El desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas, volvió a colocar la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido en el centro de la agenda internacional. El presidente Javier Milei anunció nuevas medidas contra las empresas vinculadas al proyecto y advirtió que la explotación petrolera podría modificar de manera significativa la realidad económica y estratégica del Atlántico Sur.

Sea Lion se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la denominada Cuenca Malvinas Norte, a unos 450 metros de profundidad. El proyecto es desarrollado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% y actúa como operadora, y la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante. El descubrimiento de petróleo en el área se remonta a 2010, pero durante años el proyecto permaneció en distintas etapas de evaluación hasta alcanzar la decisión final de inversión en diciembre de 2025.

La dimensión económica explica buena parte de la preocupación argentina. De acuerdo con la información publicada por las compañías, la primera fase contempla una inversión de aproximadamente US$2.200 millones según Rockhopper, mientras que Infobae desglosa US$1.800 millones hasta alcanzar la primera producción y otros US$2.100 millones para las etapas posteriores. Las diferencias responden al alcance temporal y contable considerado en cada estimación.

La primera producción está prevista para marzo de 2028, con una capacidad inicial cercana a 50.000 barriles diarios. Navitas calcula actualmente unas reservas probadas y probables de 314 millones de barriles para el yacimiento, mientras que Reuters recoge una estimación más amplia de aproximadamente 1.700 millones de barriles de petróleo en recursos del campo. Por eso es importante distinguir entre recursos potenciales y reservas técnicamente clasificadas para explotación.

El proyecto tampoco se limitaría a una única etapa. La fase inicial prevé 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO. Tres años después de la primera extracción se proyectan otros 12 pozos en la misma área. Posteriormente, el denominado Área de Desarrollo Central contempla 20 pozos adicionales y una segunda fase con otros 18. En conjunto, el programa supera los 60 pozos submarinos.

La empresa Navitas sostiene que Sea Lion tiene capacidad para convertirse en una operación de larga duración. Según la información oficial de la compañía, el desarrollo podría mantener producción durante más de 30 años, generando actividad económica y empleo tanto en las islas como en la cadena de proveedores vinculada al Reino Unido.

¿Por qué preocupa tanto a Argentina?

El problema para Buenos Aires no es solamente petrolero. El proyecto toca directamente el núcleo de la disputa por la soberanía de las Malvinas.

Argentina sostiene que las islas forman parte de su territorio nacional y considera ilegítimas las licencias otorgadas para explorar y explotar hidrocarburos en el área. El Gobierno argentino argumenta que la explotación unilateral de recursos naturales en una zona cuya soberanía se encuentra disputada contradice resoluciones de Naciones Unidas, entre ellas la Resolución 2065 de la Asamblea General.

El Reino Unido y las autoridades de las islas mantienen una posición completamente diferente. Navitas y Rockhopper sostienen que operan bajo licencias válidas otorgadas por el Gobierno de las Islas Falkland, con el respaldo del Gobierno británico. Las compañías afirmaron además que las nuevas declaraciones de Milei no deberían producir un efecto material sobre el calendario del proyecto.

La disputa adquiere ahora una dimensión empresarial internacional. Navitas cotiza en Tel Aviv y tiene una fuerte vinculación con inversores israelíes. Rockhopper cotiza en Londres y también cuenta entre sus principales accionistas con fondos con sede en Israel. Reuters informó que, después de las declaraciones de Milei, las acciones de Navitas llegaron a caer alrededor de 6%, mientras que Rockhopper llegó a perder aproximadamente 12%.

Milei anuncia sanciones más rápidas

En su mensaje por cadena nacional, Milei anunció que Argentina buscará acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

El Gobierno pretende además incorporar controles adicionales en los trámites relacionados con hidrocarburos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con el objetivo de impedir que empresas involucradas en explotaciones que Argentina considera ilegales puedan beneficiarse de determinados mecanismos de inversión. La Cancillería informó que ya había enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con distintos proyectos en las islas.

