El Senado de Bolivia suspendió por ocho meses al senador suplente Nilton Condori Alanoca, uno de los dirigentes políticos señalados como promotores de los bloqueos de carreteras que mantuvieron al país parcialmente paralizado durante más de 50 días entre mayo y junio. La sanción se produce después de una crisis que provocó desabastecimiento, interrupciones del transporte, dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y combustible y graves pérdidas económicas. Condori, que llegó a la Asamblea Legislativa como suplente de la alianza Unidad, había participado activamente en la organización de las movilizaciones y fue incluido en acciones judiciales relacionadas con los bloqueos. El legislador, lejos de anunciar su retiro de la política, afirmó después de conocer la sanción que utilizará este período para construir un proyecto político con miras a una eventual candidatura presidencial en 2030.

La sanción contra Nilton Condori Alanoca no aparece aislada de la mayor crisis política y social que enfrentó el Gobierno de Rodrigo Paz durante sus primeros meses. El conflicto comenzó a extenderse por distintas regiones del país a partir de mayo y terminó convirtiendo las carreteras en el principal escenario de una disputa entre organizaciones campesinas, sindicales y sectores vinculados al movimiento político que exigían cambios en las políticas gubernamentales y, posteriormente, la salida del presidente. La Defensoría del Pueblo documentó que Condori fue incluido junto con dirigentes sociales y autoridades gubernamentales en una acción popular relacionada con las medidas de presión que afectaron la libre circulación y el acceso a servicios esenciales.

Condori ocupaba un escaño como senador suplente por la alianza Unidad, representando al departamento de La Paz. Los registros electorales lo identifican como suplente de Carmen Soledad Chapetón Tancara, elegida como senadora titular por esa misma organización política. Su condición de suplente no le impidió convertirse en uno de los rostros políticos más visibles de las movilizaciones. Durante las semanas más intensas del conflicto apareció en marchas, reuniones y declaraciones públicas, y llegó a participar en la organización de acciones de protesta junto a organizaciones campesinas y sindicales.

El papel de Condori fue particularmente polémico porque, al mismo tiempo que formaba parte del Legislativo, adoptó posiciones abiertamente enfrentadas con el Gobierno del que se esperaba que ejerciera funciones de fiscalización desde la Asamblea. En mayo, cuando los bloqueos todavía estaban creciendo, apareció públicamente junto a sectores movilizados y reclamó la renuncia de Rodrigo Paz, además de cuestionar las decisiones del Ejecutivo para enfrentar la crisis.

La tensión alcanzó uno de sus momentos más fuertes cuando Condori advirtió públicamente sobre la posibilidad de una “guerra civil” y una “revolución sangrienta” si el Gobierno recurría a un estado de excepción para despejar las carreteras. Sus declaraciones fueron realizadas mientras los bloqueos ya habían provocado serios problemas de abastecimiento y cuando las autoridades advertían sobre el deterioro de la situación humanitaria en diferentes regiones.

El senador también defendió las reivindicaciones de las organizaciones movilizadas y cuestionó al Gobierno por, según su interpretación, no haber cumplido compromisos asumidos durante la campaña electoral. En paralelo, se ofreció en determinados momentos como intermediario entre el Ejecutivo y los sectores movilizados, aunque posteriormente llegó a deslindar responsabilidades sobre la conducción directa de las protestas. Esa evolución de su discurso se convirtió en uno de los elementos utilizados por sus críticos para cuestionar su actuación durante la crisis.

El conflicto llegó a tener una duración extraordinaria. A mediados de junio, Bolivia acumulaba casi 50 días de bloqueos, con carreteras estratégicas interrumpidas en diferentes departamentos. El Gobierno denunció que las medidas de presión habían afectado gravemente el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros productos esenciales. La Presidencia informó posteriormente que la crisis había provocado daños tanto en la infraestructura como en la actividad económica y productiva.

La situación obligó finalmente al Gobierno de Paz a recurrir al estado de excepción, una decisión que fue aprobada por la Asamblea Legislativa después de una sesión marcada por fuertes tensiones políticas. El Decreto Supremo 5636 estableció medidas extraordinarias para recuperar la libre transitabilidad y tuvo una vigencia de 90 días. Entre las disposiciones se incluyeron restricciones a los bloqueos y concentraciones masivas, además de facultades especiales para las fuerzas de seguridad.

La Asamblea aprobó la medida con más de dos tercios de los votos, en una sesión que terminó de madrugada y que estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos políticos. El episodio mostró hasta qué punto el conflicto había dejado de ser únicamente una disputa entre el Gobierno y las organizaciones sociales: también había penetrado directamente en la propia Asamblea Legislativa.

