La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, encabezó este viernes el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, un ejercicio que puso al país frente a uno de sus peores escenarios posibles: un terremoto de magnitud 8,8 frente a la costa central, acompañado de un tsunami en Lima y Callao. El ejercicio, realizado a las 15:00 horas, movilizó a ciudadanos, instituciones públicas y privadas, hospitales, escuelas y gobiernos locales para probar las rutas de evacuación y los mecanismos de respuesta. El balance hipotético presentado posteriormente por las autoridades proyectó 10.926 fallecidos, 165.160 heridos, unos 2,2 millones de damnificados y cerca de 3,9 millones de personas afectadas. Las cifras no corresponden a víctimas reales, sino al escenario utilizado para medir cuánto podría resistir el país ante un terremoto de gran magnitud.

El ejercicio comenzó a las 15:00 horas del viernes 14 de agosto en todo el territorio peruano, conforme al calendario oficial aprobado para 2026. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) había establecido que el segundo simulacro del año tendría como finalidad evaluar la capacidad de preparación y respuesta tanto de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como de la población. No se trató, por tanto, de una actividad limitada a Lima: cada región debía escoger los peligros más frecuentes de su territorio y poner a prueba sus propios protocolos de emergencia.

En Lima, Fujimori salió de Palacio de Gobierno y se trasladó hacia la Plaza de Armas junto al primer ministro Luis Galarreta, el alcalde metropolitano Renzo Reggiardo y el jefe del INDECI, Luis Enrique Vásquez Guerrero. Allí las autoridades siguieron el protocolo de evacuación mientras funcionarios y trabajadores de las instituciones públicas abandonaban sus instalaciones para dirigirse a zonas previamente identificadas como seguras. La escena tenía un componente político evidente, pero el objetivo operativo era comprobar si las instituciones del Estado pueden reaccionar coordinadamente cuando los primeros minutos de una catástrofe son decisivos.

El escenario escogido para Lima y Callao fue deliberadamente extremo. El ejercicio simuló un sismo de magnitud 8,8, seguido de un tsunami, con especial atención a las zonas costeras. En el distrito de La Punta, en el Callao, la hipótesis obligó a poner en práctica procedimientos de evacuación hacia lugares elevados y puntos considerados seguros. La elección no es casual: la costa central peruana concentra una enorme población urbana y está expuesta a terremotos generados por la interacción de las placas tectónicas frente al litoral del país.

El simulacro no significa que las autoridades estén anunciando que ocurrirá un terremoto de 8,8. No existe actualmente una predicción científica que permita determinar cuándo ocurrirá un terremoto de esa magnitud en Lima. El 8,8 es un escenario de planificación utilizado para someter los sistemas de emergencia a una situación de máxima exigencia. La diferencia es fundamental: una simulación estima las consecuencias de un evento hipotético, mientras una predicción requeriría determinar anticipadamente el momento, ubicación y magnitud de un terremoto, algo que la ciencia actualmente no puede hacer con precisión.

El ejercicio adquiere especial relevancia por la ubicación geológica de Perú, situado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica que rodea gran parte del océano Pacífico. La costa peruana se encuentra sobre una de las áreas donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana, un proceso conocido como subducción que genera una enorme acumulación de energía y explica buena parte de la actividad sísmica del país.

La historia peruana demuestra que el riesgo no es teórico. Uno de los antecedentes más graves fue el terremoto de Áncash de 1970, de magnitud aproximada 7,9, que provocó una catástrofe de enormes proporciones y dejó decenas de miles de muertos, además de destruir poblaciones enteras. El desastre se convirtió en uno de los principales antecedentes para la creación y fortalecimiento de políticas modernas de prevención y respuesta frente a terremotos en Perú. El primer simulacro nacional de 2026, realizado en mayo, precisamente tomó como referencia los 56 años transcurridos desde aquella tragedia.

Otro antecedente especialmente importante fue el terremoto de Pisco de 2007, de magnitud 7,9, que afectó principalmente la región de Ica y provocó daños masivos en ciudades como Pisco, Chincha e Ica. El desastre dejó aproximadamente 500 fallecidos y una enorme cantidad de viviendas destruidas, además de demostrar las dificultades que pueden aparecer cuando un terremoto de gran magnitud afecta simultáneamente infraestructura, hospitales, carreteras, comunicaciones y servicios básicos.

