Argentina: denuncian un presunto esquema de “guardias fantasma” y licitaciones bajo sospecha en un hospital bonaerense

Una investigación periodística puso bajo la lupa al Hospital El Dique, de Ensenada, por un presunto circuito de pagos de “reemplazos de guardia” que habría movilizado al menos $379 millones entre junio de 2024 y junio de 2026. El establecimiento está especializado en rehabilitación y no cuenta con una guardia externa de emergencias, pero documentación analizada por la investigación muestra cientos de reemplazos de guardia rendidos mensualmente ante el Ministerio de Salud bonaerense. La denuncia también señala posibles irregularidades en contrataciones y vínculos personales entre integrantes de la conducción y algunos de los profesionales incluidos en las planillas.

El Hospital El Dique tiene menos de 80 camas y funciona principalmente como centro de rehabilitación, una característica que se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación. De acuerdo con los documentos relevados, durante distintos meses se registraron alrededor de 130 reemplazos de guardia, una cantidad que llamó la atención por las características y dimensiones del establecimiento.

La documentación analizada comprende planillas presentadas desde 2024 y muestra un incremento progresivo de los registros. Según la investigación, en junio de 2024 aparecieron las primeras planillas con 33 guardias, mientras que posteriormente el número de profesionales y prestaciones informadas fue aumentando hasta superar las 100 guardias mensuales.

Los pagos también alcanzaron cifras importantes. En los registros aparecen guardias de 24 horas que se liquidan actualmente en aproximadamente $303.983 para días hábiles y $364.128 para feriados. En algunos meses, el total informado superó los $40 millones y en uno de los períodos analizados llegó a superar los $55 millones cuando se sumaron distintos listados.

Uno de los casos destacados corresponde a mayo de 2026. La documentación habría registrado 133 guardias por $45.477.032, además de otro listado por aproximadamente $10,45 millones. La suma de ambos conceptos llevó el monto de ese mes a unos $55,9 millones.

El relevamiento realizado por la investigación sostiene que, entre junio de 2024 y junio de 2026, las planillas disponibles acumulan $379.038.592. La propia investigación advierte que se trata de una cifra conservadora porque faltan algunos meses de esos períodos y plantea que, si el mecanismo hubiera continuado durante todo el tiempo, el monto podría superar los $600 millones.

Otro de los elementos que generó cuestionamientos es la composición de los listados. Entre las personas que aparecen asociadas a los reemplazos figuran médicos, bioquímicos, enfermeros, terapistas ocupacionales y fonoaudiólogos, y la investigación sostiene que en algunos casos existen vínculos personales con integrantes de la conducción del establecimiento.

También se cuestiona la correspondencia entre determinadas especialidades y las funciones que aparecen registradas en las planillas. La investigación menciona casos en los que profesionales de determinadas áreas figurarían reemplazando a médicos de otras especialidades, una situación que debería ser explicada documentalmente por las autoridades sanitarias para determinar si se trata de un mecanismo administrativo permitido o de una irregularidad.

La denuncia no se limita al sistema de guardias. También se pusieron bajo sospecha algunas compras realizadas por el hospital, entre ellas una contratación de aproximadamente $152,5 millones para 29.500 toallas y toallones destinados a un período de seis meses. La investigación sostiene que hubo un único oferente en ese procedimiento.

Otra adquisición cuestionada corresponde a artículos de higiene personal. Entre los productos incluidos aparecen 1.000 tampones, 600 envases de protector solar, 1.200 dentífricos, 980 envases de crema de enjuague, 990 envases de talco y 5.000 envases grandes de alcohol en gel, entre otros elementos. El monto informado para esa contratación fue de aproximadamente $144 millones.

La investigación también señala posibles conexiones entre quienes participan de algunos procedimientos de compra y las personas que aparecen en las planillas de reemplazos de guardia. Entre los casos mencionados figura el marido de la directora del hospital, quien habría integrado una comisión relacionada con una contratación de servicios para el laboratorio. Estos vínculos no prueban por sí mismos una irregularidad, pero forman parte de los elementos que deberían ser examinados por los organismos de control.

La conducción del Hospital El Dique está encabezada por María de las Nieves Yezzi Herrera, quien asumió como directora ejecutiva en 2024. Los documentos difundidos por la investigación atribuyen a la dirección la presentación de las planillas ante el Ministerio de Salud.

El caso también generó una respuesta del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien rechazó la interpretación de que se trate de guardias inexistentes. El funcionario sostuvo que el hecho de que El Dique no tenga una guardia externa abierta al público no significa que el establecimiento carezca de atención médica interna durante las 24 horas. Según su explicación, los pacientes internados necesitan asistencia permanente y existen mecanismos administrativos para pagar determinados reemplazos.

Kreplak cuestionó además la interpretación de los documentos y negó que exista un mecanismo de desvío de fondos públicos. La explicación oficial sostiene que los pagos corresponden a profesionales que efectivamente cumplen funciones dentro del hospital, aunque el concepto administrativo utilizado pueda ser “reemplazo de guardia”.

