Un juez federal de California decidió que la demanda presentada por cuatro hermanos de la familia Cascio, quienes acusan a Michael Jackson de haberlos abusado sexualmente durante su infancia, no será juzgada en un tribunal público. La decisión del juez Hernán D. Vera, emitida el 12 de agosto de 2026, no determina si las acusaciones contra el fallecido cantante son verdaderas o falsas: establece que la disputa debe resolverse mediante un arbitraje privado debido a una cláusula incluida en un acuerdo alcanzado entre los Cascio y el patrimonio de Jackson. El fallo representa un revés para los denunciantes, que buscaban llevar sus acusaciones a un juicio público, pero no significa que el caso haya sido declarado falso ni que las acusaciones hayan sido desestimadas por falta de pruebas. El conflicto continúa, ahora fuera de los tribunales abiertos.
La decisión afecta a Edward Joseph Cascio, Dominic Savini Cascio, Marie-Nicole Porte y Aldo Cascio, cuatro hermanos que en febrero de este año presentaron una demanda federal en Los Ángeles contra entidades vinculadas al patrimonio de Michael Jackson y contra quienes administran sus intereses. La causa fue registrada como el caso 2:26-cv-02129, ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California.
Los hermanos sostienen que Jackson los sometió a abusos sexuales durante años, cuando eran menores de edad, y que los hechos ocurrieron en diferentes lugares relacionados con la vida personal y profesional del artista. La demanda describe supuestos episodios en Neverland, durante viajes internacionales y en distintos países, y acusa al cantante de haber utilizado su fama, dinero y proximidad con la familia para ganarse la confianza de los menores y posteriormente manipularlos.
Las acusaciones son extremadamente graves, pero es importante establecer una diferencia fundamental: el fallo del juez no concluye que los abusos ocurrieron ni que no ocurrieron. La decisión se refiere a una cuestión procesal y contractual: dónde debe resolverse la controversia. El juez consideró que el acuerdo previo firmado por las partes contiene una cláusula suficientemente amplia que obliga a llevar las disputas relacionadas con ese acuerdo a un procedimiento de arbitraje.
Ese punto es precisamente el núcleo de la batalla judicial que se desarrolló durante los últimos meses. El patrimonio de Jackson solicitó al tribunal que obligara a los hermanos a respetar la cláusula de arbitraje, mientras los demandantes argumentaron que el acuerdo no debía impedirles presentar públicamente sus acusaciones de abuso sexual infantil.
La defensa del patrimonio de Michael Jackson sostuvo que el acuerdo firmado en 2019/2020 contenía mecanismos de resolución privada de controversias. Los documentos judiciales muestran que los abogados del patrimonio presentaron en abril una moción para obligar a los demandantes a someterse al arbitraje y suspender el proceso federal.
La discusión llegó a una audiencia ante el juez Hernán D. Vera el 18 de junio de 2026. En esa instancia, ambas partes expusieron sus argumentos y el magistrado dejó la cuestión bajo consideración.
Casi dos meses después llegó la decisión.
El juez concluyó que el lenguaje contractual era suficientemente claro para obligar a las partes a recurrir al arbitraje. De acuerdo con la decisión reportada sobre el fallo, Vera señaló que, aunque las acusaciones eran extremadamente graves, el tribunal no tenía margen para ignorar la cláusula de arbitraje una vez que determinó que el acuerdo era aplicable a la disputa.
Aquí aparece uno de los aspectos más importantes de la noticia: “enviar el caso a arbitraje” no equivale a absolver a Michael Jackson.
Tampoco significa que el juez haya considerado que los cuatro hermanos mintieron.
Y mucho menos significa que un tribunal haya establecido que los hechos denunciados nunca ocurrieron.
La cuestión decidida fue otra: el foro donde debe discutirse el conflicto.
Un arbitraje es un mecanismo privado de resolución de disputas en el que un árbitro, en lugar de un juez o un jurado, analiza los argumentos y las pruebas de las partes y adopta una decisión conforme a las reglas acordadas y a la legislación aplicable. En este caso, además, el procedimiento será confidencial, lo que significa que el público no tendrá el mismo acceso a documentos, testimonios y evidencias que tendría en un juicio abierto.
Ese carácter privado es precisamente uno de los elementos que más incomoda a los abogados de los hermanos Cascio.
Su abogado, Howard King, había sostenido que la familia quería tener la oportunidad de presentar públicamente sus acusaciones y permitir que un tribunal examinara los hechos. Después del fallo, King expresó su decepción por la decisión y señaló que la familia esperaba poder llevar a juicio público las acusaciones que, según su versión, se remontan a décadas atrás.
Para el patrimonio de Jackson, en cambio, el resultado representa una victoria procesal importante.
La defensa había insistido durante meses en que los Cascio habían firmado un acuerdo que incluía una cláusula de arbitraje y que intentar llevar posteriormente la controversia a un tribunal público suponía desconocer las obligaciones contractuales asumidas.
