La controversia en torno a la contratación de comidas refrigeradas para refugios y comedores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) volvió a escalar en Uruguay. La empresa Delibest, perteneciente a Fedir SA y que hasta ahora era una de las principales proveedoras del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), presentó una nueva denuncia ante la Presidencia de la República y cuestionó que el organismo pretenda regularizar mediante compras directas por excepción alimentos que, según afirma, ya fueron entregados sin que existiera una adjudicación formal de la licitación.

La presentación fue realizada mientras continúa la disputa originada por una licitación destinada a contratar hasta 3,6 millones de comidas refrigeradas, por un valor estimado de unos US$ 24 millones. El proceso había comenzado en 2025 y posteriormente la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Cadea) recomendó distribuir la contratación entre los oferentes, dejando a Delibest en el último lugar de prelación. La empresa sostiene que esa evaluación estuvo afectada por una ponderación incorrecta de los antecedentes y que esa situación perjudicó su posición en el procedimiento.

El conflicto tomó una nueva dimensión después de que el presidente Yamandú Orsi decidiera no validar el resultado de la licitación. Según la información publicada, el mandatario devolvió el expediente al Mides luego de consultar a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), que había realizado observaciones sobre el proceso. En paralelo, el INDA recurrió a un mecanismo de compra directa por excepción para intentar garantizar el suministro de alimentos a los servicios que dependen del organismo.

Un llamado que cambió de 59.000 a 200.000 comidas

La nueva denuncia de Delibest se concentra especialmente en el procedimiento iniciado por el INDA el 4 de septiembre. Inicialmente, el organismo solicitó cotizaciones para una determinada cantidad de comidas refrigeradas, pero posteriormente amplió significativamente el volumen requerido.

Según la empresa, el primer pedido contemplaba aproximadamente 59.000 platos, mientras que una nueva solicitud enviada posteriormente elevó la cantidad hasta 200.000 comidas. El plazo inicial para presentar las ofertas vencía el miércoles 9 de septiembre a las 11:00, pero ese mismo día el INDA decidió extenderlo hasta el viernes a las 12:00.

Delibest considera que esa modificación y la posterior extensión del plazo generan dudas sobre las condiciones de competencia y transparencia del procedimiento. La empresa sostiene que el plazo fue prorrogado cuando algunas ofertas ya habían sido presentadas y advierte que eso podría permitir que otros participantes conocieran información que normalmente permanecería reservada hasta el cierre de una convocatoria.

El planteo empresarial sostiene que la administración debería garantizar condiciones iguales para todos los proveedores y cuestiona que se modifique el procedimiento una vez que ya comenzaron a recibirse propuestas.

La empresa afirma que ya se entregaron alimentos sin contrato adjudicado

Uno de los puntos más delicados de la denuncia es la afirmación de Delibest de que el INDA lleva más de un mes recibiendo productos de proveedores sin que exista, según la empresa, un marco contractual formal derivado de una adjudicación válida.

La firma sostiene que las compras directas actualmente impulsadas podrían estar siendo utilizadas para regularizar posteriormente una situación que comenzó con la ejecución de suministros antes de que concluyera formalmente el procedimiento de contratación. La empresa calificó el mecanismo como una vía que podría terminar validando una contratación que considera irregular.

El planteo adquiere especial relevancia porque se trata de alimentos destinados a personas que dependen de los servicios del Mides, entre ellos usuarios de refugios y comedores de Montevideo. La continuidad del suministro es una necesidad concreta de la administración, pero la discusión está centrada ahora en qué procedimiento debe utilizar el Estado para garantizarlo y bajo qué condiciones jurídicas y administrativas.

También hay cuestionamientos sobre la calidad y la logística

La denuncia incorpora además observaciones relacionadas con la forma en que algunos proveedores habrían entregado determinados productos.

Delibest afirmó que se habrían utilizado cajones plásticos colocados directamente sobre el piso, que algunas viandas tenían vencimiento el mismo día de su entrega o presentaban rótulos incompletos y que determinadas frutas habrían sido entregadas directamente desde cajones del proveedor sin una sanitización previa. También cuestionó la entrega de pan sin fecha de elaboración y el uso de vehículos que, según la empresa, no habían sido declarados originalmente en las ofertas.

Estas son afirmaciones realizadas por la empresa denunciante y no equivalen por sí mismas a irregularidades comprobadas. Su alcance deberá ser determinado por los organismos competentes y, eventualmente, por las investigaciones administrativas que correspondan.

El Gobierno defiende que el proceso todavía está abierto

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se refirió al conflicto en el Parlamento y señaló que las denuncias forman parte de situaciones que pueden producirse durante los procesos de contratación pública. El jerarca sostuvo que el Mides no debía emitir mayores comentarios mientras el procedimiento continuara sin una adjudicación definitiva.

En paralelo, el INDA prorrogó hasta el viernes la recepción de ofertas para las 200.000 comidas refrigeradas, después de que inicialmente había otorgado a los proveedores un plazo inferior a 24 horas para responder.

El episodio se produce además mientras el Gobierno busca asegurar la alimentación de personas atendidas por los programas sociales. El 26 de agosto, Presidencia informó la firma de un convenio entre el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y el INDA para coordinar la distribución de alimentos ante situaciones de emergencia, una muestra de la importancia que tiene para el Estado mantener mecanismos de abastecimiento disponibles.

Una disputa que ahora deberá resolver el Estado

La nueva denuncia coloca al INDA, al Mides y a la Presidencia ante una doble exigencia: garantizar que no falten alimentos en los refugios y comedores, pero al mismo tiempo asegurar que las compras públicas se realicen con transparencia, igualdad entre los proveedores y respaldo jurídico suficiente.

La licitación original, que involucra millones de comidas y unos US$ 24 millones, todavía constituye el trasfondo principal de la controversia. Mientras no exista una definición definitiva sobre ese procedimiento, las compras directas aparecen como una solución temporal para mantener el servicio, pero también como el nuevo foco de cuestionamientos de las empresas participantes.

El caso seguirá bajo atención porque combina recursos públicos, alimentación de personas en situación de vulnerabilidad y una contratación de gran volumen. La principal incógnita será determinar si las compras directas permitirán resolver de manera transitoria el abastecimiento o si terminarán profundizando una disputa administrativa que ya llegó hasta la Presidencia de la República.

Foto: Mides / El Observador