminó con la vuelta de las grúas y los trabajadores. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) estableció un plazo de 72 horas para que TCP y el sindicato alcancen un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo y logren encauzar un conflicto que lleva meses y que ha provocado numerosas jornadas de paro. El plazo comenzó a correr el martes por la noche y se encuentra ahora en su etapa decisiva.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, explicó que el objetivo del Gobierno es garantizar que la operativa continúe mientras se intenta resolver las diferencias mediante la negociación colectiva. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, también participó en la conducción de las conversaciones. El Ejecutivo planteó además la necesidad de establecer servicios mínimos dentro de la terminal durante eventuales medidas sindicales.

Tres puntos mantienen trabada la negociación

Las conversaciones avanzaron en algunos aspectos, pero todavía existen diferencias consideradas importantes por ambas partes. Entre los principales puntos se encuentran las guardias gremiales, la duración del nuevo convenio colectivo y la cláusula de paz. El representante de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en TCP, Jorge Pozzi, señaló que también existe una discusión concreta sobre cuántas grúas deberían permanecer operativas durante una eventual paralización.

La duración del convenio constituye otro de los obstáculos. El sindicato ha planteado que el nuevo acuerdo tenga una vigencia de dos años, mientras que la empresa sostiene una posición diferente y considera difícil aceptar ese período. La organización sindical argumenta, entre otros aspectos, que las obras previstas en la terminal todavía demandarán tiempo y que posteriormente podría ser necesario revisar las condiciones laborales de acuerdo con la nueva realidad operativa.

La llamada cláusula de paz también permanece entre los temas controvertidos. Su alcance es particularmente sensible porque está relacionado con las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse futuras medidas sindicales durante la vigencia del convenio.

TCP pide declarar esenciales los servicios de contenedores

En paralelo a la negociación, la empresa decidió endurecer su posición. TCP, cuya participación mayoritaria corresponde a la empresa belga Katoen Natie, anunció que solicitará formalmente a las autoridades la declaración de esencialidad de los servicios portuarios relacionados con la carga contenerizada.

La empresa sostiene que las sucesivas paralizaciones y la insuficiencia de las guardias gremiales han generado perjuicios importantes y afectan no solamente a TCP, sino también a sus clientes, transportistas, usuarios del puerto y al conjunto de la cadena logística. También indicó que analiza medidas administrativas y legales para determinar eventuales responsabilidades y reclamar los daños ocasionados.

La solicitud de esencialidad abrió además un debate político. El Partido Nacional reclamó al Gobierno que adopte esa medida y sostuvo que el conflicto dejó de ser exclusivamente sectorial debido a la importancia del puerto para la economía uruguaya y el comercio exterior.

El Gobierno, por su parte, ha optado hasta ahora por priorizar la negociación. Castillo señaló que la esencialidad no fue discutida en la instancia tripartita y que el Ejecutivo procura primero que las partes acuerden los servicios mínimos y resuelvan las diferencias del convenio.

¿Por qué el conflicto preocupa al Mercosur?

La importancia de la disputa excede las instalaciones de TCP. El puerto de Montevideo es una pieza relevante de la infraestructura logística regional, particularmente para el movimiento de cargas contenerizadas y las conexiones comerciales de Uruguay con sus vecinos.

Cualquier interrupción prolongada puede generar acumulación de contenedores, demoras de buques, dificultades para transportistas, mayores costos logísticos y alteraciones en las cadenas de importación y exportación. Para Paraguay, que utiliza puertos de la región para parte de su comercio exterior, la estabilidad de las conexiones marítimas y fluviales constituye además un asunto estratégico.

El propio debate sobre nuevas alternativas logísticas muestra la importancia regional del puerto. En Uruguay se analiza incluso la posibilidad de que Paraguay pueda llegar al puerto de Montevideo mediante una conexión ferroviaria, incorporando una opción adicional frente a otras rutas de salida de su comercio exterior.

La terminal volvió a trabajar, pero la solución todavía no llegó

La situación actual presenta una diferencia importante respecto de los días anteriores: TCP está operativa, pero eso no significa que el conflicto laboral haya quedado resuelto. Las negociaciones continúan y el Gobierno busca que las partes lleguen a un acuerdo dentro del plazo establecido.

Las reuniones realizadas esta semana no consiguieron resolver todos los puntos. El miércoles, una nueva instancia terminó sin avances decisivos y las partes quedaron convocadas nuevamente para continuar las conversaciones. Los temas más sensibles siguen siendo las guardias gremiales, la duración del convenio y la cláusula de paz.

El desenlace puede producirse en las próximas horas. Si empresa y sindicato alcanzan un acuerdo, podría abrirse una etapa de mayor estabilidad para la principal terminal de contenedores de Montevideo. Si las diferencias persisten, el Gobierno deberá decidir cómo responder al pedido de esencialidad formulado por TCP y cómo garantizar la continuidad de una actividad que tiene impacto directo sobre el comercio exterior uruguayo y las cadenas logísticas regionales.

Para Uruguay y para el Mercosur, la cuestión central no es solamente si las grúas del puerto continúan funcionando hoy. El verdadero desafío es evitar que un conflicto laboral prolongado termine afectando la previsibilidad de una infraestructura estratégica para el comercio regional. Con la cuenta regresiva de las 72 horas en marcha, Montevideo se encuentra ante una negociación que puede definir no solo el futuro inmediato de TCP, sino también las condiciones de estabilidad de una de las principales puertas de entrada y salida de mercancías del país.

Foto: Inés Guimaraens / El Observador