Venezuela: el Parlamento aprobó una reforma para acelerar la construcción de viviendas tras los terremotos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma legal destinada a acelerar la construcción de viviendas para las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio, que provocaron una grave emergencia habitacional, especialmente en el estado de La Guaira. La nueva normativa reemplaza la antigua Ley contra la Estafa Inmobiliaria y pasa a denominarse Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas.

La legislación está compuesta por 40 artículos y establece nuevas reglas para los contratos, las ventas, las responsabilidades de las empresas constructoras y los controles que deberá realizar el Ministerio de Vivienda y Hábitat. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo que el objetivo es permitir que los afectados puedan acceder a una vivienda con mayor rapidez, en un contexto en el que miles de familias continúan dependiendo de soluciones transitorias.

Uno de los principales cambios es la creación de fideicomisos por parte de las empresas constructoras, junto con mayores exigencias sobre la documentación de cada proyecto. Las compañías deberán especificar en los contratos las características de las viviendas que serán construidas y establecer claramente el cronograma previsto para la ejecución de las obras.

La reforma también incorpora multas para las empresas que incumplan las nuevas obligaciones, incluyendo retrasos en la presentación de documentos, problemas relacionados con los permisos de construcción, desacato a las disposiciones oficiales o incumplimiento de medidas preventivas. Las sanciones pueden alcanzar montos equivalentes a miles de veces la moneda de mayor valor utilizada como referencia en Venezuela.

La medida está directamente relacionada con la emergencia provocada por los dos terremotos registrados el 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5. La Guaira fue una de las zonas más afectadas y el Gobierno venezolano calculó que serían necesarias alrededor de 25.000 viviendas nuevas para atender a las personas que perdieron sus hogares.

Para determinar con mayor precisión la cantidad de familias que necesitan una solución habitacional, las autoridades pusieron en marcha un censo biométrico en campamentos temporales de Caracas, Miranda y La Guaira. El objetivo es identificar a los damnificados y establecer cuántas viviendas deberán incorporarse al programa de reconstrucción.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había prometido que los damnificados recibirán nuevas viviendas antes de finalizar el año. El cumplimiento de ese objetivo dependerá ahora de la capacidad del Gobierno para poner en marcha los proyectos, garantizar los recursos y acelerar los procesos de construcción sin que las nuevas exigencias administrativas terminen retrasando las obras.

La reconstrucción también enfrenta otro problema: la enorme cantidad de materiales generados por el colapso y demolición de estructuras dañadas. Según las autoridades, en La Guaira se habían recolectado 2,1 millones de toneladas de escombros durante casi dos meses de trabajo. Parte de esos materiales está siendo trasladada a centros de disposición temporal para su posterior procesamiento.

Tres de los 14 centros habilitados fueron destinados al tratamiento y trituración de concreto, acero, plástico y madera, con la intención de reutilizar parte de los materiales dentro del proceso de reconstrucción. Las autoridades estiman que este procedimiento podría reducir considerablemente el volumen de residuos y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

La nueva ley se suma a otras medidas adoptadas por el Parlamento venezolano para enfrentar la emergencia habitacional. A comienzos de agosto también fue aprobada una normativa especial para facilitar los alquileres de viviendas, eliminando determinadas exigencias que dificultaban que las personas afectadas pudieran acceder rápidamente a un inmueble mientras esperan una solución definitiva.

El desafío ahora será transformar las decisiones legislativas en viviendas concretas. Miles de personas continúan dependiendo de campamentos y soluciones temporales, mientras las autoridades deben resolver simultáneamente la disponibilidad de terrenos, los materiales, los permisos, el financiamiento y la reconstrucción de las zonas más afectadas.

La reforma representa un nuevo paso dentro de la respuesta venezolana a la emergencia habitacional provocada por los terremotos de junio. El Gobierno busca acelerar la construcción y, al mismo tiempo, establecer mayores controles sobre las empresas que participen en los proyectos. El resultado de este proceso será determinante para saber si las promesas de reconstrucción pueden convertirse en una solución efectiva para las familias que perdieron sus viviendas.