El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto dejó un nuevo y doloroso balance en la identificación de las víctimas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que, hasta las 15:00 del 14 de agosto, había recibido 270 cuerpos procedentes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De ese total, 259 víctimas ya habían sido identificadas y 235 cuerpos fueron entregados a sus familiares. El número total de fallecidos por la catástrofe había ascendido a 287, mientras continuaban las labores de rescate, recuperación e identificación de personas que permanecían desaparecidas. Entre las víctimas identificadas había 19 menores de edad, incluidos niños y un bebé de apenas cuatro meses.

El nuevo reporte de Medicina Legal representa un cambio importante respecto de los balances difundidos en las primeras horas de la tragedia. La identificación forense avanza a medida que los equipos recuperan cuerpos de edificios colapsados y los trasladan a las sedes regionales del instituto. La cifra de 270 cuerpos recibidos no equivale al número total de fallecidos, porque todavía existían víctimas que podían permanecer en zonas de desastre, mientras otras estaban siendo trasladadas o aguardaban procesos de recuperación. El instituto, además, mantiene abiertos los procedimientos para determinar la identidad de los cuerpos que todavía no han podido ser plenamente establecidos.

El terremoto ocurrió el 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, con epicentro en las proximidades de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y una profundidad aproximada de 103 kilómetros. El Servicio Geológico Colombiano confirmó una magnitud de 7,4 y calificó el movimiento como el de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. El sismo afectó al menos 15 departamentos y provocó daños particularmente graves en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

Durante las primeras horas, las autoridades no disponían de una dimensión completa de la tragedia. Las comunicaciones estaban afectadas en determinados sectores, numerosos edificios habían quedado inestables y algunos municipios tenían dificultades para recibir equipos de emergencia. Por ello, el balance de víctimas fue aumentando progresivamente conforme los grupos de rescate pudieron acceder a estructuras destruidas y comunidades aisladas.

La situación en Pereira se convirtió rápidamente en uno de los principales focos de la emergencia. La capital de Risaralda sufrió el colapso de varias estructuras y concentró una parte importante de los trabajos de búsqueda. Allí los equipos utilizaron perros especializados, cámaras, sensores y herramientas de rescate urbano para intentar localizar personas atrapadas. El hotel Dibeni, entre otros edificios, se transformó en uno de los puntos más dramáticos de las operaciones.

El balance de Medicina Legal permite observar ahora la tragedia desde otra perspectiva: la de las familias que esperan recuperar a sus seres queridos. Identificar un cuerpo no es solamente una operación técnica. Para una familia significa poner nombre a una víctima, confirmar oficialmente una muerte y comenzar el proceso de despedida después de días de incertidumbre.

De los 270 cuerpos recibidos por Medicina Legal, 259 habían sido identificados al corte de las 15:00 horas del viernes. Eso significa que quedaban 11 cuerpos pendientes de identificación dentro del grupo que ya había ingresado al instituto. De los identificados, 235 habían sido entregados a sus familias, mientras continuaban los procedimientos necesarios para completar las devoluciones restantes.

El proceso requiere comparar diferentes elementos de identificación y confirmar científicamente la identidad antes de entregar un cuerpo. En una tragedia de esta magnitud, los especialistas pueden recurrir a documentación, características físicas, odontología forense, huellas, información genética y otros procedimientos técnicos. La prioridad es evitar errores en un escenario donde numerosas familias esperan respuestas y donde una identificación equivocada tendría consecuencias irreparables.

La cifra de menores también genera una dimensión particularmente dolorosa. 19 menores de edad ya figuraban entre las víctimas identificadas por Medicina Legal. El listado incluye niños y adolescentes encontrados en distintas localidades afectadas. Entre los casos registrados aparece incluso un bebé de cuatro meses, identificado en Santander de Quilichao.

La presencia de menores entre los fallecidos muestra que el terremoto no afectó exclusivamente a viviendas antiguas o sectores específicos. Escuelas, viviendas familiares, edificios comerciales y otras estructuras fueron alcanzadas por el movimiento, dejando a comunidades enteras expuestas. Para los equipos de rescate, además, la recuperación de niños exige procedimientos especialmente cuidadosos y genera una enorme presión emocional.

La lista difundida por Medicina Legal permite conocer también las ciudades y localidades de procedencia de los cuerpos identificados. Entre ellas aparecen Manizales, Belén de Umbría, Cartago, Pereira, Armenia-Calarcá, Popayán, Cali, Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá, Roldanillo, Santander de Quilichao y Quibdó. La distribución confirma que la tragedia tuvo un alcance territorial mucho mayor que el de una sola ciudad.

