En medio de la desesperada búsqueda de personas atrapadas tras el terremoto que golpeó Colombia el 10 de agosto, equipos de rescate fueron movilizados en Pereira por una alerta que indicaba que podía haber víctimas bajo los escombros. Sin embargo, después de horas de trabajo, los voluntarios descubrieron que la información era falsa: en el lugar no había sobrevivientes ni cuerpos, sino una caja fuerte. El episodio provocó indignación entre los equipos que participan en las operaciones de emergencia, porque ocurrió cuando la ciudad todavía buscaba a cientos de desaparecidos y cada minuto podía resultar decisivo para encontrar a una persona con vida. La denuncia fue difundida por el ciudadano Kevin Bedoya Gómez, quien aseguró que varios voluntarios y recursos de rescate fueron utilizados innecesariamente en una operación que terminó convertida en una búsqueda de dinero.

El caso ocurrió en Pereira, departamento de Risaralda, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó. La emergencia alcanzó a 15 departamentos y cientos de municipios, con graves daños en viviendas, edificios e infraestructura pública. Para el 14 de agosto, el balance oficial citado por medios colombianos hablaba de 281 fallecidos, 3.971 heridos y 379 personas desaparecidas, además de decenas de miles de viviendas afectadas.

Pereira se convirtió en uno de los principales focos de las operaciones de búsqueda porque numerosos edificios resultaron destruidos o quedaron en condiciones que obligaron a evacuarlos. En la ciudad, los equipos de emergencia trabajaban con perros especializados, maquinaria pesada y herramientas para localizar señales de personas bajo las estructuras colapsadas. La prioridad seguía siendo encontrar sobrevivientes, especialmente durante la denominada ventana crítica de las primeras 72 horas, cuando las posibilidades de rescatar personas con vida son mayores.

Fue en ese contexto cuando surgió la alerta que terminó desencadenando el controvertido operativo. De acuerdo con el relato difundido por Kevin Bedoya Gómez, voluntarios fueron movilizados después de recibir información de que podía haber personas atrapadas bajo los restos de una estructura. La expectativa era encontrar víctimas que necesitaran ayuda inmediata. Los rescatistas comenzaron entonces a trabajar entre los escombros, empleando tiempo, esfuerzo físico y recursos que estaban destinados a una emergencia real.

Pero la búsqueda terminó revelando algo completamente diferente. En lugar de personas atrapadas, los equipos encontraron una caja fuerte. La situación provocó indignación entre los voluntarios porque, según la denuncia, la información utilizada para movilizarlos habría sido deliberadamente falsa y habría tenido como finalidad conseguir que maquinaria y personal especializado ingresaran al lugar para extraer el objeto de valor.

La dimensión del episodio cambia cuando se observa el contexto de la emergencia. No se trataba de una jornada normal en la que un equipo de rescate podía ser enviado a verificar una llamada dudosa sin mayores consecuencias. Colombia atravesaba una de las operaciones de búsqueda más grandes de los últimos años, con cientos de personas todavía desaparecidas y equipos trabajando simultáneamente en Pereira, Cali, Chocó y otras zonas afectadas.

El tiempo era especialmente importante. Los especialistas habían advertido que la posibilidad de encontrar personas con vida disminuye progresivamente después de las primeras horas. Por eso, cualquier información sobre una posible víctima atrapada puede provocar una movilización inmediata. En una situación de este tipo, los rescatistas no pueden simplemente ignorar un aviso porque podría tratarse de una persona que está esperando ser localizada bajo toneladas de concreto y metal.

Ese mecanismo de respuesta, necesario para salvar vidas, también puede convertirse en un punto vulnerable durante una catástrofe. Una falsa alerta puede consumir horas de trabajo, desplazar equipos especializados, utilizar maquinaria y retrasar otras operaciones de búsqueda. En una emergencia con cientos de desaparecidos, el costo de una información falsa no se limita al dinero: puede medirse también en oportunidades perdidas para encontrar a alguien con vida.

La denuncia adquirió rápidamente repercusión porque ocurrió cuando los voluntarios estaban trabajando bajo condiciones extremas. En Pereira, los equipos tuvieron que entrar en estructuras inestables, remover grandes cantidades de material y trabajar con la posibilidad permanente de nuevos desprendimientos. Cada operación exige además establecer perímetros de seguridad para evitar que los propios rescatistas se conviertan en víctimas.

