El avance del crimen organizado en América Latina dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en una amenaza directa contra las instituciones democráticas, según advierte el exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. En una columna publicada por Infobae, Almagro sostiene que las redes del narcotráfico, la corrupción, el financiamiento ilícito y el control territorial pueden alterar el funcionamiento de policías, tribunales, sistemas penitenciarios e incluso procesos electorales. Su planteo parte de una realidad regional en la que organizaciones criminales disponen de recursos financieros y capacidad armada muy superiores a los presupuestos y medios con los que cuentan numerosas instituciones estatales. La consecuencia, advierte, puede ser una erosión progresiva del Estado de derecho hasta convertir la lucha contra el crimen en una disputa desigual por el control de territorios, instituciones y decisiones políticas.

El análisis de Almagro parte de una diferencia fundamental: el crimen organizado no presenta las mismas características ni alcanza la misma intensidad en todos los países de la región. En algunos territorios, las organizaciones criminales buscan controlar corredores utilizados para el traslado de drogas; en otros construyen redes de influencia sobre autoridades, empresas y sectores económicos; y en determinados lugares todavía permanecen en una posición más periférica respecto del poder político. Sin embargo, el denominador común es la capacidad de las estructuras criminales para aprovechar las debilidades institucionales y transformar recursos económicos provenientes de actividades ilícitas en influencia social, política y territorial.

La dimensión transnacional del fenómeno hace que ningún país pueda enfrentar por sí solo todas sus consecuencias. El informe mundial sobre drogas de Naciones Unidas señala que el tráfico de cocaína continúa concentrado principalmente en América y Europa occidental, mientras que Colombia, Perú y Brasil aparecen entre los principales países de salida de cargamentos identificados durante el período 2020–2024. Las rutas cambian según el mercado de destino, con Ecuador adquiriendo importancia en los envíos hacia Norteamérica y Europa y Brasil desempeñando un papel relevante en las rutas hacia Europa, África y Asia.

Ese movimiento internacional de drogas genera una economía clandestina que necesita introducir sus ganancias en circuitos legales. Naciones Unidas advierte que el crimen organizado puede comprometer economías legítimas mediante corrupción y lavado de activos, además de utilizar los recursos obtenidos ilegalmente para influir sobre instituciones públicas y procesos electorales. El problema, por tanto, no termina cuando un cargamento es incautado: detrás de cada operación existe una estructura financiera que busca preservar las ganancias, ocultar su origen y utilizarlas para ampliar el poder de las organizaciones.

Almagro identifica precisamente el dinero como uno de los elementos que permiten comprender la asimetría entre el Estado y las organizaciones criminales. Mientras una estación policial puede enfrentar dificultades para financiar sus operaciones básicas, un grupo narcotraficante puede disponer de grandes cantidades de dinero, armamento y capacidad logística. Esa diferencia crea una situación que el exsecretario general de la OEA define como una especie de “guerra asimétrica”, en la que las instituciones públicas deben actuar dentro de la ley mientras las organizaciones criminales operan sin las mismas restricciones.

La corrupción aparece en este escenario como el mecanismo que puede transformar esa ventaja económica en poder institucional. Un funcionario corruptible puede facilitar información, retrasar investigaciones, favorecer a determinados actores o interferir en procedimientos judiciales. El problema adquiere una dimensión política cuando esos recursos terminan influyendo sobre candidaturas, promociones dentro de las fuerzas de seguridad o decisiones de fiscales y jueces. De esta manera, el crimen organizado no necesita controlar formalmente un Estado para afectar su funcionamiento: puede hacerlo mediante una red de funcionarios, intermediarios y actores económicos sometidos a sus intereses.

La conexión entre corrupción y crimen organizado no es solamente una preocupación teórica. Una presentación de Transparencia Internacional ante la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción señaló que ambos fenómenos se refuerzan mutuamente y pueden permitir que actores criminales financien campañas políticas o sobornen funcionarios de instituciones estratégicas, como policías, puertos y sistemas judiciales. El documento advierte que, cuando las instituciones pierden capacidad de supervisión y control, las organizaciones criminales encuentran mayores posibilidades de infiltrarlas y obtener impunidad.

