América Latina: la economía crecerá 2,2% en 2026 y enfrenta un escenario marcado por la baja inversión y la informalidad

América Latina y el Caribe crecerán apenas 2,2% en 2026, por debajo del 2,4% registrado en 2025, en un escenario internacional más complejo y con problemas estructurales que continúan limitando la capacidad de desarrollo de la región. La proyección indica que el crecimiento seguirá siendo insuficiente para aumentar de manera sostenida el ingreso por habitante, reducir las brechas sociales y ampliar el margen de los gobiernos para financiar políticas públicas. Para 2027 se espera una recuperación moderada, hasta el 2,5%.

El nuevo escenario económico está condicionado por un menor crecimiento mundial, las tensiones geopolíticas, la volatilidad financiera y las presiones sobre los mercados de energía. La economía global crecería 2,9% este año, su menor expansión desde 2022, mientras que las tasas de interés internacionales todavía elevadas y un dólar fortalecido podrían encarecer el financiamiento para los países emergentes.

Sin embargo, el problema latinoamericano no depende únicamente de lo que ocurre fuera de la región. El diagnóstico señala dificultades más profundas: bajos niveles de inversión, escaso crecimiento de la productividad, menor generación de empleo formal y una informalidad laboral que todavía alcanza aproximadamente a la mitad de los trabajadores. Estas condiciones dificultan que períodos de crecimiento económico se transformen en mejoras duraderas para la población.

América del Sur tendría una expansión promedio de 2,5% en 2026. Dentro del bloque aparecen diferencias importantes entre las economías. Venezuela encabeza las proyecciones con 6,5%, seguida por Paraguay con 4,3%, Argentina con 3,3%, Perú con 3,2% y Colombia con 2,6%. Ecuador crecería 2,4%, Brasil 2,2%, Chile 1,6%, Uruguay 1,5% y Bolivia apenas 0,5%.

La diferencia entre países demuestra que el desempeño regional no será uniforme. Paraguay, Argentina y Perú aparecen entre las economías sudamericanas con mayor crecimiento previsto, mientras Bolivia y Uruguay se ubican en el extremo inferior. Brasil, pese a ser la mayor economía de la región, tendría una expansión cercana al promedio latinoamericano.

México también enfrenta un ritmo reducido. La economía mexicana crecería 1,3% durante 2026, aunque la proyección mejora hasta 1,9% para el próximo año. El resultado refleja la sensibilidad de varias economías latinoamericanas a la evolución del comercio internacional y, especialmente, al comportamiento de sus principales socios comerciales.

En Centroamérica aparecen algunas de las tasas más elevadas de la región. Nicaragua crecería 4,5%, Panamá 4,4% y Guatemala y República Dominicana 4%, mientras El Salvador alcanzaría 3,9%, Costa Rica 3,7% y Honduras 3,5%. El desempeño de varios de estos países está relacionado con el consumo, las exportaciones, el turismo y el ingreso de remesas.

El panorama cambia radicalmente en algunas economías. Cuba tendría una contracción de 10,3% en 2026, seguida por una nueva caída de 5,1% en 2027. Haití también registraría una contracción este año, estimada en 1,9%, mientras Jamaica entraría en recesión con una caída de 1,2%, aunque se espera una recuperación posterior.

En el Caribe, Guyana constituye una excepción extraordinaria debido al impacto de su producción petrolera. El país crecería 16,2% en 2026 y 19,7% en 2027, tasas muy superiores al promedio regional. El resultado, sin embargo, está fuertemente relacionado con el boom de los hidrocarburos y no representa necesariamente una tendencia que pueda reproducirse en el conjunto del Caribe.

La inflación, mientras tanto, permanecería relativamente contenida, aunque su convergencia hacia los objetivos de los bancos centrales podría ser más lenta. Las nuevas presiones están relacionadas principalmente con la energía y los fertilizantes, factores que pueden trasladarse progresivamente a diferentes sectores de la economía.

El mercado laboral presenta señales mixtas. Durante 2025, el número de personas ocupadas aumentó 1,6%, equivalente a unos 4,3 millones de nuevos puestos de trabajo, y la tasa de desempleo regional descendió hasta 5,3%. Sin embargo, el ritmo de creación de empleo se desaceleró por tercer año consecutivo.

El problema más persistente continúa siendo la informalidad. Aunque su proporción disminuyó, cerca de la mitad de los trabajadores latinoamericanos todavía se encuentran en empleos informales, con menores niveles de protección social y, en muchos casos, ingresos más inestables. Esta situación limita tanto el bienestar de las familias como la capacidad de los Estados para ampliar sus sistemas de protección.

La inversión aparece entonces como uno de los principales desafíos. Sin un aumento sostenido de la inversión pública y privada, la región tendrá dificultades para elevar la productividad, incorporar nuevas tecnologías y generar empleos de mayor calidad.

El problema fiscal complica esa tarea. La deuda pública bruta regional se mantiene alrededor del 52% del producto interno bruto, mientras los elevados costos de financiamiento y el aumento de los pagos de intereses reducen el margen disponible para realizar nuevas inversiones.

Los gobiernos enfrentan así una doble presión: necesitan gastar más en infraestructura, protección social y transformación productiva, pero al mismo tiempo cuentan con menos espacio fiscal para hacerlo. El bajo crecimiento reduce los ingresos y el costo de la deuda absorbe una parte importante de los recursos disponibles.

La situación también está relacionada con la productividad. Una economía puede aumentar su producción durante algunos años simplemente incorporando más trabajadores o aprovechando determinados ciclos de precios, pero para sostener un crecimiento mayor durante períodos prolongados necesita producir más con los mismos recursos.

Por eso, la formalización del empleo adquiere una importancia que va más allá de las condiciones laborales. Reducir la informalidad puede ampliar la protección social, mejorar la productividad, aumentar la recaudación y fortalecer la capacidad de los trabajadores y las empresas para participar en actividades de mayor valor agregado.

El desafío para América Latina consiste entonces en transformar la estabilidad macroeconómica alcanzada en varios países en una plataforma para crecer de manera sostenida. Mantener controlada la inflación y las cuentas públicas es importante, pero no suficiente si la inversión continúa siendo baja y la productividad permanece estancada.

La región llega a 2026 con una economía que sigue creciendo, pero sin la velocidad necesaria para producir un cambio estructural significativo. El problema no es una recesión generalizada, sino la persistencia de un crecimiento demasiado lento durante demasiado tiempo.

Si las actuales proyecciones se cumplen, América Latina acumulará cinco años con una expansión promedio cercana al 2,3%. Para los gobiernos, esto significa que las políticas económicas deberán concentrarse cada vez más en elevar la inversión, mejorar la productividad y generar empleos formales.

El principal riesgo para la región no es dejar de crecer, sino acostumbrarse a crecer poco. Una expansión de 2,2% puede evitar una crisis inmediata, pero resulta insuficiente para reducir rápidamente la pobreza, mejorar los ingresos y cerrar las brechas de desarrollo que persisten entre países y dentro de ellos.

El escenario de 2026 obliga así a América Latina a enfrentar un problema que combina factores externos e internos. Las tensiones internacionales, el costo del financiamiento y la energía condicionan el entorno, pero la baja productividad, la escasa inversión y la informalidad continúan siendo los obstáculos centrales para alcanzar un crecimiento más fuerte y sostenible.