El patrimonio también ha cuestionado duramente la credibilidad de las nuevas acusaciones. Su abogado Martin Singer las ha presentado como un intento de obtener dinero y ha señalado las contradicciones existentes entre las acusaciones actuales y las declaraciones públicas que miembros de la familia Cascio hicieron durante años en defensa de Jackson.
La historia de los Cascio con Michael Jackson es precisamente lo que convierte este caso en uno de los episodios más controvertidos del actual conflicto sobre el legado del cantante.
Durante décadas, la familia fue extremadamente cercana al artista. Los Cascio llegaron a ser descritos como una especie de “segunda familia” de Michael Jackson y algunos de sus integrantes defendieron públicamente al cantante frente a las acusaciones de abuso sexual infantil que lo acompañaron durante buena parte de su vida.
Ahora, cuatro de esos hermanos sostienen una versión completamente diferente.
Afirman que esa cercanía fue precisamente el contexto en el que se produjeron los abusos que denuncian.
La demanda presentada en febrero sostiene que Jackson habría comenzado a abusar de algunos de ellos cuando tenían apenas siete u ocho años y que los hechos se prolongaron durante más de una década. La acusación incluye alegaciones de manipulación, suministro de sustancias y utilización de la relación de confianza con la familia para mantener el control sobre los menores.
Uno de los elementos más llamativos del expediente es que algunos de los denunciantes habían defendido públicamente a Jackson durante años.
En 2010, miembros de la familia aparecieron en televisión y negaron que hubiera existido una conducta impropia por parte del cantante. Ahora sostienen que esas declaraciones fueron consecuencia de una manipulación que, según ellos, comenzó durante su infancia.
El cambio de versión está vinculado por los propios hermanos al documental Leaving Neverland, estrenado en 2019. La producción presentó los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes acusaron a Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran menores. Los Cascio han explicado que ver el documental les hizo reconsiderar experiencias de su propia infancia y comenzar a hablar entre ellos sobre lo que, según sostienen actualmente, habían vivido.
Después de esa etapa comenzaron las negociaciones con el patrimonio.
La familia llegó posteriormente a un acuerdo financiero con el patrimonio de Jackson. Las informaciones publicadas durante el proceso señalan que el acuerdo involucró aproximadamente 16 millones de dólares distribuidos entre los hermanos, aunque los términos exactos y sus condiciones han sido objeto de diferentes interpretaciones y disputas. Los pagos se interrumpieron en 2025 y, posteriormente, las partes volvieron a enfrentarse por nuevas reclamaciones económicas.
Ese acuerdo es ahora el centro de la batalla.
Los Cascio sostienen que determinadas condiciones del pacto no deberían impedirles presentar sus denuncias. El patrimonio sostiene exactamente lo contrario: que el contrato fue negociado y firmado y que sus mecanismos de arbitraje y confidencialidad deben respetarse.
El juez se inclinó por esta segunda interpretación para decidir el procedimiento.
La controversia también tiene una dimensión jurídica más compleja. Los abogados de los hermanos intentaron utilizar argumentos relacionados con la legislación federal estadounidense sobre arbitraje en casos de agresión y acoso sexual. La Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment Act, aprobada por el Congreso estadounidense y promulgada en 2022, permite en determinadas circunstancias que una persona no quede obligada a resolver privadamente una reclamación de agresión sexual. La cuestión central en este caso era cómo aplicar esa legislación a un acuerdo celebrado anteriormente y cuándo se considera jurídicamente que surgió la controversia.
Ese argumento no logró impedir que el juez enviara el conflicto a arbitraje.
La decisión tiene una consecuencia práctica enorme: el público probablemente no tendrá acceso a un juicio en el que los hermanos Cascio y el patrimonio de Jackson expongan ante un jurado sus versiones de los hechos.
En un juicio público, las acusaciones podrían haber sido examinadas mediante testimonios, interrogatorios, documentos, peritajes y otras pruebas, dentro de los límites establecidos por las reglas procesales. El arbitraje puede analizar igualmente pruebas y argumentos, pero se desarrolla en un entorno privado y con reglas diferentes.
Eso no significa necesariamente que el procedimiento termine rápidamente.
El arbitraje puede prolongarse durante meses y, dependiendo de su resultado y de las cláusulas del acuerdo, generar nuevas disputas judiciales sobre cuestiones concretas.
Tampoco significa que la familia haya perdido definitivamente toda posibilidad de obtener una compensación. El arbitraje sigue siendo un mecanismo de resolución del conflicto, y el árbitro tendrá que analizar las cuestiones que sean de su competencia conforme al acuerdo y al derecho aplicable.
Por eso, titular que “la demanda fue rechazada” puede resultar engañoso si se interpreta como una conclusión sobre las acusaciones.