El territorio constituye otra pieza central del problema. Allí donde el Estado tiene una presencia limitada, las organizaciones criminales pueden imponer reglas propias, controlar actividades económicas, ejercer violencia y determinar quién puede circular o trabajar. La consecuencia es que conceptos aparentemente administrativos como seguridad pública, funcionamiento policial o sistema penitenciario adquieren una dimensión directamente relacionada con la supervivencia de las comunidades. Almagro señala que la fragmentación territorial y la inestabilidad de las cárceles contribuyen a crear condiciones en las que las estructuras criminales pueden consolidarse.

Las fronteras y las zonas de transporte también representan puntos especialmente sensibles. Un documento de Naciones Unidas sobre corrupción vinculada con el crimen organizado identifica las regiones fronterizas y costeras, las áreas remotas con escasa presencia estatal y los principales centros de transporte como espacios particularmente vulnerables a la infiltración criminal. El riesgo aumenta cuando existen controles débiles, grandes flujos de dinero o mercancías y dificultades para supervisar las operaciones económicas.

La penetración del crimen organizado también puede modificar la dinámica electoral. Cuando grupos ilegales disponen de recursos suficientes para financiar campañas, comprar voluntades o intimidar a candidatos y electores, la competencia política deja de desarrollarse en condiciones normales. Incluso sin controlar directamente una elección, la amenaza puede influir sobre qué candidatos se presentan, qué temas se discuten y qué decisiones toman quienes llegan al poder.

Para Almagro, esa influencia constituye una forma particularmente grave de erosión democrática porque afecta la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente y la posibilidad de que las instituciones respondan al interés público. La democracia no se reduce a realizar elecciones periódicas: también requiere que las autoridades puedan ejercer sus funciones sin estar sometidas a la presión de organizaciones armadas o redes financieras ilegales.

El sistema judicial ocupa una posición especialmente delicada. La lucha contra el crimen organizado exige investigaciones complejas, protección de fiscales y jueces, intercambio internacional de información y capacidad para seguir el dinero. Pero cuando los operadores judiciales son amenazados, comprados o asesinados, las investigaciones pierden eficacia. Almagro sostiene que la intervención judicial puede adquirir verdadera capacidad solamente cuando existe cooperación nacional e internacional suficiente para enfrentar redes que, por definición, no respetan las fronteras nacionales.

La experiencia regional muestra además que combatir el crimen organizado dentro del Estado de derecho constituye un equilibrio difícil. Almagro reconoce que algunos modelos basados en cooperación internacional y estructuras institucionales, como el Plan Colombia, produjeron resultados importantes. Pero advierte sobre el riesgo contrario: que la presión por obtener resultados rápidos lleve a los gobiernos a abandonar garantías fundamentales, debilitar el debido proceso o ampliar las detenciones más allá de lo que permite la evidencia disponible.

El modelo de seguridad implementado en El Salvador aparece en la columna como un ejemplo de esa tensión. Almagro cuestiona la posibilidad de que una estrategia de combate frontal contra las pandillas termine debilitando las garantías jurídicas y generando consecuencias difíciles de revertir para la institucionalidad democrática. El dilema consiste en que un Estado necesita capacidad suficiente para recuperar el control territorial, pero esa capacidad no debería convertirse en una justificación para eliminar los controles judiciales que precisamente distinguen a un Estado democrático de una estructura autoritaria.

La situación penitenciaria forma parte de ese problema. Las cárceles pueden convertirse en centros de organización, reclutamiento y expansión de grupos criminales cuando el Estado pierde el control efectivo de su interior. Las pandillas y otras organizaciones pueden utilizar esos espacios para consolidar jerarquías, establecer mecanismos de comunicación y mantener actividades ilícitas incluso cuando sus integrantes están privados de libertad. La debilidad penitenciaria deja entonces de ser un problema administrativo para convertirse en una amenaza de seguridad nacional.

El dinero ilícito constituye otra dimensión que, según Almagro, requiere una respuesta mucho más contundente. Las organizaciones criminales necesitan sistemas financieros, empresas, intermediarios y mecanismos para introducir sus ganancias en la economía formal. Naciones Unidas señala que una proporción considerable de las ganancias ilícitas puede terminar en procesos de lavado de activos y que solamente una fracción muy pequeña de esos recursos es interceptada y confiscada. Esto significa que perseguir únicamente a los integrantes visibles de una organización sin desmontar su estructura financiera permite que el negocio continúe.

