Chile: crece el debate sobre una posible privatización de Codelco, la principal empresa minera del país

La posibilidad de privatizar parcial o totalmente Codelco volvió al centro del debate político chileno, impulsada por dirigentes de la derecha que respaldan al gobierno de José Antonio Kast. La discusión se produce mientras la estatal enfrenta una elevada deuda, dificultades para aumentar su producción y la necesidad de realizar grandes inversiones para sostener sus principales yacimientos. Al mismo tiempo, el precio internacional del cobre atraviesa un período favorable y Codelco mantiene una posición estratégica tanto en el cobre como en el litio.

La privatización completa no sería sencilla. Codelco está protegida por la Constitución chilena, por lo que una operación de ese alcance requeriría modificar el marco constitucional y alcanzar un quórum de cuatro séptimos en el Congreso. Sin embargo, existe otra posibilidad que genera preocupación entre los trabajadores: la venta de activos o participaciones que Codelco posee en otras compañías, una operación que podría realizarse mediante decisiones de su directorio sin necesidad de privatizar formalmente la empresa.

El debate fue reactivado por Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, quien planteó que después de la aprobación del programa económico del Gobierno debería discutirse la privatización de Codelco o, al menos, la apertura de una parte de su propiedad a capitales privados. Johannes Kaiser, dirigente del Partido Nacional Libertario, fue todavía más lejos al defender una privatización parcial en la que el Estado conservaría la mayoría accionaria, pero dejaría la gestión en manos privadas.

El Gobierno, sin embargo, ha intentado marcar distancia con una privatización directa. El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que existe la posibilidad de vender algunos activos considerados prescindibles, pero aseguró que el Ejecutivo no está planteando privatizar Codelco. El problema es que todavía no se ha detallado públicamente qué bienes podrían ser vendidos, una falta de precisión que alimenta las sospechas entre los sindicatos.

La Federación de Trabajadores del Cobre considera que vender activos estratégicos equivale, en la práctica, a avanzar hacia una privatización. Los sindicatos ya anunciaron que están dispuestos a movilizarse para impedirlo, mientras sostienen que Codelco continúa siendo uno de los principales instrumentos del Estado chileno para obtener recursos de la explotación de sus riquezas minerales.

La dimensión económica de Codelco explica buena parte de la disputa. Según cifras citadas por la Federación de Trabajadores del Cobre, la empresa aportó US$12.600 millones al Estado durante los últimos cinco años y unos US$164.000 millones a lo largo de su historia. Para los trabajadores, esos recursos demuestran que la empresa no puede ser evaluada únicamente por su nivel de deuda o por sus dificultades operacionales actuales.

El endeudamiento constituye, precisamente, uno de los principales argumentos utilizados por quienes reclaman cambios profundos. Codelco acumula una deuda cercana a los US$26.000 millones, mientras sus principales yacimientos enfrentan un problema estructural: la disminución de la concentración de cobre que puede extraerse de la roca. La ley promedio del mineral pasó de 1,7% en 1990 a aproximadamente 0,65% en 2025, lo que obliga a realizar mayores inversiones para mantener los niveles de producción.

La empresa, sin embargo, no atraviesa una situación que pueda describirse simplemente como una quiebra. Codelco mantiene acceso al financiamiento internacional y tiene alrededor de US$25.000 millones emitidos en bonos en Wall Street, mientras su capacidad de generar utilidades continúa vigente. El problema central está relacionado con la necesidad de invertir, mejorar la productividad y garantizar la continuidad de sus grandes operaciones mineras.

En ese contexto, el Gobierno de Kast tomó recientemente una decisión relevante: autorizó que Codelco retenga el 100% de las utilidades correspondientes a 2025, por unos US$2.422 millones, para destinarlas a fortalecer la propia empresa. El Ejecutivo presentó la medida como una forma de mejorar su posición financiera y apoyar sus inversiones.

La decisión tiene un significado particular porque durante muchos años las utilidades de Codelco fueron transferidas al Estado en lugar de ser reinvertidas en la compañía. La estatal necesita ahora grandes recursos para extender la vida útil de sus minas, modernizar sus operaciones y enfrentar el deterioro natural de los yacimientos más antiguos.