La experiencia de 2007 también explica por qué el simulacro de este viernes no se concentró exclusivamente en el movimiento sísmico. Un terremoto frente a la costa central puede desencadenar un tsunami, y la llegada de las olas puede reducir drásticamente el tiempo disponible para evacuar. En zonas costeras bajas, los primeros minutos posteriores al terremoto pueden ser determinantes. Por eso los protocolos peruanos contemplan no solamente la evacuación horizontal hacia zonas seguras, sino también la identificación de áreas elevadas y, donde corresponde, edificios aptos para evacuación vertical.

El simulacro también permitió probar sistemas tecnológicos de alerta. Los ciudadanos recibieron señales mediante teléfonos celulares, además de sirenas, bocinas, campanas y silbatos instalados en diferentes espacios. El objetivo es que una emergencia real no dependa exclusivamente de que una persona vea televisión, escuche radio o reciba instrucciones de las autoridades después de producido el desastre. La rapidez de las comunicaciones puede marcar una diferencia crítica entre una evacuación ordenada y una reacción tardía.

Uno de los elementos que INDECI viene reforzando es el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), diseñado para emitir avisos antes de que lleguen las ondas sísmicas más destructivas a determinados lugares. El sistema no predice terremotos y tampoco elimina el riesgo; su función es aprovechar los segundos que pueden existir entre la detección de un sismo y la llegada de determinadas ondas para activar alertas y permitir que las personas adopten medidas de protección.

Para un país como Perú, esos segundos pueden resultar decisivos. En un terremoto severo, una persona que se encuentra dentro de un edificio no necesita necesariamente intentar salir inmediatamente durante el movimiento. Las recomendaciones oficiales contemplan primero ubicarse en una zona segura interna y, una vez pasado el movimiento principal, evacuar hacia el exterior siguiendo las rutas previamente establecidas.

El simulacro también puso a prueba algo que suele ser mucho más complicado que hacer sonar una alarma: la conducta de millones de personas al mismo tiempo. En una emergencia real pueden aparecer bloqueos de calles, ascensores inutilizados, escaleras saturadas, interrupción de comunicaciones, personas heridas, incendios y edificios parcialmente dañados. Una evacuación técnicamente correcta sobre el papel puede convertirse rápidamente en un caos si la población no conoce de antemano hacia dónde debe dirigirse.

Por eso INDECI recomienda que cada familia tenga un Plan Familiar de Emergencia, conozca las zonas seguras de su vivienda y determine previamente los puntos de encuentro. También insiste en mantener preparada una mochila de emergencia con agua y alimentos no perecederos, botiquín, artículos de higiene, abrigo, dinero y elementos específicos para bebés, adultos mayores o personas que requieran cuidados especiales.

Las cifras obtenidas después del ejercicio son particularmente impactantes. El escenario planteado por las autoridades proyectó 10.926 personas fallecidas y 165.160 heridas, además de alrededor de 2,2 millones de damnificados y 3,9 millones de afectados. También se estimaron daños graves en viviendas, centros de salud e infraestructura. Es importante insistir en que estos números representan una proyección simulada de daños, no una tragedia que haya ocurrido este viernes.

El número de víctimas proyectado permite dimensionar el problema que enfrentaría Lima ante un terremoto extremo. La capital peruana y el Callao concentran millones de habitantes, una enorme cantidad de edificios, redes de transporte, hospitales, colegios, instalaciones industriales y servicios estratégicos. Un terremoto de gran magnitud no produciría solamente víctimas directas: podría paralizar durante días o semanas sistemas esenciales como agua potable, electricidad, telecomunicaciones, transporte y distribución de alimentos.

El desafío aumenta por la desigual calidad de las construcciones. Aunque las normas de construcción sismorresistente han evolucionado considerablemente, existe un enorme parque de viviendas antiguas y edificaciones informales que pueden presentar mayor vulnerabilidad. La calidad del suelo también cambia de un sector a otro, lo que puede modificar la intensidad con la que se sienten las ondas sísmicas y aumentar determinados tipos de daños.

