El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, viajará a Buenos Aires entre el 18 y el 20 de agosto para participar en la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Gobierno argentino. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el funcionario acudirá finalmente al encuentro después de que el propio Gabinete de Seguridad mexicano analizara inicialmente no participar. Harfuch presentará ante responsables de seguridad de numerosos países los resultados de la estrategia mexicana contra el homicidio, el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos de alto impacto. El viaje tiene además una lectura política: México busca mostrar que puede profundizar la cooperación internacional contra las organizaciones criminales sin aceptar una relación de subordinación frente a Estados Unidos.

La decisión de enviar a Harfuch a Buenos Aires no fue automática. Claudia Sheinbaum explicó que inicialmente México había decidido no acudir a la conferencia de la DEA, debido a las diferencias que su Gobierno mantiene con la agencia estadounidense sobre la forma en que debe desarrollarse la cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, después de discutir el asunto dentro del Gabinete de Seguridad, todos sus integrantes votaron a favor de la participación del secretario. La Presidenta argumentó que, si México tenía la oportunidad de presentar directamente ante funcionarios de otros países los resultados de su estrategia, convenía aprovecharla.

El encuentro tendrá lugar en Buenos Aires del 18 al 20 de agosto y reunirá a responsables de seguridad y autoridades vinculadas con la lucha contra las drogas de diferentes países. La dimensión internacional del foro convierte la participación mexicana en algo más que una exposición técnica. Harfuch tendrá la posibilidad de explicar ante otros gobiernos cómo México está intentando combatir a las organizaciones criminales mediante una combinación de inteligencia, investigación, coordinación entre instituciones y operaciones contra objetivos prioritarios.

La presencia del funcionario mexicano adquiere especial importancia porque la relación entre México y la DEA atraviesa una etapa de cooperación y tensión simultáneas. Ambos países necesitan intercambiar información para enfrentar redes de narcotráfico que operan a ambos lados de la frontera, pero el Gobierno de Sheinbaum insiste en que esa cooperación debe respetar la soberanía mexicana y no convertirse en una autorización para que agencias estadounidenses actúen unilateralmente dentro del territorio nacional.

Ese equilibrio se ha convertido en uno de los principales componentes de la política exterior de seguridad de Sheinbaum. La Presidenta ha defendido una fórmula que combina cooperación con Estados Unidos y rechazo a cualquier posibilidad de intervención militar o de operaciones estadounidenses independientes en territorio mexicano. En ese marco, la asistencia de Harfuch a una conferencia organizada por la DEA puede parecer contradictoria a primera vista, pero precisamente por eso tiene importancia: México quiere estar dentro de la conversación internacional sobre narcotráfico sin aceptar que Washington determine unilateralmente la política de seguridad mexicana.

La propia Sheinbaum presentó la decisión en esos términos. Según explicó, el propósito es que otros países conozcan los resultados de México y la coordinación existente entre las distintas instituciones nacionales, pero manteniendo como principio la defensa de la soberanía. La participación, por tanto, no fue planteada como un acercamiento incondicional a la DEA, sino como una oportunidad para que México exponga directamente su propio modelo.

Harfuch llega al encuentro con una agenda que ha estado marcada por operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, extorsión y otros delitos. Desde su llegada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su discurso ha puesto particular énfasis en sustituir acciones exclusivamente reactivas por inteligencia, investigación criminal y coordinación operativa entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Uno de los componentes centrales de esa estrategia es la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y otras instituciones federales. El objetivo es construir investigaciones que permitan identificar estructuras completas de las organizaciones criminales, en lugar de limitarse a detener integrantes de bajo nivel. Esa metodología busca golpear las redes financieras, logísticas y operativas que permiten a los grupos criminales mantenerse activos incluso después de la captura de algunos de sus dirigentes.

La cooperación con Estados Unidos ya ha producido operaciones concretas. En julio, por ejemplo, autoridades mexicanas anunciaron la detención en Mazatlán, Sinaloa, de Janero “N”, ciudadano estadounidense señalado como presuntamente vinculado con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y buscado en Michigan por presunto tráfico de drogas. Harfuch señaló que el operativo fue posible gracias a mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la DEA.

Ese episodio permite entender mejor la naturaleza de la cooperación que México pretende presentar en Buenos Aires. No se trata solamente de reuniones diplomáticas o intercambio de discursos. La información compartida entre agencias puede convertirse en órdenes de captura, localización de objetivos, identificación de rutas y operaciones conjuntas de investigación, aunque las autoridades mexicanas insisten en que las acciones dentro de México deben permanecer bajo control de las instituciones nacionales.