Codelco también está cambiando su posición dentro de la industria minera. La empresa ya no depende exclusivamente del cobre y se convirtió en un actor relevante en el litio, después de asociarse con SQM para participar en la explotación del Salar de Atacama. Además, mantiene participaciones en proyectos como El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

Esta expansión adquiere mayor importancia por la transformación de la demanda mundial de minerales. El cobre es considerado esencial para las redes eléctricas, los vehículos eléctricos, las energías renovables y los centros de datos utilizados por la inteligencia artificial. Las estimaciones citadas por el reporte indican que la demanda mundial podría pasar de unos 28 millones de toneladas anuales a cerca de 40 millones hacia 2040.

Para algunos economistas, esa perspectiva hace que una eventual venta de Codelco deba analizarse con especial cuidado. El valor estratégico de la empresa podría aumentar precisamente cuando el cobre adquiere mayor importancia para la transición energética y tecnológica mundial. Desde esta perspectiva, desprenderse de activos durante un período de dificultades financieras podría generar ingresos inmediatos, pero también reducir la capacidad futura del Estado para beneficiarse de un mercado que podría mantenerse fuerte durante décadas.

El académico Emilio Castillo, de la Universidad de Chile, considera que Codelco enfrenta una situación compleja por su endeudamiento y por incumplimientos en objetivos de producción, inversión y plazos de proyectos, pero no puede concluirse que la compañía esté quebrada, ya que continúa cumpliendo sus obligaciones y conserva capacidad para generar utilidades. A su juicio, el desafío pasa por mejorar la gestión, incorporar tecnología y desarrollar recursos que todavía permanecen sin explotar.

Otro análisis citado por el reporte sostiene que la empresa podría mejorar progresivamente sus resultados mediante asociaciones con compañías privadas, sin necesidad de abandonar el control estatal. Esa alternativa permitiría incorporar capital, tecnología y capacidad de gestión manteniendo a Codelco como una empresa pública estratégica.

La diferencia entre una asociación público-privada y una privatización será, por lo tanto, uno de los puntos centrales de la discusión. El Gobierno puede buscar capital privado para determinados proyectos sin necesariamente transferir el control de la compañía. Para los sindicatos, en cambio, la venta de participaciones o activos estratégicos podría convertirse en el primer paso de un proceso más amplio.

La disputa también tiene una fuerte carga histórica. Codelco nació de la nacionalización del cobre aprobada en 1971 durante el gobierno de Salvador Allende, una decisión que convirtió los principales yacimientos del país en propiedad estatal. Incluso durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se aplicaron profundas reformas económicas y privatizaciones, Codelco permaneció bajo control estatal.

Por esa razón, la discusión actual supera ampliamente una cuestión empresarial. Para una parte de la sociedad chilena, Codelco representa el control nacional sobre uno de los principales recursos naturales del país. Para quienes defienden una apertura al capital privado, en cambio, la prioridad debería ser conseguir recursos y mejorar la eficiencia de una empresa que necesita inversiones cada vez mayores.

El debate también puede adquirir una dimensión política durante el gobierno de Kast. Si la administración decide avanzar con la venta de activos o modificar la estructura de Codelco, deberá enfrentar la resistencia de los sindicatos y posiblemente una fuerte oposición política y social.

Por ahora, no existe una decisión oficial de privatizar Codelco. Lo que sí existe es una discusión abierta dentro de sectores de la derecha sobre la posibilidad de incorporar capital privado y vender determinados activos, mientras el Gobierno sostiene que la prioridad inmediata es fortalecer financieramente la estatal.

La decisión de capitalizar sus utilidades de 2025 muestra que, al menos en esta etapa, el Ejecutivo está utilizando recursos para reforzar la empresa y no para desprenderse directamente de ella. Pero la discusión sobre su futuro seguirá abierta mientras persistan la deuda, las necesidades de inversión y el creciente interés internacional por el cobre y el litio.

Codelco se encuentra así frente a una encrucijada estratégica: modernizarse y recuperar capacidad productiva manteniendo el control estatal, o abrir una parte mayor de sus operaciones al capital privado. El resultado de esa discusión no afectará solamente a la empresa, sino también a las finanzas públicas y a la posición de Chile en el mercado mundial de minerales críticos.