Reuters informó que las eventuales sanciones podrían alcanzar no solamente a las compañías directamente involucradas, sino también a accionistas, directores y proveedores, ampliando considerablemente el alcance económico de la respuesta argentina.

Una paradoja en la relación con Israel

El caso presenta además una particularidad diplomática. Milei mantiene una de las posiciones más favorables a Israel entre los presidentes latinoamericanos, y su Gobierno ha profundizado la relación bilateral con Jerusalén.

Sin embargo, uno de los principales proyectos petroleros vinculados con las Malvinas tiene como protagonista a una empresa israelí. El 65% de Sea Lion pertenece a Navitas y su presidente, Gideon Tadmor, posee aproximadamente el 9% de las acciones de la compañía. Reuters también señala que varios fondos israelíes figuran entre los principales accionistas de Rockhopper.

El canciller argentino Pablo Quirno afirmó que las medidas contra las empresas petroleras no deberían perjudicar la relación entre Argentina e Israel y aseguró que ambos gobiernos mantienen comunicación permanente.

Un nuevo factor estratégico en el Atlántico Sur

El petróleo agrega una dimensión económica a una disputa que durante décadas estuvo dominada por cuestiones históricas, diplomáticas y militares. Si Sea Lion comienza a producir en 2028 y alcanza las metas previstas, las Malvinas podrían convertirse en una zona productora de hidrocarburos con ingresos sostenidos durante décadas.

Para Argentina, esto implica el riesgo de que un territorio cuya soberanía reclama consolide además una economía asociada a la explotación de sus recursos naturales. Para las autoridades británicas y de las islas, en cambio, el desarrollo petrolero representa una oportunidad para diversificar una economía históricamente dependiente de actividades como la pesca, la ganadería y el sector público.

La cuestión también tiene implicancias para el Atlántico Sur. El petróleo, las rutas marítimas, la presencia militar, la pesca y los recursos naturales convierten al área en un espacio de creciente importancia estratégica. La tensión diplomática se produce además en un momento en que Washington ha generado expectativas en Buenos Aires sobre una eventual revisión de su posición histórica respecto de la disputa, aunque no existe hasta ahora un cambio formal de la política estadounidense que modifique el estatus jurídico de las islas.

¿Qué puede pasar ahora?

El escenario más probable en el corto plazo es una combinación de presión diplomática, medidas económicas y disputa jurídica, mientras las empresas continúan preparando el desarrollo petrolero.

Navitas y Rockhopper aseguran que mantienen sus licencias y que cuentan con respaldo británico. Argentina, por su parte, intenta aumentar el costo legal y económico para las compañías que participen en la explotación. La disputa podría alcanzar también a proveedores internacionales que colaboren con la construcción, perforación, logística y transporte asociados a Sea Lion.

El punto decisivo será 2028. Si Sea Lion comienza efectivamente a producir petróleo, la controversia dejará de ser una discusión sobre un proyecto futuro y pasará a involucrar ingresos concretos, infraestructura energética, empleo, proveedores internacionales y una nueva fuente de renta en un territorio cuya soberanía Argentina continúa reclamando.

Para Buenos Aires, el temor no es únicamente cuánto petróleo pueda extraerse. La preocupación central es que cada barril producido fortalezca económicamente la administración británica de las islas y haga más difícil modificar, por la vía diplomática, una situación que Argentina considera una ocupación territorial. Para Londres y las autoridades isleñas, el argumento es exactamente el contrario: el desarrollo de recursos bajo su administración constituye una actividad económica legítima.

Sea Lion se convierte así en mucho más que un proyecto petrolero. Es el punto donde se cruzan petróleo, soberanía, inversiones internacionales, relaciones con Israel, intereses británicos y la disputa histórica entre Argentina y el Reino Unido. Y a medida que se acerca 2028, cada etapa del proyecto puede transformar el equilibrio económico y estratégico del Atlántico Sur.

Foto: REUTERS / Marcos Brindicci