Otro ejemplo se produjo en marzo, cuando Harfuch informó sobre el decomiso de más de 270 kilogramos de fentanilo y la detención de siete personas en Colima. De acuerdo con la información oficial difundida entonces, la operación fue resultado del trabajo de investigación del Gabinete de Seguridad y del intercambio de información con la DEA. El episodio es relevante porque el fentanilo constituye uno de los principales puntos de presión de Washington sobre México.

La lucha contra el fentanilo será inevitablemente uno de los asuntos de fondo de la conferencia. Estados Unidos considera que México desempeña un papel fundamental en las cadenas de producción y distribución de opioides sintéticos destinados al mercado estadounidense. México, en cambio, sostiene que el problema no puede analizarse solamente desde el lado mexicano porque existe también una enorme demanda en Estados Unidos y porque las organizaciones criminales necesitan armas, dinero y mercados para sostener sus operaciones.

El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México constituye precisamente el otro lado de esa ecuación. En marzo, Harfuch se reunió en Washington con Terrance Cole, entonces jefe de la DEA, para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y abordar específicamente el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano. La posición mexicana es que combatir a los cárteles sin reducir el acceso de estos grupos a armas provenientes de Estados Unidos deja incompleta cualquier estrategia regional contra la violencia.

La participación en Buenos Aires se produce además en un contexto regional en el que el combate contra el narcotráfico está adquiriendo una dimensión cada vez más internacional. Las organizaciones criminales ya no operan exclusivamente dentro de las fronteras de un país. Las rutas de cocaína, fentanilo, metanfetamina, precursores químicos, armas y dinero atraviesan varios Estados y conectan América del Norte con América Central, Sudamérica, Europa y Asia.

Por eso, una conferencia de la DEA en Argentina resulta estratégicamente significativa. Buenos Aires se convierte durante tres días en un punto de encuentro para responsables de seguridad que enfrentan problemas diferentes, pero conectados. México llega con la experiencia de combatir grandes estructuras criminales; los países sudamericanos enfrentan el crecimiento de rutas de cocaína hacia Europa y otros mercados; mientras Estados Unidos concentra buena parte de su política antidrogas en el control de las cadenas de suministro que llegan a su territorio.

Para Argentina, ser sede del encuentro también tiene importancia. El Gobierno de Javier Milei ha convertido la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad en uno de los componentes centrales de su agenda. La celebración de una conferencia internacional de la DEA en Buenos Aires permite al Gobierno argentino proyectarse como un socio regional activo en materia de seguridad y cooperación contra el crimen organizado.

La elección de Argentina como sede tampoco puede separarse del cambio que se está produciendo en la política de seguridad regional. Mientras algunos gobiernos latinoamericanos buscan reforzar la cooperación con Estados Unidos, otros intentan mantener una mayor autonomía frente a Washington. México ocupa una posición intermedia: coopera con las agencias estadounidenses, pero rechaza cualquier esquema que implique subordinación o intervención directa.

Ese es precisamente el mensaje que Sheinbaum quiere que Harfuch lleve a Buenos Aires. La Presidenta considera que México puede demostrar resultados sin abandonar su doctrina de soberanía. En otras palabras, el Gobierno mexicano quiere decirle a Washington y al resto de la región que cooperación no significa subordinación.

La cuestión no es menor porque durante los últimos años las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad han atravesado momentos de fuerte tensión. Washington ha acusado reiteradamente a los cárteles mexicanos de constituir una amenaza directa para la seguridad estadounidense y ha aumentado la presión para que México adopte medidas más agresivas contra esas organizaciones.

Sheinbaum ha respondido que México está dispuesto a colaborar, pero que las decisiones operativas dentro del país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Esa posición también explica por qué el viaje de Harfuch fue inicialmente cuestionado dentro del propio Gobierno. Participar en una conferencia organizada por la DEA podía interpretarse políticamente como un acercamiento excesivo a Washington. La decisión final del Gabinete buscó evitar esa lectura y presentar la asistencia como una oportunidad para defender públicamente la estrategia mexicana.

El secretario tendrá además una tarea particularmente delicada: presentar resultados sin convertir la conferencia en una disputa política con Estados Unidos. México necesita cooperación estadounidense en inteligencia, intercambio de información y seguimiento financiero, pero tampoco quiere que el encuentro sea utilizado para cuestionar públicamente la soberanía mexicana.

El historial reciente muestra que esa relación tiene aspectos positivos. Las autoridades mexicanas han reconocido públicamente que información proporcionada por agencias estadounidenses ha contribuido a operaciones contra presuntos integrantes de organizaciones criminales. Pero también existen diferencias sobre la forma de compartir información y sobre el alcance que deben tener las operaciones de inteligencia extranjeras en territorio mexicano.

