Uruguay enfrenta una de las paradojas sociales más profundas de América Latina: mientras el país mantiene una de las coberturas de protección social más sólidas para las personas mayores, la pobreza continúa concentrándose de manera desproporcionada en niños, niñas y adolescentes. La expresión “por cada adulto mayor pobre tenemos diez niños pobres”, utilizada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, resume una brecha generacional que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la política social uruguaya. La cifra no debe interpretarse como una simple relación matemática entre las tasas actuales de pobreza de todos los niños y todos los adultos mayores, porque los resultados dependen del grupo etario utilizado y de la metodología de medición. El Instituto Nacional de Estadística informó que en 2025 la pobreza alcanzó al 29,1% de los menores de seis años, al 27,3% de los niños de 6 a 12 años y al 26,5% de los adolescentes de 13 a 17, mientras que entre las personas de 65 años o más se situó en 6%. La diferencia es, por tanto, enorme aunque inferior a diez veces cuando se comparan directamente esas tasas. Sin embargo, el problema estructural que señala el gobierno es real: la pobreza uruguaya está fuertemente infantilizada, y esa concentración tiene consecuencias que pueden extenderse durante toda la vida de quienes nacen y crecen en hogares con privaciones. El desafío ya no consiste únicamente en reducir un indicador estadístico, sino en impedir que la pobreza se transforme en una desventaja permanente que se transmita de una generación a otra.

La situación actual es el resultado de una transformación profunda del perfil de la pobreza uruguaya durante las últimas décadas. Uruguay logró reducir de manera considerable la pobreza general después de la crisis de comienzos del siglo XXI y construyó un sistema de seguridad social que ofrece una protección particularmente importante a las personas jubiladas y pensionistas. Sin embargo, esa evolución positiva tuvo un efecto paradójico: la pobreza dejó de distribuirse de manera relativamente uniforme entre las edades y pasó a concentrarse cada vez más en las generaciones jóvenes. Estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa ya habían advertido que, entre 2006 y 2022, la pobreza disminuyó en prácticamente todos los grupos etarios, pero la distancia relativa entre la infancia y los adultos mayores aumentó. En 2006, la proporción de niños pequeños en situación de pobreza era aproximadamente cuatro veces la correspondiente a los adultos mayores; para 2022, la relación había llegado a unas diez veces en determinados grupos y metodologías. Esa evolución no significa que Uruguay haya empeorado en términos absolutos: por el contrario, el país redujo significativamente la pobreza durante ese período. El problema es que la mejora no alcanzó a todas las generaciones con la misma intensidad. Los adultos mayores quedaron protegidos por jubilaciones, pensiones y transferencias que reducen considerablemente el riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza, mientras que los hogares con niños enfrentan una combinación mucho más compleja: menores ingresos por adulto disponible, mayores necesidades de consumo, gastos de vivienda, alimentación, educación, transporte y cuidados, además de una inserción laboral frecuentemente más precaria de los adultos responsables. La consecuencia es una estructura social en la que el momento de la vida en que una persona necesita más protección no siempre coincide con aquel en que el sistema público concentra mayores recursos.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística permiten observar que, aunque hubo una mejora puntual en 2025, la distancia continúa siendo considerable. La pobreza monetaria afectó al 16,6% de la población uruguaya durante ese año, frente al 17,3% registrado en 2024 bajo la nueva metodología. La indigencia se ubicó en 1,7%. Pero cuando se abre la estadística por edades aparece otra realidad: el indicador alcanza el 29,1% entre los menores de seis años, 27,3% entre los niños de 6 a 12 años y 26,5% entre adolescentes de 13 a 17 años. Entre los adultos de 18 a 64 años fue de 15%, mientras que entre las personas de 65 años o más se redujo al 6%. La edad continúa siendo uno de los factores más determinantes para explicar quién tiene mayor probabilidad de vivir en un hogar pobre en Uruguay. Al mismo tiempo, es importante señalar que la reducción registrada entre 2024 y 2025 en la primera infancia, de 32,2% a 29,1%, no fue estadísticamente significativa según los criterios utilizados por el INE. Es decir, no puede afirmarse con absoluta certeza que haya ocurrido una mejora estructural solo a partir de esa diferencia. El dato sí resulta consistente con una evolución económica favorable durante 2025, pero debe interpretarse con prudencia. Esta precisión es importante porque evita transformar una fluctuación estadística en una conclusión política definitiva. La tendencia de largo plazo, sin embargo, es suficientemente clara: los menores continúan presentando niveles de pobreza muy superiores a los adultos mayores.