Lo correcto es decir que el tribunal federal rechazó que el caso continuara como un juicio público y ordenó que la disputa sea sometida al arbitraje previsto en el acuerdo.
El caso también debe diferenciarse de otros litigios que involucran acusaciones contra Jackson.
Los nombres de Wade Robson y James Safechuck aparecen con frecuencia cuando se habla del legado judicial del cantante, pero sus procesos son distintos. Los dos han mantenido durante años demandas civiles contra empresas vinculadas con Jackson y sus casos siguen una trayectoria procesal diferente. Las reclamaciones de los Cascio constituyen una causa independiente.
También existe un procedimiento separado relacionado con Frank Cascio, otro integrante de la familia. Ese caso ya había entrado en una disputa de arbitraje diferente y no debe confundirse con la demanda federal presentada por Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo.
La distinción es importante porque en las últimas semanas algunos titulares y publicaciones en redes sociales han mezclado los diferentes expedientes, creando la impresión de que existe una única demanda de toda la familia Cascio.
No es así.
Existen procedimientos jurídicos diferentes, con demandantes distintos, acuerdos diferentes y etapas procesales diferentes.
El nuevo fallo corresponde específicamente a la demanda federal presentada por los cuatro hermanos.
También hay una cuestión histórica que vuelve a aparecer cada vez que se analiza el caso Jackson: el cantante nunca fue condenado penalmente por abuso sexual infantil. En 1994 alcanzó un acuerdo civil con la familia de un menor que lo acusaba, sin admitir culpabilidad, y en 2005 fue absuelto de todos los cargos en el juicio penal de California. Esa historia judicial forma parte del contexto, pero no determina por sí misma el resultado de las actuales demandas civiles.
La decisión actual tampoco modifica aquellas resoluciones.
El juez Vera no estaba juzgando penalmente a Michael Jackson, quien murió en 2009, ni podía declarar culpable o inocente al cantante en una causa penal. Su función en este expediente era determinar si la controversia podía tramitarse ante un tribunal federal o debía ser enviada al mecanismo privado establecido en el contrato.
Y ahí está el punto que probablemente genere más confusión en las próximas semanas.
El caso no terminó. Cambió de escenario.
Los hermanos Cascio todavía pueden intentar defender sus reclamaciones dentro del procedimiento de arbitraje y sus abogados deberán decidir qué recursos procesales tienen disponibles frente a la decisión del juez.
El patrimonio, por su parte, consiguió evitar por ahora un juicio público que podría haber expuesto durante meses documentos, testimonios y acusaciones relacionadas con uno de los capítulos más polémicos de la vida de Michael Jackson.
El resultado es particularmente relevante para el legado económico del cantante. Su patrimonio continúa administrando importantes activos vinculados con su música, imagen y propiedad intelectual, mientras las disputas judiciales pueden tener consecuencias financieras y reputacionales.
La controversia llega además en un momento especialmente sensible para la imagen pública de Jackson, debido al renovado interés internacional alrededor de su figura y de las producciones audiovisuales relacionadas con su vida.
Eso explica también por qué cada nuevo episodio judicial genera una enorme repercusión.
Pero existe una ironía en todo el asunto.
Los Cascio querían que sus acusaciones fueran escuchadas públicamente.
El patrimonio quería que el conflicto permaneciera dentro de un mecanismo privado.
El tribunal terminó inclinándose por la segunda opción.
Y ahora el próximo capítulo de esta historia se escribirá lejos de las cámaras.
En una sala de arbitraje.
Qué significa realmente el fallo
La decisión del juez puede resumirse en cinco puntos:
- No hubo una sentencia que determinara que las acusaciones son falsas.
- Tampoco hubo una sentencia que determinara que los abusos denunciados ocurrieron.
- El tribunal federal determinó que existe un acuerdo con una cláusula de arbitraje aplicable a la disputa.
- El litigio no continuará como un juicio público federal; deberá avanzar mediante arbitraje confidencial.
- El conflicto, por tanto, no está necesariamente terminado: cambia de foro y continuará bajo el procedimiento arbitral.
El resultado puede convertirse además en un precedente interesante para otros casos de abuso sexual histórico en Estados Unidos en los que existan acuerdos privados anteriores. La legislación estadounidense ha intentado limitar determinados mecanismos de arbitraje obligatorio en casos de agresión sexual, pero la aplicación de esas normas a acuerdos previamente celebrados continúa generando controversias jurídicas.
El caso Cascio demuestra que la batalla legal puede ser tan importante como las acusaciones originales: antes de discutir qué ocurrió, las partes pueden pasar años discutiendo dónde, cómo y ante quién debe discutirse lo ocurrido.
En este caso, el juez ya respondió una de esas preguntas.
No será ante un jurado público.
Será ante un árbitro.
Y ahora comienza una nueva etapa de una disputa que, lejos de desaparecer, podría prolongarse durante mucho tiempo.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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