En un escenario de terremoto extremo, los hospitales serían sometidos a una presión extraordinaria. No solamente deberían atender a miles de heridos, sino que algunos centros podrían resultar afectados por el propio movimiento. El sistema de salud tendría que funcionar con recursos limitados, mientras ambulancias y equipos de rescate enfrentarían calles bloqueadas y dificultades para desplazarse.

Las escuelas representan otro punto crítico. Miles de niños pueden encontrarse en establecimientos educativos durante un terremoto ocurrido en horario escolar. Por ello el Ministerio de Educación incorporó los simulacros nacionales dentro de su programación de 2026 y estableció horarios específicos para distintos niveles y turnos educativos.

La experiencia de los simulacros anteriores demuestra que la preparación no es un asunto puramente ceremonial. En el primer ejercicio nacional de 2026, realizado el 29 de mayo, INDECI construyó otro escenario hipotético de desastre y calculó más de 11.000 fallecidos simulados, 165.397 lesionados, más de 2 millones de damnificados y más de 3,8 millones de afectados. El ejercicio también permitió evaluar el funcionamiento de sistemas de alerta y los planes de respuesta de las instituciones.

La comparación entre ambos simulacros muestra algo importante: las autoridades están utilizando escenarios deliberadamente severos para identificar debilidades antes de que ocurra una emergencia real. En lugar de esperar un desastre para descubrir que una ruta de evacuación no funciona, que un hospital carece de capacidad suficiente o que una comunicación de emergencia no llega a todos los teléfonos, los ejercicios buscan detectar esas fallas en condiciones controladas.

Sin embargo, un simulacro nacional también tiene limitaciones. Evacuar durante un ejercicio no reproduce completamente el comportamiento de una población aterrorizada ante un terremoto real. Tampoco puede simular perfectamente la destrucción simultánea de cientos de edificios, la interrupción de carreteras, incendios, personas atrapadas, cortes de agua y electricidad y la pérdida de comunicaciones.

Por eso el verdadero valor del ejercicio no está en cuántas personas salieron a la calle, sino en lo que las instituciones hagan después con las fallas detectadas. Si una municipalidad descubre que sus rutas de evacuación están obstruidas, debe corregirlas. Si un hospital detecta que no puede mantener su funcionamiento durante un desastre prolongado, debe reforzar sus protocolos. Si una comunidad descubre que no conoce su punto de reunión, debe corregir esa deficiencia antes del próximo simulacro.

En ese sentido, el mensaje de Fujimori después del ejercicio fue directo: la preparación debe mantenerse de manera permanente porque los terremotos no pueden anticiparse con exactitud. La presidenta pidió a la población conservar los elementos necesarios para responder ante una emergencia y no asumir que un simulacro es suficiente para estar preparada.

La presencia de Fujimori también tiene una dimensión política. Su Gobierno busca proyectar una imagen de Estado activo frente a los riesgos naturales y mostrar coordinación entre la Presidencia, la Presidencia del Consejo de Ministros, el INDECI y los gobiernos locales. Pero el verdadero examen de esa capacidad no se producirá durante una ceremonia en la Plaza de Armas: llegará cuando una emergencia real obligue a todas esas instituciones a trabajar simultáneamente bajo presión.

El próximo gran ejercicio nacional está programado para el 13 de octubre de 2026, a las 20:00 horas. El calendario oficial contempla tres simulacros nacionales multipeligro durante el año, además de simulaciones específicas destinadas a evaluar escenarios de desastre de gran magnitud y un eventual sismo seguido de tsunami en la costa central.

La planificación revela que Perú está intentando pasar de una cultura basada exclusivamente en la reacción hacia otra centrada en la gestión del riesgo. La diferencia es esencial. Reaccionar significa movilizar recursos después del desastre; gestionar el riesgo implica identificar previamente dónde puede producirse el daño, reducir la vulnerabilidad, preparar a la población y garantizar que las instituciones puedan continuar funcionando.

