La historia de David Aruquipa y Guido Montaño se convirtió en uno de los principales hitos en la lucha por el reconocimiento de las parejas del mismo sexo en Bolivia. Durante cuatro años enfrentaron negativas administrativas, recursos judiciales y una disputa jurídica que comenzó cuando el registro civil rechazó su solicitud y terminó con una decisión que permitió reconocer legalmente su unión. La pareja, que llevaba más de una década de relación cuando inició el proceso, consiguió finalmente que el Estado boliviano registrara su unión libre en diciembre de 2020. El caso no significó la legalización del matrimonio igualitario en Bolivia, pero abrió un precedente que posteriormente permitió que otras parejas del mismo sexo accedieran al reconocimiento de sus vínculos.

David y Guido comenzaron su relación en 2009. Para ellos, formalizar jurídicamente su vínculo no representaba únicamente una cuestión simbólica. El reconocimiento estatal podía determinar quién tenía derechos frente a decisiones médicas, patrimonio, herencia y otras situaciones que afectan a las parejas reconocidas legalmente.

El primer intento formal se produjo el 5 de octubre de 2018, cuando acudieron al Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) para solicitar la inscripción de su unión. La respuesta fue negativa porque la normativa boliviana vigente no contemplaba expresamente las uniones entre personas del mismo sexo. El argumento se apoyaba en la interpretación entonces predominante de la Constitución y del Código de las Familias.

Ante esa negativa, la pareja decidió recurrir a la justicia constitucional. El caso dejó de ser un trámite administrativo y se convirtió en una disputa sobre la aplicación de los derechos humanos y de los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico boliviano.

En julio de 2020, la Sala Constitucional Segunda de La Paz falló a favor de Aruquipa y Montaño y ordenó revisar la decisión que había impedido registrar su unión. El tribunal consideró los estándares internacionales de protección de los derechos de las parejas del mismo sexo, incluida la interpretación establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El proceso todavía no terminó con aquella resolución. El SERECÍ debía ejecutar la decisión y determinar cómo efectuar el registro dentro de un sistema que hasta entonces no contemplaba ese tipo de unión. La discusión pasó así de los tribunales al ámbito administrativo.

Finalmente, el 9 de diciembre de 2020, el SERECÍ emitió la resolución que dispuso el registro de la unión libre entre David Víctor Aruquipa Pérez y Guido Álvaro Montaño Durán. La decisión fue comunicada en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y fue considerada un precedente histórico para Bolivia.

La importancia del caso estaba en que el reconocimiento no quedó limitado a una ceremonia privada. El Estado pasó a reconocer oficialmente la existencia de la pareja, con efectos jurídicos derivados de la figura de la unión libre. En Bolivia, esta figura tiene una protección jurídica comparable en numerosos aspectos a la del matrimonio civil.

Uno de los episodios que los propios protagonistas utilizaron para explicar la importancia de ese reconocimiento ocurrió cuando David necesitó una intervención médica. Antes de que su unión fuera reconocida, Guido no podía ejercer determinados derechos que normalmente corresponden a una pareja legalmente registrada y tuvieron que recurrir a un familiar para resolver la situación.

También habían enfrentado dificultades relacionadas con cuestiones patrimoniales y administrativas. La falta de reconocimiento podía convertir situaciones cotidianas para una pareja heterosexual en procedimientos mucho más complejos para ellos.

Por eso, cuando llegó la resolución del SERECÍ, la celebración estuvo acompañada por una reivindicación más amplia. David y Guido sostuvieron que su objetivo no era únicamente resolver su situación personal, sino establecer un precedente que permitiera a otras parejas evitar el mismo recorrido judicial.

La decisión de 2020, sin embargo, debe diferenciarse de la existencia de un matrimonio igualitario plenamente reconocido en Bolivia. El país no aprobó una ley que equiparara el matrimonio entre personas del mismo sexo al matrimonio heterosexual. Lo que se reconoció inicialmente fue la unión libre de esta pareja mediante una resolución administrativa respaldada por la justicia constitucional.

El caso continuó teniendo consecuencias jurídicas después de aquella primera inscripción. En junio de 2022, el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó el criterio favorable a la pareja mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0577/2022-S2. La resolución fue notificada en marzo de 2023 y consolidó el marco que permite actualmente el registro de uniones libres entre personas del mismo sexo.

A partir de ese precedente, otras parejas comenzaron a solicitar el reconocimiento de sus relaciones. El camino que inicialmente exigió una batalla judicial dejó de ser un procedimiento exclusivo para David y Guido y se convirtió progresivamente en una posibilidad jurídica para otras personas.