En este escenario, Harfuch se ha convertido en uno de los funcionarios más importantes de la administración de Sheinbaum. Su perfil combina experiencia operativa, inteligencia y seguridad pública, y su figura ha adquirido una exposición internacional mayor conforme México intensifica sus operaciones contra grupos criminales.

El secretario también tiene un antecedente personal que explica parte de su enfoque. En 2020 sobrevivió a un atentado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, en Ciudad de México, cuando un comando atacó el vehículo en el que viajaba. El episodio dejó claro el nivel de riesgo que enfrentan los funcionarios que dirigen las operaciones contra las grandes organizaciones criminales mexicanas y contribuyó a convertir a Harfuch en una de las figuras más conocidas de la seguridad mexicana.

Su estrategia actual, sin embargo, busca ir más allá de la captura de grandes capos. La idea central es atacar las estructuras completas. Eso incluye identificar mandos, operadores financieros, redes de transporte, laboratorios, proveedores de precursores, rutas de distribución y mecanismos de lavado de dinero. Golpear la infraestructura criminal en lugar de limitarse a retirar individuos es uno de los conceptos que México puede llevar como experiencia a la conferencia de Buenos Aires.

La eficacia de esa estrategia será, naturalmente, uno de los principales puntos de discusión. México puede mostrar detenciones, decomisos y desarticulaciones de células, pero también continúa enfrentando niveles elevados de violencia en determinadas regiones y una fuerte presencia territorial de organizaciones criminales.

El reto consiste en demostrar que las operaciones de seguridad están produciendo una reducción sostenible de los homicidios y otros delitos violentos, y no solamente éxitos puntuales. Una captura espectacular puede generar titulares durante varios días; desmantelar una organización criminal requiere impedir que otra estructura ocupe inmediatamente el espacio dejado por la anterior.

Esa es probablemente la parte más difícil del mensaje que Harfuch llevará a Buenos Aires. La seguridad no se mide solamente por cuántos criminales son detenidos, sino por cuánto disminuye la capacidad de las organizaciones para seguir operando y cuánto mejora la seguridad cotidiana de la población.

También estará sobre la mesa la cuestión de los derechos humanos. Las operaciones contra organizaciones criminales pueden generar resultados importantes, pero cualquier estrategia de seguridad de largo plazo necesita mecanismos de control, investigación judicial y respeto al debido proceso. La legitimidad de la política de seguridad mexicana dependerá no solamente de sus resultados operativos, sino también de su capacidad para evitar abusos y garantizar que las detenciones sean sustentadas por investigaciones judiciales sólidas.

En ese aspecto, la participación internacional puede resultar útil para México. Presentar su estrategia ante funcionarios de otros países permite comparar modelos, identificar prácticas que han funcionado y discutir errores que otros gobiernos ya han cometido. El narcotráfico no ofrece soluciones universales: una política eficaz contra una organización criminal en México puede no funcionar de la misma manera frente a las redes que operan en Argentina, Brasil, Colombia o Paraguay.

Para Sudamérica, la experiencia mexicana también resulta relevante. Los países de la región observan con preocupación la expansión de organizaciones mexicanas hacia cadenas internacionales de suministro de cocaína y otros estupefacientes. La presencia de grupos mexicanos como intermediarios o compradores en mercados sudamericanos ha aumentado la complejidad de las redes criminales que conectan producción, transporte y distribución internacional.

Argentina, por su ubicación geográfica y sus conexiones portuarias, también enfrenta desafíos propios. El crecimiento de las rutas de cocaína hacia Europa ha colocado a puertos argentinos y uruguayos bajo una vigilancia creciente de agencias internacionales. La cooperación entre los países de la región se vuelve cada vez más importante para seguir el movimiento de cargamentos, dinero y operadores.

En ese contexto, que Harfuch exponga la experiencia mexicana puede tener una utilidad regional que vaya más allá de la relación México-Estados Unidos. La inteligencia criminal compartida entre países latinoamericanos puede convertirse en una herramienta fundamental para combatir organizaciones que ya funcionan como empresas transnacionales.

La conferencia también llega en un momento en que Washington está endureciendo su política contra los cárteles latinoamericanos. La administración estadounidense de Donald Trump ha elevado la lucha contra el narcotráfico dentro de su agenda de seguridad hemisférica y ha presionado a distintos gobiernos para que aumenten sus operaciones contra las organizaciones criminales.

México intenta evitar que esa nueva política termine convirtiéndose en una justificación para operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio. La participación de Harfuch en la conferencia puede servir precisamente para reforzar la posición mexicana desde dentro del sistema de cooperación internacional: México está dispuesto a colaborar, pero quiere establecer sus propias condiciones.

En términos diplomáticos, el mensaje podría resumirse así: México no se retira de la cooperación con la DEA; busca tener mayor control sobre la forma en que esa cooperación funciona.

