El llamado “modelo Bukele” dejó de ser una experiencia exclusivamente salvadoreña para convertirse en una de las referencias políticas más discutidas de América Latina en materia de seguridad, pero su expansión hacia otros países está revelando una dificultad fundamental: reducir rápidamente la violencia no significa necesariamente que las mismas herramientas puedan trasladarse sin modificaciones a sociedades con instituciones, territorios, sistemas judiciales y estructuras criminales diferentes. Desde Colombia hasta Perú y Chile, nuevos gobiernos y dirigentes han comenzado a adoptar, estudiar o reivindicar políticas inspiradas en la estrategia de Nayib Bukele, basada en una fuerte presencia policial y militar, encarcelamiento masivo, régimen de excepción, endurecimiento penal y construcción de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. En El Salvador, el resultado más visible ha sido una caída extraordinaria de los homicidios respecto de los niveles que convirtieron al país en uno de los más violentos del mundo. Pero el mismo proceso ha generado una discusión internacional sobre detenciones arbitrarias, debido proceso, independencia judicial, concentración de poder y condiciones penitenciarias. En julio de 2026, además, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó reformas constitucionales que eliminaron los límites a la reelección presidencial, profundizando el debate sobre la concentración de poder alrededor del Ejecutivo. La verdadera pregunta que comienza a enfrentar América Latina no es si el modelo Bukele funciona para reducir determinados indicadores de criminalidad, sino cuánto de ese modelo puede incorporarse sin trasladar también sus costos institucionales. La respuesta será especialmente importante porque los países que buscan imitarlo enfrentan problemas de seguridad diferentes y no necesariamente cuentan con las mismas condiciones políticas que permitieron a Bukele concentrar capacidad de decisión.

El punto de partida para entender el fenómeno se encuentra en la situación que El Salvador atravesaba antes de Bukele. Durante años, el país estuvo sometido a la influencia territorial de organizaciones como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que ejercían control sobre barrios, imponían extorsiones, reclutaban jóvenes y utilizaban la violencia como mecanismo de dominio. En 2015, la tasa oficial de homicidios llegó a aproximadamente 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes, uno de los niveles más altos registrados en el mundo. Bukele llegó a la Presidencia en 2019 con un discurso centrado en romper con las políticas tradicionales de seguridad y recuperar territorios controlados por las pandillas. Su Plan Control Territorial comenzó a combinar inversión policial, presencia militar y operaciones contra estructuras criminales. El punto de inflexión llegó en marzo de 2022, después de una ola de asesinatos, cuando el Gobierno declaró un régimen de excepción que suspendió determinadas garantías procesales y amplió significativamente las facultades de las fuerzas de seguridad. Desde entonces, más de 90.000 personas han sido detenidas, según organizaciones de derechos humanos, mientras las cifras oficiales muestran una reducción drástica de los homicidios. La Asamblea Legislativa ha prorrogado repetidamente el régimen y en julio de 2026 aprobó una nueva extensión, la número 53, vigente hasta el 28 de agosto. El oficialismo sostiene que la medida permitió recuperar el control territorial y reducir la violencia hasta niveles históricamente bajos. La oposición y organizaciones internacionales, en cambio, cuestionan que la reducción de la criminalidad se haya producido mediante la suspensión prolongada de derechos fundamentales. Esta dualidad constituye el núcleo de la discusión actual: seguridad y garantías dejaron de ser presentadas como dos objetivos simultáneos y pasaron a aparecer, en algunos sectores del debate, como valores enfrentados.

