El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto dejó a miles de personas sin condiciones para regresar a sus viviendas y convirtió calles, parques y espacios improvisados en refugios nocturnos. En Pereira, una de las ciudades más golpeadas, la situación es especialmente dramática para las familias de menores ingresos y para quienes ya vivían en condiciones de vulnerabilidad. Mientras los equipos de rescate todavía buscan sobrevivientes y las autoridades evalúan edificios dañados, dormir bajo lonas, sobre colchones colocados en las veredas y alrededor de fogatas se ha convertido para muchos en la única alternativa frente al miedo de que sus casas vuelvan a colapsar.

La escena descrita desde Pereira, en el departamento de Risaralda, resume una de las consecuencias menos visibles de una catástrofe sísmica: una vivienda puede permanecer parcialmente en pie y, sin embargo, dejar de ser habitable. Grietas, estructuras debilitadas y el temor a nuevas réplicas han llevado a numerosos habitantes a permanecer fuera de sus hogares incluso cuando todavía conservan parte de sus pertenencias.

El problema se agravó por la destrucción de viviendas, comercios e infraestructura en varias ciudades del Eje Cafetero. Pereira, Cali, Manizales y otras localidades recibieron el impacto del sismo, mientras que las autoridades comenzaron a realizar evaluaciones estructurales y censos de familias damnificadas.

Pero en Pereira existe una historia particularmente dolorosa detrás de las imágenes de personas durmiendo en la calle. Uno de los edificios que colapsó era un hotel utilizado como alojamiento por personas de bajos ingresos y personas sin hogar. Su derrumbe convirtió un lugar que ya funcionaba como refugio de emergencia social en uno de los escenarios centrales de la operación de búsqueda y rescate.

En los alrededores de los escombros se organizaron espontáneamente cientos de ciudadanos. Según la cobertura de El País, alrededor de 500 voluntarios participaron en las labores de búsqueda en las primeras jornadas, utilizando herramientas disponibles y trabajando durante horas entre los restos del edificio.

La movilización ciudadana adquirió una dimensión que sorprendió incluso a los propios equipos de emergencia. Vendedores informales, vecinos, aficionados al fútbol y otros habitantes se sumaron a las tareas de rescate mientras las autoridades intentaban coordinar una operación cada vez más compleja.

La imagen tiene un fuerte componente simbólico: personas que normalmente viven en condiciones precarias terminaron convirtiéndose en protagonistas de una de las operaciones de rescate más difíciles de la ciudad.

La tragedia también expuso una vulnerabilidad previa. Quienes perdieron sus casas no necesariamente partían de una situación estable. Para una familia con recursos suficientes, abandonar temporalmente una vivienda puede significar alojarse en un hotel, trasladarse con familiares o alquilar otro inmueble. Para una familia pobre, la pérdida o inhabitabilidad de una casa puede significar literalmente quedarse en la calle.

Esa diferencia explica por qué el terremoto no está afectando a todos los colombianos de la misma manera.

Los habitantes que ya tenían dificultades para pagar un alquiler, acceder a una vivienda segura o mantener un ingreso estable enfrentan ahora un problema adicional: dónde dormir, dónde guardar sus pertenencias y cómo conseguir comida mientras esperan una evaluación de sus viviendas.

La emergencia humanitaria se desarrolla además mientras continúan las operaciones de rescate. El balance de víctimas ha aumentado desde las primeras horas del terremoto y las cifras siguen sujetas a actualización. Reuters informó este viernes de al menos 285 muertos, cerca de 4.000 heridos y unos 400 desaparecidos, mientras los equipos todavía trabajan en estructuras colapsadas.

En las primeras 72 horas, la prioridad fue encontrar personas con vida. Ese período es considerado crítico para las operaciones de búsqueda urbana porque las posibilidades de supervivencia bajo los escombros disminuyen rápidamente cuando faltan agua, aire, atención médica y condiciones mínimas de seguridad.