La decisión de Sheinbaum también puede interpretarse como una señal de confianza en los resultados de Harfuch. Si el Gobierno mexicano inicialmente consideró no asistir y posteriormente cambió de posición para enviar a su principal responsable de seguridad, es porque considera que tiene argumentos suficientes para defender públicamente su estrategia.

El momento también resulta oportuno para el Ejecutivo mexicano. Mostrar avances contra homicidios, narcotráfico y crimen organizado permite a Sheinbaum reforzar uno de los principales argumentos de su Gobierno frente a las críticas internas y externas: que México está actuando contra los grupos criminales mediante instituciones nacionales y sin necesidad de aceptar una intervención extranjera.

Pero el viaje también expone al Gobierno a un examen internacional. En Buenos Aires no estarán únicamente funcionarios mexicanos. Más de un centenar de países estarán representados o vinculados al encuentro, lo que permitirá comparar los resultados de México con los de otras estrategias de seguridad.

Eso significa que Harfuch deberá presentar cifras, operaciones y resultados concretos. No bastará con afirmar que la estrategia funciona. Tendrá que demostrar cómo evolucionaron los homicidios, qué estructuras criminales fueron desmanteladas, qué cantidades de drogas y armas fueron incautadas, cuántos objetivos prioritarios fueron detenidos y qué mecanismos se utilizaron para impedir que esas organizaciones reconstruyan sus redes.

La conferencia puede terminar convirtiéndose, por tanto, en un escaparate internacional para la política de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Y hay una ironía política en todo esto: México estuvo inicialmente dispuesto a no acudir a una reunión de la DEA precisamente por sus diferencias con Estados Unidos y terminó aceptando enviar a su principal responsable de seguridad para defender ante la comunidad internacional la estrategia mexicana. La decisión refleja una realidad mucho más pragmática: la cooperación antidrogas es demasiado importante para que México se permita romperla, pero también es demasiado sensible para que el Gobierno permita que Washington dicte sus condiciones.

La visita de Harfuch a Buenos Aires tendrá entonces tres escenarios simultáneos. En el primero, mostrará a los países participantes los resultados operativos de México. En el segundo, permitirá profundizar mecanismos de cooperación internacional contra el crimen organizado. Y en el tercero, funcionará como una plataforma diplomática para explicar la posición de Sheinbaum frente a Estados Unidos.

El resultado político de la visita dependerá de cómo consiga equilibrar esos tres objetivos.

Si Harfuch demuestra resultados concretos y consigue ampliar la cooperación sin comprometer la autonomía mexicana, el viaje será un éxito para Sheinbaum. Si la conferencia termina centrada en las exigencias estadounidenses o en cuestionamientos sobre la capacidad mexicana para controlar a los cárteles, el Gobierno tendrá que responder a un escenario mucho más incómodo.

Por ahora, la decisión está tomada: México estará en Buenos Aires y lo hará con Harfuch al frente de su representación de seguridad.

La conferencia será también una oportunidad para que Argentina fortalezca su relación con México y con la estructura internacional de lucha contra el narcotráfico. Para el Gobierno de Javier Milei, recibir a responsables de seguridad de numerosos países permite consolidar su imagen de socio activo de Estados Unidos en materia de seguridad regional.

Pero el encuentro podría tener consecuencias que trasciendan a ambos países. La expansión de las redes criminales y del narcotráfico está obligando a América Latina a discutir un problema que ya no puede ser tratado exclusivamente dentro de las fronteras nacionales. Las rutas de la droga son internacionales; la respuesta también tendrá que serlo.

En ese nuevo mapa, México aporta experiencia en el enfrentamiento directo con organizaciones criminales de enorme capacidad financiera y militar; Argentina aporta su posición estratégica en el Cono Sur; Estados Unidos aporta inteligencia y capacidad de investigación internacional; y los demás países deberán decidir cuánto están dispuestos a compartir para evitar que las organizaciones criminales aprovechen las fronteras como espacios de impunidad.

Omar García Harfuch llegará a Buenos Aires con una misión que va mucho más allá de pronunciar un discurso ante la DEA. Tendrá que defender los resultados de la política de seguridad de Claudia Sheinbaum, demostrar que México puede combatir al narcotráfico mediante inteligencia y cooperación internacional y, al mismo tiempo, dejar claro que la colaboración con Estados Unidos no implica renunciar a la soberanía mexicana. En una región donde las organizaciones criminales ya operan sin respetar fronteras, la conferencia de Buenos Aires puede convertirse en una prueba de hasta dónde América Latina está dispuesta a coordinarse para enfrentar un fenómeno que hace tiempo dejó de ser exclusivamente nacional.