En un país sísmicamente activo, esa estrategia no es opcional. Perú no puede impedir que se produzca un terremoto. Tampoco puede saber con precisión cuándo ocurrirá el próximo gran evento. Lo que sí puede hacer es reducir el número de personas expuestas, mejorar la resistencia de las construcciones, preparar rutas de evacuación, reforzar hospitales y garantizar sistemas de comunicación capaces de funcionar cuando todo lo demás empiece a fallar.

El escenario de 8,8 utilizado este viernes también tiene una lectura internacional. Un terremoto de esa magnitud en la costa central peruana no sería solamente una emergencia nacional. El impacto sobre puertos, carreteras, aeropuertos, cadenas de suministro y comercio exterior podría extenderse mucho más allá de las zonas directamente afectadas. La costa peruana tiene una importancia estratégica para el comercio del Pacífico y para las conexiones económicas del país con Asia y Sudamérica.

El tsunami añadiría otra dimensión. Una ola de gran alcance podría afectar puertos, zonas industriales y comunidades costeras, multiplicando las consecuencias económicas del terremoto. Por ello, los ejercicios de evacuación en Callao y La Punta adquieren especial relevancia: no se trata solamente de sacar a la población de edificios dañados, sino de evitar que quede atrapada en zonas que podrían ser alcanzadas posteriormente por el agua.

La experiencia de otros grandes terremotos en el mundo demuestra que las primeras 24 horas son cruciales. La localización de personas atrapadas, la atención médica inmediata, el suministro de agua, la apertura de corredores humanitarios y la restauración de las comunicaciones pueden determinar cuántas vidas se salvan después de la catástrofe inicial.

Pero existe una segunda etapa que suele recibir menos atención: la reconstrucción. Millones de personas pueden quedar temporalmente desplazadas, miles de viviendas pueden quedar inhabitables y empresas enteras pueden perder infraestructura. La recuperación puede durar años y consumir una parte considerable de los recursos públicos.

Por eso las cifras del simulacro deben ser tomadas como una advertencia. Los 10.926 muertos simulados no son una predicción del futuro, pero sí una forma de decirle al país que un terremoto extremo puede tener consecuencias que superen ampliamente la capacidad cotidiana de los servicios públicos.

La pregunta fundamental después del ejercicio no es si Perú está preparado para un terremoto de 8,8. La pregunta es cuánto más preparado está hoy que ayer y qué fallas fueron descubiertas durante el simulacro.

Perú tiene una ventaja frente a muchos países: conoce su riesgo. Tiene una larga historia sísmica, instituciones especializadas, sistemas de alerta, mapas de peligros, protocolos de evacuación y una población que participa regularmente en simulacros. Pero esa ventaja solo sirve si la preparación se convierte en hábitos cotidianos.

Una mochila de emergencia guardada durante años sin revisar puede tener alimentos vencidos. Una ruta de evacuación puede quedar bloqueada por vehículos. Un punto de reunión puede cambiar debido a una obra. Un edificio que parecía seguro puede deteriorarse. La preparación, por tanto, no puede ser una fotografía tomada una vez al año; necesita mantenimiento permanente.

El simulacro encabezado por Fujimori deja justamente esa conclusión. El terremoto de 8,8 no ocurrió. Las 10.926 muertes tampoco. Los 165.160 heridos fueron solamente parte de una proyección. Pero la amenaza sí existe y no depende de la agenda política, del Gobierno de turno ni de la voluntad de las autoridades.

La tierra no avisa cuándo comenzará a moverse.

Y esa es precisamente la razón por la que Perú continúa ensayando cómo sobrevivir cuando ocurra.

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 dejó una advertencia contundente: un terremoto extremo frente a la costa central podría poner a prueba simultáneamente a millones de personas, hospitales, escuelas, carreteras, comunicaciones y servicios básicos. Keiko Fujimori encabezó el ejercicio desde Lima, pero el verdadero protagonista fue un país entero obligado a recordar que la preparación no puede comenzar después del primer temblor. Las cifras de más de 10.000 muertos y 165.000 heridos son ficticias, pero el riesgo sísmico peruano es absolutamente real. La diferencia entre una catástrofe y una tragedia todavía mayor dependerá, en buena medida, de lo que Perú haga antes de que llegue el próximo gran terremoto.