Y, aun después de ese período, los rescatistas no abandonaron completamente las esperanzas. Este viernes se produjo uno de los episodios más sorprendentes de la emergencia: equipos de rescate localizaron con vida a un hombre atrapado bajo los restos de un hotel derrumbado en Pereira. El hallazgo se convirtió en un raro momento de esperanza dentro de una tragedia que acumula cientos de víctimas.

La operación, sin embargo, se desarrolla bajo condiciones extremadamente difíciles. Las réplicas continúan, los edificios dañados pueden presentar nuevos desprendimientos y cada ingreso de los equipos de rescate debe realizarse evaluando cuidadosamente el riesgo.

El terremoto también produjo una crisis de infraestructura. Escuelas, hospitales, viviendas, comercios, carreteras y sistemas de servicios públicos sufrieron daños. La Associated Press informó de más de 25.800 familias desplazadas y de daños en centenares de instituciones educativas.

Eso significa que el problema ya no consiste solamente en encontrar alojamiento para quienes perdieron sus casas. También será necesario determinar dónde podrán estudiar los niños, dónde recibirán atención médica los enfermos y cómo volverán a funcionar los comercios y fuentes de empleo.

La emergencia, por tanto, está entrando en una segunda etapa.

Durante los primeros días, el país estuvo concentrado en sobrevivir al desastre y rescatar personas. Ahora comienza una fase mucho más prolongada: evaluar daños, reubicar familias, reconstruir viviendas, restablecer servicios y decidir qué edificios pueden ser reparados y cuáles deberán ser demolidos.

En Pereira, ese proceso puede ser especialmente complicado porque muchos habitantes todavía desconocen si podrán regresar a sus viviendas. Algunas estructuras permanecen en pie, pero eso no significa necesariamente que sean seguras.

La experiencia de otros grandes terremotos demuestra que esta incertidumbre puede prolongarse durante semanas. Una familia puede pasar de dormir una noche fuera de su casa por precaución a permanecer durante días o semanas en un refugio improvisado.

Y cuanto más tiempo permanece una persona fuera de su vivienda, mayores son las consecuencias económicas y sociales.

Los trabajadores informales pueden perder días de ingresos. Los pequeños comerciantes pueden perder mercadería. Los niños pueden interrumpir las clases. Las personas mayores pueden quedar separadas de sus tratamientos habituales. Las familias pueden perder documentos, medicamentos, ropa y herramientas de trabajo.

Para quienes ya estaban en situación de pobreza, la emergencia puede convertirse rápidamente en una crisis de largo plazo.

El terremoto también está obligando a revisar la capacidad de respuesta del Estado colombiano. La administración del presidente Abelardo de la Espriella, recién instalada cuando ocurrió el desastre, enfrenta su primera gran crisis nacional apenas días después de asumir el poder.

La respuesta gubernamental ha sido observada con especial atención debido a la magnitud del desastre y a las dificultades iniciales para coordinar recursos en algunas de las zonas más afectadas.

La llegada de ayuda internacional también generó controversia durante las primeras horas. Posteriormente, Colombia comenzó a recibir apoyo de diferentes países y organismos, incluidos equipos y suministros destinados a las labores de emergencia.

Pero la discusión política pierde relevancia frente a una necesidad inmediata: la gente necesita un lugar seguro donde pasar la noche.

Una lona puede proteger de la lluvia, pero no reemplaza una vivienda. Un colchón colocado sobre una acera puede permitir dormir algunas horas, pero no ofrece seguridad, privacidad ni condiciones sanitarias adecuadas. Una fogata puede proporcionar calor, pero no resuelve la alimentación ni la higiene de una familia.

Ese es el punto en que la emergencia sísmica comienza a transformarse en una crisis habitacional.

Pereira ya tenía experiencia institucional en la atención de personas que viven en la calle. La Alcaldía dispone de un modelo de atención que incluye alojamiento temporal, alimentación, atención sanitaria y acompañamiento psicosocial para personas en situación de calle.

