El gobierno uruguayo decidió avanzar por una vía intermedia frente al conflicto laboral que afecta a la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo: no considera que, en las actuales circunstancias, corresponda declarar la actividad como servicio esencial, pero sí pretende establecer un régimen de “servicios mínimos” que permita mantener un nivel básico de funcionamiento durante eventuales medidas sindicales. La decisión coloca al Poder Ejecutivo en el centro de una disputa que enfrenta al sindicato portuario con Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyo principal accionista es la empresa Katoen Natie.

La resolución fue impulsada por los ministros de Trabajo, Juan Castillo, y de Transporte, Lucía Etcheverry, y establece que la empresa y el sindicato deben procurar un acuerdo sobre cuáles serán las actividades indispensables que deberán mantenerse cuando existan medidas gremiales. El gobierno abrió un plazo de 72 horas para intentar alcanzar ese entendimiento y, si las partes no logran ponerse de acuerdo, será el propio Poder Ejecutivo el que avance con la reglamentación.

La propuesta busca diferenciarse de las denominadas “guardias mínimas” que el sindicato había establecido unilateralmente días atrás. Katoen Natie considera que esas guardias no son suficientes para garantizar la continuidad adecuada de las operaciones de la terminal. Con el nuevo mecanismo, los servicios mínimos surgirían de una resolución gubernamental y deberían ser acordados, en la medida de lo posible, entre la empresa y los trabajadores.

La resolución establece específicamente que Terminal Cuenca del Plata y el sindicato deberán asegurar los servicios mínimos indispensables para garantizar un nivel básico de funcionamiento y operación de la terminal. El régimen inicial tiene una duración de 72 horas desde las 17:00 del 8 de septiembre y debe limitarse a las actividades estrictamente necesarias para mantener ese funcionamiento básico.

Katoen Natie pidió que se declare la esencialidad

El escenario cambió cuando Terminal Cuenca del Plata comunicó que había dado instrucciones para solicitar formalmente a las autoridades la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados con la carga contenerizada. Hasta ese momento, la empresa había evitado realizar ese pedido, por lo que la decisión elevó la presión sobre el gobierno de Yamandú Orsi.

El ministro Juan Castillo señaló que, al cierre de las reuniones del martes, la empresa todavía no había presentado formalmente la solicitud del decreto. Sin embargo, el anuncio ya generó una fuerte reacción política. El Directorio del Partido Nacional reclamó al Poder Ejecutivo que haga cumplir la Ley de Puertos y que disponga la esencialidad de la actividad.

La oposición sostiene que la reiteración de las medidas gremiales está provocando consecuencias sobre toda la cadena logística y comercial, por lo que considera que la actividad portuaria debe recibir un tratamiento especial. También recuerda que la Ley de Puertos establece que los servicios en los puertos comerciales deben prestarse durante las 24 horas y todos los días del año.

El gobierno se apoya en los criterios de la OIT

La posición oficial se fundamenta principalmente en la interpretación del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el criterio utilizado por el Poder Ejecutivo, los servicios portuarios no están comprendidos entre aquellos que pueden ser considerados esenciales en sentido estricto.

La diferencia jurídica es relevante. Para la OIT, que una huelga provoque perjuicios económicos o afecte el comercio no significa automáticamente que la actividad deba ser declarada esencial. La categoría de servicio esencial está reservada para situaciones en las que la interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.

Desde esa perspectiva, el gobierno entiende que puede proteger un nivel básico de funcionamiento del puerto sin eliminar el derecho de huelga. El mecanismo de servicios mínimos aparece así como una alternativa para compatibilizar la continuidad de determinadas operaciones con el derecho constitucional de los trabajadores a adoptar medidas gremiales.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, ya había sostenido en julio que las posibilidades de recurrir a un decreto de esencialidad eran “muy acotadas y específicas para circunstancias extremas”. Según esa posición, el conflicto tampoco compromete la totalidad del puerto y no se configurarían las causales de riesgo previstas en el marco legal.

La empresa cuestiona la posición del Ministerio de Trabajo

La relación entre Katoen Natie y el Ministerio de Trabajo también se ha deteriorado durante el conflicto. La empresa manifestó su malestar por declaraciones del ministro Castillo y del subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, realizadas durante intervenciones parlamentarias.

Castillo sostuvo que no existía un conflicto general en el puerto, sino una negociación colectiva entre la empresa y el sindicato. Barretto, al explicar el alcance del derecho de huelga, señaló que debía asumirse con naturalidad la perturbación que una medida gremial puede generar.

Las declaraciones fueron cuestionadas por el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, quien afirmó que el Ministerio había perdido objetividad y consideró preocupante la posibilidad de que determinadas expresiones oficiales terminaran alentando una profundización del conflicto.

La negociación colectiva continúa sin acuerdo

Mientras el gobierno intenta definir el régimen de servicios mínimos, Katoen Natie y el sindicato de trabajadores de TCP continúan negociando la renovación del convenio colectivo.

Las partes retomaron las conversaciones el miércoles, pero no consiguieron alcanzar un acuerdo. Según participantes de la reunión citados por El Observador, todavía persisten diferencias y se resolvió continuar las conversaciones este jueves en el Ministerio de Trabajo.

El desenlace de esa negociación será determinante. Si empresa y sindicato logran un acuerdo, podría reducirse la presión sobre el Poder Ejecutivo y evitarse una escalada del conflicto. Si las diferencias continúan y se mantienen las medidas que afectan la actividad, el gobierno tendrá que definir con mayor precisión hasta dónde llegará el régimen de servicios mínimos y cómo garantizará su cumplimiento.

Un conflicto con impacto regional

La disputa trasciende las relaciones laborales dentro de una terminal. El Puerto de Montevideo es una infraestructura estratégica para Uruguay y para la circulación de mercancías de la región, por lo que cualquier interrupción prolongada puede generar efectos sobre operadores logísticos, exportadores, importadores y empresas que utilizan las instalaciones portuarias como parte de sus cadenas de comercio exterior.

Por esa razón, el conflicto es seguido con especial atención por los sectores empresariales y políticos. La discusión ya no se limita a las condiciones del convenio colectivo: también involucra el funcionamiento de una infraestructura clave para la economía uruguaya, el alcance del derecho de huelga, la interpretación de las normas internacionales y la capacidad del Estado para garantizar la continuidad de determinados servicios.

El gobierno de Yamandú Orsi intenta ahora evitar dos extremos: por un lado, una declaración de esencialidad que considera jurídicamente difícil de justificar bajo los criterios de la OIT; por otro, una interrupción de las operaciones que pueda afectar de manera significativa la cadena portuaria. La salida propuesta —servicios mínimos definidos por el Poder Ejecutivo— será puesta a prueba en las próximas horas, mientras empresa y trabajadores buscan todavía una solución negociada.

Foto: Katoen Natie / El Observador

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