Ese punto constituye actualmente el núcleo de la controversia. La investigación sostiene que el hospital no tiene guardia externa y que los médicos responsables de la atención interna ya cuentan con una cobertura laboral permanente. El Ministerio, en cambio, plantea que la ausencia de una guardia externa no elimina la necesidad de cobertura médica interna durante las 24 horas.

La diferencia no es menor porque determinar si esos pagos corresponden a prestaciones efectivamente realizadas o a adicionales que no tienen respaldo laboral requiere revisar los expedientes administrativos completos, las planillas de asistencia, los horarios, los registros de personal y las liquidaciones.

También será necesario establecer quiénes realizaron efectivamente las guardias, en qué fechas, qué tareas cumplieron y quién autorizó cada pago. Una investigación periodística puede revelar inconsistencias, pero la determinación de responsabilidades administrativas o penales corresponde a los organismos competentes.

El caso adquiere una dimensión política porque El Dique depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, actualmente conducido por Kreplak, dentro de la administración de Axel Kicillof. La investigación de Clarín presenta al establecimiento como un hospital bajo influencia del kirchnerismo, mientras que la conducción provincial rechaza esa caracterización y cuestiona la denuncia.

Más allá de la disputa política, la cuestión central es el uso de fondos públicos destinados al sistema sanitario. Si los pagos están respaldados por prestaciones reales y por la normativa vigente, deberán poder ser justificados mediante los expedientes correspondientes. Si existen prestaciones que no se realizaron, el escenario sería completamente diferente y podría derivar en responsabilidades administrativas y judiciales.

El antecedente también recuerda el impacto que pueden tener los controles deficientes en el sistema público. Un mecanismo que permita incorporar durante meses prestaciones inexistentes o incorrectamente registradas podría generar pérdidas importantes incluso cuando cada operación individual parezca relativamente pequeña.

Por eso, el monto acumulado resulta especialmente relevante. Cerca de $379 millones documentados en dos años representan una cifra significativa para un hospital especializado y de capacidad limitada, aunque la investigación todavía no permite afirmar que todo ese dinero haya sido desviado ni que todas las guardias cuestionadas sean ficticias.

La diferencia entre “guardia inexistente” y “reemplazo administrativo de guardia” deberá ser establecida a partir de la normativa hospitalaria bonaerense y de la documentación de cada prestación. Esa es probablemente la cuestión técnica más importante que deberá resolver cualquier auditoría.

La investigación también plantea una segunda línea de interrogantes relacionada con las compras. Los procedimientos de contratación con un solo oferente y los volúmenes de determinados productos requieren explicaciones sobre las necesidades reales del hospital, los precios de referencia y las condiciones bajo las cuales fueron adjudicados.

En ese punto, la existencia de un único oferente no constituye automáticamente una irregularidad. Una licitación puede quedar con un solo participante y continuar siendo válida si se cumplen las condiciones legales. Lo que debe determinarse es si el procedimiento fue competitivo, si los precios fueron razonables y si las cantidades adquiridas respondían a una necesidad comprobable.

La misma cautela debe aplicarse a los vínculos familiares o personales señalados en la investigación. Tener un familiar trabajando en el mismo organismo no demuestra por sí mismo nepotismo o corrupción, aunque puede justificar una revisión de los procedimientos de designación y de eventuales conflictos de interés.

El caso, por lo tanto, combina denuncias diferentes: las supuestas guardias irregulares, las contrataciones bajo sospecha, los posibles vínculos personales dentro de la estructura hospitalaria y las acusaciones de trabajadores sobre la gestión interna.

Cada una de esas cuestiones deberá ser comprobada de manera independiente.

La principal incógnita ahora es si existirá una auditoría formal que permita verificar las planillas de guardias y las contrataciones señaladas. Hasta el momento, la información pública disponible muestra una fuerte disputa entre la investigación periodística y la explicación del Ministerio de Salud bonaerense, pero no permite presentar como probado un fraude que todavía requiere una investigación administrativa o judicial.

El episodio sí expone una preocupación concreta: cómo se controlan los pagos extraordinarios y las contrataciones dentro de los hospitales públicos. En un sistema que administra recursos destinados a pacientes y trabajadores de la salud, cualquier inconsistencia en las liquidaciones debería ser detectada mediante controles internos antes de acumularse durante meses.

La respuesta definitiva dependerá de la documentación completa. Si las guardias fueron realizadas, deberán poder acreditarse mediante registros de asistencia y prestación. Si no lo fueron, deberán determinarse quiénes las autorizaron, quiénes cobraron y cuál fue el destino de los fondos.

La denuncia sobre el Hospital El Dique abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre el control del gasto sanitario en la provincia de Buenos Aires. Las cifras son importantes y las irregularidades señaladas son suficientemente concretas como para justificar una revisión exhaustiva, pero la acusación de un desvío de fondos todavía debe ser demostrada. La investigación periodística aporta documentos, montos y nombres; el Ministerio ofrece una explicación administrativa diferente. El próximo paso debería ser una auditoría independiente que permita establecer qué ocurrió realmente con las guardias y las contrataciones cuestionadas.