El cambio también mostró una característica particular del sistema boliviano: la ampliación de derechos no llegó mediante una reforma legislativa específica sobre matrimonio igualitario, sino a través de decisiones judiciales y administrativas vinculadas con la interpretación de los derechos fundamentales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

La Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana tuvo un papel relevante en esa discusión. El pronunciamiento estableció estándares sobre el reconocimiento de derechos de las parejas del mismo sexo y fue utilizado como referencia en el proceso boliviano.

Para la pareja, el resultado fue también la culminación de una relación que ya llevaba años antes de comenzar el litigio. David y Guido se conocieron a finales de la década de 2000 y habían construido una vida en común mucho antes de que el Estado reconociera jurídicamente su vínculo.

Su caso permitió además visibilizar las diferencias entre tener una relación socialmente reconocida y contar con derechos jurídicos concretos. Una pareja puede convivir durante años, compartir bienes y tomar decisiones familiares, pero la ausencia de reconocimiento estatal puede generar obstáculos cuando aparece una emergencia médica, una sucesión o un trámite patrimonial.

La experiencia de ambos también estuvo marcada por el debate público. La decisión recibió muestras de apoyo de organizaciones de derechos humanos y de sectores de la sociedad boliviana, pero también provocó críticas de grupos contrarios al reconocimiento de las parejas del mismo sexo.

A pesar de esas reacciones, David y Guido decidieron permanecer en Bolivia y convertir su experiencia en parte de la lucha por la igualdad jurídica. Su caso pasó de ser un conflicto personal con el registro civil a convertirse en un antecedente citado en posteriores procesos.

La evolución posterior demuestra la importancia de esa primera batalla. En 2022, por ejemplo, otras parejas ya pudieron avanzar en el registro de sus uniones, aunque algunas todavía encontraron obstáculos administrativos y tuvieron que recurrir nuevamente a recursos legales para hacer efectivo un derecho que ya contaba con antecedentes.

En 2023, la confirmación del Tribunal Constitucional permitió consolidar la posibilidad de registrar estas uniones sin repetir necesariamente el largo proceso iniciado por Aruquipa y Montaño. El cambio significó que el reconocimiento dejó de depender exclusivamente de una decisión excepcional para una sola pareja.

La historia también expone una diferencia importante entre Bolivia y otros países sudamericanos. Mientras Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile avanzaron hacia el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo mediante diferentes mecanismos jurídicos, Bolivia desarrolló hasta ahora una vía basada en la unión libre.

Eso significa que el debate sobre el matrimonio igualitario continúa abierto. El reconocimiento de las uniones libres constituye un avance considerable en materia de derechos, pero no equivale jurídicamente a una legislación que permita a dos personas del mismo sexo contraer matrimonio civil bajo las mismas condiciones que una pareja heterosexual.

El precedente de David y Guido tampoco resolvió todos los problemas de discriminación que enfrenta la población LGBTI en Bolivia. El reconocimiento legal de una pareja puede modificar derechos y obligaciones, pero no elimina automáticamente los prejuicios sociales ni las dificultades que todavía existen en distintos ámbitos.

La trayectoria de ambos terminó convirtiéndose en una referencia para el activismo boliviano. Su historia demuestra que una decisión administrativa aparentemente limitada puede transformarse, después de años de litigio, en un precedente capaz de modificar la práctica de las instituciones públicas.

El caso también evidencia cuánto puede tardar la transformación de un derecho cuando existe una distancia entre la normativa, la interpretación judicial y la práctica administrativa. Desde la primera solicitud de 2018 hasta el reconocimiento de diciembre de 2020 transcurrieron más de dos años de litigio; la consolidación definitiva del criterio constitucional llegó posteriormente.

Más allá de las fechas y las resoluciones, el elemento central de la historia es que David y Guido decidieron no abandonar el proceso cuando el registro civil rechazó su solicitud. Su insistencia llevó el caso a los tribunales y permitió que una cuestión que inicialmente afectaba a una sola pareja terminara generando un precedente para muchas otras.

La historia de David Aruquipa y Guido Montaño no fue la de una pareja que simplemente consiguió registrar su relación después de esperar cuatro años. Fue el proceso mediante el cual una disputa personal se transformó en un precedente jurídico para las parejas del mismo sexo en Bolivia. El reconocimiento de su unión libre en 2020, confirmado posteriormente por el Tribunal Constitucional, abrió la puerta a que otras parejas pudieran acceder a un derecho que hasta entonces encontraba obstáculos administrativos y legales. Bolivia todavía no reconoce el matrimonio igualitario como institución para parejas del mismo sexo, pero el camino iniciado por ambos modificó de manera sustancial el escenario jurídico del país y convirtió su historia en uno de los capítulos más importantes de la lucha por la igualdad de derechos.