Detrás de las cifras monetarias existe además una dimensión mucho más amplia que ayuda a entender por qué la pobreza infantil puede convertirse en una “bomba de tiempo” social. Un niño pobre no enfrenta solamente una falta temporal de dinero en el hogar. Puede enfrentar simultáneamente dificultades de vivienda, alimentación, acceso a servicios, educación, salud, conectividad, cuidados y condiciones adecuadas para desarrollar sus capacidades. El Índice de Pobreza Multidimensional elaborado por el INE mostró que en 2025 el 18,7% de las personas se encontraba en situación de pobreza multidimensional, considerando privaciones relacionadas con educación, vivienda, servicios y bienestar, protección social y empleo. UNICEF, por su parte, informó que alrededor de 220.000 niños, niñas y adolescentes vivían en hogares afectados por pobreza multidimensional según la medición correspondiente, confirmando que la problemática infantil no puede explicarse únicamente por el ingreso familiar. Esto cambia sustancialmente la interpretación del fenómeno. Un hogar puede superar ligeramente una línea monetaria y continuar presentando condiciones de vida que limiten las oportunidades de sus hijos. La pobreza infantil, por lo tanto, es también una cuestión de oportunidades futuras. Un niño que crece con mala alimentación, vivienda inadecuada, interrupciones educativas o dificultades de acceso a servicios puede acumular desventajas que aparecerán años después en forma de menor nivel educativo, menor productividad, dificultades de inserción laboral y mayor dependencia de programas sociales. No todos los niños pobres tendrán ese destino, pero las probabilidades aumentan cuando las privaciones se mantienen durante períodos prolongados. Por eso, la discusión uruguaya está desplazándose progresivamente desde la pregunta de cuánto dinero transferir hacia otra más compleja: cómo garantizar que las políticas públicas modifiquen las condiciones que producen y reproducen la pobreza.

El contraste con los adultos mayores permite comprender por qué Uruguay ha conseguido proteger mejor a esa población y, al mismo tiempo, por qué esa protección genera una discusión sobre las prioridades futuras. Un estudio de UNICEF sobre el gasto público social encontró que en 2022 la inversión destinada a la infancia representaba aproximadamente el 23% del gasto público social, mientras que la correspondiente a personas mayores de 60 años alcanzaba el 44%, impulsada principalmente por jubilaciones y pensiones. El gasto social per cápita destinado a la infancia era entonces varias veces menor que el dirigido a los mayores. Este diseño no surgió de una decisión aislada ni puede explicarse simplemente como una preferencia política contemporánea: es consecuencia de décadas de construcción de un sistema previsional amplio, con una elevada cobertura entre la población mayor. Esa fortaleza constituye uno de los activos sociales más importantes de Uruguay. El problema aparece cuando se compara esa protección con la capacidad de apoyo disponible para las familias con niños. La cuestión no consiste en quitar protección a los adultos mayores para transferirla automáticamente a la infancia, sino en encontrar recursos y mecanismos que permitan equilibrar una estructura que hoy presenta una brecha generacional evidente. La discusión es particularmente delicada porque Uruguay también enfrenta un proceso de envejecimiento demográfico. A medida que aumente la proporción de personas mayores, el gasto previsional y sanitario seguirá teniendo un peso considerable. Al mismo tiempo, disminuirá el número relativo de personas en edad activa capaces de financiar mediante impuestos y contribuciones una parte importante del sistema. El país deberá, por lo tanto, enfrentar simultáneamente dos desafíos: proteger adecuadamente a una población que envejece y evitar que la infancia quede rezagada en la distribución de oportunidades.

