Estados Unidos: una jueza declara ilegal la suspensión de visas de residencia para ciudadanos de 75 países

Una jueza federal de Nueva York anuló la política del gobierno de Donald Trump que había suspendido desde enero la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que también afectaba a solicitantes de Brasil y que había dejado paralizados numerosos procesos para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. La magistrada Jeannette Vargas determinó que el Departamento de Estado había excedido las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio, al imponer una suspensión basada de manera general en la nacionalidad de los solicitantes.

La medida había comenzado a aplicarse el 21 de enero de 2026 y afectaba exclusivamente a las llamadas visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a personas que buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos. No se trataba de una suspensión general de las visas de turismo o negocios, que pertenecen a otra categoría migratoria.

Entre los países incluidos se encontraban Brasil, Colombia, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Egipto, Nigeria, Rusia, Irán, Irak, Tailandia y Yemen, además de numerosos países de América Latina, África, Asia, Medio Oriente, el Caribe y los Balcanes. La decisión alcanzaba tanto solicitudes familiares como determinados procesos vinculados con inmigración laboral.

El argumento utilizado por la administración Trump para justificar la suspensión estaba relacionado con la posibilidad de que determinados inmigrantes dependieran de beneficios públicos estadounidenses o se convirtieran en una carga para las finanzas del Estado. El Departamento de Estado presentó la medida como parte de una revisión de los mecanismos de selección y evaluación financiera de los inmigrantes.

La jueza Vargas, sin embargo, consideró que esa política no podía imponerse de manera general sobre ciudadanos de determinados países. Según su fallo, la suspensión chocaba con la legislación federal de inmigración y excedía la autoridad que el Congreso había otorgado al secretario de Estado.

Uno de los puntos centrales de la sentencia es que el Gobierno había establecido una prohibición basada en la nacionalidad. Para el tribunal, ese mecanismo interfería con el sistema legal que regula las funciones de los funcionarios consulares y la evaluación de las solicitudes de visas de inmigrante.

La decisión judicial surgió de una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas Catholic Legal Immigration Network y African Communities Together, además de solicitantes afectados y ciudadanos estadounidenses que habían iniciado procesos para reunirse con familiares en Estados Unidos.

El fallo representa un importante revés para la política migratoria de Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha impulsado numerosas restricciones tanto sobre la inmigración irregular como sobre determinados mecanismos de inmigración legal.

Para miles de familias, el impacto de la decisión puede ser especialmente significativo. Muchos procesos de reunificación familiar habían quedado detenidos mientras los solicitantes esperaban que el Gobierno volviera a procesar sus casos. También estaban afectados determinados trámites de inmigración relacionados con empleo.

Brasil ocupa un lugar particularmente importante en esta situación. Los ciudadanos brasileños estaban incluidos expresamente entre las nacionalidades alcanzadas por la suspensión, por lo que la decisión judicial tiene consecuencias directas para quienes buscaban obtener una visa de inmigrante y posteriormente establecer su residencia permanente en Estados Unidos.

Es importante distinguir esta situación de las restricciones migratorias aplicadas por Estados Unidos a otros países mediante órdenes presidenciales. A comienzos de 2026, Washington también había impuesto restricciones de entrada y emisión de determinadas visas a ciudadanos de 39 países mediante una proclamación presidencial diferente. La suspensión de las visas de inmigrante para los 75 países era una medida separada, adoptada por el Departamento de Estado en enero.

La diferencia es relevante porque una persona podía estar afectada por una de las políticas y no necesariamente por la otra. También existen excepciones específicas para determinados casos, entre ellos algunas categorías diplomáticas, personas con doble nacionalidad y determinadas visas especiales.

Con el nuevo fallo, la política que bloqueaba de manera general la emisión de visas de inmigrante para los 75 países queda anulada. La sentencia no significa que todas las solicitudes de residencia sean aprobadas automáticamente. Los solicitantes deberán continuar cumpliendo los requisitos migratorios correspondientes y cada caso tendrá que ser evaluado bajo las normas vigentes.

Tampoco significa que Estados Unidos haya abandonado su política de controles migratorios estrictos. La administración Trump continúa aplicando mecanismos de revisión, controles de seguridad y otras restricciones migratorias. La decisión judicial se concentra específicamente en la legalidad de esta suspensión general de visas de inmigrante.

El caso también puede abrir una nueva disputa entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. El Gobierno podría intentar apelar la decisión, lo que podría llevar el conflicto ante tribunales superiores y eventualmente generar nuevas decisiones sobre el alcance de las facultades presidenciales y del Departamento de Estado en materia migratoria. La resolución fue emitida por un tribunal federal de Nueva York y todavía puede ser objeto de nuevas actuaciones judiciales.

La cuestión tiene además una dimensión política. Trump convirtió el endurecimiento de la inmigración en uno de los ejes de su segundo mandato, con medidas destinadas a reducir tanto la inmigración irregular como determinados canales de inmigración legal. Cada decisión judicial que limita esas políticas abre un nuevo frente entre la Casa Blanca y los tribunales federales.

Para los inmigrantes afectados, sin embargo, el conflicto tiene una dimensión mucho más concreta. Familias que llevaban meses esperando para reunirse, trabajadores que buscaban trasladarse legalmente a Estados Unidos y personas que habían iniciado procesos de residencia vuelven a tener una posibilidad de avanzar con sus solicitudes.

La situación todavía deberá normalizarse administrativamente. Las embajadas, consulados y organismos migratorios deberán adaptar sus procedimientos a la nueva situación judicial y determinar cómo serán procesados los expedientes que permanecieron suspendidos durante los últimos meses.

La decisión de la jueza Jeannette Vargas no elimina las restricciones migratorias de Estados Unidos, pero sí derriba una de las medidas más amplias adoptadas por la administración Trump sobre la inmigración legal. La suspensión afectaba a ciudadanos de 75 países, incluido Brasil, y había detenido la emisión de visas destinadas a quienes buscaban establecerse permanentemente en el país. Ahora, la Justicia considera que esa prohibición general no tenía respaldo legal suficiente y ordena dejarla sin efecto, aunque el futuro de la medida dependerá también de las posibles apelaciones del Gobierno.