La respuesta propuesta por Almagro se apoya precisamente en ese punto: fortalecer la cooperación internacional, profesionalizar las fuerzas de seguridad, mejorar el funcionamiento de jueces y fiscales, utilizar la extradición y atacar las finanzas del crimen organizado. El objetivo sería reducir la enorme diferencia de recursos entre los Estados y las organizaciones criminales. Sin esa reducción de la asimetría, sostiene, las instituciones seguirán reaccionando ante las consecuencias mientras las estructuras criminales conservan la capacidad de reconstruirse.

Estados Unidos ocupa un lugar destacado en esta estrategia de cooperación por su capacidad financiera, tecnológica y operativa para combatir las redes transnacionales. Almagro sostiene que la cooperación con Washington puede contribuir a equilibrar las capacidades de seguridad de los países latinoamericanos frente a organizaciones con recursos internacionales. El planteo no supone que un país pueda resolver por sí solo el problema regional, sino que la dimensión transnacional del crimen requiere mecanismos igualmente transnacionales de investigación, inteligencia, persecución financiera y extradición.

La trayectoria de Almagro explica también su preocupación por la relación entre seguridad y democracia. Como secretario general de la OEA, cargo que ocupó desde 2015 y para el que fue reelegido en 2020, convirtió la defensa de la democracia, los derechos humanos y la seguridad regional en algunos de los principales ejes de su gestión. La organización destaca entre sus prioridades la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio.

El propio Almagro ya había advertido en 2023, durante la crisis política de Guatemala, que el crimen organizado y el narcotráfico constituyen enemigos de la democracia porque buscan conservar espacios de poder y proteger sus intereses económicos. En aquella oportunidad también vinculó la lucha contra el crimen con la necesidad de mantener la gobernabilidad y evitar que las respuestas estatales deterioraran el Estado de derecho.

La dimensión regional del problema queda reflejada en análisis recientes de organismos internacionales. Una presentación de organizaciones de la sociedad civil ante Naciones Unidas señaló que la corrupción y la impunidad continúan siendo problemas estructurales en América Latina y el Caribe y que la debilidad de los controles institucionales puede facilitar la influencia de las redes criminales. El documento también advierte sobre riesgos relacionados con flujos financieros ilícitos, captura institucional y debilitamiento de los mecanismos de supervisión.

El desafío, por lo tanto, no consiste únicamente en aumentar el número de policías o comprar más equipamiento. Una política de seguridad sostenible necesita instituciones capaces de investigar, procesar y condenar dentro de procedimientos legales, además de mecanismos que permitan identificar y confiscar los activos del crimen. También requiere protección para jueces, fiscales, periodistas, testigos y funcionarios que investigan estructuras con capacidad para ejercer violencia.

La democracia enfrenta su mayor riesgo cuando la ciudadanía comienza a asumir que el Estado es incapaz de protegerla. En ese escenario, puede aparecer una demanda de respuestas cada vez más duras, incluso si esas respuestas implican restricciones de derechos o debilitamiento de controles institucionales. El crimen organizado puede beneficiarse indirectamente de esa reacción porque una institucionalidad debilitada también reduce la capacidad del Estado para investigarlo con procedimientos profesionales y sostenibles.

El planteo de Luis Almagro coloca así el crimen organizado en una dimensión mucho más amplia que la tradicional agenda policial. El narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, la violencia territorial, la captura de instituciones y la intimidación política pueden formar parte de un mismo sistema de poder que erosiona gradualmente la democracia. La respuesta exige recuperar territorios, profesionalizar las instituciones, proteger la independencia judicial y perseguir las finanzas criminales, pero también preservar el debido proceso y los derechos fundamentales. Si los Estados reaccionan abandonando las reglas que pretenden defender, corren el riesgo de resolver una parte del problema de seguridad mientras debilitan las bases institucionales que permiten sostener una democracia. La advertencia central es precisamente esa: cuando el crimen organizado consigue combinar dinero, violencia, corrupción e influencia política, combatirlo deja de ser solamente una cuestión de seguridad y pasa a ser una tarea de defensa del propio Estado de derecho.