El episodio también pone sobre la mesa un problema que suele aparecer durante grandes desastres: la desesperación puede convertirse en terreno fértil para la manipulación. Cuando una ciudad está devastada y las familias buscan desesperadamente a sus seres queridos, cualquier información sobre una persona posiblemente atrapada genera una reacción inmediata.

Pero también puede ocurrir lo contrario: personas interesadas en recuperar objetos de valor pueden intentar aprovechar la enorme movilización humanitaria que se produce después de una catástrofe.

Eso es precisamente lo que deberá determinarse en este caso. Por ahora, lo que existe públicamente es una denuncia de voluntarios y ciudadanos sobre el uso de una falsa alerta para localizar y recuperar una caja fuerte. No debe presentarse como un hecho judicialmente probado que una persona específica haya cometido un delito mientras no exista una investigación oficial que establezca responsabilidades.

La diferencia es importante porque en una emergencia de estas dimensiones circulan simultáneamente información verdadera, rumores, testimonios incompletos y denuncias que necesitan ser verificadas. Los organismos de socorro deben contrastar los reportes sin perder tiempo, una combinación particularmente difícil cuando cada minuto cuenta.

El caso se produjo además mientras aumentaba la presión sobre las autoridades colombianas por la respuesta al terremoto. Para el 14 de agosto, la emergencia había dejado cientos de muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos, mientras más de 100.000 personas habían resultado afectadas directamente. Las cifras de daños en viviendas e infraestructura seguían aumentando a medida que los equipos llegaban a nuevas zonas.

En Pereira, la situación era especialmente dramática. La ciudad registraba decenas de muertos y centenares de desaparecidos, mientras los rescatistas continuaban revisando edificios colapsados. La búsqueda de víctimas fue dando paso progresivamente a la recuperación de cuerpos y a la remoción de escombros en algunos sectores, una transición que refleja el agotamiento de la ventana de mayores posibilidades de supervivencia.

Sin embargo, la operación de rescate no se limitó a Colombia. Equipos especializados de Argentina y Venezuela llegaron para apoyar las labores, mientras otros grupos internacionales se incorporaron a las tareas de emergencia. Desde Venezuela, por ejemplo, se movilizaron 49 rescatistas y un perro especializado con más de 600 kilogramos de equipos.

La llegada de equipos internacionales demuestra la magnitud de la emergencia, pero también aumenta la necesidad de coordinación. Los grupos de rescate deben recibir información precisa sobre las zonas prioritarias, conocer qué edificios ya fueron inspeccionados y mantener una cadena de comunicación clara para evitar duplicación de esfuerzos.

Una falsa alerta puede romper esa coordinación.

En una operación normal, un equipo puede retirarse de una zona y desplazarse a otra sin consecuencias graves. En un desastre con cientos de personas desaparecidas, mover un grupo especializado significa modificar toda la distribución de recursos. Si un equipo con perros, herramientas de detección y personal entrenado abandona temporalmente un edificio para atender una alerta falsa, otra zona puede quedar esperando.

Ese es uno de los motivos por los que los protocolos internacionales de búsqueda y rescate urbano establecen procedimientos para evaluar la información antes de comprometer determinados recursos. Pero la evaluación tampoco puede ser excesivamente lenta, porque una persona atrapada puede no disponer de muchas horas para sobrevivir.

La tragedia colombiana está mostrando precisamente ese dilema: hay que verificar la información sin perder el tiempo que puede salvar una vida.

El caso de la caja fuerte también plantea preguntas sobre la seguridad de los bienes abandonados después del terremoto. Cuando miles de viviendas y comercios quedan destruidos, documentos, dinero, vehículos y otros objetos de valor pueden quedar expuestos. Las autoridades deben proteger esos bienes para evitar saqueos, pero sin permitir que la recuperación de propiedades privadas interfiera con las operaciones humanitarias.

La prioridad durante una emergencia debe ser inequívoca: primero las personas, después los bienes materiales.

Una caja fuerte puede recuperarse horas, días o incluso semanas después. Una persona atrapada bajo los escombros no necesariamente puede esperar.

El episodio resulta todavía más llamativo porque los rescatistas que acudieron a la alerta no eran simples trabajadores contratados para retirar objetos. Eran personas que estaban participando en una operación de emergencia, muchas de ellas de manera voluntaria, exponiéndose a estructuras inestables y condiciones peligrosas para intentar salvar a desconocidos.

Por eso la indignación de los voluntarios tiene también una dimensión moral. Engañar a personas que están arriesgando su vida para encontrar sobrevivientes convierte una tragedia colectiva en una oportunidad para intereses particulares, si finalmente se confirma que la alerta fue deliberadamente fabricada.

