Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de Gabinete del exgobernador de Central Hugo Javier González, se presentó ante la Justicia para cumplir la condena de 10 años de prisión que pesa sobre él por el desvío de G. 5.105 millones de fondos destinados a la reactivación económica durante la pandemia. Su entrega se produce después de semanas de incumplimiento de la orden judicial y luego de que la Justicia amenazara con ejecutar las millonarias cauciones ofrecidas como garantía.

Robles fue condenado en enero de 2025 junto con Hugo Javier González en la causa conocida como “obras fantasmas”, relacionada con el supuesto desvío de recursos de la Gobernación de Central. La sentencia estableció una pena de 10 años para ambos por lesión de confianza, al considerar probado que se utilizaron facturas falsas y clonadas para justificar obras que no correspondían a los gastos realizados. El perjuicio patrimonial establecido por el tribunal alcanzó los G. 5.105 millones.

La condena quedó firme después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos de casación planteados por las defensas. Posteriormente, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó la captura de los condenados para que comenzaran a cumplir efectivamente las penas impuestas.

Hugo Javier se presentó voluntariamente ante la Policía el 4 de agosto y quedó a disposición de la Justicia. Robles, en cambio, no se presentó dentro del plazo establecido inicialmente, situación que generó nuevas medidas judiciales y llevó al juzgado a advertir que, si continuaba sin ponerse a disposición de las autoridades, se ejecutarían las garantías ofrecidas para asegurar su comparecencia.

La presión judicial aumentó en los últimos días. El 9 de septiembre, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N.º 3 dispuso la ejecución de las cauciones reales vinculadas a Robles después de constatar que no había cumplido el ultimátum para presentarse. Entre los bienes ofrecidos como garantía figuran inmuebles ubicados en Lambaré y Ñemby, en Central; Belén, en Concepción, y San Bernardino, en Cordillera.

Las garantías alcanzaban aproximadamente G. 6.004 millones, por lo que la eventual ejecución de esos bienes podía avanzar hacia un proceso de remate para cubrir la garantía constituida a favor del Estado. La resolución también ordenó comunicar la medida a la Procuraduría General de la República, debido a la afectación del patrimonio público en la causa.

El papel atribuido a Robles en la Gobernación

Durante la investigación y posteriormente en el juicio, Robles fue señalado como una de las figuras centrales de la administración de Hugo Javier. ABC Color lo describió como un “gobernador de facto”, debido al poder de decisión que habría ejercido dentro de la institución mientras ocupaba el cargo de asesor y jefe de Gabinete. Era además funcionario permanente de la Cámara de Diputados y había sido comisionado a la Gobernación de Central.

El tribunal que juzgó el caso sostuvo que Robles tuvo participación en el esquema mediante el cual se justificaron los gastos con documentación irregular. La acusación vinculó al Centro Ejecutivo de Gestión de Políticas Públicas (CIAP) con la presentación de facturas clonadas y falsificadas utilizadas para respaldar los desembolsos cuestionados.

La condena de ambos exfuncionarios constituye uno de los casos de mayor repercusión derivados del uso de los fondos destinados a enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 en Paraguay.

Una causa que todavía deja consecuencias

La entrega de Robles marca ahora un nuevo capítulo en el cumplimiento de la sentencia. Con ambos condenados sometidos a las órdenes de la Justicia, queda pendiente la ejecución efectiva de las penas y la recuperación de los recursos públicos afectados por el esquema establecido judicialmente.

El caso también vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios que administraron recursos extraordinarios durante la pandemia. El dinero había sido destinado a obras y acciones de reactivación económica, pero la investigación concluyó que parte de esos recursos terminó vinculada a operaciones sustentadas con documentación falsa.

La historia judicial de Hugo Javier y su exjefe de Gabinete muestra así el recorrido completo de un proceso que comenzó con denuncias sobre el manejo de fondos públicos, continuó con una investigación penal y un juicio oral, llegó a una condena de 10 años y finalmente desembocó en el ingreso de los principales condenados al sistema penitenciario.

La entrega de Miguel Robles se produce, además, después de que la Justicia avanzara sobre sus bienes como consecuencia de su negativa inicial a presentarse. Ahora deberá cumplir la condena de 10 años de prisión que quedó firme, mientras las autoridades judiciales continuarán determinando las medidas necesarias para hacer efectiva la sentencia y proteger los intereses patrimoniales del Estado paraguayo.

Foto: ABC Color