El éxito estadístico de la estrategia salvadoreña explica buena parte de su atractivo regional. Las cifras oficiales difundidas por las autoridades muestran una reducción de los homicidios de niveles superiores a cien asesinatos por cada 100.000 habitantes durante los años más violentos a tasas cercanas a las de países considerados seguros. La Asamblea Legislativa afirma que El Salvador acumulaba 1.167 días sin homicidios hasta finales de julio de 2026 y que durante el año se habían registrado 179 jornadas sin muertes violentas. Estos datos son utilizados por el Gobierno como la principal evidencia de que su política de seguridad produjo una transformación real. La caída de la violencia también ha tenido consecuencias sociales visibles: comunidades que anteriormente estaban sometidas a extorsiones recuperaron espacios públicos, comerciantes pudieron operar con menos presión criminal y el transporte comenzó a desenvolverse en zonas donde antes existía control de pandillas. No sería serio negar que El Salvador experimentó una transformación extraordinaria de sus indicadores de violencia. La discusión comienza cuando se intenta determinar cuánto de ese resultado puede atribuirse exclusivamente al régimen de excepción, cuánto corresponde a estrategias policiales anteriores y qué costos institucionales produjo el proceso. Human Rights Watch reconoce que la violencia de las pandillas disminuyó drásticamente, pero documenta al mismo tiempo detenciones masivas, desapariciones forzadas, torturas y violaciones al debido proceso. Amnistía Internacional, en un informe publicado en julio de 2026, sostuvo que el régimen de excepción evolucionó desde una medida presentada como temporal hacia un sistema permanente caracterizado por detenciones arbitrarias masivas y suspensión prolongada de garantías. El modelo, por tanto, tiene un resultado de seguridad que no puede ignorarse, pero tampoco puede evaluarse sin considerar la forma en que fue construido.

La experiencia salvadoreña empezó a adquirir influencia política mucho más allá de sus fronteras porque América Latina atraviesa simultáneamente una expansión del crimen organizado, el narcotráfico, las extorsiones y la violencia asociada a grupos armados. En países como Perú, Colombia y Chile, la inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones ciudadanas y abrió espacio para discursos que prometen mano dura, mayor presencia militar, nuevas cárceles y penas más severas. Perú constituye uno de los casos más evidentes. La presidenta Keiko Fujimori asumió el poder el 28 de julio de 2026 y colocó la seguridad ciudadana entre las prioridades inmediatas de su administración. Su Gobierno anunció fortalecimiento de la Policía Nacional, operaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas y reformas penitenciarias. Durante la campaña, Fujimori había defendido propuestas vinculadas a la construcción de establecimientos de máxima seguridad inspirados en la experiencia salvadoreña. Chile, por su parte, ya había comenzado a construir una estrategia penitenciaria más severa bajo el presidente José Antonio Kast. El 13 de agosto, su Gobierno realizó la denominada Operación Cancerbero, trasladando 295 internos de alta peligrosidad desde Santiago hacia la nueva cárcel La Laguna, cerca de Talca, con 37 integrantes de organizaciones criminales ubicados en módulos de máxima seguridad. El operativo fue comparado directamente con el estilo penitenciario de Bukele. Colombia también había adoptado medidas similares inmediatamente después de la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, incluyendo el traslado de 117 reclusos hacia cárceles de máxima seguridad. La expansión del modelo no ocurre porque todos esos países quieran copiar literalmente a El Salvador, sino porque existe una creciente demanda social por respuestas rápidas frente a una criminalidad que los Estados tradicionales no han conseguido controlar.

Pero aquí aparece la primera gran dificultad para instalar el modelo fuera de El Salvador: las estructuras criminales latinoamericanas no son iguales. Las pandillas salvadoreñas construyeron durante décadas un sistema territorial basado en extorsión, control comunitario y violencia organizada, mientras que países como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Paraguay enfrentan redes mucho más diversificadas, conectadas con narcotráfico internacional, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, lavado de dinero y economías fronterizas. En algunos territorios, las organizaciones criminales tienen capacidad económica y militar muy superior a la de las pandillas tradicionales. Por eso, aumentar las detenciones o construir grandes cárceles puede retirar temporalmente a determinados delincuentes de las calles, pero no necesariamente destruye las estructuras financieras que permiten al crimen reorganizarse. Una política de seguridad eficaz necesita atacar simultáneamente territorio, dinero, armas, corrupción, logística y capacidad de reclutamiento. También existen diferencias geográficas. El Salvador es un país relativamente pequeño y densamente poblado, mientras que Brasil, Colombia o Perú poseen territorios inmensos, fronteras extensas y regiones donde la presencia estatal es limitada. Una estrategia basada exclusivamente en grandes despliegues policiales y militares puede resultar mucho más costosa y difícil de sostener en esos escenarios. La experiencia regional muestra además que las organizaciones criminales pueden adaptarse rápidamente: cuando un grupo pierde dirigentes, aparecen nuevas estructuras; cuando una ruta es bloqueada, se abre otra; cuando una prisión se endurece, el crimen puede trasladar parte de sus operaciones a cárceles alternativas o países vecinos. Copiar la estética del modelo es relativamente sencillo; reproducir sus resultados requiere comprender primero qué problema específico se pretende resolver.