Cali y Pereira concentran una parte especialmente importante de las víctimas, de acuerdo con los registros difundidos por las autoridades y por Medicina Legal. En Cali, la lista de identificados incluye decenas de personas de diferentes edades, desde niños hasta adultos mayores. La ciudad sufrió daños estructurales severos y registró el colapso de edificaciones, incluida la Notaría 20, donde murió una mujer.

En Pereira, la situación fue todavía más dramática desde el punto de vista de las operaciones de rescate. La ciudad llegó a registrar 95 fallecidos en el balance utilizado por Medicina Legal y las autoridades locales al 14 de agosto. El número convirtió a Pereira en uno de los epicentros humanos de la catástrofe, junto con Cali.

En el listado aparecen además víctimas de Manizales, donde Medicina Legal identificó, entre otros, a Fernando Alonso González, de 70 años; Catalina Arango Sandoval, de 18; Oscar de Jesús Henao Marín, de 78; Luis Alberto Duque Cortes, de 42; y Graciela Zapata López, de 72. La diversidad de edades vuelve a mostrar que el terremoto afectó a familias completas y no a un único segmento de población.

También fueron identificadas víctimas procedentes de Cartago y Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda. En Cartago, el listado incluía cuatro personas, mientras que en Belén de Umbría figuraba una víctima. Aunque las cifras locales son menores que las de Pereira, cada identificación representa una familia afectada por el desastre.

El departamento del Valle del Cauca aparece de manera especialmente significativa en el registro. Además de Cali, Medicina Legal recibió cuerpos procedentes de Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá y Roldanillo. En Buenaventura fueron identificadas nueve personas; en Buga, seis; en Sevilla, tres; en Tuluá, dos; y en Roldanillo, seis, según el listado publicado por el instituto y reproducido por Infobae.

Entre los casos más conmovedores aparece Santander de Quilichao, donde fue identificado un bebé de apenas cuatro meses. El registro forense preservó las iniciales del menor debido a su condición de niño, una práctica que forma parte de los mecanismos de protección de identidad utilizados en este tipo de procesos.

En Quibdó, capital del Chocó, Medicina Legal identificó al menos 12 víctimas en el listado publicado. Entre ellas había adultos y menores, incluido un niño de cinco años. La presencia de víctimas en el departamento donde se ubicó el epicentro recuerda que la tragedia no se limitó a los grandes centros urbanos del eje cafetero y del Valle del Cauca.

El hecho de que Medicina Legal haya recibido cuerpos procedentes de cuatro departamentos —Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca— también permite dimensionar la extensión geográfica de la catástrofe. Los cuerpos recuperados no están concentrados en una sola morgue ni en una única ciudad, lo que complica la coordinación logística, la identificación y la entrega a los familiares.

El proceso se realiza en coordinación con otras instituciones, incluida la Fiscalía General de la Nación, y las entregas se efectúan en las sedes correspondientes de cada zona. En el caso de las víctimas procedentes de Cali, el proceso de entrega se desarrolla en la Unidad Básica de Palmira, según el reporte de Medicina Legal.

La necesidad de trasladar cuerpos entre municipios revela otra de las consecuencias menos visibles de un desastre de esta magnitud: la infraestructura forense también puede quedar rápidamente desbordada. Las morgues de las regiones afectadas recibieron un volumen de víctimas muy superior al habitual, obligando a utilizar espacios adicionales y sistemas temporales de refrigeración para conservar los cuerpos mientras se completaban los procedimientos.

El problema llegó a adquirir dimensiones críticas en Palmira, donde medios colombianos reportaron una fuerte presión sobre la capacidad de almacenamiento de cuerpos. La situación generó angustia entre familiares que esperaban durante horas o días para obtener información sobre sus seres queridos y poder realizar los funerales.

Esto explica por qué la identificación forense se convierte en una segunda carrera contra el tiempo después del rescate. Durante las primeras horas, la prioridad es encontrar sobrevivientes. Cuando las posibilidades de supervivencia disminuyen, el trabajo cambia: se deben recuperar cuerpos de forma segura, documentar el lugar, trasladarlos, identificarlos y garantizar una entrega digna.

Ese proceso puede resultar particularmente difícil cuando los edificios han quedado completamente destruidos. En algunos casos, los cuerpos pueden encontrarse en espacios reducidos, bajo toneladas de concreto o mezclados con elementos estructurales que deben retirarse cuidadosamente para evitar daños adicionales.

