Eduardo Torres Ávila, de 37 años, fue asesinado a tiros mientras visitaba a sus hijas en el barrio Olaya Herrera de Cartagena. El crimen ocurrió durante la noche del 21 de agosto y volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas que más preocupa a los habitantes de la ciudad: la violencia homicida y el uso del sicariato por parte de estructuras criminales.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:50 de la noche, en el sector 11 de Noviembre, en Olaya Herrera. De acuerdo con la información entregada por familiares y recogida por las autoridades, Torres había llegado pocos minutos antes a la vivienda donde estaban sus hijas. Se encontraba sentado frente a la casa cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron y el parrillero le disparó varias veces.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Cartagena, pero los médicos confirmaron su fallecimiento. Según sus familiares, Torres era oriundo de Cartagena, se dedicaba a oficios varios y llevaba más de 18 años viviendo en la ciudad junto con su familia, que tiene raíces en el departamento del Chocó.

El caso adquiere una dimensión particularmente dolorosa porque, según el relato familiar, Eduardo había llegado al lugar para llevar dinero solicitado por la madre de sus hijas y aprovechar para visitarlas. Su asesinato ocurrió en presencia de su compañera sentimental, de acuerdo con el testimonio divulgado por El Universal.

La Policía Metropolitana informó que la inspección técnica del lugar fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Las autoridades deberán determinar quién ordenó y quién ejecutó el ataque, además de establecer el móvil del homicidio.

En el reporte policial citado por el medio cartagenero aparece un dato que debe ser tratado con cautela: Torres registraba seis anotaciones judiciales en el Sistema Penal Acusatorio por delitos como estafa, lesiones personales, abuso de confianza y violencia intrafamiliar. Sin embargo, esas anotaciones no permiten establecer por sí mismas que el asesinato estuviera relacionado con esos antecedentes. Esa eventual conexión deberá ser determinada por la investigación.

El asesinato de Torres tampoco ocurrió como un hecho aislado durante aquella noche. Otro homicidio bajo circunstancias violentas fue registrado en el barrio La Candelaria, donde un hombre conocido como alias “el Caché” fue asesinado dentro de una vivienda. La Policía informó que ya trabaja para identificar y localizar al presunto responsable.

La sucesión de hechos vuelve a colocar el sicariato en el centro de la discusión sobre seguridad en Cartagena. Aunque las estadísticas oficiales habían mostrado una reducción de los homicidios durante el primer semestre de 2026, la persistencia de ataques selectivos demuestra que las estructuras criminales continúan representando un desafío importante para las autoridades.

De acuerdo con un balance divulgado por la Policía Metropolitana, durante los primeros 180 días de 2026 Cartagena registró una reducción de 23,9 % en los homicidios frente al mismo período del año anterior. En la modalidad de sicariato, la reducción reportada fue de 33,8 %, mientras que fueron capturadas 51 personas por homicidio, entre ellas 12 presuntos sicarios.

Esos resultados muestran que existe una ofensiva policial contra el fenómeno. Sin embargo, una reducción estadística no significa que el problema haya desaparecido. La aparición de nuevos ataques, especialmente aquellos ejecutados por hombres en motocicleta contra personas que se encuentran en espacios públicos o residenciales, mantiene la sensación de vulnerabilidad entre los habitantes.

En los últimos días, además, la Policía informó sobre operaciones contra estructuras criminales vinculadas presuntamente con homicidios y narcotráfico. En uno de esos procedimientos fueron capturadas tres personas y otra murió durante un operativo relacionado con investigaciones por sicariato. Las autoridades señalaron que estos grupos estarían vinculados con la disputa de rentas criminales y tráfico local de estupefacientes en Cartagena y su área metropolitana.

El contexto representa un desafío para el nuevo Gobierno de Colombia, que deberá demostrar que su política de seguridad puede traducirse en una reducción sostenida de los homicidios y, especialmente, en una mayor capacidad para desarticular las organizaciones que ordenan los asesinatos.

La dificultad no está únicamente en capturar al hombre que dispara. El sicariato funciona como parte de una cadena criminal que puede incluir a quien ordena el homicidio, quien facilita las armas, quien identifica a la víctima, quien proporciona motocicletas o vehículos y quienes controlan las actividades ilegales que generan los recursos para pagar estos ataques.

Por eso, una política efectiva contra el sicariato requiere mucho más que patrullajes posteriores a un asesinato. Las autoridades necesitan fortalecer la inteligencia policial, la investigación criminal, la Fiscalía, el control de armas, el seguimiento financiero de las organizaciones criminales y la persecución de las estructuras que ordenan los homicidios.

Cartagena enfrenta además una situación compleja por la presencia de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas y por la disputa territorial asociada al tráfico de drogas y otras rentas criminales. En ese escenario, los homicidios selectivos pueden convertirse en una herramienta utilizada para resolver disputas, imponer control territorial o eliminar rivales.

El alcalde Dumek Turbay ya había solicitado que Cartagena fuera incluida en las estrategias nacionales de seguridad impulsadas por el nuevo Ejecutivo. La ciudad terminó incorporada a un esquema de brigadas urbanas de seguridad destinado a enfrentar fenómenos como la extorsión y el homicidio violento bajo la modalidad de sicariato.

Esto significa que el problema ya está identificado por las autoridades locales y nacionales. El desafío ahora será convertir los anuncios y operativos en una política sostenida capaz de reducir la capacidad de las organizaciones criminales para ordenar y ejecutar asesinatos.

El caso de Eduardo Torres vuelve a demostrar, además, que el sicariato no siempre se manifiesta en escenarios evidentemente relacionados con actividades criminales. Una persona puede ser atacada mientras visita a sus hijos, permanece frente a una vivienda o desarrolla una actividad cotidiana, y esa imprevisibilidad genera un impacto profundo en la percepción de seguridad de toda la comunidad.

Por eso, la investigación del asesinato deberá avanzar no solamente hacia la identificación de los autores materiales, sino también hacia la determinación de quién ordenó el crimen y por qué. Llegar al sicario puede resolver un homicidio; llegar a quienes financian y organizan los asesinatos permite atacar la estructura que reproduce la violencia.

Para el nuevo Gobierno colombiano, Cartagena representa uno de los escenarios donde deberá demostrar la eficacia de su política de seguridad. Reducir los homicidios, desarticular las organizaciones criminales y recuperar el control de los territorios será una de las principales exigencias de la ciudadanía.

El asesinato de Eduardo Torres Ávila deja nuevamente a una familia sin un padre y a dos hijas sin la presencia de quien había llegado esa noche para visitarlas. Mientras avanza la investigación, el caso se suma a una discusión mucho más amplia: cómo conseguir que el sicariato deje de ser una herramienta cotidiana de las organizaciones criminales y vuelva a convertirse en una excepción dentro de la vida urbana colombiana.

La respuesta no dependerá únicamente de la Policía. La Fiscalía, el Gobierno nacional, la Alcaldía, las autoridades judiciales y los organismos de inteligencia deberán actuar de manera coordinada para atacar las diferentes etapas de la cadena criminal.

Cada homicidio cometido por sicarios representa no solamente una vida perdida, sino también una señal sobre la capacidad de las organizaciones criminales para ejercer violencia. El nuevo Gobierno colombiano tendrá en la lucha contra este fenómeno uno de sus principales desafíos en materia de seguridad.