Sin embargo, la magnitud del terremoto cambia completamente la escala del problema. Una infraestructura diseñada para atender a una población determinada puede quedar rápidamente superada cuando miles de personas necesitan alojamiento simultáneamente.

Además, no todos los damnificados son habitantes de calle. Hay familias que tenían una vivienda formal, pero que la perdieron o ya no pueden utilizarla. Esa diferencia exige políticas específicas de emergencia que eviten que los damnificados terminen incorporándose a una situación de pobreza extrema.

El desafío será todavía mayor para las familias que alquilaban sus viviendas. Si un inmueble queda afectado, aparece una pregunta incómoda: ¿quién paga el alojamiento alternativo mientras se determina la responsabilidad sobre la vivienda y se reconstruye el inmueble?

La emergencia también puede generar conflictos entre propietarios e inquilinos, especialmente cuando existen viviendas dañadas pero todavía no clasificadas oficialmente como inhabitables.

En este escenario, el Estado tendrá que actuar rápidamente para evitar que la catástrofe física se transforme en una crisis social prolongada.

El Gobierno colombiano ya dispone de mecanismos de asistencia económica para familias damnificadas por emergencias. Antes del terremoto, Prosperidad Social había implementado una línea de atención que otorgaba 500.000 pesos colombianos por hogar a familias damnificadas certificadas por las autoridades.

Sin embargo, la magnitud del terremoto podría exigir medidas extraordinarias. Miles de familias pueden necesitar subsidios de alojamiento, materiales de construcción, alimentos, asistencia médica y apoyo para recuperar sus medios de vida.

La reconstrucción tampoco será solamente una cuestión de levantar paredes nuevamente. Será necesario determinar qué edificios cumplen las normas sísmicas actuales, cuáles pueden reforzarse y cuáles representan un riesgo permanente.

Colombia se encuentra en una región de elevada actividad sísmica y cuenta con una extensa normativa de construcción resistente a terremotos. Pero la existencia de normas no significa que todas las construcciones antiguas hayan sido edificadas bajo los mismos estándares.

Ahí aparece otro de los problemas que suelen quedar ocultos hasta que ocurre un gran terremoto: la vulnerabilidad acumulada de edificios construidos décadas atrás.

La reconstrucción puede convertirse entonces en una oportunidad para corregir parte de esas debilidades, pero también puede resultar mucho más costosa que una simple reposición de viviendas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que la reconstrucción derivada del terremoto podría situarse entre US$ 1.000 millones y US$ 10.000 millones, dependiendo de la magnitud final de los daños y del alcance de la reconstrucción.

Esa cifra permite dimensionar la diferencia entre la emergencia inmediata y el problema que viene.

Las lonas y los colchones son una imagen de los primeros días. La reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y redes de infraestructura será la imagen de los próximos años.

Para Pereira, además, quedará una herida particular alrededor del hotel que colapsó y de las personas que allí buscaban refugio. El edificio representa una de las dimensiones más crudas del terremoto: quienes ya vivían en los márgenes de la sociedad fueron nuevamente golpeados por una catástrofe que no distingue entre ricos y pobres, pero cuyas consecuencias sí se distribuyen de manera desigual.

Mientras continúan las tareas de rescate, cientos de familias siguen mirando hacia las ruinas de sus barrios tratando de decidir qué pueden recuperar y qué han perdido definitivamente.

La solidaridad ciudadana ha sido uno de los elementos más fuertes de la emergencia. Pero la solidaridad, por sí sola, no puede sustituir una política de reconstrucción.

Colombia tendrá que convertir esa solidaridad espontánea en una respuesta institucional capaz de garantizar vivienda, alimentación, salud, educación y empleo para quienes quedaron desplazados por el terremoto.

Porque el desastre no termina cuando dejan de caer los edificios.

Para quienes duermen bajo una lona, sobre un colchón en la vereda o alrededor de una fogata, el terremoto continúa cada noche.

Y esa será probablemente la prueba más difícil para Colombia: conseguir que las personas que sobrevivieron al terremoto no terminen sobreviviendo durante meses o años a sus consecuencias.