La segunda dificultad está relacionada con el sistema judicial. El modelo salvadoreño se construyó sobre una ampliación extraordinaria de las facultades de detención y sobre un régimen de excepción que permanece vigente más de cuatro años después de su aprobación inicial. Human Rights Watch sostiene que las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 90.000 personas, incluidos más de 3.000 menores, y que numerosos arrestos se produjeron sobre bases que organizaciones de derechos humanos consideran insuficientes o no corroboradas. El informe también estima que la población penitenciaria llegó a aproximadamente 118.000 personas, más del doble de la capacidad instalada del sistema carcelario. En agosto de 2026, además, la Asamblea modificó la legislación sobre crimen organizado para ampliar potencialmente hasta cinco años la prisión preventiva de personas acusadas de pertenecer a estructuras criminales. Amnistía Internacional ha documentado por su parte más de 90.000 detenciones y al menos 470 muertes bajo custodia estatal, señalando que miles de familias continúan buscando información sobre la situación de sus familiares. Estos datos explican por qué varios organismos internacionales advierten que la seguridad no puede medirse únicamente mediante homicidios. Un Estado puede reducir los asesinatos y, al mismo tiempo, deteriorar garantías que resultan fundamentales para evitar errores judiciales y abusos de poder. Para los países que desean adoptar medidas inspiradas en Bukele, esta es probablemente la mayor dificultad: pueden endurecer sus sistemas penales, pero deben hacerlo dentro de sus respectivas constituciones y compromisos internacionales. Una detención injustificada puede convertirse en una nueva fuente de conflicto social, especialmente cuando afecta a personas inocentes o comunidades vulnerables. El desafío consiste en construir un sistema capaz de identificar y neutralizar criminales peligrosos sin convertir la sospecha en una condena anticipada.

Existe además una dimensión política que diferencia profundamente el caso salvadoreño de cualquier intento de reproducción regional. En julio de 2026, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó reformas constitucionales que eliminaron los límites a la reelección presidencial. Human Rights Watch señaló que estas modificaciones permiten la reelección presidencial indefinida y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó las medidas como un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho. Esta transformación importa porque el modelo de seguridad no opera aislado de la estructura política que lo sostiene. Bukele consiguió una concentración de poder excepcional: control del Ejecutivo, una amplia mayoría legislativa y una influencia significativa sobre las instituciones encargadas de seguridad y justicia. Para otros países, intentar reproducir esa estructura puede provocar conflictos constitucionales mucho más profundos. Una política de seguridad no necesita necesariamente concentrar todo el poder estatal para ser eficaz. Puede apoyarse en policías profesionales, fiscales independientes, jueces especializados, inteligencia financiera, cooperación internacional y sistemas penitenciarios modernos sin eliminar los controles institucionales. La experiencia chilena resulta interesante precisamente porque está intentando construir un modelo penitenciario más duro dentro de su propia arquitectura institucional. El Gobierno de Kast ha anunciado expansión de infraestructura penitenciaria y regímenes de máxima seguridad, pero lo hace mediante leyes, instituciones penitenciarias y organismos de seguridad propios. Perú enfrenta una situación similar: el Gobierno de Keiko Fujimori ha anunciado una ofensiva contra el crimen, pero todavía deberá demostrar cómo combinará las medidas de fuerza con investigación criminal, fortalecimiento policial y reforma judicial. La dificultad de “instalar” el modelo Bukele consiste justamente en que el componente más visible —la mano dura— es el más fácil de copiar, mientras que los elementos institucionales necesarios para sostener resultados duraderos son mucho más complejos.