Antes de que el estado de excepción fuera aprobado, distintas instancias judiciales ya habían intervenido en el conflicto. En mayo, una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió una acción popular relacionada con los bloqueos y ordenó adoptar medidas para restablecer la libre transitabilidad. La acción estaba dirigida, entre otros, contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana Mario Argollo, el senador Nilton Condori y el entonces ministro de Gobierno.

La presión judicial sobre Condori aumentó posteriormente. En mayo, la Fiscalía de La Paz confirmó que había admitido una denuncia penal contra el senador suplente por presuntos delitos que incluían terrorismo, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y financiamiento al terrorismo. La admisión de una denuncia, sin embargo, no equivale a una condena y el legislador debía ser considerado investigado mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

En aquel momento, Condori llegó a afirmar públicamente que existía una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía de La Paz aclaró que no tenía conocimiento de una orden vigente y que, después de revisar los procesos abiertos, no había encontrado un mandamiento de captura contra el legislador. La diferencia entre una denuncia admitida y una orden efectiva de aprehensión se convirtió entonces en otro punto de controversia alrededor del senador.

La situación tampoco terminó con el levantamiento de los bloqueos. Después de más de 50 días de movilizaciones comenzaron las acusaciones entre los propios dirigentes que habían participado en la protesta. Condori llegó a cuestionar públicamente al dirigente campesino Vicente Salazar, mientras otros sectores responsabilizaron al senador por haber impulsado las medidas de presión y luego intentar distanciarse de ellas.

El conflicto interno entre los antiguos aliados llegó incluso a amenazas de acciones legales. La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari anunció medidas contra Condori después de que el senador acusara a su dirigente de supuestamente recibir dinero para aceptar un cuarto intermedio en las movilizaciones. Condori no presentó públicamente pruebas que demostraran esa acusación, que fue rechazada por los dirigentes señalados.

En paralelo, otros sectores políticos reclamaron una investigación penal más amplia. Siete brigadas parlamentarias llegaron a pedir que se investigara a Mario Argollo, Vicente Salazar y Nilton Condori, además de reclamar acciones contra otros dirigentes y contra el expresidente Evo Morales. El pronunciamiento reflejó la creciente presión de sectores oficialistas y opositores para establecer responsabilidades por los daños provocados durante los bloqueos.

El Gobierno estimó que la crisis tuvo consecuencias económicas de enorme magnitud. Las estimaciones divulgadas durante el conflicto situaron las pérdidas entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, aunque no existe una cifra única y definitiva aceptada por todos los sectores. El cálculo equivaldría a cerca del 5% del PIB boliviano, una dimensión suficiente para convertir los bloqueos en uno de los principales golpes económicos sufridos por el país durante 2026.

La crisis también expuso una discusión constitucional que continuará después de la suspensión de Condori: hasta dónde puede llegar el derecho a la protesta cuando una medida de presión afecta derechos fundamentales de terceros. Los sectores movilizados defendieron el bloqueo como una herramienta de presión política, mientras el Gobierno y sus aliados argumentaron que impedir el tránsito de alimentos, ambulancias, combustible y medicamentos supone vulnerar derechos constitucionales de otros ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo documentó precisamente esa tensión. Su informe sobre la conflictividad de mayo y junio señala que la acción popular contra dirigentes, entre ellos Condori, estuvo relacionada con bloqueos que afectaban la libre transitabilidad y el acceso de la población a servicios esenciales. La institución fue designada como veedora constitucional del cumplimiento de una resolución mientras persistiera el conflicto.

El Gobierno, por su parte, sostuvo después de la crisis que los bloqueos no podían convertirse en una herramienta permanente de presión política. El presidente Rodrigo Paz responsabilizó posteriormente a una combinación de intereses políticos e ideológicos por las movilizaciones y afirmó que los bloqueos provocaron muerte, destrucción económica y desempleo.

Pero la suspensión de Condori también puede producir un efecto político inesperado.

En lugar de desaparecer del escenario, el senador ha decidido utilizar la sanción como plataforma.

Después de abandonar temporalmente la Asamblea Legislativa, Condori anunció que trabajará en un proyecto político con la mirada puesta en 2030, cuando finalizaría el actual período presidencial. Según sus declaraciones recogidas por Infobae, considera que la suspensión le da incluso mayor impulso para continuar su actividad política.

Ese anuncio cambia la lectura de la sanción.

