El Gobierno de Javier Milei decidió elevar la disputa por los recursos hidrocarburíferos de las Islas Malvinas al terreno judicial y anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación alcanza a sociedades relacionadas con la petrolera israelí Navitas y a sus directivos y representantes.

La acción será impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Según la Oficina del Presidente, la denuncia se fundamenta en que algunas de las compañías involucradas presuntamente cuentan con licencias otorgadas por autoridades británicas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte, algo que Buenos Aires considera contrario a la legislación argentina.

Las empresas señaladas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La denuncia también alcanza a quienes hayan intervenido en las actividades cuestionadas, incluidos directores, gerentes, administradores, representantes y otros responsables corporativos, de acuerdo con el comunicado oficial.

El Gobierno argentino sostiene que las operaciones vulnerarían la Ley 26.659, normativa que establece condiciones para las actividades relacionadas con hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Para la Casa Rosada, el problema no se limita a una cuestión empresarial: está directamente relacionado con la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas y con la protección de los recursos naturales del Atlántico Sur.

El proyecto petrolero que está en el centro de la disputa

Uno de los principales focos del conflicto es Sea Lion, un proyecto petrolero offshore situado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa está liderada por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que la británica Rockhopper Exploration mantiene el 35% restante. El proyecto contempla una inversión estimada de unos US$2.200 millones y tiene como objetivo iniciar la producción de petróleo en 2028.

Las empresas involucradas sostienen una posición completamente diferente a la del Gobierno argentino. Navitas y Rockhopper consideran válidas las licencias que habilitan sus actividades y señalan que fueron otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido. Argentina, en cambio, sostiene que esas autorizaciones no pueden habilitar legalmente la explotación de recursos que considera pertenecientes a su territorio y plataforma continental.

La dimensión económica del proyecto explica buena parte de la importancia estratégica de la disputa. Estimaciones citadas por Reuters sitúan los recursos potenciales de Sea Lion en alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo, aunque el volumen económicamente recuperable dependerá del desarrollo definitivo del proyecto y de sus resultados productivos.

Milei endurece su posición sobre Malvinas

La denuncia representa un nuevo escalón en el endurecimiento de la posición del Gobierno argentino frente a las empresas que participan en actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

En los últimos días, Milei anunció medidas para reforzar las sanciones contra compañías que intervengan en proyectos de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El Gobierno también impulsa modificaciones a la legislación para agilizar la aplicación de sanciones y prepara una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La Casa Rosada vinculó además esta política con el fortalecimiento de las capacidades estratégicas argentinas en el Atlántico Sur. En una instrucción presidencial difundida el 7 de septiembre, Milei ordenó priorizar en el Presupuesto 2027 el desarrollo de una Base Naval Integrada y otros proyectos destinados a fortalecer la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.

Una disputa que vuelve a involucrar a Israel

El caso tiene además una dimensión diplomática particular porque Navitas es una empresa de capital israelí. Esto adquiere relevancia después de que el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pidiera públicamente al Gobierno de Benjamin Netanyahu que reconociera las Malvinas como territorio argentino ocupado.

El planteamiento de Ben Gvir no representa, sin embargo, un cambio oficial de la posición del Gobierno israelí sobre la soberanía de las islas. Su declaración individual coincidió temporalmente con la ofensiva judicial argentina contra las empresas vinculadas al proyecto petrolero.

El episodio coloca a Milei ante una situación diplomática particularmente delicada: Argentina mantiene una estrecha relación política con Israel, pero al mismo tiempo el Gobierno argentino está actuando judicialmente contra una empresa israelí por sus actividades relacionadas con las Malvinas. Buenos Aires sostiene que las medidas contra las compañías no tienen como objetivo afectar las relaciones bilaterales con Israel.

Reino Unido mantiene su posición

El Reino Unido continúa respaldando la administración británica de las islas y la posición de sus habitantes respecto de su futuro. Para Londres y las autoridades de las Malvinas, las actividades hidrocarburíferas se desarrollan bajo las autorizaciones correspondientes.

La disputa jurídica argentina, por lo tanto, se superpone con una controversia de soberanía que lleva décadas y que permanece sin solución diplomática definitiva. La explotación de petróleo agrega ahora un componente económico y energético de enorme importancia a una disputa históricamente centrada en el territorio.

Para Argentina, permitir que empresas extranjeras exploten hidrocarburos en el área sin autorización de Buenos Aires supone un precedente que el Gobierno considera necesario combatir mediante instrumentos legales. Para las compañías y las autoridades británicas, las operaciones se encuentran amparadas por las licencias que consideran válidas.

Un conflicto que puede trascender las fronteras

La presentación judicial no significa por sí misma que las operaciones petroleras vayan a detenerse inmediatamente. Su impacto dependerá de las decisiones que adopte la Justicia argentina, de las posibles medidas administrativas y de la respuesta de las empresas y del Reino Unido.

Lo que sí cambia es el nivel de confrontación: la Argentina ya no se limita a expresar su rechazo diplomático a la explotación de hidrocarburos en las Malvinas, sino que busca responsabilizar penalmente a las compañías, a sus accionistas y a quienes hayan intervenido en las operaciones.

El proyecto Sea Lion, cuya producción está prevista para 2028, queda así en el centro de una disputa que combina soberanía, petróleo, inversiones internacionales, derecho argentino y relaciones entre Argentina, Reino Unido e Israel. El desenlace podría convertirse en uno de los principales capítulos de la cuestión Malvinas de los próximos años.