El gobierno de Yamandú Orsi ha colocado esta contradicción en el centro de su agenda social y económica. En julio de 2026, el Poder Ejecutivo anunció una reforma del sistema de transferencias dirigida a niños, niñas y adolescentes, presentada como la mayor transformación del sistema de transferencias para la infancia de las últimas dos décadas. La propuesta contempla una Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia destinada a mejorar la seguridad económica de los hogares con menores y simplificar un esquema que actualmente se encuentra fragmentado en distintas prestaciones. El proyecto busca integrar instrumentos como las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, otras asignaciones familiares, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, además de aumentar y focalizar los recursos. El objetivo declarado no es solamente incrementar transferencias, sino hacer que el sistema llegue con mayor eficacia a los hogares que realmente necesitan apoyo. La reforma representa un reconocimiento político de que la arquitectura actual de protección social no está consiguiendo reducir la pobreza infantil al mismo ritmo que la pobreza de los adultos mayores. El desafío será determinar cuánto costará la reforma, cómo será financiada y qué resultados concretos producirá. Las transferencias monetarias pueden reducir inmediatamente la pobreza medida por ingresos, pero difícilmente resolverán por sí solas los problemas de vivienda, educación, empleo, salud y cuidados. Para que la estrategia tenga efectos duraderos, deberá combinar dinero con servicios públicos de calidad y políticas destinadas a mejorar las oportunidades laborales de los adultos responsables. De lo contrario, existe el riesgo de reducir temporalmente un indicador sin modificar las condiciones estructurales que generan la vulnerabilidad.

La dimensión territorial agrega otra capa de complejidad. Uruguay presenta una población relativamente pequeña y un sistema institucional centralizado en comparación con otros países latinoamericanos, pero las condiciones económicas no son iguales en todos sus departamentos. Datos analizados a partir de la Encuesta Continua de Hogares muestran que algunos departamentos del norte y noreste presentan niveles de pobreza significativamente superiores al promedio nacional, mientras que la pobreza infantil puede alcanzar valores especialmente elevados en determinadas zonas. La infantilización de la pobreza no afecta de la misma manera a todo el territorio uruguayo. Las diferencias regionales están relacionadas con el empleo, la estructura productiva, los ingresos familiares, el acceso a servicios y las oportunidades educativas. Esto significa que una política nacional uniforme puede necesitar componentes territoriales específicos para obtener resultados efectivos. En las zonas donde existe mayor informalidad laboral, por ejemplo, las transferencias deben complementarse con políticas de empleo y capacitación. En áreas con déficit habitacional, la política de infancia necesita estar conectada con vivienda y servicios básicos. En regiones donde los jóvenes abandonan prematuramente el sistema educativo, será necesario actuar antes de que la exclusión se convierta en un problema laboral permanente. UNICEF ha advertido además que una proporción importante de los niños y adolescentes uruguayos vive en hogares con alguna privación relacionada con vivienda o servicios básicos. La lucha contra la pobreza infantil comienza mucho antes de que un niño llegue a la edad laboral, porque las condiciones de los primeros años pueden determinar buena parte de sus posibilidades posteriores. El desafío consiste en intervenir de manera temprana, sostenida y coordinada, evitando que las políticas públicas aparezcan solamente cuando la exclusión ya está consolidada.

El futuro de Uruguay estará condicionado por la capacidad de resolver esta contradicción entre una sociedad que envejece y una infancia que concentra una proporción desproporcionada de la pobreza. Si los niños que hoy viven en hogares vulnerables reciben educación de calidad, alimentación adecuada, vivienda digna, atención sanitaria y apoyo económico suficiente, el país puede transformar una dificultad actual en una inversión para las próximas décadas. Si esas condiciones no mejoran, el problema puede adquirir una dimensión económica mucho mayor: menos oportunidades educativas pueden traducirse mañana en menor productividad, menores ingresos, mayor informalidad, mayores necesidades de asistencia pública y una reproducción intergeneracional de la pobreza. Esta es la razón por la que el debate supera ampliamente la discusión entre partidos o gobiernos. Uruguay tendrá que decidir cómo distribuir sus recursos en una sociedad donde aumentará el peso de las personas mayores y donde, al mismo tiempo, la infancia necesita una inversión mucho mayor para garantizar movilidad social. La respuesta no debería construirse como una disputa entre generaciones. Los adultos mayores necesitan protección y dignidad después de una vida de trabajo; los niños necesitan oportunidades precisamente porque todavía tienen toda una vida por delante. La verdadera discusión es cómo financiar ambas obligaciones sin permitir que una generación quede relegada frente a otra. El dato de los “diez niños por cada adulto mayor pobre”, citado por el ministro Gabriel Oddone, debe ser entendido como una señal política de alarma más que como una simple estadística aislada. Las cifras oficiales de 2025 muestran una brecha contundente entre las tasas de pobreza infantil y las de los mayores de 65 años. El desafío para Uruguay será convertir esa advertencia en políticas eficaces, medibles y sostenibles. Porque una sociedad que protege a quienes ya recorrieron gran parte de su camino, pero no consigue garantizar condiciones dignas para quienes recién comienzan el suyo, puede estar protegiendo su presente mientras compromete silenciosamente su futuro.