La Asamblea Nacional de Venezuela abrió una investigación contra el diputado opositor Antonio Ecarri, después de que el parlamentario anunciara una propuesta para avanzar hacia la dolarización formal de la economía venezolana. La iniciativa provocó una fuerte reacción del oficialismo y volvió a colocar en el centro del debate nacional el futuro del bolívar, la inflación y el poder adquisitivo de los venezolanos.

El conflicto político se produjo este 22 de agosto de 2026, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la apertura de un proceso para determinar posibles faltas cometidas por Ecarri a raíz de su propuesta económica. La decisión fue comunicada públicamente por el Parlamento y estuvo acompañada por la salida del diputado de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos.

Ecarri, dirigente del partido Lápiz, había anunciado que trabaja en una propuesta destinada a establecer las bases para una dolarización formal de Venezuela. El planteamiento cuenta con el asesoramiento del economista estadounidense Steve Hanke, conocido por sus posiciones favorables a la dolarización como mecanismo para combatir procesos inflacionarios severos.

La propuesta parte de una preocupación central: la pérdida de valor de la moneda venezolana y el deterioro del poder adquisitivo. Ecarri sostiene que la adopción formal del dólar permitiría proporcionar una moneda más estable para los salarios, los ahorros y el patrimonio de los ciudadanos, además de reducir la incertidumbre cambiaria.

El economista Steve Hanke también ha defendido públicamente la eliminación del bolívar como moneda nacional y la adopción del dólar como una vía para combatir la inflación. Según sus cálculos citados en la discusión actual, la inflación venezolana alcanza niveles extremadamente elevados, lo que vuelve a colocar la estabilidad monetaria entre las principales preocupaciones económicas del país.

La reacción del oficialismo fue inmediata. Jorge Rodríguez calificó la iniciativa como una “estupidez” durante una sesión parlamentaria y sostuvo que el planteamiento vulneraría disposiciones constitucionales y reglamentarias. Ecarri no estuvo presente en esa sesión cuando se produjo la discusión.

El argumento jurídico presentado por la Asamblea se basa en que la Constitución venezolana establece al bolívar como unidad monetaria de la República y asigna al Banco Central de Venezuela competencias relacionadas con la política monetaria. Desde esa perspectiva, una eventual dolarización formal requeriría modificaciones legales y constitucionales de gran alcance.

La controversia demuestra que la propuesta de Ecarri no es simplemente una discusión técnica sobre política económica. La moneda también representa una cuestión de soberanía económica y de poder institucional, por lo que cualquier intento de sustituir formalmente al bolívar tendría consecuencias políticas profundas.

Venezuela ya utiliza ampliamente el dólar en diferentes sectores de su economía, aunque el bolívar continúa siendo la moneda oficial. Durante los últimos años, el dólar estadounidense ha adquirido una presencia significativa en transacciones comerciales, precios, alquileres, servicios y mecanismos de ahorro, especialmente como respuesta a la pérdida de valor de la moneda nacional.

La diferencia entre una economía parcialmente dolarizada y una dolarización oficial es fundamental. En el segundo escenario, el Estado abandona formalmente su moneda y adopta otra como principal instrumento monetario, reduciendo drásticamente su capacidad para utilizar la emisión y otros mecanismos propios de una política monetaria independiente.

Ese es precisamente uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la propuesta. Formalizar el uso del dólar podría contribuir a estabilizar los precios y reducir determinados riesgos cambiarios, pero también significaría renunciar a una parte importante de la autonomía monetaria del Estado venezolano.

El debate tampoco es nuevo en América Latina. Países como Ecuador, El Salvador y Panamá utilizan el dólar estadounidense en diferentes modalidades, aunque cada uno posee características institucionales y económicas diferentes. Sus experiencias suelen ser utilizadas tanto por los defensores como por los críticos de la dolarización en Venezuela.

Para sus defensores, la principal ventaja sería la posibilidad de reducir la inflación y recuperar la confianza en la moneda utilizada para ahorrar y realizar transacciones. Una moneda estable puede facilitar la planificación económica de familias y empresas y disminuir los riesgos derivados de fuertes fluctuaciones cambiarias.

Para sus críticos, el problema radica en que la dolarización no resuelve por sí misma los desequilibrios fiscales, la baja productividad, los problemas institucionales ni las dificultades estructurales de una economía. Además, el Estado perdería instrumentos para responder a determinadas crisis mediante política monetaria.

La reacción contra Ecarri adquiere especial relevancia porque la propuesta fue presentada en un momento de profunda discusión sobre el futuro económico y político de Venezuela. El país atraviesa una etapa de transformación institucional y mantiene conversaciones entre sectores políticos que buscan establecer una nueva hoja de ruta para la economía y la reconstrucción nacional.

En este escenario, discutir qué moneda utilizará Venezuela durante los próximos años implica también discutir cómo financiará el Estado sus gastos, cómo protegerá los salarios, cómo funcionará el sistema bancario y qué papel tendrá el Banco Central.

La investigación parlamentaria anunciada contra Ecarri agrega una dimensión política al debate. En lugar de limitarse a una discusión entre economistas sobre las ventajas y desventajas de la dolarización, la propuesta pasó a convertirse en un conflicto institucional entre un sector opositor y la mayoría parlamentaria oficialista.

El caso también muestra hasta qué punto las propuestas económicas pueden transformarse en disputas políticas en Venezuela. La dolarización toca directamente uno de los símbolos centrales de la soberanía económica del país: el bolívar, cuya permanencia está expresamente contemplada en el marco constitucional.

Ecarri, sin embargo, mantiene su posición. Su planteamiento busca avanzar hacia una economía en la que el dólar pueda convertirse formalmente en la moneda utilizada para proteger salarios, ahorros y patrimonio, mientras que Hanke sostiene que abandonar el bolívar permitiría enfrentar con mayor eficacia la inflación.

La discusión recién comienza y todavía no existe una decisión gubernamental para sustituir oficialmente el bolívar. La propuesta de Ecarri no significa que Venezuela haya decidido dolarizar su economía. Por ahora, lo que existe es una iniciativa política de un diputado opositor que provocó una respuesta formal de la Asamblea Nacional.

El proceso anunciado por el Parlamento deberá determinar ahora si la iniciativa de Ecarri infringió normas constitucionales o reglamentarias y cuáles serán las consecuencias políticas para el diputado. Mientras tanto, la discusión económica continuará fuera del recinto parlamentario.

Para los venezolanos, el debate tiene una dimensión cotidiana. La inflación, el valor de los salarios, el precio de los alimentos y la capacidad de preservar los ahorros son problemas que afectan directamente a millones de personas y que explican por qué la discusión sobre la moneda tiene una importancia mucho mayor que una simple disputa parlamentaria.

La dolarización podría convertirse así en uno de los grandes debates económicos de la Venezuela de los próximos años. Sus defensores la presentan como una vía para recuperar estabilidad; sus críticos advierten sobre la pérdida de autonomía monetaria. Entre ambas posiciones existe una pregunta fundamental: qué sistema monetario puede ofrecer estabilidad sin comprometer la capacidad del país para administrar su propia economía.

Por ahora, el bolívar continúa siendo la moneda oficial de Venezuela y la dolarización no ha sido aprobada. Lo que sí ha cambiado es el escenario político: una propuesta que durante años había circulado como parte del debate económico venezolano acaba de provocar una investigación parlamentaria contra uno de sus principales promotores.