La situación debe ser investigada para establecer qué ocurrió exactamente, quién proporcionó la información, cómo fue recibida por los equipos y por qué se decidió movilizar recursos hacia ese punto. También será necesario determinar si existió alguna conducta ilegal relacionada con la recuperación de la caja fuerte.

Mientras tanto, las operaciones de rescate continúan en otros sectores de Pereira y del país. Los equipos siguen utilizando perros especializados, cámaras, herramientas acústicas y maquinaria para localizar personas entre los escombros. En algunos puntos, los rescatistas trabajan con extremo cuidado porque retirar una pieza de concreto puede provocar el colapso de otra estructura.

La tecnología tiene un papel cada vez más importante. Los perros entrenados pueden detectar olores humanos incluso cuando las víctimas están completamente cubiertas por material. Los equipos acústicos pueden identificar golpes o movimientos. Las cámaras permiten introducir dispositivos en espacios pequeños. Pero ninguna tecnología puede sustituir completamente la información de calidad.

Una alerta precisa puede salvar una vida. Una alerta falsa puede consumir el tiempo que otra persona necesitaba para ser encontrada.

La tragedia de Pereira también ha dejado historias que muestran exactamente por qué los equipos siguen insistiendo. Uno de los casos más dramáticos fue el rescate con vida de Daniela Andrea Largo Sánchez, localizada después de permanecer más de 36 horas bajo los escombros de un edificio. La mujer logró llamar la atención de los rescatistas y fue extraída en condiciones extremadamente delicadas.

Historias como la de Daniela explican por qué los equipos continúan buscando incluso cuando las probabilidades disminuyen. Mientras exista una posibilidad razonable de que haya una persona con vida, los rescatistas deben verificarla.

Pero también explican por qué cada minuto perdido resulta tan doloroso.

El terremoto de Colombia ocurrió el 10 de agosto de 2026 y tuvo una magnitud de 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La magnitud y la profundidad del evento provocaron daños extendidos por varias regiones, incluyendo Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. La emergencia alcanzó a cientos de municipios y dejó una infraestructura severamente dañada.

El Gobierno colombiano declaró además tres días de duelo nacional por las víctimas de la tragedia. A medida que avanzaban las jornadas, la búsqueda de sobrevivientes comenzaba a transformarse en una operación de recuperación de cuerpos y atención de cientos de miles de personas damnificadas.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció también planes de reconstrucción y un paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas de la catástrofe. El Gobierno busca reconstruir viviendas, infraestructura sanitaria, escuelas, carreteras y sistemas de servicios básicos que resultaron dañados.

Pero antes de reconstruir, todavía queda una tarea pendiente: encontrar a quienes continúan desaparecidos.

En ese escenario, el episodio de la caja fuerte adquiere un significado que va mucho más allá de una anécdota extraña entre los escombros. Es un recordatorio de que la gestión de una catástrofe depende también de la calidad de la información que reciben quienes están en primera línea.

Las autoridades tendrán que determinar si se trató de un engaño deliberado, de una confusión o de una información transmitida de manera irresponsable. Y si se demuestra que alguien movilizó deliberadamente a los rescatistas para recuperar un objeto de valor, la conducta debería ser investigada con especial rigor debido al contexto en que ocurrió.

No es lo mismo engañar a un particular que hacer perder tiempo y recursos a equipos que buscan víctimas de un terremoto.

La diferencia está en lo que estaba en juego.

Mientras unos buscaban una caja fuerte, otros seguían esperando bajo los escombros.

Ese contraste resume la crudeza de la emergencia colombiana.

El terremoto de Pereira dejó al descubierto una situación difícil de imaginar en medio de una tragedia: rescatistas que acudieron a una supuesta emergencia para buscar personas atrapadas terminaron recuperando una caja fuerte. La denuncia deberá ser investigada y sus responsables, si los hubo, identificados. Pero el episodio ya deja una conclusión que no necesita esperar a una investigación judicial: en una catástrofe donde cientos de desaparecidos todavía pueden estar esperando ayuda, utilizar información falsa para movilizar equipos de rescate no es una simple irresponsabilidad. Puede significar quitar tiempo, personal y recursos a personas que realmente necesitan ser encontradas. En Pereira, donde los equipos siguen trabajando entre edificios destruidos y familias que aún esperan noticias, cada alerta debería conducir a una prioridad única: encontrar vidas.