El Senado pretendía establecer una consecuencia política por la actuación de un legislador durante una crisis que paralizó buena parte del país. Condori, en cambio, intenta convertir el castigo en un argumento de campaña: el parlamentario sancionado puede presentarse ante sus seguidores como una figura enfrentada al poder establecido.

Es una estrategia política conocida en América Latina.

Un dirigente que pierde espacio institucional puede intentar ganar visibilidad fuera de las instituciones.

Y Condori ya ha demostrado que sabe utilizar la confrontación para mantener presencia pública.

Antes incluso de esta suspensión, el senador había construido una imagen política peculiar. En marzo se había distanciado de la alianza Unidad y criticado duramente el funcionamiento de las bancadas parlamentarias, llegando a sostener que los grupos políticos dentro de la Asamblea eran estructuras que no contribuían adecuadamente al funcionamiento institucional.

La ruptura política con Unidad es relevante porque muestra que Condori no comenzó su enfrentamiento con el sistema a raíz de los bloqueos. Su discurso crítico hacia los partidos y hacia la estructura parlamentaria venía desarrollándose desde antes.

En abril, además, el jefe nacional de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, había aclarado públicamente que Condori ya se había apartado de la alianza y que su partido no tenía responsabilidad sobre las actividades políticas organizadas por el senador.

Por eso, la suspensión puede terminar consolidando una trayectoria política independiente.

El escenario que se abre es complejo.

Si Condori logra mantener presencia en las organizaciones campesinas y sociales que participaron en los bloqueos, puede intentar convertir su experiencia parlamentaria y su enfrentamiento con el Gobierno en una plataforma nacional. Si, por el contrario, la investigación judicial avanza y aparecen responsabilidades penales concretas, su proyecto político podría enfrentar obstáculos mucho mayores.

Hay además otro factor: la memoria económica de los bloqueos.

Las familias que sufrieron escasez de alimentos, dificultades para desplazarse o problemas para acceder a servicios de salud pueden interpretar la sanción de manera muy diferente de quienes consideran las movilizaciones una defensa legítima de sus reivindicaciones.

Ese será probablemente uno de los principales obstáculos de Condori si realmente pretende convertirse en candidato presidencial.

El senador deberá convencer a una parte importante del electorado de que los bloqueos fueron una herramienta política legítima y no una estrategia que terminó perjudicando a millones de ciudadanos.

Y esa batalla narrativa ya comenzó.

Por un lado, Condori puede presentarse como representante de sectores sociales excluidos y opositor a las políticas de Paz.

Por otro, sus adversarios pueden utilizar los más de 50 días de bloqueos, el desabastecimiento, las muertes denunciadas durante la crisis y las pérdidas económicas para construir exactamente la imagen contraria.

La política boliviana acaba de ganar un nuevo capítulo.

La suspensión no elimina a Condori.

Lo obliga a abandonar temporalmente el escenario institucional.

Y, paradójicamente, puede darle más libertad para construir el siguiente.

Lo que queda abierto después de la sanción

La suspensión de ocho meses es solamente una de las consecuencias políticas derivadas de los bloqueos. Las investigaciones judiciales sobre los dirigentes y las denuncias relacionadas con la organización de las protestas continúan siendo un asunto separado. Una sanción parlamentaria no sustituye un proceso penal ni determina automáticamente responsabilidades criminales. En el caso de Condori, existen antecedentes de denuncias admitidas por la Fiscalía y nuevas actuaciones presentadas posteriormente contra varios de los principales dirigentes del conflicto.

También queda pendiente la discusión sobre las reglas que deberían aplicarse en Bolivia a los bloqueos de carreteras. Durante la crisis se impulsaron proyectos para establecer sanciones contra quienes organicen medidas que afecten la circulación, la economía o los servicios esenciales. El debate enfrenta dos principios constitucionales: el derecho a la protesta y la organización sindical frente al derecho a la libre circulación, la salud, el trabajo y el acceso a servicios básicos.

El Gobierno de Paz buscará probablemente utilizar la experiencia de 2026 para evitar que una crisis similar vuelva a paralizar el país. Los sectores sociales, por el contrario, tendrán que decidir si mantienen el bloqueo como mecanismo de presión o buscan nuevas formas de movilización que reduzcan el costo político de sus protestas.

Y en medio de esa disputa aparece Condori.

Sin escaño durante ocho meses.

Sin el respaldo formal de Unidad.

Con investigaciones que lo han colocado bajo presión.

Pero con una ambición política que, según él mismo anunció, apunta nada menos que a 2030.

La sanción que pretendía cerrar un capítulo puede terminar siendo el comienzo de otro.