El trabajo de los forenses tampoco termina cuando se identifica a una víctima. Hay que establecer correctamente su identidad, documentar el procedimiento y garantizar que el cuerpo sea entregado a la persona autorizada. En una tragedia con cientos de víctimas, cada expediente requiere precisión.

Mientras tanto, el balance general de la catástrofe seguía cambiando. El registro utilizado por Medicina Legal hablaba de 287 muertos, mientras otros balances oficiales del día contabilizaban además miles de heridos y cientos de desaparecidos. Las diferencias entre las cifras de las distintas instituciones responden a los horarios de corte y a que cada organismo contabiliza etapas diferentes del proceso: fallecimientos reportados, cuerpos recuperados, cuerpos ingresados a Medicina Legal o víctimas plenamente identificadas.

Por eso es importante no mezclar los números. 287 fallecidos no significa que Medicina Legal hubiera recibido 287 cuerpos, de la misma manera que 259 identificados no significa que únicamente existieran 259 muertos. El instituto había recibido 270 cuerpos y había identificado 259 de ellos; el balance general de víctimas mortales era superior y continuaba actualizándose.

Esta diferencia metodológica es especialmente importante en una emergencia nacional. Los números pueden parecer contradictorios cuando en realidad corresponden a momentos distintos de la cadena de respuesta. Una víctima puede haber sido contabilizada por las autoridades locales antes de que su cuerpo ingrese a Medicina Legal y, posteriormente, ser incorporada al registro de identificados.

El terremoto también dejó una enorme cantidad de personas desaparecidas. El balance oficial difundido el 14 de agosto situaba la cifra en torno a 379 personas, mientras los equipos de rescate todavía trabajaban en estructuras colapsadas. Esa cifra representaba el principal motivo para mantener operaciones de búsqueda incluso después de que hubieran transcurrido más de 72 horas desde el terremoto.

La identificación de los cuerpos y la búsqueda de desaparecidos avanzan de manera paralela. Una operación puede terminar con el hallazgo de una persona que estaba registrada como desaparecida, mientras que la identificación de un cuerpo puede permitir cerrar oficialmente el caso de otra persona cuya familia llevaba días esperando.

En ese sentido, cada identificación tiene dos efectos simultáneos: aumenta la certeza sobre el número real de víctimas y reduce la incertidumbre de una familia.

Para quienes todavía buscan a un familiar, sin embargo, el proceso continúa siendo angustiante. Mientras una familia recibe un cuerpo y comienza el duelo, otra puede permanecer frente a un teléfono esperando una llamada que confirme que su ser querido fue encontrado.

El terremoto dejó además una situación especialmente compleja para las familias de las víctimas que no contaban con documentos inmediatamente disponibles. En algunos casos, los familiares tuvieron que proporcionar información genética o registros odontológicos para ayudar a establecer la identidad.

La utilización de ADN puede convertirse en una herramienta esencial cuando los cuerpos presentan daños que dificultan la identificación visual. Después de un terremoto, la identificación por reconocimiento directo puede ser insuficiente, por lo que los procedimientos científicos adquieren una importancia decisiva.

La tragedia también vuelve a poner en primer plano el papel de Medicina Legal en Colombia. El instituto no solamente interviene en investigaciones criminales; también desempeña una función esencial en catástrofes masivas, cuando es necesario identificar a numerosas víctimas y proporcionar respuestas a sus familiares.

El trabajo forense tiene además una dimensión jurídica. Cada cuerpo recuperado debe quedar correctamente registrado, porque posteriormente pueden surgir trámites relacionados con herencias, seguros, pensiones, documentos, custodia de menores y otros derechos de los familiares.

Por eso, identificar correctamente una víctima también significa proteger los derechos de quienes sobreviven.

La magnitud de la tragedia obligó a Colombia a utilizar prácticamente toda su capacidad de respuesta. Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército, organismos de gestión del riesgo, hospitales, autoridades municipales y equipos internacionales participaron en las operaciones.

Equipos extranjeros llegaron para apoyar la búsqueda, especialmente en las zonas donde la complejidad de las estructuras colapsadas exigía conocimientos especializados. La cooperación internacional permitió incorporar perros de búsqueda, especialistas en estructuras, sistemas de detección y personal capacitado en rescate urbano.

