La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, explicó los motivos por los que decidió suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La magistrada sostuvo que su resolución no busca impedir la persecución de los delitos cometidos por adolescentes, sino evitar que el Estado amplíe el sistema de encierro sin contar previamente con establecimientos, personal especializado y recursos suficientes.

La controversia comenzó después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual determinados adolescentes pueden quedar alcanzados por el sistema penal. La aplicación de la normativa fue suspendida preventivamente en territorio bonaerense por 60 días a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.

Pascual dejó en claro que no está en desacuerdo con que la edad de imputabilidad haya sido fijada en los 14 años. Su cuestionamiento está dirigido a las condiciones concretas en las que esa ampliación del sistema podría comenzar a aplicarse. Según explicó, si ingresan más adolescentes al sistema penal sin que existan lugares adecuados para alojarlos y equipos profesionales capaces de trabajar con ellos, el resultado puede ser contraproducente tanto para los jóvenes como para la sociedad.

“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó la magistrada, quien también rechazó la idea de que su postura implique desconocer la gravedad de los delitos cometidos por menores. “No romantizo con los chicos que salen con un arma”, sostuvo, al explicar que su preocupación está vinculada con lo que ocurre después de la detención y con la capacidad real del Estado para evitar que el encierro agrave la conducta del adolescente.

Uno de sus principales argumentos se relaciona con las condiciones de los establecimientos existentes. La jueza recordó que su propio juzgado ya había establecido un límite de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad. Para la magistrada, ampliar la cantidad de jóvenes privados de libertad sin resolver previamente esas deficiencias supone un riesgo de hacinamiento y de vulneración de derechos.

Pascual fue particularmente crítica con un modelo basado exclusivamente en el encierro. Según su razonamiento, un adolescente que permanece privado de libertad sin educación, capacitación laboral ni tratamiento adecuado puede salir del sistema con mayores niveles de agresividad. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió.

La magistrada también planteó la tensión que enfrenta la Justicia entre las demandas de las víctimas y la obligación del Estado de procurar que los adolescentes que cometieron delitos puedan reinsertarse. Reconoció que muchas víctimas esperan que los responsables permanezcan durante largos períodos en prisión, pero sostuvo que el sistema penal también debe buscar que quienes recuperen la libertad no regresen a la sociedad con una mayor capacidad para cometer delitos.

Otro punto relevante de su explicación es que la suspensión no significa que todos los adolescentes de 14 y 15 años queden automáticamente en libertad ni que desaparezca la posibilidad de intervenir judicialmente ante determinados delitos. La medida cautelar frena temporalmente la aplicación del nuevo régimen en la provincia mientras se analiza si existen las condiciones necesarias para implementarlo.

La jueza sostuvo además que actualmente ya existen mecanismos que permiten a los jueces de garantías adoptar medidas de privación de libertad respecto de adolescentes de determinadas edades, de acuerdo con la legislación procesal bonaerense. Según su explicación, actualmente hay alrededor de 100 menores de entre 14 y 16 años detenidos en la provincia, una cifra que evidencia que el debate sobre la responsabilidad penal juvenil no comienza con la nueva ley.

La resolución provocó una fuerte reacción política. Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, cuestionó públicamente a la Justicia bonaerense y sostuvo que existe una posición “garantista” que favorece a los delincuentes. Pascual respondió que se considera garantista, pero en un sentido diferente: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad”. También remarcó que vive en el Conurbano y que, como madre, quiere poder transitar la provincia con tranquilidad.

El plazo de 60 días adquiere ahora especial importancia. Pascual planteó que ese período debería servir para que los distintos poderes del Estado definan quién supervisará a cada adolescente, qué recursos tendrán los centros especializados y cómo se aplicarán las medidas alternativas al encierro previstas por la legislación. Su planteo apunta a que la discusión deje de centrarse exclusivamente en la edad de imputabilidad y pase también por la capacidad efectiva del Estado para aplicar la ley.

El caso bonaerense abre así un debate que trasciende la decisión de una jueza. La discusión enfrenta dos preocupaciones legítimas: la necesidad de dar una respuesta efectiva a las víctimas y a la inseguridad, y la obligación de que el sistema penal juvenil funcione con establecimientos adecuados, educación, tratamiento, capacitación y mecanismos de reinserción. La cuestión que deberá resolverse durante los próximos 60 días es si la provincia está preparada para aplicar el nuevo régimen sin convertir una reforma destinada a combatir el delito en un sistema de encierro incapaz de reducir la reincidencia.