Lucía Calvete, de 24 años, había pedido protección judicial después de meses de amenazas, agresiones y ataques contra su familia. A pesar de ese antecedente, fue asesinada esta semana cuando caminaba hacia una parada de ómnibus en el barrio Piedras Blancas, en la periferia de Montevideo, acompañada por su madre y su padrastro. Un hombre se acercó y le disparó en la pelvis; el padrastro, que estaba armado, intentó enfrentarlo y también resultó herido. La joven fue trasladada a un centro asistencial, pero murió horas después. La Fiscalía investiga el caso como un posible femicidio por encargo y analiza la participación de su expareja, un hombre que actualmente cumple prisión por homicidio. Sin embargo, todavía no está confirmado quién ordenó el ataque ni quién fue el autor material.

El crimen ocurrió cuando Calvete se dirigía a trabajar, como hacía habitualmente. La joven trabajaba en el barrio Aguada, una zona céntrica de Montevideo cercana al Palacio Legislativo, y debía utilizar el transporte público. Debido al temor provocado por las amenazas que había recibido, en los últimos tiempos acostumbraba desplazarse acompañada por familiares.

La violencia contra ella y su entorno no comenzó con el asesinato. Según los antecedentes incorporados a la investigación, desde que Calvete terminó su relación con su expareja, aproximadamente tres años atrás, comenzaron diferentes episodios de hostigamiento contra la familia. La joven había decidido cortar el vínculo, pero las amenazas continuaron y alcanzaron también a sus familiares.

Entre los episodios denunciados figuran disparos contra la vivienda, proyectiles dejados en el buzón, mensajes intimidatorios, agresiones físicas y el ataque contra un vehículo familiar mediante una bomba molotov. En otra oportunidad, personas que agredieron a integrantes de la familia les habrían advertido que actuaban por orden de la expareja de Lucía.

La familia llegó a modificar su vida cotidiana por temor a nuevos ataques. En declaraciones realizadas antes del crimen, una de las hermanas contó que evitaban permanecer en determinadas habitaciones de la vivienda y que incluso habían dejado de dormir con normalidad debido al miedo. El pedido de protección policial había sido planteado públicamente semanas antes de que ocurriera el asesinato.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió pocos días antes del homicidio. Cuando Lucía se dirigía a trabajar, dos hombres intentaron balearla. El ataque no consiguió matarla y la joven continuó con vida, pero el episodio reforzó el temor de la familia y la necesidad de contar con protección.

La familia sostiene que las denuncias fueron presentadas ante las autoridades y que la Justicia conocía la situación. Sin embargo, según el relato de sus allegados, los pedidos no tuvieron una respuesta que impidiera que la escalada de violencia continuara. Las denuncias, de acuerdo con la información disponible sobre el caso, fueron archivadas en la oficina encargada de derivarlas antes de que llegaran a una investigación fiscal.

Ese punto será uno de los aspectos centrales que deberá determinar la investigación. Más allá de establecer quién disparó contra Lucía, las autoridades deberán reconstruir qué información tenían las instituciones sobre las amenazas, qué medidas fueron solicitadas por la familia y por qué no se concretó una protección que la víctima había reclamado.

El ataque de esta semana tuvo características que reforzaron la hipótesis de que se trató de una agresión planificada. El atacante se acercó mientras la joven caminaba por el barrio, sacó un arma y le disparó. Después se produjo un intercambio de disparos con el padrastro, que intentó intervenir para defenderla y recibió una herida en el pie.

Lucía fue trasladada para recibir asistencia médica, pero no logró sobrevivir. El hecho provocó una fuerte reacción de su familia, que cuestionó públicamente la actuación de las autoridades y reclamó que se investiguen las denuncias realizadas antes del asesinato.

La principal hipótesis apunta actualmente hacia su expareja, quien se encuentra privado de libertad por una condena por homicidio. La investigación intenta establecer si desde la cárcel pudo haber ordenado el ataque contra Calvete y si existió una persona contratada para ejecutarlo.

Por ahora, esa hipótesis no está judicialmente confirmada. Tampoco se ha determinado de manera definitiva quién efectuó los disparos. La Fiscalía deberá reunir pruebas que permitan establecer tanto la autoría material como la eventual responsabilidad de quien pudiera haber ordenado el crimen.