Pero a medida que disminuían las posibilidades de encontrar sobrevivientes, el centro de gravedad de la emergencia comenzó a desplazarse hacia la recuperación de cuerpos, la identificación y la asistencia a los familiares.

Ese cambio es uno de los momentos más difíciles después de un gran terremoto. Para los equipos de rescate significa aceptar que una operación diseñada para salvar vidas está entrando en una fase distinta. Para las familias significa que la espera por un milagro puede transformarse en la espera por una identificación.

El número de menores identificados añade además una dimensión que obligará al Estado colombiano a prestar atención especial a las familias sobrevivientes. Cuando mueren niños, pueden quedar padres, hermanos, abuelos y otros familiares que requieren apoyo psicológico y social. En algunos casos, también quedan menores huérfanos que necesitarán protección institucional.

La reconstrucción deberá contemplar esas consecuencias.

No bastará con entregar viviendas nuevas. Colombia tendrá que reconstruir comunidades completas, reparar escuelas, recuperar hospitales, restablecer servicios públicos y ayudar a las familias a recuperar sus medios de subsistencia.

El presidente Abelardo de la Espriella ya comenzó a presentar medidas para la reconstrucción y anunció la movilización de recursos públicos y privados. El Gobierno enfrenta ahora la tarea de transformar una respuesta de emergencia en un programa de recuperación que podría extenderse durante años.

La tragedia también abrió un debate sobre las condiciones de las edificaciones. Una parte importante de los daños se produjo en estructuras que no pudieron resistir adecuadamente el movimiento. El terremoto vuelve a plantear la necesidad de revisar construcciones antiguas, viviendas informales y edificios estratégicos.

Hospitales, escuelas, centros administrativos y sistemas de agua deben ser capaces de permanecer operativos después de un terremoto. Si un desastre destruye simultáneamente los lugares donde se debe atender a las víctimas, la capacidad de respuesta se reduce drásticamente.

La experiencia de Colombia deja una conclusión incómoda: no basta con tener buenos equipos de rescate si las ciudades continúan acumulando edificaciones vulnerables.

La prevención sísmica empieza mucho antes de que un terremoto ocurra.

También comienza con información precisa. El caso de las identificaciones demuestra que, en una emergencia, cada dato debe ser actualizado y contrastado. Un número publicado por una alcaldía puede cambiar cuando Medicina Legal recibe nuevos cuerpos; una persona inicialmente registrada como desaparecida puede ser encontrada; un cuerpo no identificado puede finalmente recibir un nombre.

Por eso, los balances de una catástrofe deben manejarse con cortes horarios claros.

El reporte de Medicina Legal del 14 de agosto a las 15:00 horas constituye una fotografía precisa de una parte del proceso: 270 cuerpos recibidos, 259 identificados y 235 entregados a sus familias. Pero la tragedia continúa evolucionando y las cifras pueden cambiar nuevamente.

La dimensión humana detrás de esos números es difícil de medir. Cada cuerpo identificado representa una historia que terminó de manera abrupta: una persona que salió de casa el lunes por la mañana, un trabajador que llegó a su empleo, un estudiante que comenzó su jornada, un adulto mayor que permanecía en su vivienda o un bebé que apenas comenzaba su vida.

Entre las listas aparecen personas de cuatro meses a 94 años. Esa amplitud de edades muestra que el terremoto atravesó generaciones enteras. No hubo un único perfil de víctima.

Y eso explica por qué la fase forense es tan importante.

El rescate salva a quienes pueden ser salvados.

La identificación devuelve un nombre a quienes ya no pudieron sobrevivir.

Y para las familias, ese nombre es el comienzo del duelo.

La cifra de 259 víctimas identificadas por Medicina Legal representa mucho más que una actualización estadística. Son 259 personas cuyo destino pudo ser establecido científicamente y 259 familias que recibieron, o esperan recibir, una respuesta definitiva. De los 270 cuerpos ingresados al instituto hasta las 15:00 del 14 de agosto, 235 ya habían sido entregados a sus familiares y 19 de los identificados eran menores de edad. Los cuerpos procedían de cuatro departamentos y de ciudades y municipios como Cali, Pereira, Manizales, Buenaventura, Buga, Quibdó, Roldanillo y Santander de Quilichao. Mientras Colombia avanza lentamente de la búsqueda de sobrevivientes hacia la recuperación e identificación de las víctimas, el terremoto deja una segunda emergencia: reconstruir no solamente edificios, sino también la vida de decenas de miles de familias que quedaron marcadas por la tragedia.