El tercer gran problema es económico. Las megacárceles, los sistemas de vigilancia, el despliegue permanente de militares y policías y la ampliación de los sistemas penitenciarios requieren recursos que deben mantenerse durante años. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, se convirtió en el símbolo internacional de la estrategia salvadoreña y posee una capacidad proyectada para decenas de miles de internos. Pero una prisión no funciona únicamente porque tenga capacidad física: necesita alimentación, médicos, personal penitenciario, seguridad, tecnología, mantenimiento, transporte y un sistema judicial capaz de procesar los casos. El encarcelamiento masivo puede generar además un efecto financiero acumulativo. Si un país detiene decenas de miles de personas, debe asumir durante años los costos asociados a su custodia. En países con presupuestos públicos mayores que El Salvador, como Brasil o Colombia, el problema puede parecer manejable en términos absolutos, pero la escala de sus poblaciones y territorios hace que la demanda de infraestructura sea mucho mayor. La seguridad requiere inversión sostenida, no solamente anuncios de emergencia. Por eso una estrategia verdaderamente eficaz debe combinar represión del delito con prevención, educación, empleo juvenil, recuperación urbana, control financiero y reducción de oportunidades para el crimen organizado. Si el Estado construye cárceles pero no controla las economías ilegales que generan nuevos delincuentes, simplemente corre el riesgo de llenar las prisiones nuevamente. La experiencia salvadoreña ha demostrado que el miedo al castigo puede modificar el comportamiento criminal, pero otros países todavía tienen que demostrar si pueden reproducir la reducción de homicidios sin asumir los mismos costos sociales e institucionales. La pregunta central para la región será, entonces, cuánto está dispuesta a invertir en seguridad y qué combinación de políticas ofrece mejores resultados a largo plazo. La mano dura puede ser un componente de una política criminal; difícilmente puede ser toda la política criminal.

El fenómeno del modelo Bukele seguirá creciendo porque responde a una necesidad real: millones de latinoamericanos están cansados de vivir detrás de rejas, pagar extorsiones, modificar sus horarios por miedo, perder negocios por amenazas y observar cómo organizaciones criminales ocupan espacios que el Estado no logra controlar. Ignorar esa demanda sería un error político y social. Pero convertir esa frustración en una justificación para debilitar indiscriminadamente las instituciones también puede producir consecuencias graves. La experiencia salvadoreña ofrece una lección doble: demuestra que el Estado puede recuperar rápidamente capacidad de control frente a organizaciones criminales, pero también muestra los riesgos de convertir una excepción en una estructura permanente de gobierno. Los próximos años permitirán comprobar si Colombia, Perú, Chile y otros países que miran hacia San Salvador consiguen desarrollar versiones propias, adaptadas a sus realidades, o si terminan copiando solamente los elementos más espectaculares del modelo. El futuro de esta tendencia dependerá de un equilibrio difícil: policías más profesionales, fiscales especializados, inteligencia contra el dinero criminal, cárceles seguras, control territorial, cooperación internacional y jueces capaces de actuar con independencia. El objetivo debería ser que el ciudadano pueda caminar por su barrio sin miedo y que el criminal tenga certeza de que será identificado, detenido y condenado cuando existan pruebas suficientes. Seguridad y Estado de derecho no deberían presentarse como enemigos; la verdadera eficacia de un Estado se mide precisamente por su capacidad para proteger a sus ciudadanos sin dejar de respetar las reglas que lo legitiman. El modelo Bukele seguirá siendo una referencia regional, pero su mayor prueba todavía está por delante: demostrar si puede transformarse de una experiencia salvadoreña excepcional en una fórmula adaptable sin reproducir las mismas tensiones institucionales que hoy generan preocupación dentro y fuera de El Salvador.