La posibilidad de que una persona haya coordinado un asesinato desde una prisión no es desconocida para las autoridades uruguayas. En los últimos años, distintas investigaciones han demostrado que integrantes de organizaciones criminales continuaron ejerciendo influencia desde centros penitenciarios, aunque cada caso debe ser acreditado individualmente mediante pruebas.

El contexto de violencia contra la familia de Calvete constituye uno de los elementos que los investigadores deberán analizar para establecer el móvil. La sucesión de ataques previos, las amenazas y el intento de asesinato registrado días antes del crimen podrían aportar información sobre la planificación y los responsables, pero deberán ser vinculados formalmente mediante evidencia.

También será necesario determinar si existieron otras personas involucradas. La modalidad del ataque hace posible que quien disparó no sea necesariamente quien tomó la decisión de matar a la joven. Esa diferencia es fundamental en una investigación por un eventual homicidio por encargo.

El caso ha generado además una discusión sobre la capacidad de respuesta de las instituciones ante las denuncias de violencia y amenazas. La familia afirma que advirtió reiteradamente sobre el peligro y que incluso pidió custodia policial. La muerte de Lucía, después de esos reclamos, plantea ahora interrogantes sobre el tratamiento que recibieron las denuncias antes de que se produjera el desenlace.

La situación es especialmente grave porque el último ataque ocurrió cuando la joven se encontraba realizando una actividad cotidiana. No estaba involucrada en una disputa pública ni en una situación circunstancial: simplemente se dirigía a trabajar acompañada por su madre y su padrastro.

La familia también ha cuestionado la actuación de la Fiscalía y reclama que se revisen todos los antecedentes. El objetivo ya no es solamente identificar al responsable del disparo, sino reconstruir toda la cadena de hechos que precedió al asesinato para determinar si existieron oportunidades de intervención que pudieran haber evitado la muerte.

El caso de Lucía vuelve a poner sobre la mesa una de las dificultades más complejas de la violencia de género: las amenazas previas pueden ser señales de un riesgo grave, pero requieren una respuesta institucional capaz de evaluar rápidamente la situación y adoptar medidas proporcionales al peligro.

En Uruguay, además, el fenómeno del sicariato ha adquirido una dimensión relevante dentro de las investigaciones criminales de los últimos años. Las autoridades han identificado casos en los que homicidios fueron presuntamente ordenados a cambio de dinero, principalmente en contextos relacionados con organizaciones delictivas. También existen antecedentes de investigaciones por asesinatos de mujeres bajo la modalidad de encargo.

Sin embargo, el hecho de que existan antecedentes similares no permite concluir automáticamente que el asesinato de Calvete haya sido ordenado desde la cárcel. Esa es precisamente una de las hipótesis que la investigación deberá comprobar mediante pruebas, comunicaciones, movimientos de los sospechosos, vínculos entre los participantes y otros elementos que permitan reconstruir la planificación.

La investigación también deberá determinar qué ocurrió con los hombres que habrían intentado atacarla días antes. Si se confirma que aquel episodio estuvo relacionado con el asesinato posterior, podría convertirse en una pieza fundamental para identificar a quienes participaron en la planificación.

La muerte de Lucía deja además una pregunta que trasciende el expediente penal: qué ocurrió entre la primera denuncia de la familia y el momento en que la joven fue asesinada. La respuesta dependerá de la revisión de los expedientes, las actuaciones policiales y fiscales y las medidas de protección solicitadas.

Por ahora, la causa continúa abierta y las responsabilidades individuales no están establecidas de manera definitiva. La hipótesis de un femicidio por encargo deberá ser confirmada o descartada por la Justicia a partir de las pruebas que logren reunir los investigadores.

El asesinato de Lucía Calvete concentra dos dimensiones que ahora deberán avanzar de manera paralela: esclarecer quién decidió matarla y determinar si las instituciones tuvieron información suficiente para advertir el riesgo que enfrentaba. La joven había dejado constancia de las amenazas, su familia había pedido protección y pocos días antes había sobrevivido a otro intento de ataque. Murió finalmente cuando iba a trabajar, en una escena que vuelve a poner bajo escrutinio la respuesta estatal frente a las denuncias de violencia. Mientras la Fiscalía intenta establecer si su expareja ordenó el crimen desde la prisión y quién ejecutó el ataque, la familia reclama que esta vez ninguna de las advertencias quede sin respuesta.